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miércoles, 20 de octubre de 2021

Iniciar el año escolar presencial es una nueva estafa del régimen

El gobierno de Maduro viene estableciendo un juego estratégico utilizando la retórica y la charlatanería como mecanismo para esconder el caos en el sistema educativo desde hace un gran tiempo. La pandemia ha puesto al descubierto que en Venezuela hay un fraude con la educación bolivariana; dicho fraude se ha materializado en lo que denominaron “educación a distancia”, instrumentada con la aplicación del Programa Cada Familia una Escuela, una clara demostración de atraso y la mediocridad. La educación que el Estado venezolano impartió en el proceso escolar 2020-2021 no respondió a los planteamientos de la UNESCO y menos a las nueve consideraciones de acción pública a raíz de la aparición del Covid-19 dadas por esta misma organización internacional.

Para el régimen de Maduro la educación no ha sido una prioridad ni antes ni durante la pandemia. No ha sido considerada como un derecho humano. Al contrario ha formado parte de la estrategia de control social y político de la dictadura. Los charlatanes de la "nueva pedagogía" se han dedicado a delinear y aplicar el proyecto político del PSUV en las escuelas. Ha sido una política sistemática del régimen para enquistarse aún más en el poder y aumentar su talante despótico y autoritario.

Veamos un resumen de las políticas del régimen chavista en la educación desde 1999: 

 ✅ La Resolución 1.011, 

✅ La Ley Orgánica de Educación (2009)

✅ La eliminación de los Concursos de Ingreso, Méritos y Oposición.

✅ La Resolución 058, 

✅ La “transformación curricular”, 

✅ La desvalorización del salario, 

✅ La desaparición de la seguridad social. 

Estas y otras políticas han estado orientadas para someter a educadores, padres y representantes a los intereses de PSUV.

Durante muchos años también hemos sido testigos del descenso progresivo del presupuesto para el mantenimiento de los planteles, para el servicio de alimentación escolar, para los servicios estudiantiles, hasta para suministrar tiza, materiales didácticos y pedagógicos a las escuelas y materiales de limpieza.

Es importante destacar, que en el 2004 la administración pública ya venía reconduciendo el presupuesto y en los años siguientes se empezó a notar una reducción de la inversión. En el 2019 fue reducido más del 9%. Vale destacar que con la implementación del Programa Cada Familia una Escuela la educación sufrió una desinversión social, es decir, se mantuvo todo el año escolar 2020-2021 sin las condiciones debidas para el desarrollo de una educación a distancia, sin la capacidad tecnológica y sin equipamientos, pero también los planteles escolares no recibieron el mantenimiento debido ni los recursos para garantizar servicios como el agua, comedor estudiantil, los laboratorios, servicios de salud y de orientación psicopedagógica.

De tal manera que la educación venezolana viene sufriendo una sistemática devastación. La pandemia no solo puso al desnudo la realidad educativa venezolana, sino que agudizó la crisis, fracturando las columnas fundamentales del hecho educativo (docentes y estudiantes), condenándolos a la extrema pobreza y ampliando aún más la brecha de desigualdad social, una de las mayores de América Latina.

Ya el estudio de Cáritas en el año 2019 señalaba que Venezuela vivía un proceso de destrucción social masiva y que había provocado que la infancia perdiera 5 años de vida, de acumulación de capital humano. El estudio reciente de ENCOVI lo resalta.

Desde el 2014, se viene menguando las condiciones del sistema educativo. Desde entonces lo que se ha instrumentado cada año escolar no es más que jornadas propagandísticas y mediáticas presentándole al país y al mundo una ficción sobre lo que pasa en liceos y escuelas del país.

Diversos planes de maquillaje hemos visto cada año escolar. Resaltan “La Vida es una Escuela” y “Una Gota de Amor para la Escuela”.  Ninguno de estos retoques han servido para solventar los problemas que están más allá de las fachadas de las escuelas y liceos, al contrario, la situación empeoró de una manera tal que la reducción del presupuesto para la educación dejó un 95% de planteles en un colapso total. El responsable de esta situación no es el bloqueo económico como lo han querido disfrazar. El real responsable es el Estado, Nicolás Maduro y sus distintos ministros de educación. Todos se han apartado de sus responsabilidades constitucionales contempladas en los artículos 102, 103 y 104. Un gobierno que no ha cumplido con los 17 objetivos para el desarrollo aprobados en el año 2015 por los gobiernos del mundo en la UNESCO. Un régimen que no ha tomado en cuenta las 9 recomendaciones de este mismo organismo internacional para atender la educación como derecho humano en medio de la pandemia. El deterioro de la educación es tal que lo comparamos como un huracán que se lleva todo lo que encuentre a su alrededor; dejando al paso miseria, desolación, hambre y pobreza.

Ante el cuadro descrito, Maduro y la Ministra de Educación han convocado a iniciar este año escolar de manera presencial el 25 de octubre. Sin embargo, a pocos días de ejecutar este llamado, no se ha logrado el 100% de los vacunados con las dos dosis al personal docente, obrero y administrativo. Además los planteles dependientes del Estado no cuentan con presupuesto para el desarrollo de un plan sanitario tal como lo orienta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN), por lo que no basta que se diga que hay que cumplir con las normas de bioseguridad.

Si no hay un gobierno que garantice la ejecución de políticas sanitarias en las escuelas y liceos, iniciar clases en esas condiciones ponen en peligros a estudiantes, docentes, empleados, padres y representantes. Serían millones de personas en riesgo de contagiarse del COVID19.

Son las autoridades nacionales las que deben garantizar las condiciones necesarias para el inicio del año escolar presencial. No debe ser la sociedad la que debe cumplir el papel del Estado. Es deber indeclinable del ejecutivo cumplir con los preceptos establecidos en la constitución. Se ha venido creando un Estado Societario, trasladando responsabilidades gubernamentales a la sociedad a través de tramposos llamados al protagonismo social, cuando sabemos que el 94,5% de los venezolanos se encuentra en condiciones de pobreza (ENCOVI, 2021).

El año escolar 2021-2022 se inicia con la continuación en una situación de emergencia humanitaria que ya hemos denunciado en años anteriores. Con la curva ascendente del Covid-19 y el fracaso de la implementación del Programa Cada Familia Una Escuela, la sociedad venezolana requiere con urgencia la aplicación de planes estratégicos que busquen restaurar la educación como derecho humano.

Entre las primeras políticas que demandamos tenemos:

🔅No se pueden iniciar las clases presenciales si los trabajadores de la educación no se encuentran en un 100% con las dos dosis de la vacuna, esto es indispensable. A tal efecto, llamamos al gremio magisterial y al resto de los sectores sindicales (obreros y administrativos) a evaluar y demandar que este paso de responsabilidad del Estado se realice en toda la población educativa. Esto debe ser una orientación necesaria, ante un gobierno nacional irresponsable que no jerarquizó un plan de vacunación en el tiempo que debía hacerlo, inclusive se le exigió en el mes de mayo del 2020, ahora transita de manera desesperada y con ocultamiento de cifras.

🔅Aplicación de un plan sanitario que incluya: resolver el grave problema del servicio de agua en todos los planteles, condicionamiento de los baños y comedores escolares.

🔅Se ejecute un plan de desinfección semanal en todos los planteles y asegure que cada plantel cuente con los suficientes productos de limpieza.

🔅Se destine el suficiente presupuesto para establecer en todos los planteles un plan de bioseguridad permanente. No basta con hacer llamados a usar el tapaboca, el lavado de las manos y el distanciamiento. Si en los planteles falta el agua y los docentes y alumnos por la pulverización del salario no podrán renovar tapabocas, es imposible que se puedan cumplir con las medidas de bioseguridad. Es prioritario que se cuente mensualmente con la llegada de tapabocas y gel antibacterial a las escuelas y liceos.

🔅Se active el Servicio de Alimentación Escolar con la cantidad y calidad nutricional. Exigimos la recuperación del desayuno para todos los niños, niñas y adolescentes escolarizados.

🔅Entrega de útiles escolares y uniformes; asegurando que le llegue a todos los estudiantes.

🔅Que se cumpla con el pasaje estudiantil y los docentes puedan recibir por vía de la revisión Acta Convenio un sustancioso aumento salarial.

🔅Se atienda a través del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente el déficit del 67% de profesionales. Es un error histórico que se pretenda resolver esta grave situación a través de la Chamba Juvenil y de las UBCH, ya que se coloca en manos de inexpertos la conducción del proceso educativo de un país.

🔅 Ante el fracaso del Programa Cada Familia Una Escuela, es urgente y necesario que se tienda de manera científica una planificación pedagógica para comenzar a recobrar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el atraso sobre la formación del conocimiento científico.

🔅El Estado asuma la inversión para la instalación de sistemas centrales de WIFI a través de CANTV en los municipios y parroquias de cada región, para que así las escuelas, liceos y hogares puedan interactuar en el proceso educativo. Pero a la vez, se implemente equipamiento a los docentes y estudiantes.

Estas son las exigencias más inmediatas que urge ser atendidas por un gobierno nacional que sea responsable de sus funciones. La vida y la educación deben ser garantizadas y eso no se logra con retórica, sino con políticas que cumplan con la responsabilidad de cuidar los derechos de los ciudadanos.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez llama a la construcción de un movimiento pedagógico, a los estudiantes, padres representantes para defender la educación, articular y unir nuestras fuerzas para defender un derecho humano.



Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

viernes, 9 de julio de 2021

El chavismo destruye el salario en el sector educación


Los acuerdos del pasado miércoles 7 de julio de 2021, entre la representación de los Trabajadores de la Educación (docentes, administrativos y obreros) y el patrono, representado por el Ministro de Educación, Eduardo Piñate, debilitan aún más el concepto de salario, concebido como una conquista histórica de los trabajadores, e impone categorías de la tecnocracia neoliberal que ni siquiera están presentes en la normativa laboral vigente. Pero veamos primero lo acordado y si realmente hay logros o avances.

El patrón presentó en la mesa de negociación, y lamentablemente fue aprobado por la representación sindical, lo siguiente:
  • Fusión del Bono de Transporte (Cláusula 67 Prima de Transporte IICCUU) y el de Alimentación (Cláusula 58 Bono de Alimentación-Cesta Ticket- ICCUU) por un monto mensual de 46 millones de Bs para activos, jubilados y pensionados pagados a través de la plataforma patria. La coalición sindical había solicitado 0,75 Petro para docentes activos urbanos y 1,5 Petro para los de área geográfica fronteriza. Valor del Petro para el jueves 8/7/2021: Bs 182.877.504,00. No se precisa en el acuerdo suscrito fecha de pago.
Observación: Grave el haber fusionado una cláusula con incidencia salarial como la de transporte y una sin incidencia salarial como el bono de alimentación. Esta podría ser la razón por la que no se precisó en el acta, si tiene o no carácter remunerativo. Por tanto, pensamos que por su monto y definición, este beneficio es el mismo que comenzó a cancelarse en el mes de junio al sector salud y extendido al resto de la administración pública con un monto menor. En consecuencia, no se puede decir que fue un logro nuevo, pues ya se nos había adjudicado unilateralmente por el gobierno como “bono de transporte y alimentación”. La diferencia está en que este acuerdo va más allá al convertir dos cláusulas contractuales en una sola, pues se elimina el carácter salarial del bono de transporte, que afecta a los trabajadores activos al quedar fuera para los cálculos del bono vacacional y el bono fin de año, así como de las prestaciones sociales al terminar la relación laboral. Se debilita de esta forma aun más el concepto de salario integral y se avanza en la destrucción del salario en la administración pública.

  • Se acordó una Prima de Trabajadores de la Educación, activos y jubilados por Ayuda Asistencial y del Hogar, de un 40% sobre el "ingreso integral" (salario mínimo más cesta tiques, equivalente en estos momentos a 10.000.000 de Bs.) Actualmente dicha prima sería de 4.000.000 de Bs.

Observación: El acuerdo no dice si tiene carácter remunerativo ni fecha de pago. Se modifican y fusionan las cláusulas 56 de la IICCUU (Contribución Asistencial al Jubilado) con la cláusula 72 Prima por Gastos del Hogar (prima ésta última que no percibían los docentes y siendo de carácter salarial). La parte sindical solicitaba por el Bono Contribución Asistencial al Jubilado y Pensionado, 2 Petros y por la Prima de Gastos del Hogar, 1 Petro.

  • Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros. Pago mensual de un bono (sin incidencia salarial) del 80% del sueldo base, más la prima de antigüedad y la prima de profesionalización.

Observación: En la IICCUU el monto era de un 40% sobre el sueldo y la asignación base e igualmente no tenía carácter salarial. Se mejora la base de cálculo al incorporar la prima de antigüedad y la prima de profesionalización. Sin embargo, su monto será desigual, pues los porcentajes de la prima de antigüedad para activos son diferentes (no así en los jubilados que es de 60%) y por otro lado, no todos los trabajadores tienen prima de posgrado o profesionalización. Es un error haber permitido esta desigualdad, pues debió mantenerse su razón de ser universal. No se precisa fecha de pago.

  • La representación sindical solicitó un Bono Único pagadero una sola vez por los 18 meses que estuvo solapado el sueldo base de los docentes, sin mencionar monto alguno. Finalmente los  sectores administrativo y obrero solicitaron revisión y actualización de la cláusula 71 Prima Compensatoria. Están pendientes revisión de las cláusulas 38, 39 y 59 relacionadas con los seguros funerarios, HCM y Tabulador Salarial.

Como dijimos al principio, se incorporan en estos acuerdos conceptos como el de “ingreso mínimo integral” que no está contemplado en la Constitución ni en la Ley del Trabajo. El artículo 104 de la LOT es muy claro e inequívoco en la definición del salario. Por otro lado, aceptar la fusión de cláusulas sin incidencia salarial con aquellas que si la tienen, afectará negativamente los pasivos laborales de los trabajadores activos y cuando cese la relación laboral o sea jubilado el trabajador cobrará pírricas y simbólicas cantidades que no servirán para nada.

Lo que han suscrito las partes no es más que la bonificación del salario, práctica que caracterizó a los gobiernos anteriores (Lusinchi y Caldera II), que llevó a varias centrales obreras, abogados laborales como Fabián Chacón e incluso, a muchos de los actuales ministros como el actual de Educación Eduardo Piñate, a solicitar ante la extinta Corte Suprema de Justicia que se salarizaran los bonos, (cuestión que se logró con la movilización de los trabajadores en ese entonces), pero que ahora el régimen chavista los vende como algo "revolucionario" cuando en realidad no es más que parte de la política de flexibilización laboral que ha caracterizado al chavismo en el poder, y con la cual los trabajadores pierden beneficios, derechos y conquistas. Hoy siendo gobierno, hacen lo que cuestionaban en tiempos del bipartidismo.

El pago del Bono de transporte y de alimentación a través de la plataforma patria, es excluyente porque estaría dejando por fuera a muchos trabajadores de la educación y sobrevivientes que actualmente no se les cancela el Bono Simón Rodríguez ni otros bonos, como sucede con educadores dependientes de algunas gobernaciones y alcaldías. Por tanto este beneficio, de no corregirse esta exclusión, perdería su carácter universal y como tal sería una inaceptable discriminación.

La fusión de cláusulas, perdiendo algunas de ellas su condición salarial, así como la posible exclusión de trabajadores en el goce de algunos beneficios como se ha indicado arriba, y la privación del carácter universal beneficios, son acciones violatorias de principios como la justicia social, la solidaridad, la irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que son nulos los acuerdos que impliquen renuncia y menoscabo de esos derechos. Según los artículos 18 y 19 de la LOT podrán hacerse transacciones que mejoren y superen las cláusulas previas, pero no desmejorarse.


Creemos que estos cambios no deben evaluarse por los montos en Bs obtenidos, hay que ver si hacia el futuro afectan a los trabajadores, los activos cuando dejen de percibir montos importantes por efecto de la liquidación del carácter salarial de algunas de las cláusulas que hoy están siendo modificadas para mal y no para bien. Es muy claro el Artículo 434 de la LOT cuando expresa que” la progresividad de los beneficios de la convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.”… Y si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas, por otras distintas que consagren beneficios superiores (si fuere el caso), es “condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la convención, con claridad, cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas (…) debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación.”.
Y este precepto no fue observado en los acuerdos. Creemos que aún hay tiempo de enmendar estos “errores” y evitar se materialice una flagrante violación a normas de orden público y se continúe destruyendo el concepto salario de los trabajadores venezolanos.


Pedro García

Presidente de la Asociación de Educadores Jubilados, Pensionados Unidos de la Región Capital.- ASOCEJUPRC-

Julio de 2021

sábado, 3 de julio de 2021

A organizar la lucha magisterial

El pasado 10 de abril de 2018 fue suscrita la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación (Docentes, Administrativos y Obreros). Su vencimiento se produjo el 10 de abril de 2020, por lo que ya se han cumplido 14 meses de su prescripción sin que la parte sindical presentara durante este tiempo, una nueva propuesta de Convención Colectiva.

En este lapso, el patrono-estado, con la excusa de la pandemia y el otorgamiento unilateral de varios ajustes de sueldos y bonos vía plataforma patria, desconoció y desaplicó la cláusula salarial N° 59 de la IICCUU, despojando a los trabajadores de todos los aumentos de sueldos previstos en la misma y cuyo monto porcentual sin recurrencia asciende a 280%. 

Además, liquidó la seguridad social al eliminarse los seguros de HCM y servicios funerarios. Los montos de las primas y bonos fueron disminuidos en un 90% su valor nominal y producto de los reclamos, se ha recuperado el valor contractual solamente de algunos de ellos. Es tan así que todavía la contribución asistencial para el docente jubilado es de Bs 51.000.

Ahora bien, el artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé que, “La convención colectiva de trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de tres años (…). Las partes podrán, mediante Acta Convenio, prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no excederá de la mitad del período para la cual fue pactada. Basado en ello y a pesar de las consecuencias negativas que tiene para los trabajadores, al haberse extendido la vigencia de hecho por más de un año de la IICCUU, la representación sindical de las Federaciones del Magisterio consignan el pasado 12 de abril ante el Ministerio de Educación un Pliego de Peticiones, solicitando “prorrogar la duración y vigencia de la IICCUU mediante un Acta Convenio que mejore las condiciones económicas”. 

Como condición previa, piden al patrono que la revisión del salario se haga sobre la base del cumplimiento de la cláusula N° 59 de la IICCUU; es decir, sea cancelada la deuda del 280% antes mencionado. Igualmente se demanda la revisión y cumplimiento del parágrafo primero de la cláusula 62 de la ICCUU y la Cláusula 59 IICCUU por cuanto se debe adecuar o ajustar al tabulador del Magisterio cualquier aumento salarial que se haya producido ya que no dependemos del Estatuto del Funcionario Público.

Esto tiene que ver con el solapamiento de sueldos que se produjo desde enero 2020, cuando la ONAPRE ubicó el sueldo base de los profesionales de la docencia al mismo nivel de los sueldos de los TSU clasificados en el tabulador de la Administración Pública, desconociendo los títulos de pre y posgrado de los profesionales de la docencia, violando los artículos 21 constitucional, 21 y 24 de la LOT. Las peticiones concretas fueron estas:

Cláusula salarial 59 IICCUU

✔ Salario básico anclado al Petro fluctuante en 60 $ (1 Petro= 104.000.000 bs al 12 de abril)

✔ Incrementos de activos se aplicarán a los jubilados

✔ Se define que la Pensión Mensual del Jubilado es todo lo percibido por éstos para el momento que eran activos. Y pese a que no lo solicitan expresamente, este es el argumento para que se reconozca el pago de las 4 semanas de ajuste que se despojó a los jubilados una vez egresados como activos, pues este concepto encaja en este supuesto.

✔ Revisión bimensual del salario y demás reivindicaciones. El sueldo base propuesto quedaría así:

 

Categoría

Petros 40/H

I

2

II

2,1

III

2,247

IV

2,449

V

2,718

VI

3,099

Prof. N. D

2

TSU

1,5

TSU No Doc.

1,5

Bach Doc.

1

Bach No Doc.

1

Coord. / LT

2

Prof. Amb. .Prof.

2,33

Jefe Lab

2,39

Jefe espec

2,6

 



Cláusula 38 Seguro HCM

✔ Cobertura por patología 100 Petros fluctuantes. Extensiva a cónyuges, madre, padre del trabajador sin límite de edad, hijos hasta 18 años o 21 si estudian en Universidad y sin límite de edad para discapacitados. Maternidad solo para titular y cónyuge.

Cláusula 39 Servicios funerarios

✔ 60 Petros fluctuantes al titular, extensivo al cónyuge, madre y padre sin límite de edad.

✔ Hijos sin límite de edad.

Cláusula 56 Contribución asistencial para el jubilado

✔ 2 Petros fluctuantes.

Cláusula 72 Prima por gastos de hogar

✔ Incorporar a los docentes a este beneficio que no tenemos actualmente, en igualdad de condiciones y sin discriminación por un valor de 1 Petro fluctuante.

Cláusula 67 Prima de transporte

✔ 0,75 Petros fluctuantes para activos. No se menciona a los jubilados y con base a que tienen los mismos beneficios de los activos, deben ser incorporados al goce de este beneficio.

✔ En los estados fronterizos (Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Táchira, Bolívar, Falcón, Zulia y Nueva Esparta) será de 1,5 Petros fluctuantes.

Bono de protección alimentaria (cesta ticket)

✔ Para activos de 2 Petros fluctuantes. Docentes con menos de 33,33 horas será pagado proporcionalmente a su jornada laboral.

✔ Este y todos los beneficios pagados en Bs soberanos y abonados en la cuenta nómina

Luego El 12 de mayo, las 9 federaciones se reunieron con el nuevo ministro Eduardo Piñate y solicitaron la adecuación inmediata del tabulador docente dentro de los parámetros de los profesionales de la administración pública.

En Acta de reunión del 16 de junio, las 9 organizaciones sindicales del magisterio vuelven a consignar una propuesta solicitando la revisión de las cláusulas:

✔ 59 tabulador salario básico

✔ 38 HCM

✔ 39 servicios funerarios

✔ 56 contribución asistencial para jubilados

✔ 72 prima gastos de Hogar

✔ 67 prima de transporte y bono de protección alimentaria

✔ 71 prima compensatoria obreros y administrativos

En el acta no queda constancia si son los mismos contenidos de las presentadas el 12 de abril o si fueron modificados los mismos. Ello ha debido ser aclarado.

En Acta de reunión del 21 de junio, el MPPE “somete a consideración la cláusula 59 y adecuación al tabulador del salario básico con su intercategoría (esto último presentado por las federaciones) para presentarla ante los órganos competentes para su estudio y consideración.”

Las federaciones expresan que tal adecuación “servirá de base para la negociación del documento presentado y consignado en fecha 15 de abril de 2021 ante el MPPE” y expresan su aceptación de la propuesta N°1. (Ver acta). Suponemos que el documento al que hace referencia la representación sindical es el mismo presentado el 12 de abril.

Y en acta del 30 de junio, el MPPE presentó nuevamente la adecuación de la cláusula 59. Las partes ratifican la aprobación de la adecuación de acuerdo a la tabla anexa en el acta, en concordancia con la cláusula 62, parágrafo primero de la ICCUU.

En la misma el patrono presenta su propuesta de todas las cláusulas sometidas a revisión para estudio y consideración de la parte sindical, quien las recibe formalmente.

Fue fijada la próxima reunión para el 7 de julio a las 2 PM.

Visto este apretado resumen que aclara este proceso de negociaciones, es necesario decir que los trabajadores tienen derecho legal y sindical a conocer el contenido de las propuestas y contrapropuestas sometidas en la mesa de negociaciones. Las organizaciones sindicales están obligadas por sus estatutos y por la Ley del Trabajo a consultar y dar a conocer a la base de los trabajadores todo el contenido de lo allí discutido, pues esa es la esencia de la democracia sindical. Basta de secretos, se debe informar al magisterio lo que ofrece el patrón.

Y finalmente, estamos convencidos que la discusión en frío, sin movilización ni presión de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales de base, favorece al patrono y debilita la lucha magisterial por mejores condiciones laborales y por un salario que cubra las necesidades de los docentes y sus familias. Es por ello que hacemos un llamado a la base del magisterio a organizar asambleas de educadores para acordar algunas acciones de presión con la autonomía a la que tenemos derecho y así podamos expresar a viva voz cuáles son las exigencias y puntos de honor en estas negociaciones.



Firma de Acta Convenio YA

La lucha nos dará lo que el patrono nos niega




Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

3 de julio de 2021

viernes, 1 de mayo de 2020

La UDSE se une al llamado de constituir un Gobierno de Emergencia Nacional

Este 1° de mayo la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) se dirige al magisterio, a todos los sectores laborales del país y a la sociedad en general. 

Exponemos:
  1. El trabajador viene padeciendo mucha hambre y miseria a causa de las diversas medidas económicas de Maduro y su grupo político, donde el último aumento ha sido un irrespeto y una burla a la dignidad de los trabajadores.
  2. Que la ruina del país y el deterioro de las condiciones de vida de la familia trabajadora son evidentes y con esta pandemia quedan más al descubierto. 
  3. Que conseguir alimentos y medicinas se ha vuelto una proeza, que la pobreza extrema se ha multiplicado al punto que familias enteras se acuestan con el estómago vacío o comen de la basura.
  4. Que los salarios se han pulverizado, llevándose por encima el valor del trabajo como factor de progreso.
  5. Que de la industria nacional quedan ruinas y escombros, porque la política económica solo ha creado aguijones para una minoría a costa de la propia destrucción de la vida de los trabajadores.
  6. Que la educación se encuentra en un total desplome como derecho humano desde antes de la aparición del COVID19. En este contexto, la pandemia ha sido utilizada estratégicamente para trasladar a la familia la responsabilidad del Estado de garantizar la educación como lo establece la constitución, al el punto de que sobre los hombros de la familia recae la finalización de este año escolar.
  7. La grave crisis que presentan los educadores jubilados que no saben si decidir vivir o morir porque el Estado ha abandonado completamente este sector. 
  8. La seguridad social y la Institución de Protección Social como el IPASME se le fue arrebatado al magisterio.
Por eso, este 1° de mayo los educadores asumimos:

  • Incorporarnos al llamado de constituir un Gobierno de Emergencia Nacional, que sea construido desde la unidad del pueblo, emprendiendo organizativamente el trabajo por una nueva democracia verdaderamente libre y soberana, que impulse la producción nacional.
  • Salvar la educación en función de la formación de ciudadanos en y para la libertad, sin hipotecar conciencia ni prefigurando actitud sumisa ni obediente. 
  • Construir una educación que promueva la activa participación del ciudadano en las transformaciones políticas y sociales que Venezuela demanda. No debe ser una institución formadora de eunucos, al contrario; debe involucrarse en los problemas de la sociedad, descubrirlos y buscarle soluciones útiles con sentido colectivo. 
  • Levantar unas líneas políticas educativas para el lanzamiento del desarrollo tecnológico del país, para el ascenso social.
  • Impulsar una nueva pedagogía, la pedagogía de la nueva democracia, de la conciencia ciudadana.
  • Rescatar el valor del salario y la dignificación de la profesión docente.
  • Lograr la libertad de todos los presos políticos, dirigentes sindicales y educadores que hoy se encuentran secuestrados por el régimen.
  • Unirnos con el resto de los trabajadores del país para redimir la esperanza y lograr una sociedad con justicia. 


¡Salvemos a Venezuela!


¡Salvemos la Educación!


Gobierno de Emergencia Nacional



Unidad Democrática del Sector Educativo

@UDSE_







1° de mayo 2020

martes, 14 de marzo de 2017

Docentes pensionados y jubilados presentes en la instalación de la Subcomisión Especial de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Nacional.


Este martes 14 fue instalada la Subcomisión Especial para Jubilados y Pensionados por parte de la AN, cuya dirección estará a cargo del Diputado Arnoldo Benítez. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional y contó con una nutrida representación de organizaciones de pensionados y jubilados de los sectores Salud, Bomberos, Ambiente, Policía Metropolitana, IVSS, Enfermeras, INAM, INN, Metro, Alcaldía de Caracas, C.I.C.P.C, y nuestra Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital- ASOCEJUPRC-

La importancia de este evento radica en el hecho inédito de que las organizaciones de pensionados y jubilados presentes y las que se sumen de ahora en adelante, pasamos a formar parte de esta Subcomisión Especial. Conformaremos las mesas de trabajo permanentes que contribuirán con la AN en la elaboración de propuestas, proyectos y seguimientos de todos los instrumentos legales relacionados con las reivindicaciones de los pensionados y jubilados de Venezuela. 

Con esta decisión, la AN está reconociendo la importancia, el auge y la relevancia que han tenido las movilizaciones de los trabajadores pensionados y jubilados. La justeza de estas luchas por la dignificación de las pensiones, el pago del Bono de Alimentación y Medicinas, la seguridad social, entre otras reivindicaciones, justificaron la creación de esta instancia parlamentaria, de la cual esperamos cumpla su papel de legislar y hacer cumplir las leyes y normativas que benefician a los jubilados y pensionados de Venezuela.

Nuestra Asociación, -ASOCEJUPRC- contó con la participación de los colegas Areani Bruzual, Olga Vargas, Mary Martíenez, Gabino Rojas, Raquel Figueroa y Pedro García. También estuvo presente la Presidenta de la Fundación de Jubilados y Pensionados del Estado Falcón, FUNJUPAF, Mayra Aguilar. 

El colega Pedro García tuvo un derecho de palabra en el cual expresó la importancia de mantener la presión en la calle y la coordinación de todas las luchas de los jubilados y pensionados para conquistar, no solo el Bono de Alimentación y Medicinas, sino el resto de los beneficios sociales que por derecho y justicia se merecen estos trabajadores en retiro, que en su vida activa contribuyeron al desarrollo y progreso del país. 

Destacó el dirigente de los pensionados y jubilados de la región capital, la importancia de la Gran Jornada de Protesta Nacional aprobada para el próximo jueves 30 de marzo en todos los estados y municipios del país, cuyo objetivo es denunciar que ese día se cumple el primer aniversario de la aprobación, por parte de la AN, de la Ley de Bono para alimentos y medicinas a Pensionados y Jubilados, y de como el gobierno nacional se niega a darle el ejecútese a la misma, sometiendo a las personas mayores a la hambruna y una muerte lenta por la insuficiencia de una buena alimentación y la falta de medicinas para tratar las enfermedades propias de la edad. García hizo un llamado a todas las organizaciones de pensionados y Jubilados a unirnos y sumarnos todos a esta Jornada de Protesta Nacional por el pago inmediato del Bono de Alimentación y Medicinas.

Sirva esta iniciativa para motivar a todos los jubilados y pensionados de Venezuela para que se organicen en Comité de Pensionados y Jubilados por sector o localidad residencial. En cada barrio, urbanización comunidad se puede constituir un Comité de Pensionados y Jubilados para organizar la lucha por los derechos sociales que hoy les niega este gobierno indolente. 


¡Solo la lucha nos dará, lo que el gobierno niega!

Pensionados y Jubilados: 
¡De rodillas nunca, en pie de lucha, siempre!

Magisterio Jubilado y Pensionado: 
¡Incorpórate a esta lucha general que es también tu lucha!

¡Organízate en un Comité de Pensionados y Jubilados!


ASOCIACION DE EDUCADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIDOS DE LA REGION CAPITAL
ASOCEJUPRC