EL MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMON RODRIGUEZ ANTE EL ACTA CONVENIO

No se tomó en cuenta el contexto.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, fija posición ante el Acta Convenio suscrita el pasado 23/7/2021 entre el Ministerio para el Poder Popular para la Educación y los presidentes de 17 organizaciones nacionales de la educación, entre ellas las nueve del sector magisterial. Dichas organizaciones suscribieron el acuerdo mediante el cual se extiende, por seis meses más, la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación (IICCUU), cuyo vencimiento se produjo en el mes de julio de 2020, término en el cual no fue presentado por la parte sindical, ningún nuevo proyecto de convención colectiva.

Los educadores, al igual que todos los trabajadores y el pueblo, estamos padeciendo en carne propia un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo como consecuencia de las antipopulares políticas económicas que nos han llevado a la pobreza extrema. Estas condiciones y la falta de una remuneración por su trabajo que cubra sus necesidades, han obligado a los docentes a dedicarse a otras labores para sobrevivir en medio de una crisis agravada por la pandemia. Frente a este abandono por parte del Estado, la educación termina siendo la gran víctima al no garantizarse este derecho humano fundamental. No se puede ocultar con discursos retóricos, demagógicos y engañosos esta inobjetable realidad.

No fue negociación, es imposición de la flexibilización laboral.

En medio de este cuadro caótico se firma el 21 de julio un Acta Convenio y de cuyo análisis concluimos que no es más que la imposición del mismo paquete económico antilaboral aplicado a todos los trabajadores de la administración pública, incluyendo al sector universitario. Su contenido expresa el continuismo de la política de flexibilización laboral, cuyo fin último es abaratar la fuerza de trabajo y la desregularización de las relaciones laborales. Es el desmontaje de los derechos laborales adquiridos; significa la pulverización del salario, de la seguridad social, de las prestaciones sociales, de las pensiones y las convenciones colectivas.

Esta orientación lamentablemente no la ven los representantes sindicales firmantes, pese a estar claramente expresadas en el acta convenio con la bonificación de los sueldos, la fusión de primas con bonos perdiendo su carácter salarial, la renuncia de aumentos salariales y la adecuación por solapamientos con sus respectivos retroactivos e incidencia; además de la exclusión de la seguridad social y el pase de beneficios a la plataforma patria que no tendrían incidencia salarial.

La verdad en detalle

• En dos momentos se ajustó el Sueldo y Pensión Base (en adelante SPB). El primero lo denominaron "adecuación", para "actualizar" un solapamiento o "error" en el pago del SPB que se prolongó por largos 18 meses (Cláusula 62 ICCUU). Aunque no lo admiten, fue una "adecuación" chucuta. Veamos los siguientes ejemplos:

a) Un TSU tabla en la ONAPRE cobraría Bs 14.560.000 y al educador TSU se le adecuó en Bs 12.741.005. El sueldo base del Profesional I, rango I en la tabla ONAPRE es de Bs 15.960.000 y el Docente I fue adecuado en el acta convenio con Bs 13.975.608.

b) El Profesional III, rango VIII tiene un sueldo base de Bs 21.280.000 en la tabla ONAPRE, mientras que el Docente VI le adecuaron, según el acta convenio, un sueldo base de Bs 20.681.452.

Estos ejemplos quizá expresan la razón por la que el patrono "aceptó en todas sus partes" la propuesta de "adecuación" chucuta presentada por la representación sindical, tal cual lo confiesan en su comunicado oficial. Hay una clara desmejora salarial.

• El segundo ajuste se produce posterior a la "adecuación" chucuta y, en promedio, solo fue de un 50,67% como resultado de la revisión del SPB, cláusula 59 de la IICCUU. Los porcentajes intercategorías no pueden sumarse como un aumento ya que este escalafón se había perdido y sólo fue recuperado. De igual manera, se desconoció, y no fue reclamado, el retroactivo e incidencias de estas diferencias porcentuales intercategorías.

• Por otro lado, no consta en acta el reclamo del 280% contractual y que con la recurrencia sobrepasa el 900% de aumento que nos fue despojado desde 2018. Gravísimo claudicar este punto de honor "no negociable" que se expuso en importantes jornadas de lucha del magisterio. También se renunció a los mecanismos de protección antiinflacionarios a favor del salario, pues todos los beneficios solicitados en el pliego estaban anclados al Petro fluctuante y sin explicación alguna terminan aceptando ajustes porcentuales simbólicos amarrados al destruido y super devaluado bolívar. Arriaron las banderas del 91 y 104 constitucional, así como el Sueldo Base mínimo de 600$. Un verdadero engaño a las expectativas generadas.

• Se eliminó la prima contractual-salarial N° 67 (Prima de Transporte), al convertirla en un Bono de Transporte y de Alimentación pagadero por la plataforma patria. Aunque no se estaba cancelando, lo correcto era recuperarla y preservar el concepto contractual tal cual como se mantiene el concepto bono de alimentación o Cesta Ticket. De igual manera, fue fusionado el Bono Asistencial del docente jubilado con la prima de gastos del hogar que recibían administrativos y obreros. Subsumir y fusionar es una política que al final suprime beneficios y esto es un retroceso que no se puede justificar por el hecho de haberse elevado el monto.

• El Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros es discriminatorio, pues uno de sus componentes para la base de cálculo es la prima de profesionalización, prima que no poseen todos los trabajadores. Ha debido tomarse otro criterio de alcance universal. Y la guinda es que este beneficio de 80% sobre el SPB más las primas de antigüedad y profesionalización, será un bono que no tiene incidencia salarial.

• Imperdonable que los trabajadores de la educación continuemos sin seguridad social. Son muchos los trabajadores y sus familiares que han fallecido porque no tienen un seguro de HCM. Son demasiado los trabajadores que han tenido que endeudarse o acudir a la colecta pública para poder enterrar a sus familiares o para cubrir un tratamiento médico. Haber dejado fuera del acta convenio la seguridad social en momentos de la mayor crisis hospitalaria y de una pandemia incontrolable, es prolongar la agonía de los trabajadores y sus familiares. Que la vida y la salud del magisterio estén supeditadas a futuras reuniones de comisiones que al parecer solo tienen intereses de reparto de cargos y funciones burocráticas en el IPASME, es inhumano, criminal y genocida.

Finalmente, no queremos pensar que el aumento en un 15% en la prima de aspectos propios del ejercicio docente, haya sido la transacción-consolación para renunciar a todas las deudas contractuales millonarias anteriormente citadas. No nos gusta elucubrar, pero el ruido es ensordecedor.

Consideraciones sindicales

El objetivo principal planteado en el Pliego de Peticiones, como lo era un aumento real y suficiente del sueldo y pensión base, no fue obtenido. Seguramente dirán que van a recibir más dinero, y que eso es un avance. Pero cuando los docentes activos se jubilen recibirán unas prestaciones sociales de miseria por efecto de la bonificación salarial. Además, la hiperinflación ya se ha comido esos "aumentos", al perder poder adquisitivo desde la firma del acta. La realidad es tan avasallante que no necesitamos ejemplificar con indicadores económicos. Ni siquiera con el abultamiento del ingreso con bonos. Podemos afirmar, luego de analizar el acata convenio, que hay pan para ahora y hambre para mañana. El presente sigue siendo de hambre.

Pretender cambios de conceptos constitucionales y legales como el de salario, son inaceptables y crean peligrosos antecedentes en cuanto a conquistas laborales. Decir por ejemplo que el salario mínimo integral está compuesto por el Salario Mínimo Nacional más el Cesta Ticket, cuando se sabe que este último concepto no forma parte del salario (punto 3 del Acta), indica ignorancia supina o entreguismo consciente.

La Bonificación del salario se había logrado derrotar en las luchas desarrolladas por el movimiento sindical en los años 90. Incluso, buena parte de la dirigencia de este gobierno y firmantes sindicales del acta, fueron protagonistas de aquellas luchas. Un verdadero retroceso.

Lo dicho, perjudica el patrimonio económico de los trabajadores y su familia; se dejan de lado conquistas históricas del magisterio. Se contraviene la legislación laboral y menoscaban derechos contractuales directos tal cual lo expresa el artículo 434 de la ley Orgánica del Trabajo cuando expresa:

“La Convención Colectiva de Trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los Contratos de Trabajo vigentes(...). Podrán modificarse las condiciones de trabajo vigente que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras”.

Pero estas modificaciones, como la fusión de primas con bonos, el pago fuera de nómina de algunos beneficios (plataforma patria) y la renuncia al pago de deudas contractuales con su respectivo retroactivo e incidencias, no fueron argumentadas tal cual lo ordena el mismo artículo 434 cuando dice que se debe "dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación”.

Nada de esto consta en el Acta Convenio, al contrario, estos cambios y omisiones trasgreden los principios rectores de interpretación y aplicación de la norma en cuanto a justicia social, derechos y beneficios laborales que no pueden sufrir desmejoras.

La representación sindical nunca presentó un plan de luchas, no consultó a sus propias directivas nacionales ni mucho menos a los trabajadores, en flagrante violación al principio de democracia sindical al que están obligados observar estatutaria y legalmente. Publicar las actas sin consultar las propuestas y contrapropuestas presentadas en mesa no es democracia, es secretismo y desprecio hacia las bases a quienes se deben. Tal estrategia de desmovilización y secretismo, le hizo el juego y favoreció los intereses del patrono.

Ahora le toca a las bases.

No es opción cruzarse de brazos, desmoralizarse ni caer en actitudes derrotistas. Las exigencias del magisterio están orientadas a defender los derechos contractuales y sueldos suficientes para vivir decentemente con nuestras familias. También la lucha nos llama a defender el derecho real a la educación del pueblo.

En ese sentido, llamamos al magisterio a organizarse unitariamente desde las bases para seguir reclamando con fuerza los beneficios económico-sociales que por justicia y ley nos corresponde. Los animamos a continuar reclamando las deudas contractuales y la seguridad social dejadas por fuera, pues son derechos adquiridos que no prescriben y deben seguir siendo exigidos independientemente de la conciliación de quienes tienen el deber de defender los intereses de los trabajadores.

Que los meses de agosto y septiembre sean de comunicación, articulación y organización en redes. Hay que intentar realizar asambleas desde las parroquias y municipios, si las circunstancias y la pandemia lo permiten, para exigir la restitución de la seguridad social y el pleno funcionamiento del IPASME para sus afiliados.

En el mes de octubre se producirá la primera revisión del sueldo base y otros beneficios según el Acta Convenio. Es oportuno desde ya preparar las propuestas y exigencias de la base en un instrumento que puede denominarse Pliego de exigencias de la base magisterial. Esto es fundamental para mantener viva la lucha por la reconquista de los derechos perdidos.

Para el mes de enero 2022, fecha límite de vigencia del Acta Convenio, el magisterio de base debe tener preparado su propio Pliego de propuestas de cláusulas para la nueva Convención Colectiva que necesariamente debe ser presentada por las organizaciones sindicales previa autorización y consulta de la base magisterial.

Hay que pensar en la reconstrucción del movimiento sindical magisterial sobre bases de una nueva ética y democracia en el ejercicio sindical. Es fundamental constituir un movimiento de lucha, combativo, amplio, democrático y que defienda los intereses de los trabajadores. Urge pues una renovación de la actual dirigencia para lo cual convocamos a todos los educadores a presionar en esa dirección para preservar el instrumento de organización y lucha por excelencia como lo son las organizaciones sindicales, algunas de ellas hoy en día han bajado la santamaría, con muy pocas excepciones. Superar el sindicalismo conservador y conciliador es una tarea urgente.

¡Por la recuperación y defensa de los derechos adquiridos!

¡Por un pliego de exigencias de la base magisterial!

¡Por un verdadero y real aumento salarial mínimo con base al artículo 91!

¡Por el rescate y fortalecimiento de las organizaciones sindicales!

¡Por un nuevo proyecto de Convención Colectiva consultado con la base magisterial!

¡Por condiciones óptimas e integrales para el regreso a clases!

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

Twitter: @EducadoresMESR

Blogs: http://moveducsimonrodriguez.blogspot.com

Correo: movimientoesm@gmail.com

El chavismo destruye el salario en el sector educación

Los acuerdos del pasado miércoles 7 de julio de 2021, entre la representación de los Trabajadores de la Educación (docentes, administrativos y obreros) y el patrono, representado por el Ministro de Educación, Eduardo Piñate, debilitan aún más el concepto de salario, concebido como una conquista histórica de los trabajadores, e impone categorías de la tecnocracia neoliberal que ni siquiera están presentes en la normativa laboral vigente. Pero veamos primero lo acordado y si realmente hay logros o avances.

El patrón presentó en la mesa de negociación, y lamentablemente fue aprobado por la representación sindical, lo siguiente:

• Fusión del Bono de Transporte (Cláusula 67 Prima de Transporte IICCUU) y el de Alimentación (Cláusula 58 Bono de Alimentación-Cesta Ticket- ICCUU) por un monto mensual de 46 millones de Bs para activos, jubilados y pensionados pagados a través de la plataforma patria. La coalición sindical había solicitado 0,75 Petro para docentes activos urbanos y 1,5 Petro para los de área geográfica fronteriza. Valor del Petro para el jueves 8/7/2021: Bs 182.877.504,00. No se precisa en el acuerdo suscrito fecha de pago.

Observación: Grave el haber fusionado una cláusula con incidencia salarial como la de transporte y una sin incidencia salarial como el bono de alimentación. Esta podría ser la razón por la que no se precisó en el acta, si tiene o no carácter remunerativo. Por tanto, pensamos que por su monto y definición, este beneficio es el mismo que comenzó a cancelarse en el mes de junio al sector salud y extendido al resto de la administración pública con un monto menor. En consecuencia, no se puede decir que fue un logro nuevo, pues ya se nos había adjudicado unilateralmente por el gobierno como “bono de transporte y alimentación”. La diferencia está en que este acuerdo va más allá al convertir dos cláusulas contractuales en una sola, pues se elimina el carácter salarial del bono de transporte, que afecta a los trabajadores activos al quedar fuera para los cálculos del bono vacacional y el bono fin de año, así como de las prestaciones sociales al terminar la relación laboral. Se debilita de esta forma aun más el concepto de salario integral y se avanza en la destrucción del salario en la administración pública.

• Se acordó una Prima de Trabajadores de la Educación, activos y jubilados por Ayuda Asistencial y del Hogar, de un 40% sobre el "ingreso integral" (salario mínimo más cesta tiques, equivalente en estos momentos a 10.000.000 de Bs.) Actualmente dicha prima sería de 4.000.000 de Bs.

Observación: El acuerdo no dice si tiene carácter remunerativo ni fecha de pago. Se modifican y fusionan las cláusulas 56 de la IICCUU (Contribución Asistencial al Jubilado) con la cláusula 72 Prima por Gastos del Hogar (prima ésta última que no percibían los docentes y siendo de carácter salarial). La parte sindical solicitaba por el Bono Contribución Asistencial al Jubilado y Pensionado, 2 Petros y por la Prima de Gastos del Hogar, 1 Petro.

• Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros. Pago mensual de un bono (sin incidencia salarial) del 80% del sueldo base, más la prima de antigüedad y la prima de profesionalización.

Observación: En la IICCUU el monto era de un 40% sobre el sueldo y la asignación base e igualmente no tenía carácter salarial. Se mejora la base de cálculo al incorporar la prima de antigüedad y la prima de profesionalización. Sin embargo, su monto será desigual, pues los porcentajes de la prima de antigüedad para activos son diferentes (no así en los jubilados que es de 60%) y por otro lado, no todos los trabajadores tienen prima de posgrado o profesionalización. Es un error haber permitido esta desigualdad, pues debió mantenerse su razón de ser universal. No se precisa fecha de pago.

• La representación sindical solicitó un Bono Único pagadero una sola vez por los 18 meses que estuvo solapado el sueldo base de los docentes, sin mencionar monto alguno. Finalmente los  sectores administrativo y obrero solicitaron revisión y actualización de la cláusula 71 Prima Compensatoria. Están pendientes revisión de las cláusulas 38, 39 y 59 relacionadas con los seguros funerarios, HCM y Tabulador Salarial.

Como dijimos al principio, se incorporan en estos acuerdos conceptos como el de “ingreso mínimo integral” que no está contemplado en la Constitución ni en la Ley del Trabajo. El artículo 104 de la LOT es muy claro e inequívoco en la definición del salario. Por otro lado, aceptar la fusión de cláusulas sin incidencia salarial con aquellas que si la tienen, afectará negativamente los pasivos laborales de los trabajadores activos y cuando cese la relación laboral o sea jubilado el trabajador cobrará pírricas y simbólicas cantidades que no servirán para nada.

Lo que han suscrito las partes no es más que la bonificación del salario, práctica que caracterizó a los gobiernos anteriores (Lusinchi y Caldera II), que llevó a varias centrales obreras, abogados laborales como Fabián Chacón e incluso, a muchos de los actuales ministros como el actual de Educación Eduardo Piñate, a solicitar ante la extinta Corte Suprema de Justicia que se salarizaran los bonos, (cuestión que se logró con la movilización de los trabajadores en ese entonces), pero que ahora el régimen chavista los vende como algo "revolucionario" cuando en realidad no es más que parte de la política de flexibilización laboral que ha caracterizado al chavismo en el poder, y con la cual los trabajadores pierden beneficios, derechos y conquistas. Hoy siendo gobierno, hacen lo que cuestionaban en tiempos del bipartidismo.

El pago del Bono de transporte y de alimentación a través de la plataforma patria, es excluyente porque estaría dejando por fuera a muchos trabajadores de la educación y sobrevivientes que actualmente no se les cancela el Bono Simón Rodríguez ni otros bonos, como sucede con educadores dependientes de algunas gobernaciones y alcaldías. Por tanto este beneficio, de no corregirse esta exclusión, perdería su carácter universal y como tal sería una inaceptable discriminación.

La fusión de cláusulas, perdiendo algunas de ellas su condición salarial, así como la posible exclusión de trabajadores en el goce de algunos beneficios como se ha indicado arriba, y la privación del carácter universal beneficios, son acciones violatorias de principios como la justicia social, la solidaridad, la irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que son nulos los acuerdos que impliquen renuncia y menoscabo de esos derechos. Según los artículos 18 y 19 de la LOT podrán hacerse transacciones que mejoren y superen las cláusulas previas, pero no desmejorarse.

Creemos que estos cambios no deben evaluarse por los montos en Bs obtenidos, hay que ver si hacia el futuro afectan a los trabajadores, los activos cuando dejen de percibir montos importantes por efecto de la liquidación del carácter salarial de algunas de las cláusulas que hoy están siendo modificadas para mal y no para bien. Es muy claro el Artículo 434 de la LOT cuando expresa que” la progresividad de los beneficios de la convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.”… Y si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas, por otras distintas que consagren beneficios superiores (si fuere el caso), es “condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la convención, con claridad, cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas (…) debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación.”.

Y este precepto no fue observado en los acuerdos. Creemos que aún hay tiempo de enmendar estos “errores” y evitar se materialice una flagrante violación a normas de orden público y se continúe destruyendo el concepto salario de los trabajadores venezolanos.

Pedro García

Presidente de la Asociación de Educadores Jubilados, Pensionados Unidos de la Región Capital.- ASOCEJUPRC-

Julio de 2021

La plataforma patria: caballo de Troya contra los derechos laborales

Lo que no pudo el neoliberalismo de la década de los 90, está a punto de coronarlo el gobierno “obrero” de Nicolás Maduro, de terminar de imponer la cancelación de los sueldos, salarios y pensiones del aparato estatal a través de la plataforma “patria”. Sin duda alguna, se convertiría en el mayor logro anti-laboral de la historia reciente.

Lo que se inició con el carnet de la “patria”, devino en una plataforma tecnológica, que en sus inicios fue diseñada para canalizar beneficios sociales en forma de “bonos” hacia la base de apoyo de social del régimen. Con el tiempo, ampliaron su universo y la han convertido en el instrumento tecnológico por excelencia de la política de subsidios económicos dirigidos hacia buena parte de la población venezolana. Esta plataforma no es más que la expresión de la tecnocracia neoliberal que caracteriza al régimen chavista y que heredó de los gobiernos anteriores, destacándose el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuyos tecnócratas eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales usando subterfugios técnicos y "modernos".

Como suele suceder con todas las políticas económicas y sociales que implementa el gobierno, la plataforma “patria” tiene un alcance multipropósito. Se apropian de una tecnología exitosa en el mundo de las finanzas para darle un uso político. En principio buscan un mayor y amplio control social de la población a través de dádivas disimuladas de “beneficios sociales”. Convierten a buena parte de los venezolanos en dependientes chantajeados de estos “beneficios”, que para muchos, son el único ingreso percibido.

Pero al avanzar con esta plataforma hacia el mundo laboral, la cosa adquiere una connotación económica macro-estratégica. Junto al paquetazo de la reconversión monetaria de 2018, a través del cual borraron de un plumazo las contrataciones colectivas y muchos derechos laborales en ellas contenidos, la plataforma “patria” vendría a ser la sepulturera oficial de la destrucción del valor salario, del valor trabajo, de las pensiones, la seguridad social, las prestaciones sociales y las convenciones colectivas. Con este mecanismo se pretende bonificar prácticamente todo el salario. Ya se inició este experimento con la cancelación de buena parte de los ingresos a los empleados públicos, con bonos que reciben diferentes denominaciones dependiendo del ente público, a saber: Bono máxima eficiencia (Sector servicios y funcionarios), bono protectores de salud (sector salud), bono Simón Rodríguez (sector educación), bono Negro Primero (sector Fuerzas Armadas).

Es claro el doble discurso de quienes usurpan el poder en Venezuela. Estos "próceres", son los mismos que cuestionaban en tiempos de Lusinchi y Caldera II la bonificación del salario. Hoy hacen lo que cuestionaban entonces.

La plataforma "patria" es un mecanismo que facilita la aplicación del neoliberalismo, pues con ella se refuerza el abaratamiento de los pasivos laborales, ya que los bonos no entrarían en los cálculos para los aumentos salariales, en el cálculo de las prestaciones sociales ni el resto de los beneficios económicos remunerativos. En otras palabras, con esta plataforma se profundiza la política de precarización y desregulación de las relaciones laborales al llevar más allá la ofensiva del capital en contra del trabajo. Un ejemplo de esto que afirmamos es la anticonstitucional Ley Antibloqueo, que enmascara esta ofensiva anti-laboral. Con ello, desaparecen también la libertad sindical y el resto de los convenios internacionales laborales suscritos por Venezuela ante la OIT. Es de destacar que el gobierno de Maduro tiene una denuncia ante el Consejo de Administración de la OIT precisamente por mantener de manera constante el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo; en concreto la violación al Convenio 95 sobre la libertad sindical y el Convenio 144 sobre la consulta tripartita.

De tal manera que, la plataforma “patria” se convirtió en una política que refuerza el control social de la población y de todo espacio que implique un cuestionamiento a las políticas gubernamentales, como es el caso del desconocimiento de la autonomía de las universidades. Es un asunto que violenta toda la institucionalidad laboral del país y echa por tierra todas las conquistas y luchas del movimiento obrero y sindical venezolano.

Frente a este gravísimo retroceso y ofensiva anti-laboral, se impone la emergencia del movimiento de todos los trabajadores, organizados en sindicatos o no, de las centrales sindicales, de los partidos políticos democráticos, de los gremios, universidades y en general de toda la sociedad venezolana en función de cerrar filas en defensa de los derechos laborales que no sólo pertenecen a los trabajadores sino a toda la nación. Asimismo, es necesario que este movimiento se pronuncie contra el pago de la deuda externa por parte del ejecutivo, para que estos recursos vayan dirigidos a la reactivación del aparato productivo y a un aumento salarial de acuerdo a lo establecido en el arículo 91 de la constitución.

Se impone de igual manera organizar el encuentro de todo el movimiento sindical organizado, en especial el de los empleados públicos, para articular un plan de acción y una plataforma de luchas para defender los derechos laborales que están en peligro de desaparecer definitivamente.

La unidad y no la atomización de la lucha es lo correcto en estos momentos. Ninguna organización sindical por separado puede sola.

¡Por la defensa de todas las conquistas laborales!

¡No al pago de la deuda externa!

¡No más salarios de hambre!

¡Unir todas las luchas en una sola lucha!

Movimiento de educadores “Simón Rodríguez” 

@EducadoresMESR

COMUNICADO AL MAGISTERIO VENEZOLANO

Las organizaciones de base del magisterio: Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), Movimiento Pedagogía Progresista(MPP), Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital (ASOCEJUPRC), Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del Estado Aragua (ASOCEJPUEA), ante la presente coyuntura que afecta gravemente a los educadores, los estudiantes y al pueblo en general, nos dirigimos al magisterio nacional, estatal y municipal en los siguientes términos:

La emergencia humanitaria compleja que vivimos los venezolanos se caracteriza por la pobreza de ingresos, recesión económica, escasez de alimentos, hiperinflación, colapso eléctrico, desigualdad social, violencia, inseguridad, entre otros indicadores. Es el resultado de una política erosiva y destructiva del aparato productivo originada por los gobiernos de Hugo Chávez y el actual gobierno. Nuestro país está a merced del bloque económico liderado por China y Rusia, países imperialistas que no están interesados en nuestro desarrollo autónomo e independiente. 

Hace un año, para cumplir con el pago de la deuda externa contraída con estos países, se nos impuso un paquete económico, al estilo fondomonetarista, que nos trajo una mega devaluación con el cambio del cono monetario, la dolarización de los precios de los alimentos y casi toda la economía, aumento de las tarifas de todos los bienes y servicios, en especial el transporte público, telefonía, aumento de impuestos y la unidad tributaria, y en particular el impuesto más regresivo de todos, el IVA.

El paquete madurista vino acompañado de la flexibilización laboral, expresada en las TABLAS ONAPRE, que se llevó por delante los tabuladores de sueldos y salarios establecidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, eliminó la mayoría de los bonos y primas, el bono de guerra económica, el bono asistencial de los jubilados, entre otras conquistas salariales. Asimismo, los beneficios del seguro de HCM, funerario y sobreviviente son casi inexistentes y fueron eliminados los créditos hipotecarios, de refacción, personal y de recreación que teníamos a través del IPASME. Es decir, las conquistas de seguridad social del magisterio fueron eliminadas. 

La diáspora docente y la exclusión escolar son consecuencia directa del estado general de pobreza extrema que vivimos los trabajadores y sus familias en general, y en particular los trabajadores de la educación. 

Este régimen se convirtió en el enemigo acérrimo de la educación pública y prefiere contratar personas no idóneas para cubrir este déficit de profesionales de la docencia en vez de mejorar sus condiciones de vida y trabajo. El régimen viene eliminando el Servicio de Alimentación Escolar, el mantenimiento y dotación de los planteles. No le importa a Nicolás Maduro ni a Aristóbulo la educación en general. Es una política de estado, ya que al destruirse la educación y el menguado aparato productivo ¿para qué se necesitan profesionales?

El nuevo año escolar se inició con la protesta de educadores en varios estados del país. Esta es la ruta a seguir para mejorar las condiciones materiales y de vida del magisterio, la escuela, la educación y los hijos del pueblo.

El conflicto hay que abordarlo con la visión de totalidad. La educación se desplomó porque todos los elementos que conforman el proceso educativo están destruidos. La lucha es por salvar la profesión docente, la educación democrática, gratuita, obligatoria y científica.

Frente a esta ofensiva del patrono en contra de la educación popular y de los trabajadores, es requisito indispensable que estemos unidos y articulados en una sola dirección nacional y regional los educadores, los empleados administrativos, los obreros, los padres y representantes y los estudiantes, con estrategias bien definidas y claras.

Pretender hegemonizar o partidizar un conflicto de estas dimensiones, sería un gravísimo error que le hace un flaco favor a las posibilidades de lograr éxito en esta lucha. De allí que no son válidas las expresiones de paralelismo sindical, sectarismo, burocracia sindical, el personalismo y el vanguardismo observados en algunas regiones. Por tanto es fundamental que las organizaciones sindicales se pongan al frente del conflicto, estimulando la participación, la organización de las bases y combinando todas las formas de luchas sindicales.

La participación democrática se logra a través de las ASAMBLEAS GENERALES DE CIUDADANOS DOCENTES, PADRES, REPRESENTANTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO, en las cuales se discuta la política destructiva del régimen hacia la educación pública y la salida a esta crisis. 

Constituir en cada centro de trabajo los COMITÉ DE CONFLICTO con representación de todos, quienes llevarán la coordinación de la lucha en los mismos y organizarán las acciones. Por eso, las escuelas y liceo deben ser un espacio para la organización, para restablecer las relaciones con la comunidad.

Es muy importante la promoción de reuniones y conversatorios sobre el desplome y crisis de toda la educación pública con los padres y representantes. Tomar como ejemplo las condiciones en que se encuentran sus propios planteles. Hay que sensibilizarlos y sumarlos a la lucha porque sus hijos son los más afectados.

Sobre la Huelga. Las huelgas no se decretan, se construyen y organizan cuando las condiciones están dadas para que sea poderosa y victoriosa. La huelga es un derecho de los trabajadores y se construye con la participación democrática de sus bases, con organización desde cada escuela, con apoyo de la opinión pública, la participación activa de los padres y representantes, personal administrativo y obrero. Sumar a todos es vital para cosechar victorias frente a la negativa patronal.

Una Plataforma de Luchas Unitaria. Unificar los objetivos de la lucha es imperioso en este momento. Proponemos entre otros:

1. Consigna general: ¡SALVEMOS LA EDUCACIÓN!

2. Defendamos la profesión docente. 

3. Rechazo total a los maestros exprés, expresión de la desprofesionalización docente. 

4. Presupuesto justo, PAE, transporte escolar para todos los planteles

5. Derogación del instructivo ONAPRE y del paquete económico hambreador

6. ¡No al pago de la deuda externa!

7. Aumento de salarios reales con base en la cesta alimentaria acompañado de una política de elevación de la producción nacional.

8. Revisión inmediata de todas las cláusulas económicas y sociales.

9. Por seguridad social integral: ¡Rescate del IPASME para los afiliados!

10. Por la unidad y articulación con otros sectores de la Administración Pública

Un Plan de Acción que nos unifique. Para evitar la dispersión y atomización de las luchas, proponemos:

1. Una vez finalizado los Plenos Zonales organizados por las federaciones, realizar Asambleas Simultáneas la semana siguiente en los 335 municipios del país para que se tomen decisiones sobre el conflicto, como por ejemplo, radicalizar la lucha, autorizar a las federaciones a que conviertan el pliego de peticiones en conflictivo, entre otras acciones.

2. Proponer una gran movilización en todo el país del magisterio. Una demostración de fuerza nacional con los padres y representantes, con los estudiantes.

3. Preparación de un Paro Nacional de 24 horas.

4. Un día de Protesta Nacional de los educadores jubilados.

30 de septiembre 2019