EL MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMON RODRIGUEZ ANTE EL ACTA CONVENIO

No se tomó en cuenta el contexto.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, fija posición ante el Acta Convenio suscrita el pasado 23/7/2021 entre el Ministerio para el Poder Popular para la Educación y los presidentes de 17 organizaciones nacionales de la educación, entre ellas las nueve del sector magisterial. Dichas organizaciones suscribieron el acuerdo mediante el cual se extiende, por seis meses más, la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación (IICCUU), cuyo vencimiento se produjo en el mes de julio de 2020, término en el cual no fue presentado por la parte sindical, ningún nuevo proyecto de convención colectiva.

Los educadores, al igual que todos los trabajadores y el pueblo, estamos padeciendo en carne propia un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo como consecuencia de las antipopulares políticas económicas que nos han llevado a la pobreza extrema. Estas condiciones y la falta de una remuneración por su trabajo que cubra sus necesidades, han obligado a los docentes a dedicarse a otras labores para sobrevivir en medio de una crisis agravada por la pandemia. Frente a este abandono por parte del Estado, la educación termina siendo la gran víctima al no garantizarse este derecho humano fundamental. No se puede ocultar con discursos retóricos, demagógicos y engañosos esta inobjetable realidad.

No fue negociación, es imposición de la flexibilización laboral.

En medio de este cuadro caótico se firma el 21 de julio un Acta Convenio y de cuyo análisis concluimos que no es más que la imposición del mismo paquete económico antilaboral aplicado a todos los trabajadores de la administración pública, incluyendo al sector universitario. Su contenido expresa el continuismo de la política de flexibilización laboral, cuyo fin último es abaratar la fuerza de trabajo y la desregularización de las relaciones laborales. Es el desmontaje de los derechos laborales adquiridos; significa la pulverización del salario, de la seguridad social, de las prestaciones sociales, de las pensiones y las convenciones colectivas.

Esta orientación lamentablemente no la ven los representantes sindicales firmantes, pese a estar claramente expresadas en el acta convenio con la bonificación de los sueldos, la fusión de primas con bonos perdiendo su carácter salarial, la renuncia de aumentos salariales y la adecuación por solapamientos con sus respectivos retroactivos e incidencia; además de la exclusión de la seguridad social y el pase de beneficios a la plataforma patria que no tendrían incidencia salarial.

La verdad en detalle

• En dos momentos se ajustó el Sueldo y Pensión Base (en adelante SPB). El primero lo denominaron "adecuación", para "actualizar" un solapamiento o "error" en el pago del SPB que se prolongó por largos 18 meses (Cláusula 62 ICCUU). Aunque no lo admiten, fue una "adecuación" chucuta. Veamos los siguientes ejemplos:

a) Un TSU tabla en la ONAPRE cobraría Bs 14.560.000 y al educador TSU se le adecuó en Bs 12.741.005. El sueldo base del Profesional I, rango I en la tabla ONAPRE es de Bs 15.960.000 y el Docente I fue adecuado en el acta convenio con Bs 13.975.608.

b) El Profesional III, rango VIII tiene un sueldo base de Bs 21.280.000 en la tabla ONAPRE, mientras que el Docente VI le adecuaron, según el acta convenio, un sueldo base de Bs 20.681.452.

Estos ejemplos quizá expresan la razón por la que el patrono "aceptó en todas sus partes" la propuesta de "adecuación" chucuta presentada por la representación sindical, tal cual lo confiesan en su comunicado oficial. Hay una clara desmejora salarial.

• El segundo ajuste se produce posterior a la "adecuación" chucuta y, en promedio, solo fue de un 50,67% como resultado de la revisión del SPB, cláusula 59 de la IICCUU. Los porcentajes intercategorías no pueden sumarse como un aumento ya que este escalafón se había perdido y sólo fue recuperado. De igual manera, se desconoció, y no fue reclamado, el retroactivo e incidencias de estas diferencias porcentuales intercategorías.

• Por otro lado, no consta en acta el reclamo del 280% contractual y que con la recurrencia sobrepasa el 900% de aumento que nos fue despojado desde 2018. Gravísimo claudicar este punto de honor "no negociable" que se expuso en importantes jornadas de lucha del magisterio. También se renunció a los mecanismos de protección antiinflacionarios a favor del salario, pues todos los beneficios solicitados en el pliego estaban anclados al Petro fluctuante y sin explicación alguna terminan aceptando ajustes porcentuales simbólicos amarrados al destruido y super devaluado bolívar. Arriaron las banderas del 91 y 104 constitucional, así como el Sueldo Base mínimo de 600$. Un verdadero engaño a las expectativas generadas.

• Se eliminó la prima contractual-salarial N° 67 (Prima de Transporte), al convertirla en un Bono de Transporte y de Alimentación pagadero por la plataforma patria. Aunque no se estaba cancelando, lo correcto era recuperarla y preservar el concepto contractual tal cual como se mantiene el concepto bono de alimentación o Cesta Ticket. De igual manera, fue fusionado el Bono Asistencial del docente jubilado con la prima de gastos del hogar que recibían administrativos y obreros. Subsumir y fusionar es una política que al final suprime beneficios y esto es un retroceso que no se puede justificar por el hecho de haberse elevado el monto.

• El Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros es discriminatorio, pues uno de sus componentes para la base de cálculo es la prima de profesionalización, prima que no poseen todos los trabajadores. Ha debido tomarse otro criterio de alcance universal. Y la guinda es que este beneficio de 80% sobre el SPB más las primas de antigüedad y profesionalización, será un bono que no tiene incidencia salarial.

• Imperdonable que los trabajadores de la educación continuemos sin seguridad social. Son muchos los trabajadores y sus familiares que han fallecido porque no tienen un seguro de HCM. Son demasiado los trabajadores que han tenido que endeudarse o acudir a la colecta pública para poder enterrar a sus familiares o para cubrir un tratamiento médico. Haber dejado fuera del acta convenio la seguridad social en momentos de la mayor crisis hospitalaria y de una pandemia incontrolable, es prolongar la agonía de los trabajadores y sus familiares. Que la vida y la salud del magisterio estén supeditadas a futuras reuniones de comisiones que al parecer solo tienen intereses de reparto de cargos y funciones burocráticas en el IPASME, es inhumano, criminal y genocida.

Finalmente, no queremos pensar que el aumento en un 15% en la prima de aspectos propios del ejercicio docente, haya sido la transacción-consolación para renunciar a todas las deudas contractuales millonarias anteriormente citadas. No nos gusta elucubrar, pero el ruido es ensordecedor.

Consideraciones sindicales

El objetivo principal planteado en el Pliego de Peticiones, como lo era un aumento real y suficiente del sueldo y pensión base, no fue obtenido. Seguramente dirán que van a recibir más dinero, y que eso es un avance. Pero cuando los docentes activos se jubilen recibirán unas prestaciones sociales de miseria por efecto de la bonificación salarial. Además, la hiperinflación ya se ha comido esos "aumentos", al perder poder adquisitivo desde la firma del acta. La realidad es tan avasallante que no necesitamos ejemplificar con indicadores económicos. Ni siquiera con el abultamiento del ingreso con bonos. Podemos afirmar, luego de analizar el acata convenio, que hay pan para ahora y hambre para mañana. El presente sigue siendo de hambre.

Pretender cambios de conceptos constitucionales y legales como el de salario, son inaceptables y crean peligrosos antecedentes en cuanto a conquistas laborales. Decir por ejemplo que el salario mínimo integral está compuesto por el Salario Mínimo Nacional más el Cesta Ticket, cuando se sabe que este último concepto no forma parte del salario (punto 3 del Acta), indica ignorancia supina o entreguismo consciente.

La Bonificación del salario se había logrado derrotar en las luchas desarrolladas por el movimiento sindical en los años 90. Incluso, buena parte de la dirigencia de este gobierno y firmantes sindicales del acta, fueron protagonistas de aquellas luchas. Un verdadero retroceso.

Lo dicho, perjudica el patrimonio económico de los trabajadores y su familia; se dejan de lado conquistas históricas del magisterio. Se contraviene la legislación laboral y menoscaban derechos contractuales directos tal cual lo expresa el artículo 434 de la ley Orgánica del Trabajo cuando expresa:

“La Convención Colectiva de Trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los Contratos de Trabajo vigentes(...). Podrán modificarse las condiciones de trabajo vigente que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras”.

Pero estas modificaciones, como la fusión de primas con bonos, el pago fuera de nómina de algunos beneficios (plataforma patria) y la renuncia al pago de deudas contractuales con su respectivo retroactivo e incidencias, no fueron argumentadas tal cual lo ordena el mismo artículo 434 cuando dice que se debe "dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación”.

Nada de esto consta en el Acta Convenio, al contrario, estos cambios y omisiones trasgreden los principios rectores de interpretación y aplicación de la norma en cuanto a justicia social, derechos y beneficios laborales que no pueden sufrir desmejoras.

La representación sindical nunca presentó un plan de luchas, no consultó a sus propias directivas nacionales ni mucho menos a los trabajadores, en flagrante violación al principio de democracia sindical al que están obligados observar estatutaria y legalmente. Publicar las actas sin consultar las propuestas y contrapropuestas presentadas en mesa no es democracia, es secretismo y desprecio hacia las bases a quienes se deben. Tal estrategia de desmovilización y secretismo, le hizo el juego y favoreció los intereses del patrono.

Ahora le toca a las bases.

No es opción cruzarse de brazos, desmoralizarse ni caer en actitudes derrotistas. Las exigencias del magisterio están orientadas a defender los derechos contractuales y sueldos suficientes para vivir decentemente con nuestras familias. También la lucha nos llama a defender el derecho real a la educación del pueblo.

En ese sentido, llamamos al magisterio a organizarse unitariamente desde las bases para seguir reclamando con fuerza los beneficios económico-sociales que por justicia y ley nos corresponde. Los animamos a continuar reclamando las deudas contractuales y la seguridad social dejadas por fuera, pues son derechos adquiridos que no prescriben y deben seguir siendo exigidos independientemente de la conciliación de quienes tienen el deber de defender los intereses de los trabajadores.

Que los meses de agosto y septiembre sean de comunicación, articulación y organización en redes. Hay que intentar realizar asambleas desde las parroquias y municipios, si las circunstancias y la pandemia lo permiten, para exigir la restitución de la seguridad social y el pleno funcionamiento del IPASME para sus afiliados.

En el mes de octubre se producirá la primera revisión del sueldo base y otros beneficios según el Acta Convenio. Es oportuno desde ya preparar las propuestas y exigencias de la base en un instrumento que puede denominarse Pliego de exigencias de la base magisterial. Esto es fundamental para mantener viva la lucha por la reconquista de los derechos perdidos.

Para el mes de enero 2022, fecha límite de vigencia del Acta Convenio, el magisterio de base debe tener preparado su propio Pliego de propuestas de cláusulas para la nueva Convención Colectiva que necesariamente debe ser presentada por las organizaciones sindicales previa autorización y consulta de la base magisterial.

Hay que pensar en la reconstrucción del movimiento sindical magisterial sobre bases de una nueva ética y democracia en el ejercicio sindical. Es fundamental constituir un movimiento de lucha, combativo, amplio, democrático y que defienda los intereses de los trabajadores. Urge pues una renovación de la actual dirigencia para lo cual convocamos a todos los educadores a presionar en esa dirección para preservar el instrumento de organización y lucha por excelencia como lo son las organizaciones sindicales, algunas de ellas hoy en día han bajado la santamaría, con muy pocas excepciones. Superar el sindicalismo conservador y conciliador es una tarea urgente.

¡Por la recuperación y defensa de los derechos adquiridos!

¡Por un pliego de exigencias de la base magisterial!

¡Por un verdadero y real aumento salarial mínimo con base al artículo 91!

¡Por el rescate y fortalecimiento de las organizaciones sindicales!

¡Por un nuevo proyecto de Convención Colectiva consultado con la base magisterial!

¡Por condiciones óptimas e integrales para el regreso a clases!

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

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