El chavismo destruye el salario en el sector educación

Los acuerdos del pasado miércoles 7 de julio de 2021, entre la representación de los Trabajadores de la Educación (docentes, administrativos y obreros) y el patrono, representado por el Ministro de Educación, Eduardo Piñate, debilitan aún más el concepto de salario, concebido como una conquista histórica de los trabajadores, e impone categorías de la tecnocracia neoliberal que ni siquiera están presentes en la normativa laboral vigente. Pero veamos primero lo acordado y si realmente hay logros o avances.

El patrón presentó en la mesa de negociación, y lamentablemente fue aprobado por la representación sindical, lo siguiente:

• Fusión del Bono de Transporte (Cláusula 67 Prima de Transporte IICCUU) y el de Alimentación (Cláusula 58 Bono de Alimentación-Cesta Ticket- ICCUU) por un monto mensual de 46 millones de Bs para activos, jubilados y pensionados pagados a través de la plataforma patria. La coalición sindical había solicitado 0,75 Petro para docentes activos urbanos y 1,5 Petro para los de área geográfica fronteriza. Valor del Petro para el jueves 8/7/2021: Bs 182.877.504,00. No se precisa en el acuerdo suscrito fecha de pago.

Observación: Grave el haber fusionado una cláusula con incidencia salarial como la de transporte y una sin incidencia salarial como el bono de alimentación. Esta podría ser la razón por la que no se precisó en el acta, si tiene o no carácter remunerativo. Por tanto, pensamos que por su monto y definición, este beneficio es el mismo que comenzó a cancelarse en el mes de junio al sector salud y extendido al resto de la administración pública con un monto menor. En consecuencia, no se puede decir que fue un logro nuevo, pues ya se nos había adjudicado unilateralmente por el gobierno como “bono de transporte y alimentación”. La diferencia está en que este acuerdo va más allá al convertir dos cláusulas contractuales en una sola, pues se elimina el carácter salarial del bono de transporte, que afecta a los trabajadores activos al quedar fuera para los cálculos del bono vacacional y el bono fin de año, así como de las prestaciones sociales al terminar la relación laboral. Se debilita de esta forma aun más el concepto de salario integral y se avanza en la destrucción del salario en la administración pública.

• Se acordó una Prima de Trabajadores de la Educación, activos y jubilados por Ayuda Asistencial y del Hogar, de un 40% sobre el "ingreso integral" (salario mínimo más cesta tiques, equivalente en estos momentos a 10.000.000 de Bs.) Actualmente dicha prima sería de 4.000.000 de Bs.

Observación: El acuerdo no dice si tiene carácter remunerativo ni fecha de pago. Se modifican y fusionan las cláusulas 56 de la IICCUU (Contribución Asistencial al Jubilado) con la cláusula 72 Prima por Gastos del Hogar (prima ésta última que no percibían los docentes y siendo de carácter salarial). La parte sindical solicitaba por el Bono Contribución Asistencial al Jubilado y Pensionado, 2 Petros y por la Prima de Gastos del Hogar, 1 Petro.

• Complemento Especial de Protección y Estabilidad Económica para todos los trabajadores activos, jubilados, administrativos y obreros. Pago mensual de un bono (sin incidencia salarial) del 80% del sueldo base, más la prima de antigüedad y la prima de profesionalización.

Observación: En la IICCUU el monto era de un 40% sobre el sueldo y la asignación base e igualmente no tenía carácter salarial. Se mejora la base de cálculo al incorporar la prima de antigüedad y la prima de profesionalización. Sin embargo, su monto será desigual, pues los porcentajes de la prima de antigüedad para activos son diferentes (no así en los jubilados que es de 60%) y por otro lado, no todos los trabajadores tienen prima de posgrado o profesionalización. Es un error haber permitido esta desigualdad, pues debió mantenerse su razón de ser universal. No se precisa fecha de pago.

• La representación sindical solicitó un Bono Único pagadero una sola vez por los 18 meses que estuvo solapado el sueldo base de los docentes, sin mencionar monto alguno. Finalmente los  sectores administrativo y obrero solicitaron revisión y actualización de la cláusula 71 Prima Compensatoria. Están pendientes revisión de las cláusulas 38, 39 y 59 relacionadas con los seguros funerarios, HCM y Tabulador Salarial.

Como dijimos al principio, se incorporan en estos acuerdos conceptos como el de “ingreso mínimo integral” que no está contemplado en la Constitución ni en la Ley del Trabajo. El artículo 104 de la LOT es muy claro e inequívoco en la definición del salario. Por otro lado, aceptar la fusión de cláusulas sin incidencia salarial con aquellas que si la tienen, afectará negativamente los pasivos laborales de los trabajadores activos y cuando cese la relación laboral o sea jubilado el trabajador cobrará pírricas y simbólicas cantidades que no servirán para nada.

Lo que han suscrito las partes no es más que la bonificación del salario, práctica que caracterizó a los gobiernos anteriores (Lusinchi y Caldera II), que llevó a varias centrales obreras, abogados laborales como Fabián Chacón e incluso, a muchos de los actuales ministros como el actual de Educación Eduardo Piñate, a solicitar ante la extinta Corte Suprema de Justicia que se salarizaran los bonos, (cuestión que se logró con la movilización de los trabajadores en ese entonces), pero que ahora el régimen chavista los vende como algo "revolucionario" cuando en realidad no es más que parte de la política de flexibilización laboral que ha caracterizado al chavismo en el poder, y con la cual los trabajadores pierden beneficios, derechos y conquistas. Hoy siendo gobierno, hacen lo que cuestionaban en tiempos del bipartidismo.

El pago del Bono de transporte y de alimentación a través de la plataforma patria, es excluyente porque estaría dejando por fuera a muchos trabajadores de la educación y sobrevivientes que actualmente no se les cancela el Bono Simón Rodríguez ni otros bonos, como sucede con educadores dependientes de algunas gobernaciones y alcaldías. Por tanto este beneficio, de no corregirse esta exclusión, perdería su carácter universal y como tal sería una inaceptable discriminación.

La fusión de cláusulas, perdiendo algunas de ellas su condición salarial, así como la posible exclusión de trabajadores en el goce de algunos beneficios como se ha indicado arriba, y la privación del carácter universal beneficios, son acciones violatorias de principios como la justicia social, la solidaridad, la irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que son nulos los acuerdos que impliquen renuncia y menoscabo de esos derechos. Según los artículos 18 y 19 de la LOT podrán hacerse transacciones que mejoren y superen las cláusulas previas, pero no desmejorarse.

Creemos que estos cambios no deben evaluarse por los montos en Bs obtenidos, hay que ver si hacia el futuro afectan a los trabajadores, los activos cuando dejen de percibir montos importantes por efecto de la liquidación del carácter salarial de algunas de las cláusulas que hoy están siendo modificadas para mal y no para bien. Es muy claro el Artículo 434 de la LOT cuando expresa que” la progresividad de los beneficios de la convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.”… Y si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas, por otras distintas que consagren beneficios superiores (si fuere el caso), es “condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la convención, con claridad, cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas (…) debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación.”.

Y este precepto no fue observado en los acuerdos. Creemos que aún hay tiempo de enmendar estos “errores” y evitar se materialice una flagrante violación a normas de orden público y se continúe destruyendo el concepto salario de los trabajadores venezolanos.

Pedro García

Presidente de la Asociación de Educadores Jubilados, Pensionados Unidos de la Región Capital.- ASOCEJUPRC-

Julio de 2021

La culminación del año escolar 2018-2019 muestra la violación de la educación como derecho humano

La Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) en el mes de junio del año 2018, a un mes y medio de finalización del proceso escolar 2017-2018; alertó que los indicadores que proyectaba ya la crisis económica y social producida por las diversas medidas económicas implementadas por el gobierno nacional de Maduro estaban ocasionando un desplome de la educación como derecho humano. 

Este desplome se evidencia en lo siguiente:

·         Acentuación de la exclusión escolar

·         La crisis alimentaria escolar

·         La caída del poder adquisitivo del docente.

·         La desvalorización del trabajo docente.

·         La mengua en la seguridad social de los docentes.

·         El desvanecimiento de los servicios de bienestar social estudiantil

·         El incremento de la migración de los profesionales de la docencia.

·         Empeoramiento de la infraestructura escolar,

Estos aspectos afectaron el inicio de actividades del período académico 2018-2019 que al no ser atendidos correctamente agudizó todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta llegar a su finalización con una caracterización de catástrofe educativa. La dictadura intentó ocultar esta catástrofe con propaganda, usando fraseología revolucionaria y de logros que no tienen base en la realidad.

  

La educación se ha convertido en uno de los sectores donde más se expresa el deterioro de la vida de los venezolanos y donde se expresa con mayor claridad la pobreza que vivimos docentes y estudiantes. Solo basta examinar tres indicadores sociales: el crecimiento de la exclusión escolar, la desvalorización del salario y la migración de docentes y estudiantes buscando condiciones básicas para vivir.

En este informe puntualizaremos seis  problemas que determinan lo fallido de este proceso escolar y que al no ser atendidos con un cambio y transformación profunda del país hacia su reconstrucción, el derecho a la  educación seguirá negado y en precarias condiciones de realización pues el estado hoy usurpado dio la espalda a sus responsabilidades constitucionales como Estado Docente.

                                                               

Debilidad del proceso pedagógico:

La alarma se ha encendido en materia pedagógica toda vez que no se han cumplido de manera suficiente y satisfactoria según  los resultados que hoy muestra el fin de este año escolar en los siguientes aspectos:

Exclusión escolar: 

Para este punto se tomaron en cuenta los registros administrativos de los planteles sobre el ingreso y egreso de estudiantes  2018-2019 (tomando en cuenta que el mes de enero se cerró el ingreso escolar) y también los diversos estudios de investigadores especialistas en estadística de realidades.  

Ya la UDSE en su informe presentado el 28 de julio 2018 apoyado en los estudios realizados por Memoria Educativa Venezolana y consultas realizadas directamente a grupos de docentes activos, sustentábamos que los procesos escolares 2016-2017 y 2017-2018 fueron los períodos donde se empezó a concentrar las tendencias que ya la exclusión escolar se estaba convirtiendo en un asunto estructural. Entrando al año escolar 2018-2019 el Estado y su régimen político no fueron capaces para resolver este grave problema, por el contrario sólo desarrollaron algunas políticas públicas de corte populista que no resolvió en absoluto el problema de fondo; es más, se acrecentó hasta el punto que Memoria Educativa Venezolana lo caracteriza como los años escolares de mayor exclusión en comparación con el proceso escolar de 1958 que estaba establecida la dictadura de Pérez Jiménez.  Entre estos períodos escolares dejaron de estudiar unos 500.000 estudiantes del subsistema de educación básica integrado por los niveles de educación inicial, primaria y media.

A esto se le agrega el comportamiento de los indicadores de este año escolar 2018-2019 que al revisar el comportamiento matricular de los planteles encontramos datos alarmantes precisamente por su  significado de la permanencia del estudiante en el sistema como derecho a la educación gratuita y obligatoria.

Estudios de casos realizados en el mes de julio 2019 reflejan cómo en el Estado Sucre se presenta en uno de los casos una  mengua con un 39% de exclusión escolar . En el Estado Vargas  encontramos índices que oscilan entre 30 a 35% de disminución de la matrícula escolar. En el Estado Apure 30% en el caso de planteles ubicados en San Fernando. En el caso del Estado Zulia la situación es aún más grave por el colapso de los servicios públicos y su impacto en el sistema educativo venezolano. Casos como en el Municipio Catatumbo del Zulia se encuentran planteles que su matrícula bajó tanto que de 59 secciones bajaron a 25, es decir, la cobertura en estos casos alcanzó apenas 42%. En el Distrito Capital estudios de casos nos reflejan que hay una pérdida de estudiantes que de 36 inscritos por sección finalizaron de 27 a 30 estudiantes. Pero en el Estado Táchira se estima según FUNDAREDES que la exclusión superó el 50%.

¿Qué está pasando en los planteles?, ¿dónde están estos estudiantes? La respuesta es que el sistema los está excluyendo por las siguientes razones: pobreza, pulverización del salario familiar, falta de alimentación, transporte, falta de uniforme, violencia, inseguridad y migración, aspectos que fueron expuestos, y alertados, por la UDSE en diciembre 2018 y  que en este año escolar 2018-2019 se agudizaron.

El crecimiento de los índices de exclusión escolar se elevó a niveles históricamente nunca vistos en Venezuela.

Días hábiles trabajados: 

Ningún plantel público pudo cumplir con el 100% de días hábiles de actividad escolar. Se nos presentan casos críticos como planteles del Estado Monagas con 55% de días trabajados, el Estado Sucre 70%, Distrito Capital con 73%, Zulia con 53%.

Caso representativo fue la cantidad de estudiantes de quinto año que para la semana del 15 de junio en Caracas tomaron las calles celebrando la culminación del año académico, cuando según el calendario escolar oficial estaba previsto la culminación para el 12 de julio del 2019. Hubo un adelanto de finalización de actividades de casi un mes. Planificación de la Zona Educativa de manera despectiva llegó a los liceos informando que las actividades debían convertirse en una gran fiesta de triunfo de finalización de año escolar, por supuesto esto obedecía a un plan para ocultar las reacciones sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también para esconder la realidad de la finalización escolar.

Proyectos pedagógicos y contenidos desarrollados: 

Si bien la asistencia escolar y los días trabajados muestran que evidentemente no se efectuó la calidad del desarrollo pedagógico, podemos complementarlo con el cumplimiento de la actividad académica en las aulas. Estudios de casos señalan lo dramático de la situación pedagógica: planteles del Estado Monagas que solo desarrollaron el 40% de los proyectos pedagógicos. Caso de planteles de Amazonas con un alcance sólo de 70%. Caso del Distrito Capital con un 68% de proyectos pedagógicos desarrollado. El Estado Lara con un 69%.

Las razones expresadas  para que el desarrollo pedagógico no se haya cumplido se señalan entre otros: la falta de servicio eléctrico, agua, transporte y alimentos, así como la suspensión excesiva de actividades para movilizar estudiantes a actividades partidistas del PSUV o actividades proselitistas en las instituciones. Nos han llegado denuncias que el “acompañamiento” de los Congresos Pedagógicos son actos político partidistas y en los cuales se ven los emblemas del PSUV.

Un elemento que aparece reiteradamente es la desfiguración del proceso de evaluación, donde se obliga a los educadores a aprobar al estudiante así no haya alcanzado las competencias. Se amenaza a los docentes y se les obliga a repetir excesivamente las evaluaciones.

Mención aparte merecen las instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de educación especial, donde dejar de atenderlos es restarle oportunidades y limitar su desarrollo.

La educación del país está signada por el atraso y la mediocridad.

Planteles utilizados por grupos militares o paramilitares:

La información recibida a través del monitoreo realizado encontramos dos formas de expresión de esta situación en las instituciones educativas.

A)   Planteles que tienen presencia de grupos irregulares. En este caso encontramos planteles ubicados cerca de la frontera con Colombia, especialmente en Amazonas y Bolívar, donde incluso estos grupos reparan planteles y reclutan jóvenes para el desarrollo de estas actividades. Así como también en el Estado Guárico, donde se habla de presencia militar en la  zona de Chaguaramas. Esto ratifica lo señalado por FUNDAREDES que afirma: “En los Estado Apure, Guárico, Anzoátegui, Zulia, Carabobo, Aragua y Monagas se continúa haciendo uso de espacios públicos y privados (fincas)  donde se llevan a cabo reuniones y encuentros estratégicos, que finalmente conllevan a actuaciones irregulares por parte de grupos armados como ELN, EPL, FBL, disidencias de las FARC entre otros. Dirigentes sindicales, así como padres y representantes denuncian la presencia de grupos irregulares  en los Municipios Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta y Bolívar del Estado Táchira. Así como también  en la zona del Alto Apure en la zona del Nula. En el caso del Estado Bolívar y de los Municipios Atures, Rio Negro y Maroa se manifiesta presencia de la FARC y el ELN. En Atabapo y Rio Negro Municipio frontera con Bolívar  existe grupo mineros  llamados garimpeiros que unido a la movilización interna buscan mano de obra  para las minas del oro donde participan adolescentes que dejan sus estudios e incluso maestros. Según los educadores en esta zona no llega  energía eléctrica, la vía es fluvial y aérea por lo que las escuelas están desasistidas, sin supervisión, sin programas de asistencia. Los docentes  por vocación trabajan en esta zona, pero tienen que trasladarse a Puerto Ayacucho ya que sólo allí está el banco. Es decir, la zona está a disposición de cualquiera que ofrezca ayuda para la supervivencia y no es el Estado.

B)   Planteles donde se realizan prácticas militares especialmente del  grupo de milicianos. A pesar que en los planteles educativos no pueden desarrollar acciones educativas bajo el modelaje militar, los estados donde más se aplican estos ejercicios militares han sido: Distrito Capital (parroquias 23 de enero y Caricuao), Estado Yaracuy (San Felipe y el Municipio Cocorote) y el  Estado Apure. La presencia de milicianos es rechazada en los planteles y es vista como un mecanismo de control y persecución.

Acrecentamiento de la migración de docentes:

De acuerdo a los indicadores esta situación pasa a ser un problema de emergencia política, sin embargo tenemos un Estado que se ha  situado al  margen de sus responsabilidades constitucionales. La migración en Venezuela es producto no de una decisión particular de un ciudadano, sino que es forzada por la catástrofe económica y social que se vive en el país y por ende, grandes grupos sociales buscan salir a otros territorios para resolver lo que acá se ha negado, como el salario, alimento, seguridad personal, entre otros derechos.

La UDSE en el mes de julio del 2018 finalizando el proceso escolar pasado, señaló en sus estudios realizados que uno de los graves problemas que iba afrontar el nuevo año escolar 2018-2019 era los 172.000 docentes que representaban un 20% del total que dejaban las aulas de clases para migrar a otras naciones. Pues de acuerdo a los estudios realizados este fenómeno social hoy ha empeorado.

Casos como planteles donde se iniciaron actividades con 84 docentes en nómina, finalizan este año escolar con 73, es decir, 11 docentes menos. Casos como escuelas con 45 docentes en nómina se finaliza el año con 30 docentes, es decir, 15 docentes menos. Pero lo más grave de esto es que de estos mismos planteles ya  hay un grupo de docentes entre 5 a 10 que expresaron en las entrevistas de casos que no regresan a las aulas de clases para el nuevo año escolar 2019-2020. Estamos hablando que este proceso escolar deja otro aumento de salida de docentes de los planteles que está sobre el 30% nacional. Podemos entonces señalar que en los dos últimos periodos escolares ya se lleva un 50% de profesionales de la docencia que han renunciado para irse de Venezuela, donde el mayor grupo ha migrado a Colombia, Perú, Chile, Ecuador.

El Estado y su régimen político han “querido resolver” esta grave situación implementando un Plan de Chamba Juvenil con unos cursos de formación que nada tiene que ver con la verdadera formación profesional, pedagógica y científica de lo que representa ser educador. Pero por otro lado, hay muchos casos que la propia comunidad se organizaron con los representantes y familiares para que los estudiantes finalizaran el año con los elementos muy básicos escolares.

Ahora el ministro de educación ha informado que se pretende realizar una transformación curricular, cuando de lo que se trata es atender de urgencia la emergencia humanitaria compleja que la crisis económica y social está dejando en la educación.

La desvalorización del salario de los trabajadores de la educación:

Las políticas económicas han llevado a una situación tan dramática a los trabajadores de la educación que ya hoy la pulverización del salario llegó a una situación de desaparición. Ya el salario no tiene el valor para vivir con dignidad, para cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales del docente y de su familia. Las consecuencias han sido cargarle al sector de los educadores pobreza. Si llevamos el salario del docente al valor del dólar; podemos señalar que hay trabajadores de la educación que sólo obtienen 7 a 10 dólares mensual.

Otro aspecto es la destrucción general de la seguridad social, donde el indicador que caracteriza este aspecto es el monto de cobertura que el Estado le tiene al HCM del MPPE que es tan sólo 200 bolívares soberanos. Tal vez al leer esto se creerá que estamos en una broma, en un chiste, pero es la actual realidad.

La catástrofe económica ha llevado el salario de los trabajadores de la educación a la desaparición  por lo que ha disminuido el valor del trabajo profesional disminuye el valor de la formación de ciudadanía.

Se profundizó el acoso laboral y la persecución política en el sector de educadores: 

En todo el año escolar 2018-2019 en la medida que se iba profundizando los problemas sociales, en esa misma medida se iban acrecentando situaciones de acoso laboral a los maestros y profesores que se organizaron en asambleas sindicales, que participaron en actividades sindicales en defensa de la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación, que exigieron (y aun exigen) un salario acorde al artículo 91 de la Constitución, que demandaron funcionamiento del Servicio de Alimentación Escolar. Estos trabajadores elevaron su voz a las autoridades de las Zonas Educativas y Distritos Escolares para que les llegara a las escuelas el servicio de agua y otras el servicio eléctrico. Es decir, en defensa del derecho a la educación el patrono Estado ha profundizado una práctica política de acoso, de amedrentamiento a los trabajadores de la educación.

Es el caso del magisterio de los Estados Táchira, Lara y Barinas se aplicó una sentencia de los Tribunales Regionales bien manipulada, ya que situaron a los educadores como los responsables de violentar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y al derecho a un trabajo decente. Estas sentencias debieron ser aplicadas al Estado que es el que le corresponde velar por estos derechos humanos tal como está señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes venezolanas y en los acuerdos internacionales firmados con la UNESCO, la OIT y por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es el caso de diversos procedimientos administrativos a los docentes que se encontraban manifestando por sus derechos laborales; dicha práctica perversa hacia los trabajadores han dejado docentes destituidos de sus cargos y otros con suspensión de salario, situación ésta sucedida en los Estados Lara, Sucre, Distrito Capital, Miranda, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Táchira, Trujillo.

UNIDAD DEMOCRÁTICA DEL SECTOR EDUCATIVO

UDSE

                              

Informe de la @UDSE_: Se agudiza el desplome de la educación como derecho humano

Presentación

En el mes de junio 2018 la Unidad Democrática del sector Educativo (UDSE) presentó el Primer Informe denominado Alerta, se desploma la educación como derecho humano. Cerrábamos el año escolar 2017-2018 pronunciándonos sobre la grave situación que vivía la educación venezolana para el momento. Parte de este informe permitió que avanzáramos en profundizar las investigaciones que le sirvió a la Asamblea Nacional la consideración de la declaratoria de la emergencia humanitaria compleja de la educación, que luego se materializó en un acuerdo unánime el pasado 25 de septiembre del presente año.

Lejos de mejorar la situación educativa hemos llegado a una profunda agudización producto de que el país continúa en una crisis económica, social y política ascendente. Ha sido precisamente el siglo XXI el marcado en Venezuela por la mayor pobreza, desesperanza y angustia del pueblo venezolano. 

La crisis humanitaria por la que atraviesa el país ha agudizado las precarias condiciones de la educación venezolana. La situación de salud con niveles alarmantes de enfermedades previsibles como el paludismo, la difteria, el dengue, así como la exacerbación de las condiciones de insalubridad, la falta de insumos mínimos en los centros de salud; ha afectado aún más las condiciones de vida de los venezolanos. Además del colapso de todos los servicios públicos han ocasionado un impacto negativo en el acceso a la educación. Insistimos en sustentar que

… las crisis humanitarias complejas suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, generando conflictos y violencia, hasta el paulatino fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente. Por lo tanto, haciéndola acreedora de características como su prolongada duración en el tiempo y su afectación en todos los ámbitos de la vida humana (Organización de Naciones Unidas- ONU).

Frente a esto el régimen de Maduro no ha cumplido con la responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la educación de los venezolanos, en especial de niños, adolescente y jóvenes, donde el principio del Estado Docente ha quedado como letra muerta y es usado a discrecionalidad para fines partidistas y de control social. 

Hemos querido complementar el Primer Informe presentado en junio 2018 con este balance que expone la agudización de la educación como derecho humano, para esto hemos querido centrarnos en ocho problemas que expresan con claridad que si no hay cambio de rumbo político las perspectivas para el 2019 serán trágicas para la educación. 

Problemas que expresan claramente el derrumbamiento de la educación como derecho humano 

Se sigue acentuando la deserción y la exclusión escolar 

El inicio del año escolar 2018-2019 produjo un alto grado de dificultades, llegando la primera semana de clases a una asistencia promedio nacional del 25% en los niveles iniciales y primaria destacando que ha sido la más baja que se haya dado en la historia de los inicios de los procesos escolares. Progresivamente mejoró, sin embargo; los primeros meses hasta ahora se mantiene una asistencia promedio nacional del 60%, destacando que los estudios estadísticos escolares la asistencia promedio debería haber estado entre 98 a 100 %. Por lo que el principal problema que viene afectando a los estudiantes es el acceso a las instituciones debido al colapso de los servicios de transporte y la poca alimentación en los hogares. 

Casos que marcan el problema de la exclusión escolar: 

• No se pudo iniciar el año escolar en las 109 escuelas del Estado Amazonas y parte del Estado Bolívar afectadas por las lluvias que se dieron en los meses de agosto y septiembre. A comienzos del mes de octubre se comenzó con algunas actividades escolares, aunque se continúa con dificultades graves en las infraestructuras escolares. 

• La deserción escolar en el Estado Bolívar se estima que puede llegar al 50% en algunas zonas más vulnerables a causa de la pobreza que refleja el Estado. Cifra por demás preocupante que fue formulada por el representante de los Centros Comunitarios para el Aprendizaje (Cecodap) y psicólogo clínico Abel Sarabia, quien hizo una gira por esa entidad federal a objeto de verificar las condiciones de la infancia y la adolescencia en la zona. (Cecodap.2018) 

• Un nuevo problema amenaza la exclusión escolar como la presencia de grupos irregulares en zonas de Lara, Falcón y Trujillo. En el Estado Trujillo en el Eje Panamericano-La Ceiba, representantes del Colegio de Profesores de Venezuela han denunciado que las "bandas de delincuentes controlan la zona y hacen el mantenimiento de las escuelas, por lo que la comunidad siente algún agradecimiento. Esto le permite reclutar niños para incorporarlos a la banda delincuencial. Igual ocurre en el Municipio Valera. Los muchachos dejan de estudiar para trabajar en el mercado de verduras donde distribuyen no sólo alimentos sino drogas. 

• La Fundación Redes a través de su coordinador profesor Javier Tarazona presentó testimonios de lugareños que niños de los Estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas e incluso de otros no fronterizos como Barinas, Mérida y Falcón son reclutados por estas organizaciones delictivas. De la misma manera se destaca las denuncias sobre estos grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y el impacto que viene teniendo en la deserción escolar, llegando significativamente el 82 %: 

…con mayor énfasis en educación media, pues los estudiantes que cursan esta etapa de la escolaridad tienen las edades buscadas por estos grupos armados irregulares. El sondeo también arrojó que más de 75% de los niños y adolescentes que abandonaron las aulas en la frontera tienen vinculación directa o indirecta con organizaciones irregulares colombianas. (Fundares, 2018,007) 

• Los niños, adolescentes y jóvenes están dejando de estudiar por hambre, por falta de motivación y en búsqueda de ingresos económicos para la familia. 

Sobre esto último, compartimos un testimonio de una población del Táchira: la directora me mostró una loma que está a unos cuantos kilómetros de la escuela: 

“¿Ve aquel cerro? Pues de ahí viene todos los días el profesor Alexis. Camina hora y media para llegar y luego repite para volver a su casa. Cuando crece la quebrada no puede pasar. No es el único que camina más de una hora para llegar al trabajo, y me fue enumerando otros docentes que también llegan a pie porque simplemente el transporte público ha dejado de funcionar. Otra profesora debe tomar 3 buses diarios. Todo el sueldo se le va en esos traslados. Aun así, en esa escuela, no sé cómo le hacen, el ambiente es muy bueno, es escuela granja y la parte del campo da gusto. Uno se conmueve pero también piensa cuánto heroísmo más habrá que pedirle al personal para que los niños tengan educación.” (Pernalete, L, 2018). 

• Los datos presentados por la investigadora Anitza Freitez muestran que lejos de mejorar las condiciones de vida se agudizan afectando el derecho a la educación, "la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicó en 30%, es decir; 8 puntos porcentuales por encima de 2014, cuando se inició el estudio. Los principales factores que impiden la asistencia a clases son la falta de alimentos en los hogares o planteles, el colapso del sistema de transporte y las fallas en servicios públicos como el agua." (Revista SIC, Diciembre 2018)

El gobierno encubre la matrícula escolar real, ¿por qué?

• Contradicciones en la información suministrada por las autoridades ministeriales. De acuerdo con el jefe de la cartera de Educación, un total de 7.644.869 se incorporarían a la aulas a partir del 17 de septiembre (Agencia Venezolana de Noticias) con un incremento matricular de 16,37 % con respecto al período anterior. Sin embargo, el 2 de octubre en alocución nacional a propósito de las clases en secundaria, señalo que el incremento era de 7 %. Es necesario que se aclaren las cifras. No sabemos si es referido a este nivel y de dónde se estimó entonces el primer porcentaje señalado. 

• De lo que va de año escolar el MPPE no ha diseñado un plan especial para atender la baja asistencia escolar que se ha mantenido hasta ahora. A un lapso escolar finalizando se debería estar asistiendo el 100% de la matrícula escolar en todos los niveles del sistema educativo, pero eso no ha ocurrido. 

• Sobre la matrícula en los planteles privados, de acuerdo a las declaraciones de la autoridad ministerial se desprende que 1.202.600 estudiantes están en instituciones privadas, a pesar de la política de ahogamiento y fiscalización diseñada por el régimen. Si esto es así, cuánto fue la matrícula de los planteles oficiales, si partimos de la premisa que sustenta el MPPE que el incremento matricular se debe a la migración de estudiantes de los privados a los oficiales.

Aumenta las dificultades del Sistema de Alimentación Escolar 

En primer lugar, hay que resaltar que el inicio de año escolar 2018-2019 este derecho no se desarrolló en las primeras semanas del proceso escolar. La situación del Sistema de Alimentación Escolar es inaceptable. La ingesta prevista diariamente oscila entre 1.500 a 2.000 calorías diarias, sin embargo ningún plantel en el país ha recibido lo suficiente para que los escolares puedan cubrir las necesidades de alimentación. El 100% de los planteles que pertenecen al Sistema Boliviano de Alimentación Escolar no funciona con calidad ni en la cantidad prevista en ningún plantel a nivel nacional. 

La crisis alimentaria está lesionando el derecho a la alimentación de los niños y jóvenes. Al comienzo de este año escolar 2018-2019, en el mes de noviembre en todas las escuelas ubicadas en el Distrito Capital, el Servicio de Alimentación Escolar sólo ofreció crema de auyama para el almuerzo, desapareciendo en un 85% el desayuno y merienda escolar. En el resto del país solo sirvieron plátano sancochado con arroz y en algunas otras escuelas sólo granos. Se señala a la vez que este año escolar entre un 79% de escuelas dejaron de entregar el desayuno a los niños. Vale destacar que el año escolar 2016-2017 esta mengua se encontraba ya en un 69%, es decir; a como siga la crisis económica con sus medidas en pocos meses lo que queda del servicio en desayuno para nuestros niños en las escuelas estará desapareciendo. 

Presentamos algunos casos de planteles emblemáticos del país. 

En el caso del Distrito Capital 

• Liceo Caracas: Instituto de formación de talentos deportivos con una matrícula de 900 estudiantes, donde el servicio que reciben no cumple con los nutrientes que necesitan para mantener las prácticas de atletismo, natación, entre otras disciplinas deportivas. Cabe señalar, que el inicio de este año escolar sólo recibieron crema de auyama. 

• Unidad Educativa Gran Colombia: Resaltamos que este instituto educativo es uno de los principales Centros Pilotos del Proyecto Educativo y desde el año 2008 ha sido presentado a la Unesco como Modelo Educativo. Cabe también señalar que tienen todos los niveles educativos; incluyendo las Misiones. Esta institución ha rebajado los niveles de alimentación nutricional, hasta el punto que es casi nulo tener carne, pollo, pescado en las viandas. 

• Algunos planteles de Fe y Alegría: a pesar de la situación que viven, se producen iniciativas comunitarias dirigidas por las autoridades para mitigar el hambre del estudiantado. En la Escuela Pablo VI de la Cota 905 ubicada en la avenida Guzmán Blanco de la Parroquia El Paraíso, con un estudiantado de 840 alumnos según cifras aportadas por la directora, ésta expresa que por lo menos 30% del estudiantado tiene severas dificultades para alimentarse en casa. 

En el caso del Estado Apure 

• E.E.P.B. Alirio Goitia Araujo: Matrícula 971 estudiantes. Reparada en el 2009. En lo que se refiere a la cocina, no cuentan con una comida balaceada, se les da el desayuno en orejita sin queso, arepa con papa guisada en la mano. El almuerzo no se les provee de proteínas, se les suministra arroz con caraota, plátano o auyama sancochada y no es todos los días ya que lo que le dan alcanza para dos o tres días.

En el caso del Estado Guárico, Valle La Pascua

• Escuela Lazo Martí: Los 1.000 estudiantes reciben plátano sancochado o una rodaja de piña. Cuando mucho arroz. La proteína se perdió hace mucho tiempo.

En el caso del estado Monagas 

• Liceo Nacional José Miguel Sanz: Plantel patrimonio cultural con 1.283 estudiantes sin comedor, aunque se habilitó un reducido espacio de la cantina para convertirlo en cocina. Todos los implementos son donados y el reverbero es de un profesor en calidad de préstamo. La zona educativa no ha dotado de materiales y utensilios. Generalmente los estudiantes comen granos y una vez al mes proteína.

En el caso del Estado Trujillo

• Escuela Eloísa de Fonseca Con una matrícula de 650 estudiantes. Los alimentos que se suministran son escasos. En la mayoría de las ocasiones se les pide a los padres y representantes colaboración para comprar el gas cuando llega algo de verdura para cocinar. Las clases se desarrollan medio día debido a la falta de alimentos.

En el caso del Estado Mérida 

• El plantel José Atilio Mendoza: la situación es similar en todas las escuelas con programa de alimentación. Es una institución con 8 secciones, con capacidad para 200 niños, donde este año se inscribieron solo 138. Sólo están comiendo caraota con pasta o con arroz y se aliña con insumos que se le piden a los representantes, las porciones son pequeñas y no se corresponden con el gramaje que debería ingerir cada niño.

Son múltiples los casos de lo más de 4.000 planteles estimadas por el MPEE que deberían estar con un Sistema de Alimentación Escolar, sin embargo la política del Estado no ha permitido garantizar el derecho a la educación garantizando la alimentación de estos estudiantes. Esto ayudaría a resolver la situación de hambre que vive precisamente la población ubicada en las zonas más pobres del país porque en el hogar no tiene la capacidad adquisitiva para ello.

Descenso del Presupuesto Educativo

El profesor Luis Bravo Jáuregui, de Memoria Educativa, señala que 

“El Presupuesto Nacional 2018 contó con el monto de 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares. La educación recibió la asignación de 8 billones 128 mil 679 millones de bolívares para su completo funcionamiento y reimpulso. Con esta suma de dinero, el Gobierno bolivariano desembolsó el 22,5 por ciento del presupuesto presentado al sector académico del país”. (Bravo, 2018) 

La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, aunque no tiene competencia para ello, ha presentado un Presupuesto Nacional 2019 estimado en 424.939.016 Petros, en el cual el sector Educación, Ciencia y Tecnología tiene un peso de 13% en el mismo. Es decir, el gobierno reduce la inversión educativa en un 9%. 

Revisemos el cuadro 1 

Cuadro 1

En los últimos 15 años la administración pública ha mantenido un presupuesto reconducido anualmente ajustándose con créditos adicionales que los distintos ministerios actualizan para cumplir medianamente con las responsabilidades. Lo preocupante de la proyección presentada para 2019 es que se reduce aún más la participación del sector educación, evadiéndose de esta manera la responsabilidad del Estado de garantizar la educación. 

El cerco económico que en los últimos años ha sufrido las universidades públicas ha impedido su desarrollo, la investigación y la extensión son escasas, se profundiza la inequidad social por la falta de recursos asignados para becas y providencias estudiantiles, no hay crecimiento ni mantenimiento de la infraestructura, ni nuevas carreras mucho menos personal preparado para iniciar ofertas académicas adaptadas a las exigencias competitivas actuales, en otra palabras; hay un ahorcamiento de las universidades. 

García Arocha recordó, durante una entrevista a Globovisión el lunes 1º de noviembre, que del total de recursos que solicitan para la universidad solo les aprobaron el 30% y que, de ese presupuesto, el 80% se destina a pagar salarios. También precisó que solo 14% del presupuesto va dirigido a providencias estudiantiles, como comedores, transporte y becas. Aseguró que desde la Dirección de Mantenimiento de la UCV, adscrita al rectorado, se realizan esfuerzos para brindar calidad a la comunidad universitaria. 

CUADRO 2 

CUADRO COMPARATIVO COSTO POR ESTUDIANTES

Año 2017-2019

	2017-18	2018-19
Matricula Educación Básica	6.393.404	7.644.869
Matrícula Educación Universitaria	2.710.350	2.853.000
Total	9.103.754	10.497.869
Inversión del sector en el presupuesto	22 % (*)	13 % (**)

(*) http://www.correodelorinoco.gob.ve/a-la-educacion-publica-destinaran-222-del-presupuesto-de-2018/

(**)http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/10/23/presupuesto-del-ano-019-destinara-754-para-inversion-social/

La inversión en educación presenta una reducción de 9% en la estimación presupuestaria que no considera el impacto hiperinflacionario que está ocurriendo en el país, lo cual indica que estamos alejados de la realidad lo que causará mayores tropiezos para cubrir las necesidades educativas, no sólo en el pago del personal docente sino en bienestar estudiantil, infraestructura escolar, investigación para el desarrollo. 

La diáspora de docentes está acrecentando 

En el primer informe que presentamos en junio 2018 señalábamos que 172.000 educadores del nivel inicial, primaria y media han migrado a otros países buscando mejores salarios y condiciones de vida, esto representaba en ese momento el 20% de la totalidad de los docentes a nivel nacional. Sin embargo, estudios que hemos estado realizando sin concluir arrojan que ese porcentaje puede estar creciendo debido al aumento de la crisis económica y social que vive Venezuela .Entre el mes de enero y febrero de 2019 que tendremos precisión sobre este fenómeno social que estamos viviendo. 

Sin embargo, como información general, el Informe de Movilidad Humana Venezolana realizó una investigación sobre el flujo de migrantes que cruzan caminando el límite fronterizo entre San Antonio del Táchira (municipio Bolívar) o Ureña (municipio Pedro María Ureña) del Estado Táchira (Venezuela), hacia el registro del control migratorio en la oficina de Migración Colombia, ubicado en La Parada, municipio Villa del Rosario, Norte de Santander (Colombia). El trabajo muestral se aplicó a los emigrantes en un total 14.578 encuestados. 

Entre los resultados se destacan que la población antes de emigrar "20,1% estudiaban, culminando sus estudios antes del viaje 5,7%. El 14,4% tuvieron que abandonar sus estudios al decidir emigrar. Por grupo etario la población más afectada en su proyecto de vida en relación a su profesionalización, son los adolescentes y adultos jóvenes, el 36,1% y 15,9% respectivamente, abandonaron sus estudios antes de emigrar". Por otra parte, en cuanto a los profesionales 9% son profesoras y maestras y 28,8 % son especialistas en ciencias matemáticas, sociales humanísticas y auxiliares afines. Un potencial humano importante está perdiendo el país por la diáspora como consecuencia de la crisis humanitaria. 

El incumplimiento permanente de parte del Estado sobre la Convención Colectiva de los trabajadores de la educación se convirtió en violación de los derechos humanos. 

El 2018 está finalizando con un agravamiento del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación y su entorno familiar. En nuestro primer informe, presentado el 27 de junio de este mismo año, se señalaba que el docente y el resto de los trabajadores de la educación experimentaban en su condición laboral una desalarización que de manera progresiva los arrastraban a una condición de pobreza, es decir; ya teníamos una entronización de las carencias más vitales para ejercer la vida. A seis meses de este análisis estamos hablando que el deterioro que está sufriendo de manera galopante el salario nos ha llevado a la desvalorización del trabajo, pero muy específicamente a la degradación de la función docente a causa de la catástrofe económica y del paquetazo económico implementado por el Estado y su gobierno. 

El estudio del salario del docente que presentamos en el mes de mayo en comparación con el costo de la Canasta Básica con el viejo sistema monetario, nos ubicaba que el salario del docente con categoría VI tenía tan solo una cobertura de 9,5% para cubrirla. A sietes meses y con un nuevo cono monetario, con dos decretos presidenciales de salario mínimo y con imposición de la tabla de ONAPRE al sector magisterial, el salario sigue hacia abajo, pulverizado. 

Presentamos el cuadro 3 que utilizando el costo de la canasta alimentaria y de la canasta familiar del mes de octubre 2018, queda evidenciada la desvalorización del salario y el exiguo valor del trabajo social que tiene la carrera docente para este gobierno. 

Cuadro 3

Nota: El salario que se ha tomado en cuenta para este estudio ha sido el salario base, ya que el salario integral correspondiente al resto de los beneficios profesionales y primas la tabla de ONAPRE prácticamente las desapareció. 

Estamos ante excesivas violaciones a la Constitución y por ende ante crueles violaciones a los derechos humanos. La Constitución en su artículo 91 reza: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. El artículo 104 establece “El Estado estimulará… a un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”, referido este artículo al trabajo y la función del docente. El artículo 89 expresa “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”. Todos esos derechos, al estar trasgredidos, el Estado no solo permanece de espaldas a nuestra Carta Magna, sino que los trabajadores no gozarán de trabajo, salario, alimento, salud, vida. 

El incumplimiento de la cláusula 40 de la I Convención Colectiva Única y Unitaria referente a la distribución de alimentos de primera necesidad violenta el derecho humano a la alimentación. 

El incumplimiento de todas cláusulas de las Convenciones Colectivas referentes a la seguridad social violenta el derecho humano a la vida, a la salud. 

El incumplimiento de la cláusula 34 de la II Convención Colectiva Única y Unitaria concerniente al buen vivir violenta el derecho a una vivienda digna. 

La alteración de la cláusula 60 de la II Convención Colectiva Única y Unitaria sobre el tabulador de salario básico docente por la imposición de la tabla de ONAPRE y por consiguiente todas las cláusulas que contemplan las primas violenta el derecho humano al salario suficiente para vivir con dignidad, violación del derecho que surge por la aplicación del paquetazo económico. 

Las políticas gubernamentales que hoy destierran los beneficios adquiridos en todas las Convenciones Colectivas violenta el derecho contemplado en el artículo 89 de la Constitución sobre que “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales.” 

En el caso de los docentes jubilados y pensionados la situación es deprimente, ya que la asignación mensual es más baja que la que recibe los activos. Esto ha ocasionado pobreza y desprotección social. Importante resaltar que estos docentes son patrimonio pedagógico y social de la nación. 

El incumplimiento de todas las cláusulas de las Convenciones Colectivas referente a disfrutar de una educación de calidad violenta el derecho humano a la educación gratuita y obligatoria. 

La perversa práctica clientelar es utilizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación para el proselitismo partidista y la coacción a los educadores.- 

Desde el mes de octubre 2018 se ha acrecentado la práctica patronal de control, de coacción y de acoso laboral. En la medida que se profundizaba las denuncias por parte de los docentes sobre el deterioro de la planta física escolar, de la escasez de materiales didácticos, de los problemas técnicos de las Canaimitas, del mal funcionamiento del Servicio de Alimentación Escolar, transgresiones laborales, entre otros problemas que se encontraron en el inicio del año escolar 2018-2019; las Zonas Educativas, los Distritos Escolares y los directores encargados simpatizantes y militantes del partido de gobierno extremaban las medidas de persecución e intimidación, aplicando así procedimientos administrativos arreglados que llevarán a inducir aspectos del régimen disciplinario. Muchos hechos concretos no se pudieron procesar en las instancias competentes debido al miedo de los docentes de ser destituidos de sus cargos. En todos los estados del país está sucediendo esta práctica, pero de manera intensiva destacan Carabobo, Miranda, Zulia, Distrito Capital, Portuguesa, Barinas y Lara. 

Las protestas que los sindicatos regionales han impulsado en defensa de la II Convención Colectiva Única y Unitaria en estos dos últimos meses se vio marcada por la violación del derecho humano a la protesta, cualquier acción sindical fue calificada como “traición a la patria”. 

Las asambleas de ciudadanos, derecho contemplado en la Constitución, en este caso las asambleas sindicales, derecho contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo, han sido saboteadas por el patrono. Caso que marcó esta práctica fue lo sucedido en Yaracuy, específicamente en los Municipios Bolívar y Peña, donde Directores de los Distritos Escolares se presentaron a las asambleas sindicales amedrentando a los docentes que se encontraban en ella, donde algunos de los docentes en condiciones de interinato no les quedó otra cosa por miedo a devolverse al plantel escolar. 

Organizaciones y Movimientos que conforman la Unidad Democrática del Sector Educativo

Parlamento Educativo

Movimiento Pedagogía Progresista

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa

Consenso Educativo 

Sectores de Educación Privada

Federación Venezolana de Maestros

Federación de Licenciados de Venezuela

Dirigentes Sindicales Nacionales y Regionales del Gremio Magisterial

Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Asociaciones de Profesores Jubilados y Pensionados del Magisterio

Secretarios Nacionales de Educación de los partidos: Copei, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Primero Justicia, Movimiento Progresista de Venezuela, Avanzada Progresista

Referencias

Bravo J, L (2018). Memoria Educativa Venezolana http://luisbravoj.blogspot.com/2018/10/713-del-13-al-19-de-octubre.html

Materano, Julio (2018). Escuelas de Fe y Alegría se suman a esfuerzos en Petare y la Cota 905 para mitigar el hambre. 8-11-2018. CECODAP https://www.facebook.com/notes/cecodap-organización-i/escuelas-de-fe-y-alegría-suman-esfuerzos-para-aliviar-el-hambre-en-petare-y-la-c/2518248828200272

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. http://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-de-emergencias/emergencias-complejas/es/

Pernalete, L (2018). Fe y alegría http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/sin-maestros-no-hay-escuela/red-de-opinadores. Consultado 3-12-2018

Revista SIC (diciembre 1,2018). Datos de ENCOVI 2018 revelan el incremento de la pobreza en Venezuela http://revistasic.gumilla.org/2018/datos-de-encovi-2018-revelan-el-incremento-de-la-pobreza-en-venezuela/ 

Universidad de los Andes. (2018). CU intenta frenar la diáspora de docentes.  http://prensa.ula.ve/2018/06/05/cu-intenta-frenar-la-di%C3%A1spora-de-docentes