domingo, 14 de enero de 2024

El Estado Patrono tiembla cuando el magisterio decide protestar

Régimen de Maduro intenta sabotear movilización nacional del Día del Maestro

El Gobierno de Nicolás Maduro ha decidido sabotear la movilización del magisterio venezolano, pautada para mañana 15 de enero de 2024, Día del Maestro. Y para evitar la protesta, de carácter nacional, Maduro adelantó la entrega de la "Memoria y Cuenta" ante la Asamblea Nacional. Y para sabotear, está convocando a una concentración obligada de oficialistas y empleados del Estado, en Parque Carabobo, justo el lugar anunciado previamente por la dirigencia sindical para protestar. 

Esto es un claro sabotaje a la movilización unitaria nacional, convocada por los maestros, las federaciones del magisterio, los sindicatos de base, las corrientes sindicales y los diversos movimientos laborales para exigir en las calles AUMENTO SALARIAL y NUEVO CONTRATO COLECTIVO. 

Esto es una muestra del terror que le tiene el gobierno a la movilización de los docentes, de los trabajadores de la educación y en general de toda la masa laboral a la que le han arrebatado sus derechos. Estamos frente a una actitud claramente dictatorial contra los docentes venezolanos y el resto de trabajadores. 

Ante esta maniobra gubernamental aquí en Caracas, y que al parecer la quieren repetir en otros estados en los que ya se han convocado movilizaciones, le decimos: El magisterio no se rinde

Mañana saldremos a la calle a ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Que con la combatividad y la firmeza que hemos demostrado siempre con todos los gobiernos, vamos a exigir AUMENTO SALARIAL y NUEVO CONTRATO COLECTIVO

Nuestro objetivo es demostrar la fuerza y disposición de los maestros de Venezuela dispuestos a defender los derechos como trabajadores y la defensa de una educación pública y de calidad. No vamos a caer en el peine de la confrontación inútil por un espacio. Por ello, hemos decidido cambiar el lugar de convocatoria de los Maestros de Caracas a la Plaza Morelos, a partir de las 9:00 AM.

En momentos de ataque y sabotaje del Estado patrón a nuestra movilización, hacemos un llamado a la unidad más amplia de los trabajadores, para que la respuesta que le demos al régimen sea la más contundente registrada, tal como la iniciamos con la movilización nacional del pasado 9 de enero, para que lo haga recular y lo obligue a respetar el derecho constitucional a la protesta y a respetar los derechos laborales.

Vamos todos a la Plaza Morelos 

UNIDAD, FUERZA Y MOVILIZACIÓN ANTE EL SABOTAJE PATRONAL

A LA CALLE POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRATO COLECTIVO 

MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMÓN RODRÍGUEZ

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REGIÓN CAPITAL.

jueves, 30 de noviembre de 2023

Rechazamos por sesgado y proselitista el simulacro de referendo impuesto a los estudiantes en todo el país.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez rechaza firmemente la manipulación por parte del gobierno nacional del derecho legal que tienen las niñas, niños y adolescentes a la participación política consagrada en la LOPNA, a propósito del simulacro de votación pro referéndum pautado para el 3 de diciembre.  Este simulacro realizado el miércoles 29 de noviembre en escuelas y liceos, fue impuesto, dándole un carácter obligatorio que no tiene legal ni pedagógicamente sustento,  coaccionando a los estudiantes a participar, pues no se tomó en cuenta que la participación política de nuestras niñas, niños y adolescentes es un ejercicio personal progresivo, conforme a la capacidad evolutiva de los mismos, tal cual lo expresa el artículo 13 de la LOPNA. 

La imposición y abuso de poder fue tal que muchísimos padres y representantes denunciaron en redes sociales que a sus hijos los retuvieron en contra de su voluntad en escuelas y liceos para obligarlos a participar en el simulacro de referéndumOtros expresaron que fueron amenazados con quitarles beneficios sociales como el CLAP y becas estudiantiles de no firmar la autorización para que sus educandos participaran en el mismo. 

En Venezuela las niñas, niños y adolescentes gozan de una protección especial, por tanto su participación política no tiene la misma connotación de quienes ya adquirieron la mayoría de edad. El ejercicio de la política de NNA, como expresión de la ciudadanía, se debe dar atendiendo contextos, espacios e intereses de acuerdo a su desarrollo físico, psicológico y pedagógico. Ninguno de estos criterios fueron atendidos ni respetados por el Ministerio de Educación ni el gobierno nacional. Para ellos lo más importante es la imposición de un mensaje sesgado de corte partidista y proselitista, en medio de un clima político de confrontación, intimidación y polarización de la población adulta que afecta de diversas formas la conducta de nuestras niñas, niños y adolescentes.

No es el gobierno, los militares ni los políticos quienes pueden dictarles cátedra a los educadores de cómo enseñar el amor a la patria a nuestros alumnos,  pues tenemos muy claro nuestro rol como formadores de ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía.  Somos las maestras y maestros los primeros que le enseñamos a nuestros estudiantes, desde el pre escolar en adelante, el concepto de patria, nacionalidad, soberanía,  los límites geográficos y físicos que conforman el territorio venezolano. Son las maestras quienes enseñan a los niños a dibujar el Esequibo y rayar esa zona en reclamación. Nuestros padres y representantes ayudan a realizar las maquetas para elaborar nuestro mapa completo de Venezuela. Por tanto condenamos el  irrespeto y desprecio hacia los docentes, al pretender sustituir los mecanismos de enseñanza pedagógica por un vulgar y sesgado acto proselitista, partidista y propagandista a favor de una parcialidad política



Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

30/11/2023

lunes, 8 de mayo de 2023

Maduro profundiza su política de destrucción del salario


El anuncio realizado por Nicolás Maduro el 1º de mayo es la ratificación de una política salarial que busca abaratar el costo de la fuerza de trabajo para maximizar ganancias y reducir el gasto público.

El gobierno consolida su política de la bonificación del ingreso de los trabajadores y profundiza en su política de destrucción del salario y por tanto de las prestaciones sociales, violentando la Constitución en sus artículos 91 (salarios), 92 (prestaciones sociales) y 89 (intangibilidad y progresividad de los derechos). Congela el salario mínimo por más de un año en un escenario de alta inflación y de sistemática desaplicación y desmejora de las convenciones colectivas, incrementándose la precarización de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

Esta política, (que se viene profundizando desde 2018 con el memorándum 2792 y luego en 2022 con el instructivo ONAPRE), ha significado el más grande retroceso para la clase trabajadora desde 1997, cuando eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales.

Maduro se ha burlado de los trabajadores venezolanos al no aumentar el salario mínimo. Este se mantiene en 130 Bs. mensuales, equivalentes a 5$, muy por debajo de lo establecido por organismos internacionales que ubican en 57$ el salario mínimo de pobreza extrema. Los más perjudicados son los 5 millones de pensionados, que no perciben el bono de alimentación,  que están sometidos al exterminio, un delito de lesa humanidad.

Los bonos que han aumentado, y el bono de guerra que lo redujeron, no tienen incidencia en el salario. Esto significa que no se toman en cuenta para el cálculo de aguinaldos, vacaciones ni prestaciones sociales, conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana que tienden a desaparecer debido a la política de destrucción de la economía que adelanta el Ejecutivo Nacional. Con ella el gobierno descarga sobre el pueblo trabajador todo el peso de  la crisis y beneficia a los capitalistas del sector comercial importador y del sector financiero especulativo.

El ingreso mínimo legal, (que no el salario mínimo, establecido en 130 Bs), arriba a la cantidad de 70$, esto es 1.750 bolívares mensuales de acuerdo a la tasa establecida por el BCV en el momento de redactar está declaración. De este monto, apenas el 7,42% es salario. Y la tendencia es a que disminuya hasta desaparecer. La patronal privada está de plácemes con esta política del ejecutivo nacional, porque la misma está diseñada para desaparecer las prestaciones sociales, los pasivos laborales. El futuro de los trabajadores está en peligro.

Con esos 70$ es imposible mantener a una familia de 4 miembros si en ella solo hay un ingreso. Esto implica que el trabajador, para poder sobrevivir, debe buscar otros trabajos, laborando en muchos casos por más de 12 horas, incrementándose así la explotación de la clase trabajadora. Esto significa un retroceso sin precedentes, porque es una conquista de la clase trabajadora mundial tener una  jornada laboral de 8 horas máximo. Maduro tiene una política salarial para esclavos.

Ante esta situación, el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha ratifica que arreciaremos las acciones de protesta para exigir que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución. Pero también seguiremos luchando por el respeto a las contrataciones colectivas, la seguridad social y la libertad sindical. Asimismo, seguiremos exigiendo la libertad de todos los trabajadores y luchadores sociales judicializados por el solo hecho de defender derechos y conquista  laborales.

Invitamos a todos los sindicatos, federaciones y centrales sindicales, a organizar asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo, para que en ellas se decidan las acciones a realizar ante esta burla inhumana y neoliberal de Nicolás Maduro.

Asimismo, llamamos a reforzar la unidad demostrada en todo el país el 1 de mayo, cuando se evidenció la fuerza que tiene la clase trabajadora para movilizarse y  ante la política hambreadora de Maduro.

Evaluaremos responsablemente la activación de lo establecido en la Constitución relacionado con el derecho a huelga. Seguiremos realizando y promoviendo movilizaciones en todo el país en defensa de nuestras conquistas y para detener está política económica neoliberal que solo beneficia a una minoría corrupta, explotadora y saqueadora en detrimento de las mayorías, en especial los trabajadores venezolanos.

Por último, convocamos a todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, a salir a la calle el 29 de mayo de los corrientes, a propósito de ser el Día del Adulto Mayor. Organicemos desde ya la movilización en todo el país para exigir pensiones de vida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional. Demos la primera respuesta contundente contra la política salarial y hambreadora del gobierno.

¡Unidad para conquistar un salario constitucional!

¡Todas las luchas una sola lucha!

Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha

6 de mayo de 2023

Exigimos que el gobierno oficialice lo anunciado por sus sindicalistas


Debe pagar la compensación a todos los jubilados desde el 2008 hasta la fecha e indexado al poder adquisitivo que tenía el  1°de mayo de 2022
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Los docentes jubilados y pensionados de ASOCEJUPRC, @asocejuprc, queremos pronunciarnos ante la información extraoficial que ha circulado en redes sociales, relacionada al presunto pago de una compensación a los trabajadores que fueron jubilados entre el 1º de enero de 2018 y 1º de mayo de 2022. 

Esta información extraoficial ha sido difundida por sindicalistas oficialistas en redes sociales, quienes fungen de voceros de Maduro.

En primer lugar, queremos denunciar que este ofrecimiento lo hizo hace un año Delcy Rodríguez, a propósito de las movilizaciones multitudinarias de jubilados y pensionados de todos el país. Este anuncio, de carácter populista y demagógico, buscaba amainar la protesta que estábamos desarrollando los jubilados y pensionados venezolanos, evidencia del temor que le tiene el gobierno a la  protesta.

Por otra parte, queremos decir que el gobierno de Maduro incumplió con lo ofrecido, en un alarde de poca seriedad. Esto es demostración de que le  importa muy poco la suerte de los jubilados de la administración pública nacional, sometidos a una sistemática política de exterminio por parte del gobierno, que aplica un plan de ajuste neoliberal que afecta a las grandes mayorías de los venezolanos, en especial a los más vulnerables, como los jubilados. 

Ahora, en un contexto parecido al del pasado año, de incremento de luchas de los trabajadores y de profundización de una ofensiva gubernamental para desaparecer el salario, aparecen estos ofrecimientos de parte de sindicalistas oficialistas. 

Ahora bien, estos anuncios son un reconocimiento del deterioro de las condiciones de vida de la población, y en particular de los jubilados. También significa el  reconocimiento de la pérdida del valor de las prestaciones sociales.

Este ofrecimiento debe aplicarse a todos los jubilados desde 2008 hasta la presente fecha, y no sólo a 120 mil, pues ello sería un acto  excluyente y discriminatorio, ya que  todos han sido afectados por la  devaluación, la reconversión monetaria, la hiperinflación, en fin, el paquetazo económico de corte liberal que superó al aplicado por CAP en 1989.
   
Exigimos que dicho pago sea indexado al poder adquisitivo que tenían los 10.000 Bs ofrecidos el 1° de mayo de 2022, es decir, el gobierno debe pagar unos 55.719,54 bs  (o 2.227 $) en vez de los pretendidos 10.000 Bs o 400 dólares  devaluados por su política económica, confiscatoria del patrimonio económico del trabajador y su familia: las prestaciones sociales.

No pagar el monto ofrecido en los términos que hemos planteado a todos los jubilados desde 2008, sería un robo descarado y una injusticia. Abonaría a favor del exterminio al que hemos sido sometidos los adultos mayores, que percibimos pensiones de hambre, además de ser víctimas de la inexistencia de la seguridad social.

La política económica del gobierno nacional ha tenido consecuencias nefastas para los jubilados y pensionados. Una de las consecuencias es la desaparición, de facto, de las prestaciones sociales, que no son solo un derecho de los trabajadores, sino que pasan a ser patrimonio de su familia. 

El bono ofrecido extraoficialmente, debe tener un cronograma cierto, real y oficial. Emplazamos al ejecutivo nacional para que oficialice lo anunciado por los sindicalistas gobierneros. De lo contrario, quedarán, una vez más, como un gobierno exterminador de la clase trabajadora en general, y los jubilados en particular.

Pedro García
Presidente de ASOCEJUPRC

domingo, 12 de marzo de 2023

Lo que confesó la ministra y lo que deben hacer ahora los docentes

Tras dos meses ininterrumpidos de lucha emprendida por el magisterio, es necesario construir una victoria. No se puede perder el esfuerzo social y sindical alcanzado hasta ahora. El punto en que se encuentra el conflicto debe ser evaluado con serenidad y con urgencia por toda la dirigencia que ha estado al frente en las distintas regiones. Se evidencia un desgaste, agotamiento de algunas formas de lucha, cansancio y descenso en la participación de docentes movilizados. En el caso de la capital de la República es notoria la ausencia de acciones sindicales producto de la inexistencia de una unidad de sindicatos y dirigentes que las organice.

Lo que ha predominado es la acción espontánea de las regiones; no dirigida ni encauzada nacionalmente, visto que los presidentes de las federaciones nacionales han negado, en un reciente comunicado, que estén en conflicto con el patrono-Estado, por lo que no han asumido ni asumirán la conducción del conflicto actual. Adicionalmente, torpedean y sabotean cualquier iniciativa de articulación y coordinación nacional que surjan desde las regiones, como la propuesta de realizar zonales unitarios de todos los sindicatos y otras, en una clara estrategia que solo beneficia al patrono.

En su momento, los educadores y dirigentes de base tendrán que perfilar la renovación y reconstrucción del movimiento sindical magisterial. Es una necesidad histórica postergada. Pero hoy la evaluación que planteamos debe partir, en principio, de una correcta caracterización de la política laboral del gobierno.

La propia ministra de Educación confesó, sin tapujo alguno, el viernes 10 de marzo, desde el estado Cojedes en un video que circula por las redes, que su Gobierno no tiene dinero para aumentar los sueldos y salarios. «El único aumento previsto hasta nuevo aviso es el bono de 30 dólares mensuales» pagado por la plataforma patria desde enero y anclado al precio del dólar BCV. Lo que no dijo es que es un bono discrecional y discriminatorio, que no llega a todos los trabajadores activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes.

Expresó, asimismo, que «no van a engañar al magisterio» diciendo que van a firmar alguna nueva convención colectiva. Y remató cambiando el concepto legal del salario por el de un presunto “salario social”, que debe sumar la atención médica en el Ipasme y otros beneficios sociales. Así se resume la actual política salarial del Gobierno y que está en plena ejecución.

Visto todos los elementos anteriores, el magisterio (y en especial sus dirigentes de base) deben redefinir una estrategia que apunte -así suene duro e impopular- a largo plazo. Esta estrategia, además de la comprensión correcta del momento, debe dotarse con la urgencia del caso, de un Comando Nacional de Conflicto del Magisterio que unitariamente articule y coordine nacionalmente la organización de los docentes en Asamblea; de las definiciones, planificación y organización de las acciones tomando en cuenta todas las formas de lucha para que se pueda realmente conquistar la urgente victoria de los trabajadores.

Las actuales acciones espasmódicas, aisladas y sin conexión nacional entre sí, no conducen a alcanzar la victoria necesaria. Es fundamental esta estructura orgánica nacional para que organice a todos los docentes, para que una todas las luchas en una sola lucha, en una sola ruta y en una sola orientación sindical nacional. Para actuar como fuerza uniforme.

Es imprescindible que se comprenda correctamente lo que es una estructura orgánica de asamblea de trabajadores. No es la tradicional asamblea para un foro donde los trabajadores asisten a escuchar a los dirigentes que llevan planteamientos preconcebidos y decididos de antemano, o para drenar la justa rabia acumulada.

La asamblea debe ser orgánica, de los trabajadores. No es un solo evento o reunión. Debe ser permanente, mínimo mientras dura el conflicto y hasta después. Allí, los trabajadores  participarán en igualdad de condiciones, afiliados o no a los sindicatos; deliberarán, analizarán, tomarán decisiones, incidirán y determinarán el curso del conflicto. El Comando Nacional de Conflicto del Magisterio y su similar municipal y regional se deberán a la asamblea y solo operativizarán el mandato de esta. Esta es la verdadera democracia sindical, poco practicada en la actualidad.

Conformada esta instancia de coordinación nacional del conflicto, ésta debe someter de inmediato a consideración de la asamblea de trabajadores la necesaria radicalización de la acción conflictiva dentro de los principios cívicos y democráticos establecidos en la constitución y las leyes. Ello pasa por organizar acciones simultáneas y contundentes, en la que los paros escalonados allanen el camino hacia una huelga nacional, de ser necesario, con participación de toda la sociedad. Esto nunca puede ser descartado, pues son derechos inalienables y legales que han sido criminalizados por el gobierno y deben rescatarse como ejercicio sindical de presión ante la intransigencia patronal.

Nadie tiene duda de que el conflicto hay que escalarlo. Pero para ello es requisito sine qua non organizarlo, convocarlo, definir y unificar los discursos, la propaganda, la acción organizada. Esto es lo que está faltando para que se obtenga la victoria, incluso alguna parcial.

Los dirigentes sindicales de base se deben al interés superior de los trabajadores, no a sus «patronos» federativos. Los docentes han demostrado hasta la saciedad que voluntad de lucha hay de sobra, que el miedo se fue de vacaciones y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos dejar pasar el momento de hacer lo que hay que hacer. No permitamos que los que parecen no estar en conflicto con el patrono, determinen el curso del actual conflicto. Llegó la hora de ponerse al lado de los intereses de los trabajadores. Llegó la hora de definir posiciones.


Profesor Pedro García 

Presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital

viernes, 17 de febrero de 2023

Verdú: sí estamos en conflicto.

Caracas, 17 de febrero de 2023

Presidente de* *FENAPRODO-CPV
Prof. Euribiades Verdú
Presente.-

La tendencia representada en el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR) —que basada en los Estatutos hace vida sindical en FENAPRODO-CPV y en algunos SINPRODO-CPV— se dirige a usted para exponer nuestra posición frente al contenido político-sindical del comunicado de fecha 14 de febrero firmado por 17 presidentes de las organizaciones sindicales signatarias de la Convención Colectiva.

Partimos por expresar nuestro rotundo desacuerdo con la posición política que se encuentra en dicho comunicado, precisamente porque su espíritu y letra no se corresponden con los principios establecidos en nuestra institución gremial y menos con la historia que hemos tenido en la defensa de los profesionales de la docencia frente al patrono, pero además no se corresponde con la razón de ser del Código de Ética.

FENAPRODO-CPV, el 11 de enero de 2023, declara sindicalmente la “emergencia educativa” y orienta a sus sindicatos filiales a organizar la lucha por la defensa del salario y el restablecimiento de la negociación de la III Convención Colectiva. Citamos extractos del pronunciamiento: “Al inicio del año 2023 se observa el resurgir de la protesta en la calle animada por el sector educativo, la cual respaldamos por estar cargada de vigor gremial sindical, alejada de sectarismos. Reconocemos la valentía de nuestros docentes al salir a estas jornadas de protesta (...) por existir razones para luchar por las reivindicaciones conculcadas, que han terminado lesionando gravemente la calidad de vida del trabajador de la docencia. Sin duda, hay un descontento masivo que los impulsa a plenar las manifestaciones que de forma espontánea se están dando en las principales ciudades y pueblos de todo el territorio nacional".

Además ese 11 de enero se afirmaba que: “El sector educativo es uno de los más sacudidos por la crisis que vive el país, debido a que la contracción económica, reflejada en una creciente espiral inflacionaria, ha ubicado a los educadores en un escenario de precaria situación económica producto de unos salarios de hambre que le generan dificultades de transporte, alimentación y servicios básicos, que los limitan en el ejercicio de sus labores académicas propias de la profesión docente. En este contexto, las protestas están bordadas por el hambre y la inflación que han generado las  acciones implementadas en materia de economía política".

FENAPRODO-CPV, el 25 de enero 2023, expresa su gran preocupación ante el silencio del gobierno en no responder al legítimo reclamo de los trabajadores de la educación que exigen con justicia la reanudación de las discusiones de la Convención Colectiva. Volvemos a citar: “… acciones ejercidas por el magisterio en defensa de sus legítimos derechos y que el gobierno no puede ignorar debido a que  lo que se reclama es en justicia…”.

El comunicado del 14 de febrero no solo refleja una contradicción a las orientaciones que fueron expresadas públicamente a los sindicatos filiales de FENAPRODO-CPV y al magisterio en general, sino que cambia de una manera vertiginosa la estrategia sindical hacia el acompañamiento de un vil argumento proveniente del propio gobierno nacional, señalando que el origen de la crisis se encuentra en las “sanciones económicas”.

Olvidando que fue en 2007 cuando comenzó, implementada por el propio gobierno, una política de desprofesionalización de la carrera docente. Ya en 2015 los indicadores económicos reflejaban una destrucción del aparato productivo nacional, y el magisterio sabe que ya desde 2016 había una violación de 85 % de los derechos contemplados en las diferentes convenciones colectivas; incluyendo la seguridad social, y por ende violando todos los derechos humanos del educador.

La posición que ese infausto comunicado expresa deja en un estado de indefensión sindical a nuestros sindicatos filiales y al magisterio en general, que hoy sigue accionando la protesta porque el patrono-Estado sigue siendo el violador directo de los derechos del magisterio. Decir que las “federaciones no están en conflicto” es desfigurar la función sindical ycasi darle la razón al patrono, a quien ha estado atacando permanentemente con retaliación y represión contra los educadores.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR) jamás podría compartir el contenido de este comunicado, simplemente porque no somos aliados del patrono y seguiremos estando en las luchas justas que acciona el magisterio.

En ese sentido, le pedimos al presidente de FENAPRODO-CPV que haga público el retiro del logo y firma de esta institución sindical y le demos fuerza y respaldo a nuestros sindicatos filiales para seguir la lucha hasta lograr victorias sindicales, aunque sean avances parciales en la conquista de las reivindicaciones a las que tenemos derecho por la Constitución, las leyes, los convenios Internacionales y las contrataciones colectivas.

Atentamente.

Por el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR)

Raquel Figueroa (Sec. Nacional de Organización de FENAPRODO-CPV).

Saúl Pérez (Sec. Nacional de Mejoramiento Profesional DENAPRODO-CPV).

Armando Barreto (Presidente SINPRODO-CPV Yaracuy).

Oxálida Alejo (Sec. General SINPRODO-CPV Yaracuy)

Jesús Guerrero (Sec. de Deporte SINPRODO-CPV Lara).

Marcos Suarez (Sec. de Contratación y Conflicto SINPRODO-CPV Caracas)

Ramón Astudillo (Sec. de Finanzas del SINPRODO-CPV Aragua).

Luis Rivas (Sec. de Deportes SINPRODO-CPV Aragua).

viernes, 10 de febrero de 2023

Pedro García: hay que preparar ya el paro nacional de la educación

Ayer jueves 9 hubo una reunión informal  entre la parte sindical y la representación del Ministerio de Educación sin la representación de la Inspectoría del Trabajo ni la Procuraduría General de la República, instancias de obligatoria asistencia para toda negociación en convenciones  colectivas formales. Incluso  no se levantó acta alguna que dejara constancia de esa reunión, donde la representación patronal les ratificó a la parte sindical que el gobierno no tiene dinero para la Convención Colectiva. 

Sin embargo para el día de hoy viernes 10, está prevista la reunión formal de reanudación de las negociaciones de la CC en la Inspectoría Nacional del Trabajo; pero la parte sindical tiene dudas si asiste o no a esa reunión en atención a la respuesta negativa recibida el día de ayer del MPPE. 

Esta es la situación real y la verdad de los hechos.

Ahora bien, nuestra opinión es que la parte sindical si debe asistir a la reunión formal  de la Inspectoría del Trabajo, pues es la única instancia legal donde pueden dejar constancia en acta de la negativa del patrono de firmar la CC. Es importante que quede constancia en acta de la posición del gobierno así como de la posición sindical.

Si las federaciones no asisten a esta reunión, no habrá constancia alguna en acta del estatus del actual conflicto y todo quedará reducido a rumores y versiones distintas de cada quien por su lado, con las consecuencias negativas que ello implica para los trabajadores. 

La parte sindical no solo debe asistir hoy a la Inspectoría del Trabajo, sino que debería, en conocimiento de la negativa del patrono a firmar la convención colectiva de los trabajadores de la educación,  asumir ,como mecanismo legítimo y legal de presión sindical y constitucional, el llamado inmediato a un PARO NACIONAL ACTIVO DE LA EDUCACION sin pararse de la mesa de negociaciones pues, presionar con acciones sindicales al patrono y estar sentados en la mesa de negociaciones no es contradictorio. 

Digo esto porque hay dirigentes que han expresado que esto no es posible y debo recordarles a quienes  desconocen la historia de las luchas del magisterio o sufren de amnesia, que en los conflictos anteriores los educadores no solo hacían paros parciales y otras acciones sindicales, sino que además se declaraban en huelga general indefinida mientras la parte sindical seguía negociando la contratación colectiva. De manera que no puede haber excusas para no activar la presión sindical necesaria para obligar al patrono no solo a darle continuidad a las negociaciones colectivas que ya cumplieron un año sin resultados,  sino a obligarlo a que haga una oferta económica inmediata y urgente que resuelva la situacion precariedad social y económica de los trabajadores de la educación. 

No podemos renunciar a los mecanismos de presión que están establecidos en la constitución, en las leyes, en la Convención Colectiva y en los tratados y convenios laborales firmados por el país con la OIT. 

Ante la respuesta negativa del patrono de firmar la Convención Colectiva... PARO NACIONAL ACTIVO DE LA EDUCACION YA

¡Por un aumento de sueldos y una pensión mínima  anclados a la canasta básica según ordena el artículo 91 de la CRBV!

¡Por la firma inmediata con acuerdos satisfactorios y justos para los trabajadores de la educación*

¡Solo la lucha nos dará lo que el patrono nos niega¡

¡Hacia la unificación de todas las luchas en una sola lucha!

Prof. Pedro García Pdte de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital.
@Asocejuprc