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lunes, 8 de mayo de 2023

Exigimos que el gobierno oficialice lo anunciado por sus sindicalistas


Debe pagar la compensación a todos los jubilados desde el 2008 hasta la fecha e indexado al poder adquisitivo que tenía el  1°de mayo de 2022
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Los docentes jubilados y pensionados de ASOCEJUPRC, @asocejuprc, queremos pronunciarnos ante la información extraoficial que ha circulado en redes sociales, relacionada al presunto pago de una compensación a los trabajadores que fueron jubilados entre el 1º de enero de 2018 y 1º de mayo de 2022. 

Esta información extraoficial ha sido difundida por sindicalistas oficialistas en redes sociales, quienes fungen de voceros de Maduro.

En primer lugar, queremos denunciar que este ofrecimiento lo hizo hace un año Delcy Rodríguez, a propósito de las movilizaciones multitudinarias de jubilados y pensionados de todos el país. Este anuncio, de carácter populista y demagógico, buscaba amainar la protesta que estábamos desarrollando los jubilados y pensionados venezolanos, evidencia del temor que le tiene el gobierno a la  protesta.

Por otra parte, queremos decir que el gobierno de Maduro incumplió con lo ofrecido, en un alarde de poca seriedad. Esto es demostración de que le  importa muy poco la suerte de los jubilados de la administración pública nacional, sometidos a una sistemática política de exterminio por parte del gobierno, que aplica un plan de ajuste neoliberal que afecta a las grandes mayorías de los venezolanos, en especial a los más vulnerables, como los jubilados. 

Ahora, en un contexto parecido al del pasado año, de incremento de luchas de los trabajadores y de profundización de una ofensiva gubernamental para desaparecer el salario, aparecen estos ofrecimientos de parte de sindicalistas oficialistas. 

Ahora bien, estos anuncios son un reconocimiento del deterioro de las condiciones de vida de la población, y en particular de los jubilados. También significa el  reconocimiento de la pérdida del valor de las prestaciones sociales.

Este ofrecimiento debe aplicarse a todos los jubilados desde 2008 hasta la presente fecha, y no sólo a 120 mil, pues ello sería un acto  excluyente y discriminatorio, ya que  todos han sido afectados por la  devaluación, la reconversión monetaria, la hiperinflación, en fin, el paquetazo económico de corte liberal que superó al aplicado por CAP en 1989.
   
Exigimos que dicho pago sea indexado al poder adquisitivo que tenían los 10.000 Bs ofrecidos el 1° de mayo de 2022, es decir, el gobierno debe pagar unos 55.719,54 bs  (o 2.227 $) en vez de los pretendidos 10.000 Bs o 400 dólares  devaluados por su política económica, confiscatoria del patrimonio económico del trabajador y su familia: las prestaciones sociales.

No pagar el monto ofrecido en los términos que hemos planteado a todos los jubilados desde 2008, sería un robo descarado y una injusticia. Abonaría a favor del exterminio al que hemos sido sometidos los adultos mayores, que percibimos pensiones de hambre, además de ser víctimas de la inexistencia de la seguridad social.

La política económica del gobierno nacional ha tenido consecuencias nefastas para los jubilados y pensionados. Una de las consecuencias es la desaparición, de facto, de las prestaciones sociales, que no son solo un derecho de los trabajadores, sino que pasan a ser patrimonio de su familia. 

El bono ofrecido extraoficialmente, debe tener un cronograma cierto, real y oficial. Emplazamos al ejecutivo nacional para que oficialice lo anunciado por los sindicalistas gobierneros. De lo contrario, quedarán, una vez más, como un gobierno exterminador de la clase trabajadora en general, y los jubilados en particular.

Pedro García
Presidente de ASOCEJUPRC

miércoles, 20 de octubre de 2021

Iniciar el año escolar presencial es una nueva estafa del régimen

El gobierno de Maduro viene estableciendo un juego estratégico utilizando la retórica y la charlatanería como mecanismo para esconder el caos en el sistema educativo desde hace un gran tiempo. La pandemia ha puesto al descubierto que en Venezuela hay un fraude con la educación bolivariana; dicho fraude se ha materializado en lo que denominaron “educación a distancia”, instrumentada con la aplicación del Programa Cada Familia una Escuela, una clara demostración de atraso y la mediocridad. La educación que el Estado venezolano impartió en el proceso escolar 2020-2021 no respondió a los planteamientos de la UNESCO y menos a las nueve consideraciones de acción pública a raíz de la aparición del Covid-19 dadas por esta misma organización internacional.

Para el régimen de Maduro la educación no ha sido una prioridad ni antes ni durante la pandemia. No ha sido considerada como un derecho humano. Al contrario ha formado parte de la estrategia de control social y político de la dictadura. Los charlatanes de la "nueva pedagogía" se han dedicado a delinear y aplicar el proyecto político del PSUV en las escuelas. Ha sido una política sistemática del régimen para enquistarse aún más en el poder y aumentar su talante despótico y autoritario.

Veamos un resumen de las políticas del régimen chavista en la educación desde 1999: 

 ✅ La Resolución 1.011, 

✅ La Ley Orgánica de Educación (2009)

✅ La eliminación de los Concursos de Ingreso, Méritos y Oposición.

✅ La Resolución 058, 

✅ La “transformación curricular”, 

✅ La desvalorización del salario, 

✅ La desaparición de la seguridad social. 

Estas y otras políticas han estado orientadas para someter a educadores, padres y representantes a los intereses de PSUV.

Durante muchos años también hemos sido testigos del descenso progresivo del presupuesto para el mantenimiento de los planteles, para el servicio de alimentación escolar, para los servicios estudiantiles, hasta para suministrar tiza, materiales didácticos y pedagógicos a las escuelas y materiales de limpieza.

Es importante destacar, que en el 2004 la administración pública ya venía reconduciendo el presupuesto y en los años siguientes se empezó a notar una reducción de la inversión. En el 2019 fue reducido más del 9%. Vale destacar que con la implementación del Programa Cada Familia una Escuela la educación sufrió una desinversión social, es decir, se mantuvo todo el año escolar 2020-2021 sin las condiciones debidas para el desarrollo de una educación a distancia, sin la capacidad tecnológica y sin equipamientos, pero también los planteles escolares no recibieron el mantenimiento debido ni los recursos para garantizar servicios como el agua, comedor estudiantil, los laboratorios, servicios de salud y de orientación psicopedagógica.

De tal manera que la educación venezolana viene sufriendo una sistemática devastación. La pandemia no solo puso al desnudo la realidad educativa venezolana, sino que agudizó la crisis, fracturando las columnas fundamentales del hecho educativo (docentes y estudiantes), condenándolos a la extrema pobreza y ampliando aún más la brecha de desigualdad social, una de las mayores de América Latina.

Ya el estudio de Cáritas en el año 2019 señalaba que Venezuela vivía un proceso de destrucción social masiva y que había provocado que la infancia perdiera 5 años de vida, de acumulación de capital humano. El estudio reciente de ENCOVI lo resalta.

Desde el 2014, se viene menguando las condiciones del sistema educativo. Desde entonces lo que se ha instrumentado cada año escolar no es más que jornadas propagandísticas y mediáticas presentándole al país y al mundo una ficción sobre lo que pasa en liceos y escuelas del país.

Diversos planes de maquillaje hemos visto cada año escolar. Resaltan “La Vida es una Escuela” y “Una Gota de Amor para la Escuela”.  Ninguno de estos retoques han servido para solventar los problemas que están más allá de las fachadas de las escuelas y liceos, al contrario, la situación empeoró de una manera tal que la reducción del presupuesto para la educación dejó un 95% de planteles en un colapso total. El responsable de esta situación no es el bloqueo económico como lo han querido disfrazar. El real responsable es el Estado, Nicolás Maduro y sus distintos ministros de educación. Todos se han apartado de sus responsabilidades constitucionales contempladas en los artículos 102, 103 y 104. Un gobierno que no ha cumplido con los 17 objetivos para el desarrollo aprobados en el año 2015 por los gobiernos del mundo en la UNESCO. Un régimen que no ha tomado en cuenta las 9 recomendaciones de este mismo organismo internacional para atender la educación como derecho humano en medio de la pandemia. El deterioro de la educación es tal que lo comparamos como un huracán que se lleva todo lo que encuentre a su alrededor; dejando al paso miseria, desolación, hambre y pobreza.

Ante el cuadro descrito, Maduro y la Ministra de Educación han convocado a iniciar este año escolar de manera presencial el 25 de octubre. Sin embargo, a pocos días de ejecutar este llamado, no se ha logrado el 100% de los vacunados con las dos dosis al personal docente, obrero y administrativo. Además los planteles dependientes del Estado no cuentan con presupuesto para el desarrollo de un plan sanitario tal como lo orienta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN), por lo que no basta que se diga que hay que cumplir con las normas de bioseguridad.

Si no hay un gobierno que garantice la ejecución de políticas sanitarias en las escuelas y liceos, iniciar clases en esas condiciones ponen en peligros a estudiantes, docentes, empleados, padres y representantes. Serían millones de personas en riesgo de contagiarse del COVID19.

Son las autoridades nacionales las que deben garantizar las condiciones necesarias para el inicio del año escolar presencial. No debe ser la sociedad la que debe cumplir el papel del Estado. Es deber indeclinable del ejecutivo cumplir con los preceptos establecidos en la constitución. Se ha venido creando un Estado Societario, trasladando responsabilidades gubernamentales a la sociedad a través de tramposos llamados al protagonismo social, cuando sabemos que el 94,5% de los venezolanos se encuentra en condiciones de pobreza (ENCOVI, 2021).

El año escolar 2021-2022 se inicia con la continuación en una situación de emergencia humanitaria que ya hemos denunciado en años anteriores. Con la curva ascendente del Covid-19 y el fracaso de la implementación del Programa Cada Familia Una Escuela, la sociedad venezolana requiere con urgencia la aplicación de planes estratégicos que busquen restaurar la educación como derecho humano.

Entre las primeras políticas que demandamos tenemos:

🔅No se pueden iniciar las clases presenciales si los trabajadores de la educación no se encuentran en un 100% con las dos dosis de la vacuna, esto es indispensable. A tal efecto, llamamos al gremio magisterial y al resto de los sectores sindicales (obreros y administrativos) a evaluar y demandar que este paso de responsabilidad del Estado se realice en toda la población educativa. Esto debe ser una orientación necesaria, ante un gobierno nacional irresponsable que no jerarquizó un plan de vacunación en el tiempo que debía hacerlo, inclusive se le exigió en el mes de mayo del 2020, ahora transita de manera desesperada y con ocultamiento de cifras.

🔅Aplicación de un plan sanitario que incluya: resolver el grave problema del servicio de agua en todos los planteles, condicionamiento de los baños y comedores escolares.

🔅Se ejecute un plan de desinfección semanal en todos los planteles y asegure que cada plantel cuente con los suficientes productos de limpieza.

🔅Se destine el suficiente presupuesto para establecer en todos los planteles un plan de bioseguridad permanente. No basta con hacer llamados a usar el tapaboca, el lavado de las manos y el distanciamiento. Si en los planteles falta el agua y los docentes y alumnos por la pulverización del salario no podrán renovar tapabocas, es imposible que se puedan cumplir con las medidas de bioseguridad. Es prioritario que se cuente mensualmente con la llegada de tapabocas y gel antibacterial a las escuelas y liceos.

🔅Se active el Servicio de Alimentación Escolar con la cantidad y calidad nutricional. Exigimos la recuperación del desayuno para todos los niños, niñas y adolescentes escolarizados.

🔅Entrega de útiles escolares y uniformes; asegurando que le llegue a todos los estudiantes.

🔅Que se cumpla con el pasaje estudiantil y los docentes puedan recibir por vía de la revisión Acta Convenio un sustancioso aumento salarial.

🔅Se atienda a través del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente el déficit del 67% de profesionales. Es un error histórico que se pretenda resolver esta grave situación a través de la Chamba Juvenil y de las UBCH, ya que se coloca en manos de inexpertos la conducción del proceso educativo de un país.

🔅 Ante el fracaso del Programa Cada Familia Una Escuela, es urgente y necesario que se tienda de manera científica una planificación pedagógica para comenzar a recobrar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el atraso sobre la formación del conocimiento científico.

🔅El Estado asuma la inversión para la instalación de sistemas centrales de WIFI a través de CANTV en los municipios y parroquias de cada región, para que así las escuelas, liceos y hogares puedan interactuar en el proceso educativo. Pero a la vez, se implemente equipamiento a los docentes y estudiantes.

Estas son las exigencias más inmediatas que urge ser atendidas por un gobierno nacional que sea responsable de sus funciones. La vida y la educación deben ser garantizadas y eso no se logra con retórica, sino con políticas que cumplan con la responsabilidad de cuidar los derechos de los ciudadanos.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez llama a la construcción de un movimiento pedagógico, a los estudiantes, padres representantes para defender la educación, articular y unir nuestras fuerzas para defender un derecho humano.



Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

sábado, 9 de octubre de 2021

Rechazamos el despojo de nuestro salario

La Ley del Trabajo, en sus artículos 101,102 y 103 hablan de la protección del salario al establecer su libre disponibilidad, prohibición de comisiones bancarias e irrenunciabilidad o cesión en todo o parte del mismo, a excepción de la cesión del salario a la familia. Es decir, no se le puede descontar absolutamente ningún céntimo ni milésima sin autorización por escrito del trabajador.

Con el pago de la primera quincena de octubre a los docentes, observamos que el Ministerio de Educación hizo un redondeo a su favor en todos los sueldos y pensiones de toda la nómina de su personal. Suponemos que ello operó de igual manera en todas las nóminas de la administración pública.

Colocamos el siguiente ejemplo para graficar lo que consideramos una presunta apropiación indebida calificada, violatoria de la constitución y la Ley del Trabajo. A este colega le depositaron en la segunda quincena de septiembre Bs 75.435.486,30. Sin embargo en esta primera quincena de octubre recibió 75,43 cuando lo que debió depositársele es 75,44 bsd.

Matemáticamente hablando aquí opera la aproximación de las cantidades, existe entonces un residuo, que ciertamente, le pertenece al trabajador y no lo está recibiendo. El redondeo, en materia de cancelación de salarios, no es legal. Debe depositarse con todos los céntimos y milésimas.

No puede justificarse en modo alguno la reciente reconversión que eliminó 6 ceros más a la moneda nacional, porque el salario no puede ser tocado por ningún mecanismo cambiario ya que goza de protección especial, constitucional y legalmente.

Nos preguntamos, ¿a favor de qué institución fue dirigido el residuo en céntimos y milésimas de dolívares faltantes en los sueldos y pensiones de toda la nómina del Ministerio de Educación? ¿A cuánto asciende el monto total sumados todos esos residuos de bolívares despojados a cada trabajador?

A estas alturas no se ha dado explicación alguna de los montos descontados a todos los jubilados y pensionados en las dos quincenas de septiembre, y pese a que se reintegró, el descuento se realizó efectivamente a favor de alguna cuenta. Nada de esto se ha investigado como corresponde a un Estado de derecho, justicia y decencia pública.

Exigimos al Estado-patrono que cancele completo el salario, las pensiones a todos los trabajadores, sin redondeo a su favor y con todos sus céntimos y milésimas, pues es una irregularidad, que además de la inflación, constituyen modalidades para despojarnos parte del menguado salario, así sean céntimos de bolívares.

¡NO AL DESPOJO SALARIAL!

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

jueves, 5 de agosto de 2021

EL MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMON RODRIGUEZ ANTE EL ACTA CONVENIO

No se tomó en cuenta el contexto.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, fija posición ante el Acta Convenio suscrita el pasado 23/7/2021 entre el Ministerio para el Poder Popular para la Educación y los presidentes de 17 organizaciones nacionales de la educación, entre ellas las nueve del sector magisterial. Dichas organizaciones suscribieron el acuerdo mediante el cual se extiende, por seis meses más, la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación (IICCUU), cuyo vencimiento se produjo en el mes de julio de 2020, término en el cual no fue presentado por la parte sindical, ningún nuevo proyecto de convención colectiva.

Los educadores, al igual que todos los trabajadores y el pueblo, estamos padeciendo en carne propia un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo como consecuencia de las antipopulares políticas económicas que nos han llevado a la pobreza extrema. Estas condiciones y la falta de una remuneración por su trabajo que cubra sus necesidades, han obligado a los docentes a dedicarse a otras labores para sobrevivir en medio de una crisis agravada por la pandemia. Frente a este abandono por parte del Estado, la educación termina siendo la gran víctima al no garantizarse este derecho humano fundamental. No se puede ocultar con discursos retóricos, demagógicos y engañosos esta inobjetable realidad.

No fue negociación, es imposición de la flexibilización laboral.

En medio de este cuadro caótico se firma el 21 de julio un Acta Convenio y de cuyo análisis concluimos que no es más que la imposición del mismo paquete económico antilaboral aplicado a todos los trabajadores de la administración pública, incluyendo al sector universitario. Su contenido expresa el continuismo de la política de flexibilización laboral, cuyo fin último es abaratar la fuerza de trabajo y la desregularización de las relaciones laborales. Es el desmontaje de los derechos laborales adquiridos; significa la pulverización del salario, de la seguridad social, de las prestaciones sociales, de las pensiones y las convenciones colectivas.

Esta orientación lamentablemente no la ven los representantes sindicales firmantes, pese a estar claramente expresadas en el acta convenio con la bonificación de los sueldos, la fusión de primas con bonos perdiendo su carácter salarial, la renuncia de aumentos salariales y la adecuación por solapamientos con sus respectivos retroactivos e incidencia; además de la exclusión de la seguridad social y el pase de beneficios a la plataforma patria que no tendrían incidencia salarial.

La verdad en detalle

  • En dos momentos se ajustó el Sueldo y Pensión Base (en adelante SPB). El primero lo denominaron "adecuación", para "actualizar" un solapamiento o "error" en el pago del SPB que se prolongó por largos 18 meses (Cláusula 62 ICCUU). Aunque no lo admiten, fue una "adecuación" chucuta. Veamos los siguientes ejemplos:

a) Un TSU tabla en la ONAPRE cobraría Bs 14.560.000 y al educador TSU se le adecuó en Bs 12.741.005. El sueldo base del Profesional I, rango I en la tabla ONAPRE es de Bs 15.960.000 y el Docente I fue adecuado en el acta convenio con Bs 13.975.608.

b) El Profesional III, rango VIII tiene un sueldo base de Bs 21.280.000 en la tabla ONAPRE, mientras que el Docente VI le adecuaron, según el acta convenio, un sueldo base de Bs 20.681.452.

Estos ejemplos quizá expresan la razón por la que el patrono "aceptó en todas sus partes" la propuesta de "adecuación" chucuta presentada por la representación sindical, tal cual lo confiesan en su comunicado oficial. Hay una clara desmejora salarial.

  • El segundo ajuste se produce posterior a la "adecuación" chucuta y, en promedio, solo fue de un 50,67% como resultado de la revisión del SPB, cláusula 59 de la IICCUU. Los porcentajes intercategorías no pueden sumarse como un aumento ya que este escalafón se había perdido y sólo fue recuperado. De igual manera, se desconoció, y no fue reclamado, el retroactivo e incidencias de estas diferencias porcentuales intercategorías.
  • Por otro lado, no consta en acta el reclamo del 280% contractual y que con la recurrencia sobrepasa el 900% de aumento que nos fue despojado desde 2018. Gravísimo claudicar este punto de honor "no negociable" que se expuso en importantes jornadas de lucha del magisterio. También se renunció a los mecanismos de protección antiinflacionarios a favor del salario, pues todos los beneficios solicitados en el pliego estaban anclados al Petro fluctuante y sin explicación alguna terminan aceptando ajustes porcentuales simbólicos amarrados al destruido y super devaluado bolívar. Arriaron las banderas del 91 y 104 constitucional, así como el Sueldo Base mínimo de 600$. Un verdadero engaño a las expectativas generadas.
  • Se eliminó la prima contractual-salarial N° 67 (Prima de Transporte), al convertirla en un Bono de Transporte y de Alimentación pagadero por la plataforma patria. Aunque no se estaba cancelando, lo correcto era recuperarla y preservar el concepto contractual tal cual como se mantiene el concepto bono de alimentación o Cesta Ticket. De igual manera, fue fusionado el Bono Asistencial del docente jubilado con la prima de gastos del hogar que recibían administrativos y obreros. Subsumir y fusionar es una política que al final suprime beneficios y esto es un retroceso que no se puede justificar por el hecho de haberse elevado el monto.
  • El Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros es discriminatorio, pues uno de sus componentes para la base de cálculo es la prima de profesionalización, prima que no poseen todos los trabajadores. Ha debido tomarse otro criterio de alcance universal. Y la guinda es que este beneficio de 80% sobre el SPB más las primas de antigüedad y profesionalización, será un bono que no tiene incidencia salarial.
  • Imperdonable que los trabajadores de la educación continuemos sin seguridad social. Son muchos los trabajadores y sus familiares que han fallecido porque no tienen un seguro de HCM. Son demasiado los trabajadores que han tenido que endeudarse o acudir a la colecta pública para poder enterrar a sus familiares o para cubrir un tratamiento médico. Haber dejado fuera del acta convenio la seguridad social en momentos de la mayor crisis hospitalaria y de una pandemia incontrolable, es prolongar la agonía de los trabajadores y sus familiares. Que la vida y la salud del magisterio estén supeditadas a futuras reuniones de comisiones que al parecer solo tienen intereses de reparto de cargos y funciones burocráticas en el IPASME, es inhumano, criminal y genocida.

Finalmente, no queremos pensar que el aumento en un 15% en la prima de aspectos propios del ejercicio docente, haya sido la transacción-consolación para renunciar a todas las deudas contractuales millonarias anteriormente citadas. No nos gusta elucubrar, pero el ruido es ensordecedor.

Consideraciones sindicales

El objetivo principal planteado en el Pliego de Peticiones, como lo era un aumento real y suficiente del sueldo y pensión base, no fue obtenido. Seguramente dirán que van a recibir más dinero, y que eso es un avance. Pero cuando los docentes activos se jubilen recibirán unas prestaciones sociales de miseria por efecto de la bonificación salarial. Además, la hiperinflación ya se ha comido esos "aumentos", al perder poder adquisitivo desde la firma del acta. La realidad es tan avasallante que no necesitamos ejemplificar con indicadores económicos. Ni siquiera con el abultamiento del ingreso con bonos. Podemos afirmar, luego de analizar el acata convenio, que hay pan para ahora y hambre para mañana. El presente sigue siendo de hambre.

Pretender cambios de conceptos constitucionales y legales como el de salario, son inaceptables y crean peligrosos antecedentes en cuanto a conquistas laborales. Decir por ejemplo que el salario mínimo integral está compuesto por el Salario Mínimo Nacional más el Cesta Ticket, cuando se sabe que este último concepto no forma parte del salario (punto 3 del Acta), indica ignorancia supina o entreguismo consciente.

La Bonificación del salario se había logrado derrotar en las luchas desarrolladas por el movimiento sindical en los años 90. Incluso, buena parte de la dirigencia de este gobierno y firmantes sindicales del acta, fueron protagonistas de aquellas luchas. Un verdadero retroceso.


Lo dicho, perjudica el patrimonio económico de los trabajadores y su familia; se dejan de lado conquistas históricas del magisterio. Se contraviene la legislación laboral y menoscaban derechos contractuales directos tal cual lo expresa el artículo 434 de la ley Orgánica del Trabajo cuando expresa:

“La Convención Colectiva de Trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los Contratos de Trabajo vigentes(...). Podrán modificarse las condiciones de trabajo vigente que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras”.

Pero estas modificaciones, como la fusión de primas con bonos, el pago fuera de nómina de algunos beneficios (plataforma patria) y la renuncia al pago de deudas contractuales con su respectivo retroactivo e incidencias, no fueron argumentadas tal cual lo ordena el mismo artículo 434 cuando dice que se debe "dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación”.

Nada de esto consta en el Acta Convenio, al contrario, estos cambios y omisiones trasgreden los principios rectores de interpretación y aplicación de la norma en cuanto a justicia social, derechos y beneficios laborales que no pueden sufrir desmejoras.

La representación sindical nunca presentó un plan de luchas, no consultó a sus propias directivas nacionales ni mucho menos a los trabajadores, en flagrante violación al principio de democracia sindical al que están obligados observar estatutaria y legalmente. Publicar las actas sin consultar las propuestas y contrapropuestas presentadas en mesa no es democracia, es secretismo y desprecio hacia las bases a quienes se deben. Tal estrategia de desmovilización y secretismo, le hizo el juego y favoreció los intereses del patrono.

Ahora le toca a las bases.

No es opción cruzarse de brazos, desmoralizarse ni caer en actitudes derrotistas. Las exigencias del magisterio están orientadas a defender los derechos contractuales y sueldos suficientes para vivir decentemente con nuestras familias. También la lucha nos llama a defender el derecho real a la educación del pueblo.

En ese sentido, llamamos al magisterio a organizarse unitariamente desde las bases para seguir reclamando con fuerza los beneficios económico-sociales que por justicia y ley nos corresponde. Los animamos a continuar reclamando las deudas contractuales y la seguridad social dejadas por fuera, pues son derechos adquiridos que no prescriben y deben seguir siendo exigidos independientemente de la conciliación de quienes tienen el deber de defender los intereses de los trabajadores.

Que los meses de agosto y septiembre sean de comunicación, articulación y organización en redes. Hay que intentar realizar asambleas desde las parroquias y municipios, si las circunstancias y la pandemia lo permiten, para exigir la restitución de la seguridad social y el pleno funcionamiento del IPASME para sus afiliados.

En el mes de octubre se producirá la primera revisión del sueldo base y otros beneficios según el Acta Convenio. Es oportuno desde ya preparar las propuestas y exigencias de la base en un instrumento que puede denominarse Pliego de exigencias de la base magisterial. Esto es fundamental para mantener viva la lucha por la reconquista de los derechos perdidos.

Para el mes de enero 2022, fecha límite de vigencia del Acta Convenio, el magisterio de base debe tener preparado su propio Pliego de propuestas de cláusulas para la nueva Convención Colectiva que necesariamente debe ser presentada por las organizaciones sindicales previa autorización y consulta de la base magisterial.

Hay que pensar en la reconstrucción del movimiento sindical magisterial sobre bases de una nueva ética y democracia en el ejercicio sindical. Es fundamental constituir un movimiento de lucha, combativo, amplio, democrático y que defienda los intereses de los trabajadores. Urge pues una renovación de la actual dirigencia para lo cual convocamos a todos los educadores a presionar en esa dirección para preservar el instrumento de organización y lucha por excelencia como lo son las organizaciones sindicales, algunas de ellas hoy en día han bajado la santamaría, con muy pocas excepciones. Superar el sindicalismo conservador y conciliador es una tarea urgente.



¡Por la recuperación y defensa de los derechos adquiridos!

¡Por un pliego de exigencias de la base magisterial!

¡Por un verdadero y real aumento salarial mínimo con base al artículo 91!

¡Por el rescate y fortalecimiento de las organizaciones sindicales!

¡Por un nuevo proyecto de Convención Colectiva consultado con la base magisterial!

¡Por condiciones óptimas e integrales para el regreso a clases!



Movimiento de Educadores Simón Rodríguez


viernes, 9 de julio de 2021

El chavismo destruye el salario en el sector educación


Los acuerdos del pasado miércoles 7 de julio de 2021, entre la representación de los Trabajadores de la Educación (docentes, administrativos y obreros) y el patrono, representado por el Ministro de Educación, Eduardo Piñate, debilitan aún más el concepto de salario, concebido como una conquista histórica de los trabajadores, e impone categorías de la tecnocracia neoliberal que ni siquiera están presentes en la normativa laboral vigente. Pero veamos primero lo acordado y si realmente hay logros o avances.

El patrón presentó en la mesa de negociación, y lamentablemente fue aprobado por la representación sindical, lo siguiente:
  • Fusión del Bono de Transporte (Cláusula 67 Prima de Transporte IICCUU) y el de Alimentación (Cláusula 58 Bono de Alimentación-Cesta Ticket- ICCUU) por un monto mensual de 46 millones de Bs para activos, jubilados y pensionados pagados a través de la plataforma patria. La coalición sindical había solicitado 0,75 Petro para docentes activos urbanos y 1,5 Petro para los de área geográfica fronteriza. Valor del Petro para el jueves 8/7/2021: Bs 182.877.504,00. No se precisa en el acuerdo suscrito fecha de pago.
Observación: Grave el haber fusionado una cláusula con incidencia salarial como la de transporte y una sin incidencia salarial como el bono de alimentación. Esta podría ser la razón por la que no se precisó en el acta, si tiene o no carácter remunerativo. Por tanto, pensamos que por su monto y definición, este beneficio es el mismo que comenzó a cancelarse en el mes de junio al sector salud y extendido al resto de la administración pública con un monto menor. En consecuencia, no se puede decir que fue un logro nuevo, pues ya se nos había adjudicado unilateralmente por el gobierno como “bono de transporte y alimentación”. La diferencia está en que este acuerdo va más allá al convertir dos cláusulas contractuales en una sola, pues se elimina el carácter salarial del bono de transporte, que afecta a los trabajadores activos al quedar fuera para los cálculos del bono vacacional y el bono fin de año, así como de las prestaciones sociales al terminar la relación laboral. Se debilita de esta forma aun más el concepto de salario integral y se avanza en la destrucción del salario en la administración pública.

  • Se acordó una Prima de Trabajadores de la Educación, activos y jubilados por Ayuda Asistencial y del Hogar, de un 40% sobre el "ingreso integral" (salario mínimo más cesta tiques, equivalente en estos momentos a 10.000.000 de Bs.) Actualmente dicha prima sería de 4.000.000 de Bs.

Observación: El acuerdo no dice si tiene carácter remunerativo ni fecha de pago. Se modifican y fusionan las cláusulas 56 de la IICCUU (Contribución Asistencial al Jubilado) con la cláusula 72 Prima por Gastos del Hogar (prima ésta última que no percibían los docentes y siendo de carácter salarial). La parte sindical solicitaba por el Bono Contribución Asistencial al Jubilado y Pensionado, 2 Petros y por la Prima de Gastos del Hogar, 1 Petro.

  • Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros. Pago mensual de un bono (sin incidencia salarial) del 80% del sueldo base, más la prima de antigüedad y la prima de profesionalización.

Observación: En la IICCUU el monto era de un 40% sobre el sueldo y la asignación base e igualmente no tenía carácter salarial. Se mejora la base de cálculo al incorporar la prima de antigüedad y la prima de profesionalización. Sin embargo, su monto será desigual, pues los porcentajes de la prima de antigüedad para activos son diferentes (no así en los jubilados que es de 60%) y por otro lado, no todos los trabajadores tienen prima de posgrado o profesionalización. Es un error haber permitido esta desigualdad, pues debió mantenerse su razón de ser universal. No se precisa fecha de pago.

  • La representación sindical solicitó un Bono Único pagadero una sola vez por los 18 meses que estuvo solapado el sueldo base de los docentes, sin mencionar monto alguno. Finalmente los  sectores administrativo y obrero solicitaron revisión y actualización de la cláusula 71 Prima Compensatoria. Están pendientes revisión de las cláusulas 38, 39 y 59 relacionadas con los seguros funerarios, HCM y Tabulador Salarial.

Como dijimos al principio, se incorporan en estos acuerdos conceptos como el de “ingreso mínimo integral” que no está contemplado en la Constitución ni en la Ley del Trabajo. El artículo 104 de la LOT es muy claro e inequívoco en la definición del salario. Por otro lado, aceptar la fusión de cláusulas sin incidencia salarial con aquellas que si la tienen, afectará negativamente los pasivos laborales de los trabajadores activos y cuando cese la relación laboral o sea jubilado el trabajador cobrará pírricas y simbólicas cantidades que no servirán para nada.

Lo que han suscrito las partes no es más que la bonificación del salario, práctica que caracterizó a los gobiernos anteriores (Lusinchi y Caldera II), que llevó a varias centrales obreras, abogados laborales como Fabián Chacón e incluso, a muchos de los actuales ministros como el actual de Educación Eduardo Piñate, a solicitar ante la extinta Corte Suprema de Justicia que se salarizaran los bonos, (cuestión que se logró con la movilización de los trabajadores en ese entonces), pero que ahora el régimen chavista los vende como algo "revolucionario" cuando en realidad no es más que parte de la política de flexibilización laboral que ha caracterizado al chavismo en el poder, y con la cual los trabajadores pierden beneficios, derechos y conquistas. Hoy siendo gobierno, hacen lo que cuestionaban en tiempos del bipartidismo.

El pago del Bono de transporte y de alimentación a través de la plataforma patria, es excluyente porque estaría dejando por fuera a muchos trabajadores de la educación y sobrevivientes que actualmente no se les cancela el Bono Simón Rodríguez ni otros bonos, como sucede con educadores dependientes de algunas gobernaciones y alcaldías. Por tanto este beneficio, de no corregirse esta exclusión, perdería su carácter universal y como tal sería una inaceptable discriminación.

La fusión de cláusulas, perdiendo algunas de ellas su condición salarial, así como la posible exclusión de trabajadores en el goce de algunos beneficios como se ha indicado arriba, y la privación del carácter universal beneficios, son acciones violatorias de principios como la justicia social, la solidaridad, la irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que son nulos los acuerdos que impliquen renuncia y menoscabo de esos derechos. Según los artículos 18 y 19 de la LOT podrán hacerse transacciones que mejoren y superen las cláusulas previas, pero no desmejorarse.


Creemos que estos cambios no deben evaluarse por los montos en Bs obtenidos, hay que ver si hacia el futuro afectan a los trabajadores, los activos cuando dejen de percibir montos importantes por efecto de la liquidación del carácter salarial de algunas de las cláusulas que hoy están siendo modificadas para mal y no para bien. Es muy claro el Artículo 434 de la LOT cuando expresa que” la progresividad de los beneficios de la convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.”… Y si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas, por otras distintas que consagren beneficios superiores (si fuere el caso), es “condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la convención, con claridad, cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas (…) debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación.”.
Y este precepto no fue observado en los acuerdos. Creemos que aún hay tiempo de enmendar estos “errores” y evitar se materialice una flagrante violación a normas de orden público y se continúe destruyendo el concepto salario de los trabajadores venezolanos.


Pedro García

Presidente de la Asociación de Educadores Jubilados, Pensionados Unidos de la Región Capital.- ASOCEJUPRC-

Julio de 2021

sábado, 3 de julio de 2021

A organizar la lucha magisterial

El pasado 10 de abril de 2018 fue suscrita la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación (Docentes, Administrativos y Obreros). Su vencimiento se produjo el 10 de abril de 2020, por lo que ya se han cumplido 14 meses de su prescripción sin que la parte sindical presentara durante este tiempo, una nueva propuesta de Convención Colectiva.

En este lapso, el patrono-estado, con la excusa de la pandemia y el otorgamiento unilateral de varios ajustes de sueldos y bonos vía plataforma patria, desconoció y desaplicó la cláusula salarial N° 59 de la IICCUU, despojando a los trabajadores de todos los aumentos de sueldos previstos en la misma y cuyo monto porcentual sin recurrencia asciende a 280%. 

Además, liquidó la seguridad social al eliminarse los seguros de HCM y servicios funerarios. Los montos de las primas y bonos fueron disminuidos en un 90% su valor nominal y producto de los reclamos, se ha recuperado el valor contractual solamente de algunos de ellos. Es tan así que todavía la contribución asistencial para el docente jubilado es de Bs 51.000.

Ahora bien, el artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé que, “La convención colectiva de trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de tres años (…). Las partes podrán, mediante Acta Convenio, prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no excederá de la mitad del período para la cual fue pactada. Basado en ello y a pesar de las consecuencias negativas que tiene para los trabajadores, al haberse extendido la vigencia de hecho por más de un año de la IICCUU, la representación sindical de las Federaciones del Magisterio consignan el pasado 12 de abril ante el Ministerio de Educación un Pliego de Peticiones, solicitando “prorrogar la duración y vigencia de la IICCUU mediante un Acta Convenio que mejore las condiciones económicas”. 

Como condición previa, piden al patrono que la revisión del salario se haga sobre la base del cumplimiento de la cláusula N° 59 de la IICCUU; es decir, sea cancelada la deuda del 280% antes mencionado. Igualmente se demanda la revisión y cumplimiento del parágrafo primero de la cláusula 62 de la ICCUU y la Cláusula 59 IICCUU por cuanto se debe adecuar o ajustar al tabulador del Magisterio cualquier aumento salarial que se haya producido ya que no dependemos del Estatuto del Funcionario Público.

Esto tiene que ver con el solapamiento de sueldos que se produjo desde enero 2020, cuando la ONAPRE ubicó el sueldo base de los profesionales de la docencia al mismo nivel de los sueldos de los TSU clasificados en el tabulador de la Administración Pública, desconociendo los títulos de pre y posgrado de los profesionales de la docencia, violando los artículos 21 constitucional, 21 y 24 de la LOT. Las peticiones concretas fueron estas:

Cláusula salarial 59 IICCUU

✔ Salario básico anclado al Petro fluctuante en 60 $ (1 Petro= 104.000.000 bs al 12 de abril)

✔ Incrementos de activos se aplicarán a los jubilados

✔ Se define que la Pensión Mensual del Jubilado es todo lo percibido por éstos para el momento que eran activos. Y pese a que no lo solicitan expresamente, este es el argumento para que se reconozca el pago de las 4 semanas de ajuste que se despojó a los jubilados una vez egresados como activos, pues este concepto encaja en este supuesto.

✔ Revisión bimensual del salario y demás reivindicaciones. El sueldo base propuesto quedaría así:

 

Categoría

Petros 40/H

I

2

II

2,1

III

2,247

IV

2,449

V

2,718

VI

3,099

Prof. N. D

2

TSU

1,5

TSU No Doc.

1,5

Bach Doc.

1

Bach No Doc.

1

Coord. / LT

2

Prof. Amb. .Prof.

2,33

Jefe Lab

2,39

Jefe espec

2,6

 



Cláusula 38 Seguro HCM

✔ Cobertura por patología 100 Petros fluctuantes. Extensiva a cónyuges, madre, padre del trabajador sin límite de edad, hijos hasta 18 años o 21 si estudian en Universidad y sin límite de edad para discapacitados. Maternidad solo para titular y cónyuge.

Cláusula 39 Servicios funerarios

✔ 60 Petros fluctuantes al titular, extensivo al cónyuge, madre y padre sin límite de edad.

✔ Hijos sin límite de edad.

Cláusula 56 Contribución asistencial para el jubilado

✔ 2 Petros fluctuantes.

Cláusula 72 Prima por gastos de hogar

✔ Incorporar a los docentes a este beneficio que no tenemos actualmente, en igualdad de condiciones y sin discriminación por un valor de 1 Petro fluctuante.

Cláusula 67 Prima de transporte

✔ 0,75 Petros fluctuantes para activos. No se menciona a los jubilados y con base a que tienen los mismos beneficios de los activos, deben ser incorporados al goce de este beneficio.

✔ En los estados fronterizos (Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Táchira, Bolívar, Falcón, Zulia y Nueva Esparta) será de 1,5 Petros fluctuantes.

Bono de protección alimentaria (cesta ticket)

✔ Para activos de 2 Petros fluctuantes. Docentes con menos de 33,33 horas será pagado proporcionalmente a su jornada laboral.

✔ Este y todos los beneficios pagados en Bs soberanos y abonados en la cuenta nómina

Luego El 12 de mayo, las 9 federaciones se reunieron con el nuevo ministro Eduardo Piñate y solicitaron la adecuación inmediata del tabulador docente dentro de los parámetros de los profesionales de la administración pública.

En Acta de reunión del 16 de junio, las 9 organizaciones sindicales del magisterio vuelven a consignar una propuesta solicitando la revisión de las cláusulas:

✔ 59 tabulador salario básico

✔ 38 HCM

✔ 39 servicios funerarios

✔ 56 contribución asistencial para jubilados

✔ 72 prima gastos de Hogar

✔ 67 prima de transporte y bono de protección alimentaria

✔ 71 prima compensatoria obreros y administrativos

En el acta no queda constancia si son los mismos contenidos de las presentadas el 12 de abril o si fueron modificados los mismos. Ello ha debido ser aclarado.

En Acta de reunión del 21 de junio, el MPPE “somete a consideración la cláusula 59 y adecuación al tabulador del salario básico con su intercategoría (esto último presentado por las federaciones) para presentarla ante los órganos competentes para su estudio y consideración.”

Las federaciones expresan que tal adecuación “servirá de base para la negociación del documento presentado y consignado en fecha 15 de abril de 2021 ante el MPPE” y expresan su aceptación de la propuesta N°1. (Ver acta). Suponemos que el documento al que hace referencia la representación sindical es el mismo presentado el 12 de abril.

Y en acta del 30 de junio, el MPPE presentó nuevamente la adecuación de la cláusula 59. Las partes ratifican la aprobación de la adecuación de acuerdo a la tabla anexa en el acta, en concordancia con la cláusula 62, parágrafo primero de la ICCUU.

En la misma el patrono presenta su propuesta de todas las cláusulas sometidas a revisión para estudio y consideración de la parte sindical, quien las recibe formalmente.

Fue fijada la próxima reunión para el 7 de julio a las 2 PM.

Visto este apretado resumen que aclara este proceso de negociaciones, es necesario decir que los trabajadores tienen derecho legal y sindical a conocer el contenido de las propuestas y contrapropuestas sometidas en la mesa de negociaciones. Las organizaciones sindicales están obligadas por sus estatutos y por la Ley del Trabajo a consultar y dar a conocer a la base de los trabajadores todo el contenido de lo allí discutido, pues esa es la esencia de la democracia sindical. Basta de secretos, se debe informar al magisterio lo que ofrece el patrón.

Y finalmente, estamos convencidos que la discusión en frío, sin movilización ni presión de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales de base, favorece al patrono y debilita la lucha magisterial por mejores condiciones laborales y por un salario que cubra las necesidades de los docentes y sus familias. Es por ello que hacemos un llamado a la base del magisterio a organizar asambleas de educadores para acordar algunas acciones de presión con la autonomía a la que tenemos derecho y así podamos expresar a viva voz cuáles son las exigencias y puntos de honor en estas negociaciones.



Firma de Acta Convenio YA

La lucha nos dará lo que el patrono nos niega




Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

3 de julio de 2021

lunes, 22 de marzo de 2021

La plataforma patria: caballo de Troya contra los derechos laborales

Lo que no pudo el neoliberalismo de la década de los 90, está a punto de coronarlo el gobierno “obrero” de Nicolás Maduro, de terminar de imponer la cancelación de los sueldos, salarios y pensiones del aparato estatal a través de la plataforma “patria”. Sin duda alguna, se convertiría en el mayor logro anti-laboral de la historia reciente.

Lo que se inició con el carnet de la “patria”, devino en una plataforma tecnológica, que en sus inicios fue diseñada para canalizar beneficios sociales en forma de “bonos” hacia la base de apoyo de social del régimen. Con el tiempo, ampliaron su universo y la han convertido en el instrumento tecnológico por excelencia de la política de subsidios económicos dirigidos hacia buena parte de la población venezolana. Esta plataforma no es más que la expresión de la tecnocracia neoliberal que caracteriza al régimen chavista y que heredó de los gobiernos anteriores, destacándose el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuyos tecnócratas eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales usando subterfugios técnicos y "modernos".

Como suele suceder con todas las políticas económicas y sociales que implementa el gobierno, la plataforma “patria” tiene un alcance multipropósito. Se apropian de una tecnología exitosa en el mundo de las finanzas para darle un uso político. En principio buscan un mayor y amplio control social de la población a través de dádivas disimuladas de “beneficios sociales”. Convierten a buena parte de los venezolanos en dependientes chantajeados de estos “beneficios”, que para muchos, son el único ingreso percibido.

Pero al avanzar con esta plataforma hacia el mundo laboral, la cosa adquiere una connotación económica macro-estratégica. Junto al paquetazo de la reconversión monetaria de 2018, a través del cual borraron de un plumazo las contrataciones colectivas y muchos derechos laborales en ellas contenidos, la plataforma “patria” vendría a ser la sepulturera oficial de la destrucción del valor salario, del valor trabajo, de las pensiones, la seguridad social, las prestaciones sociales y las convenciones colectivas. Con este mecanismo se pretende bonificar prácticamente todo el salario. Ya se inició este experimento con la cancelación de buena parte de los ingresos a los empleados públicos, con bonos que reciben diferentes denominaciones dependiendo del ente público, a saber: Bono máxima eficiencia (Sector servicios y funcionarios), bono protectores de salud (sector salud), bono Simón Rodríguez (sector educación), bono Negro Primero (sector Fuerzas Armadas).

Es claro el doble discurso de quienes usurpan el poder en Venezuela. Estos "próceres", son los mismos que cuestionaban en tiempos de Lusinchi y Caldera II la bonificación del salario. Hoy hacen lo que cuestionaban entonces.

La plataforma "patria" es un mecanismo que facilita la aplicación del neoliberalismo, pues con ella se refuerza el abaratamiento de los pasivos laborales, ya que los bonos no entrarían en los cálculos para los aumentos salariales, en el cálculo de las prestaciones sociales ni el resto de los beneficios económicos remunerativos. En otras palabras, con esta plataforma se profundiza la política de precarización y desregulación de las relaciones laborales al llevar más allá la ofensiva del capital en contra del trabajo. Un ejemplo de esto que afirmamos es la anticonstitucional Ley Antibloqueo, que enmascara esta ofensiva anti-laboral. Con ello, desaparecen también la libertad sindical y el resto de los convenios internacionales laborales suscritos por Venezuela ante la OIT. Es de destacar que el gobierno de Maduro tiene una denuncia ante el Consejo de Administración de la OIT precisamente por mantener de manera constante el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo; en concreto la violación al Convenio 95 sobre la libertad sindical y el Convenio 144 sobre la consulta tripartita.

De tal manera que, la plataforma “patria” se convirtió en una política que refuerza el control social de la población y de todo espacio que implique un cuestionamiento a las políticas gubernamentales, como es el caso del desconocimiento de la autonomía de las universidades. Es un asunto que violenta toda la institucionalidad laboral del país y echa por tierra todas las conquistas y luchas del movimiento obrero y sindical venezolano.

Frente a este gravísimo retroceso y ofensiva anti-laboral, se impone la emergencia del movimiento de todos los trabajadores, organizados en sindicatos o no, de las centrales sindicales, de los partidos políticos democráticos, de los gremios, universidades y en general de toda la sociedad venezolana en función de cerrar filas en defensa de los derechos laborales que no sólo pertenecen a los trabajadores sino a toda la nación. Asimismo, es necesario que este movimiento se pronuncie contra el pago de la deuda externa por parte del ejecutivo, para que estos recursos vayan dirigidos a la reactivación del aparato productivo y a un aumento salarial de acuerdo a lo establecido en el arículo 91 de la constitución.

Se impone de igual manera organizar el encuentro de todo el movimiento sindical organizado, en especial el de los empleados públicos, para articular un plan de acción y una plataforma de luchas para defender los derechos laborales que están en peligro de desaparecer definitivamente.

La unidad y no la atomización de la lucha es lo correcto en estos momentos. Ninguna organización sindical por separado puede sola.

¡Por la defensa de todas las conquistas laborales!

¡No al pago de la deuda externa!

¡No más salarios de hambre!

¡Unir todas las luchas en una sola lucha!

Movimiento de educadores “Simón Rodríguez” 
@EducadoresMESR