domingo, 19 de marzo de 2017

La lucha por salarios dignos. Pedro Arturo Moreno. Dirigente sindical de la CTV.-

Elementos a considerar
En los últimos 4 años el PIB descendió 28 % (Iván Acosta-Foro Venancham). En 2016 cayó 12 % (BCV extraoficial), o sea que pudo haber sido mayor. El sector más afectado es el industrial.
La inflación de 2016 fue superior a 700 %; en alimentos sobrepasó 1.000 %. La especulación pudo haber más que duplicado el impacto inflacionario. Las expectativas para 2017 son peores.
El poder adquisitivo del salario —considerando los aumentos salariales habidos en el año— pasó de 1,000 en enero a 0,375 en diciembre 2016 (Bloomberg), o sea hubo una caída abrupta de 62,5 % de la capacidad adquisitiva del trabajador, como promedio.
Del ingreso total del trabajador, cerca de sólo un tercio es considerado salario propiamente, mientras los otros 2/3 son bonificación, sin incidencia en utilidades, prestaciones, vacaciones, y en otros apartados de ley. La distorsión es mucho mayor a la existente en 1997, cuando hubo el cambio del régimen de prestaciones sociales.
El costo de la cesta alimentaria, en diciembre 2016, era superior a 544 mil bolívares y la canasta básica sobrepasaba los 624 mil bolívares (notilogia.com); ambos en una carrera indetenible.
Los sectores profesionales, en general, ganan menos de un décima parte de los salarios percibidos en países vecinos, comparando los mismos niveles de profesionalidad.

Basamentos legales
La CRBV en su artículo 91 dice:
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica (cursivas nuestras).

El DLOTTT en su artículo 98 repite lo anterior:
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección  especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses. 

El mismo DLOTTT en su artículo 129 dice:
El Estado garantiza a los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo que será ajustado cada año, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo será igual para todos los trabajadores y las trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse en moneda de curso legal (…) No podrá pactarse un salario inferior al establecido como salario mínimo por el Ejecutivo Nacional.

La reciente Ley de Emolumentos del Educador aprobada por la Asamblea Nacional propone que el sueldo mínimo de un docente debe ser cuatro salarios mínimos.

El artículo 3 del Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos dice:
Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:
las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.

Razones de la situación actual
El deterioro generalizado del salario es sólo una parte de la desvalorización del trabajo, en especial del trabajo productivo. No sólo ha descendido precipitadamente nuestra competitividad en todas las áreas de la producción económica, sino también los volúmenes del producto venezolano.
Tanto la producción industrial como la agrícola han decaído a cifras inferiores al 50 % —la industria trabaja con el 34 % de su capacidad instalada, según Conindustria—, afectando principalmente a la pequeña y mediana empresa, y acrecentando a poquísimas corporaciones monopolistas. Ello ha traído una baja sustancial de fuentes de empleo productivo, del proletariado industrial y agrícola, y en general ha estimulado la inversión especulativa y comercial.
Los gobiernos de los últimos 18 años han apuntalado una política de destrucción de las capacidades productivas del país, cuyos principales beneficiarios son la banca comercial, los importadores y la corrupción estatal generalizada.
El crecimiento desbordado de la nómina de funcionarios públicos es para cubrir exigencias clientelares y mantener niveles de control social y chantaje laboral, sin casi ningún mejoramiento de los servicios prestados por el Estado, sino más bien hay un descenso creciente, tanto en calidad como en cantidad, en áreas vitales como salud, educación, agua, electricidad, vialidad, infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera, tanto para el bienestar de la población como para facilitar la producción.
El rentismo como expresión concreta del desarrollo del capital en nuestro país ha crecido descomunalmente, y al petróleo ahora se le ha agregado, en cantidades significativas, la explotación minera —también rentista— de diamante, oro, coltan, vanadio, torio, etcétera.
La desvalorización del trabajo ha traído consigo también el desprecio hacia la educación y hacia el mejoramiento profesional del trabajador, creando un proceso pernicioso en todo el sistema educativo, desde la primaria hasta los estudios superiores, y con ello un significativo retraso o desfase con respecto a tecnología y preparación para la producción de bienes.
Lo fundamental de la pérdida del poder adquisitivo del salario vía inflación es porque se ha reconfigurado la distribución de la riqueza en el país. Ello explica que más de 70 % del presupuesto de ingresos sea proveniente de IVA y de Impuesto sobre la Renta a las personas naturales, esto es, a los asalariados que devengan montos estimables para ser deducidos mediante un tributo. La conformación de un presupuesto de ingresos de esta manera permite que quienes obtienen renta en la producción, el comercio y la usura contribuyan en menor proporción con el funcionamiento del Estado. Además, el pago de deuda pública se hace, principalmente, con dineros de la gente. De allí que la inflación sea un mecanismo expedito.

Construir un discurso desde las clases trabajadoras
La mayoría de los economistas o analistas se guían por principios que defienden —abierta o soterradamente— los intereses del empresariado, del capital, presentando muchas veces sus planteamientos o propuestas como producto de un “análisis técnico inobjetable”, alejado de cualquier postura ideológica y sostenido por encuestas de opinión incontrastables.
Los trabajadores al exigir reivindicaciones para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo estamos obligados a opinar sobre la crisis nacional y a sostener propuestas generales y programáticas en la búsqueda de soluciones que garanticen el carácter nacional y popular de los cambios que deben impulsarse.
La actual catástrofe que vive Venezuela en todos los órdenes requiere de una voz que represente a las clases trabajadoras, pero que se asuma como planteamiento para toda la sociedad, lo que exige la conquista de un espacio como referente de una visión programática para el país.
En toda la población se han implantado visiones y razonamientos sobre el hecho económico que son equivocados, aun cuando aparezcan y se difundan. Scomo de “sentido común”, por ejemplo: los aumentos de salario nominal son inflacionarios; la gerencia privada es la que sirve y puede sacar este país adelante; deben privatizarse los servicios para que sean eficientes; hay que “dolarizar” —esto puede verse desde varias ópticas— los salarios; debemos centrar esfuerzos en las ventajas comparativas (petróleo, hierro, bauxita, etc.) y sus derivados “aguas abajo”; una “revolución industrial” es anticuada y era para los tiempos de la CEPAL y la “sustitución de importaciones”, entre otras.

¿Qué proponemos?

Sobre una nueva política económica
Se necesita un cambio radical en las relaciones del país con el exterior y la defensa y crecimiento acelerado y sostenido de nuestras capacidades productivas. Nuestro mercado interno debe ser para el producto venezolano. Importar solamente bienes de capital e insumos para atender la crisis humanitaria (alimentos y medicinas).
Eliminación del Impuesto sobre la Renta a los asalariados.
Reducción del IVA.
Renegociación de toda la deuda pública.
Canalización del ahorro social a la inversión productiva. Recuperación de la producción agropecuaria. Impulso de la pequeña y mediana industria.
Sobre reivindicaciones inmediatas
La fijación del salario mínimo debe respetar lo señalado en la Constitución, el DLOTTT y los convenios internacionales: valor de la cesta alimentaria.
Establecimiento de la escala móvil de salarios.
No a la bonificación del salario.
Cumplimiento del bono de alimentación y medicinas para jubilados y pensionados.
Elevación significativa de los sueldos y salarios para los educadores, los profesionales y los universitarios.
Revisión trimestral de las contrataciones colectivas, en especial de las cláusulas económicas y sociales.
Aprobación de la Ley del Primer Empleo.
Creación de una Comisión de Diálogo Social, entre el Gobierno y representaciones de los trabajadores y de los empresarios, para atender problemas de salario, empleo, costos, formación profesional, etc.

¡NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA CONTRA LA HAMBRUNA
¡SALARIO DECENTE PARA DESARROLLAR EL PAÍS!
¡PARA VIVIR, LO MÍNIMO ES LA CESTA!
¡EL BONO ES SALARIO!
¡JUBILADOS Y PENSIONADOS EXIGEN DIGNIDAD Y SU BONO!
¡SUELDOS DIGNOS PARA EDUCADORES, PROFESIONALES Y UNIVERSITARIOS!

Caracas, 15 de marzo de 2017

martes, 14 de marzo de 2017

Docentes pensionados y jubilados presentes en la instalación de la Subcomisión Especial de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Nacional.


Este martes 14 fue instalada la Subcomisión Especial para Jubilados y Pensionados por parte de la AN, cuya dirección estará a cargo del Diputado Arnoldo Benítez. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional y contó con una nutrida representación de organizaciones de pensionados y jubilados de los sectores Salud, Bomberos, Ambiente, Policía Metropolitana, IVSS, Enfermeras, INAM, INN, Metro, Alcaldía de Caracas, C.I.C.P.C, y nuestra Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital- ASOCEJUPRC-

La importancia de este evento radica en el hecho inédito de que las organizaciones de pensionados y jubilados presentes y las que se sumen de ahora en adelante, pasamos a formar parte de esta Subcomisión Especial. Conformaremos las mesas de trabajo permanentes que contribuirán con la AN en la elaboración de propuestas, proyectos y seguimientos de todos los instrumentos legales relacionados con las reivindicaciones de los pensionados y jubilados de Venezuela. 

Con esta decisión, la AN está reconociendo la importancia, el auge y la relevancia que han tenido las movilizaciones de los trabajadores pensionados y jubilados. La justeza de estas luchas por la dignificación de las pensiones, el pago del Bono de Alimentación y Medicinas, la seguridad social, entre otras reivindicaciones, justificaron la creación de esta instancia parlamentaria, de la cual esperamos cumpla su papel de legislar y hacer cumplir las leyes y normativas que benefician a los jubilados y pensionados de Venezuela.

Nuestra Asociación, -ASOCEJUPRC- contó con la participación de los colegas Areani Bruzual, Olga Vargas, Mary Martíenez, Gabino Rojas, Raquel Figueroa y Pedro García. También estuvo presente la Presidenta de la Fundación de Jubilados y Pensionados del Estado Falcón, FUNJUPAF, Mayra Aguilar. 

El colega Pedro García tuvo un derecho de palabra en el cual expresó la importancia de mantener la presión en la calle y la coordinación de todas las luchas de los jubilados y pensionados para conquistar, no solo el Bono de Alimentación y Medicinas, sino el resto de los beneficios sociales que por derecho y justicia se merecen estos trabajadores en retiro, que en su vida activa contribuyeron al desarrollo y progreso del país. 

Destacó el dirigente de los pensionados y jubilados de la región capital, la importancia de la Gran Jornada de Protesta Nacional aprobada para el próximo jueves 30 de marzo en todos los estados y municipios del país, cuyo objetivo es denunciar que ese día se cumple el primer aniversario de la aprobación, por parte de la AN, de la Ley de Bono para alimentos y medicinas a Pensionados y Jubilados, y de como el gobierno nacional se niega a darle el ejecútese a la misma, sometiendo a las personas mayores a la hambruna y una muerte lenta por la insuficiencia de una buena alimentación y la falta de medicinas para tratar las enfermedades propias de la edad. García hizo un llamado a todas las organizaciones de pensionados y Jubilados a unirnos y sumarnos todos a esta Jornada de Protesta Nacional por el pago inmediato del Bono de Alimentación y Medicinas.

Sirva esta iniciativa para motivar a todos los jubilados y pensionados de Venezuela para que se organicen en Comité de Pensionados y Jubilados por sector o localidad residencial. En cada barrio, urbanización comunidad se puede constituir un Comité de Pensionados y Jubilados para organizar la lucha por los derechos sociales que hoy les niega este gobierno indolente. 


¡Solo la lucha nos dará, lo que el gobierno niega!

Pensionados y Jubilados: 
¡De rodillas nunca, en pie de lucha, siempre!

Magisterio Jubilado y Pensionado: 
¡Incorpórate a esta lucha general que es también tu lucha!

¡Organízate en un Comité de Pensionados y Jubilados!


ASOCIACION DE EDUCADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIDOS DE LA REGION CAPITAL
ASOCEJUPRC

viernes, 10 de marzo de 2017

ASOCEJUPRC apoya a otras organizaciones que luchan por el ejecútese de la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas para jubilados y pensionados

ASOCEJUPRC en la calle por los derechos
de todos los jubilados y pensionados
La Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital-ASOCEJUPRC- está en la calle apoyando la lucha de los Trabajadores Pensionados y Jubilados por el pago del Bono de Alimentación y Medicinas. Como asociación estuvimos presentes en la protesta llevada a cabo el 8 de marzo por otra organización de jubilados y pensionados, en clara demostración de nuestro espíritu unitario. Aquí pueden ver el vídeo: #ElBonoEsLeyPagoYa

Esta es una lucha universal que nos involucra a todos los trabajadores pensionados y jubilados, y los educadores no podemos faltar a esta cita en la calle por esta reivindicación social que el gobierno nacional se niega a cumplir, pese a que es una Ley aprobada por la AN y con el visto bueno de su propio TSJ. El Informe económico-financiero, requisito que ordenó el TSJ ya fue entregado el pasado mes de mayo de 2016 al gobierno nacional por parte de la AN, falta que Maduro se ponga a derecho y abandone el desacato cumpliendo con un mandato legal, constitucional y sobre todo de justicia social. 

#ElBonoEsLeyPagoYa es la consigna que debemos enarbolar por todo el territorio nacional. Educador jubilado y pensionado, súmate, que ésta es también tu lucha. 


Junta Directiva de ASOCEJUPRC

martes, 7 de marzo de 2017

Instituciones del Estado se confabulan contra los pensionados y jubilados de Venezuela

JUNTA DIRECTIVA DE ASOCEJUPURC
Cuando fue Vicepresidente, Aristóbulo Iztúriz engavetó el Informe de Viabilidad económico-financiera del Bono de Alimentación y Medicinas que beneficiaría a pensionados y jubilados de todo el país. Esa es una de las causas por las cuales dicho trámite se paralizó. El informe fue consignado por ante su despacho el 10-05-2016 por parte de la Asamblea Nacional (como pueden ver en la imagen que acompaña esta denuncia).
La carta de la AN desaparecida
por Aristóbulo Istúriz junto a 

la cual se entregó el informe
engavetado
Este informe fue consecuencia de la sentencia Nº 269 del 21 de abril de 2016 del TSJ instancia que dictaminó que la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas era constitucional, exortando al Ejecutivo y al parlamento venezolanos a coordinar esfuerzos para darle viabilidad financiera a la ley. Pero resulta que el informe financiero de la AN no aparece en el despacho de la Vice-presidencia. Esto es lo que motiva a la Federación de Trabajadores Pensionados y Jubilados, junto a un grupo de docentes egresados del Ministerio de Educación agrupados en la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región CapitalASOCEJUPURC, a denunciar esta irregularidad ante los medios de comunicación con una acción de protesta en la Plaza de La Moneda de Caracas y seguidamente consignar de nuevo, esta vez como una iniciativa ciudadana y de voceros de organizaciones de pensionados y jubilados, el mencionado informe ante el nuevo Vice-presidente, Tareck El Aissami, la Ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Carmen Teresa Meléndez y al propio Presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya no tienen excusas estos funcionarios para seguir eludiendo su responsabilidad en la tramitación de los recursos, que si existen, para cancelar este beneficio que es ley de la república.

Pero no solo fue el Vicepresidente de entonces, profesor Aristóbulo Iztúriz quien le niega los recursos a los pensionados y jubilados de Venezuela desapareciendo el informe de marras. La Procuraduría General de la República eludió pronunciarse ante una consulta realizada por la Federación de Pensionados y Jubilados devolviendo el 22 de noviembre de 2016 la comunicación remitida por ésta, alegando que no era de su competencia pronunciarse por el incumplimiento del Ejecutivo Nacional y remite el caso a la Ministra del Despacho de la Presidencia. 

En la misma dirección de escurrir el bulto actuó la Defendería del Pueblo, institución que ante la solicitud de intermediación de la Federación de Pensionados y Jubilados, respondió el pasado 16 de enero que no es viable su participación para buscar que el Ejecutivo cumpla con el pago del bono y remata en su comunicación diciendo que la Defensoría del Pueblo "no constituye instancia judicial y carece de competencias para dictar sentencias".

Todas estas instituciones del Estado alegan su incompetencia con subterfugios leguleyos, sin que les importe la precariedad e insuficientes ingresos de los trabajadores pensionados y jubilados, quienes requieren con urgencia el beneficio del Bono de Alimentación y Medicinas para paliar los estragos que le genera la gravísima crisis económica y social padecida, producida por una gestión de gobierno que empobrece a los más necesitados. No es de socialistas ni de revolucionarios confabularse en contra de los intereses de los trabajadores pensionados y jubilados. Más bien esta actitud dilatoria se parece mucho a las acciones neoliberales que lanzan sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis creada por el propio gobierno nacional.

Estamos alertas y activados, haremos seguimiento de estas diligencias realizadas en el día de hoy para que se agilice el pago inmediato del bono de alimentación y para ello estaremos en la calle el tiempo que sea necesario. 

Dentro de las acciones realizaremos asambleas en nuestras organizaciones de trabajadores pensionados y jubilados en todo el país a partir de este momento. El próximo 14 de marzo estaremos realizando una asamblea con todos los sectores de pensionados y jubilados en el Museo Boliviano, esquina de Pajaritos a las 10 am. Para el día 22 de marzo a las 9:00 am estaremos realizando otra asamblea en compañía de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) cuyos dirigentes nos han prometido sumarse en apoyo a esta justa lucha de los pensionados y jubilados de Venezuela, para que se haga justicia social y cese la discriminación del gobierno en contra de este importante sector que le dio al país prosperidad y desarrollo con el esfuerzo de toda una vida de trabajo productivo.

A continuación pueden ver el vídeo de la protesta que realizamos hoy junto a la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados.




Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital
- ASOCEJUPURC-

sábado, 4 de marzo de 2017

¡EL BONO DE ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS ES UN DERECHO HUMANO, VAMOS A PELEARLO!

En marzo de 2016 la AN aprobó mediante una ley un bono de alimentación y medicinas beneficio para todos los Jubilados y Pensionados del país. Sin embargo, a pesar de que en el mes de abril el TSJ declaró la constitucionalidad de la misma, el gobierno nacional aún continúa reacio a ejecutarla alegando razones financieras. Este beneficio es ley, es un derecho humano y el gobierno está en la obligación de cancelarlo a todos los trabajadores jubilados y pensionados del país, sin discriminación alguna.

Los educadores jubilados y pensionados, al ser sujetos de esta ley, debemos asumir una actitud más beligerante y de participación activa, sumándonos a las distintas iniciativas de movilización emprendidas por numerosas organizaciones de trabajadores jubilados y pensionados.

Nuestra naciente Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital –ASOCEJUPRC-, inició este camino participando el pasado 21 de febrero en una Misa en la Iglesia de la Chiquinquirá, convocada por la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Venezuela, y posteriormente encabezó un pancartazo en la avenida Andrés Bello de Caracas.

Hemos venido asistiendo a las reuniones realizadas en Parque Carabobo, donde se reúnen varias organizaciones de trabajadores jubilados y pensionados, entre las que se encuentra las del sector salud y ya están organizando para los próximos días algunas acciones que se darán a conocer. Para el próximo martes 7 de marzo, asistiremos a la reunión de otro bloque de organizaciones en el edificio administrativo de la AN, reunión que contará con la presencia de algunos diputados que impulsaron esta Ley y la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Venezuela. Aspiramos que allí se aprueben algunas acciones de alcance nacional. Llevaremos algunas propuestas.

En varios estados, como Aragua, Táchira y Lara, los pensionados y jubilados también se organizan y se vienen realizando algunas acciones como asambleas, movilizaciones, piquetes propagandísticos, entre otras. Se está tratando de coordinar una gran jornada nacional de protesta para finales de marzo.

Manejamos información según la cual ya se introdujo, por iniciativa de los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, una reforma parcial a la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas para corregir y llevar el monto del beneficio a los niveles del Cesta Ticket que disfrutan los trabajadores activos. Esta es una razón más para redoblar nuestra decidida participación en las reuniones y acciones que llevan a cabo el resto de los trabajadores y organizaciones de jubilados y pensionados.

Por tanto, nuestra lucha no debemos darla solos ni aislados, ya que debilita el esfuerzo unitario del resto de los trabajadores de todos los sectores sociales y productivos. Vamos a sumarnos y pelear todas estas luchas junto al resto de nuestros hermanos trabajadores jubilados y pensionados de Venezuela, porque es la garantía de que sea escuchada la voz de todos.

¡Unidos somos más fuertes!

¡ Unidos venceremos!

Educador Jubilado y Pensionado incorpórate a la lucha general por el ejecútese de la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas

Asociaciones hermanas, esta es también tu lucha…Súmate

Colegas trabajadores de la educación jubilados y pensionados, si no te has organizado, qué esperas, organízate en tu localidad e incorpórate a la lucha.

¡De rodillas nunca, en pie de lucha, siempre!

Por el ejecútese de la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas:



La Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital –ASOCEJUPRC-

Junta Directiva:

Pedro García, Presidente

Yoelis Eligón, Vice-presidenta

Marlene Jorge, Sec. Organización

Soraya Vásquez, Tesorera

Areani Bruzual, Sec. Actas

Diany Parra, Sec. Bienestar Social

Eulogio Figueras, Sec. Reclamos

Gabino Rojas, Sec. Información

Orlando Gil, Sec. Recreación

miércoles, 22 de febrero de 2017

Docentes jubilados y pensionados de Aragua en la calle exigen bono de alimentación y salud

Colegas jubilados de Aragua también se fueron a la calle a exigir que se cumpla la ley que les otorga los bonos de alimentación y salud. 





¡BASTA DE DISCRIMINACIÓN!

¡TAMBIÉN COMEMOS!







¡EN LA CALLE POR NUESTROS DERECHOS!






EXIGIMOS BONOS DE SALUD Y ALIMENTACIÓN

Docentes jubilados exigen bono de alimentación y salud


La Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital salió ayer a la calle a exigir al gobierno el ejecútese de la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas aprobada por la Asamblea Nacional. Les mostramos imágenes de la protesta




¡BASTA DE DISCRIMINACIÓN!






¡LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS TAMBIÉN COMEN!










¡EXIGIMOS BONO DE ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS!




MADURO, EXIGIMOS EL EJECÚTESE DE LA LEY BONO DE ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS