El reto del magisterio frente al fracaso del proyecto de Escuelas Bolivarianas, por la Prof. Raquel Figueroa - @raquel_fig

En los inicios del primer mandato de Hugo Chávez como presidente, el nuevo gobierno propuso introducir innovaciones en el sistema educativo, comenzando con la educación básica en sus dos niveles, con la escuela pública como centro focal. La calificación de “bolivariana” buscaba reafirmar el sentido patriótico y la imagen endiosada del Libertador, quien fuera el principal artífice de la ruptura de nuestra dependencia colonial con respecto a la corona española.

Para contribuir a la diferenciación con respecto a los anteriores gobiernos ―apodados despectivamente como “de la cuarta república”, ya que esos nuevos gobernantes inaugurarían “la quinta república” ― y conociéndose el evidente deterioro de la educación pública, la propuesta iba vinculada con “la refundación de la República y la reconstrucción de la Nación”. Por supuesto, no faltaban los argumentos de que se trataba de atender a la población pobre que seguía siendo la más excluida de los planes de desarrollo social. Además, se añadía muy explícitamente que la enseñanza debía servir para superar la inequidad social, por la vía de incorporar torrentes de niños y jóvenes de los sectores sociales más depauperados a un crecimiento profesional, y con ello a un ascenso social soportado en la elevación de sus capacidades y habilidades.

La oferta de la “nueva” escuela contaba con un sinfín de aspectos que pretendían cubrir no solo el área académica ―una transformación educativa en todos los órdenes del saber―, sino la atención social, física, alimentaria, y, en el concepto de una mayor socialización de las actividades de aprendizaje, la vinculación de la comunidad con la enseñanza y en forma biunívoca la incorporación de la escuela en el crecimiento de la organización comunitaria.

Para quienes ejercíamos funciones representativas en el magisterio, a través de la actuación sindical ―pero también y a la par vigilantes de la calidad de la educación en su sentido de enaltecer la condición humana―, significaba un reto escudriñar lo que se escondía dentro de dicho proyecto, pues los objetivos abiertamente enunciados llenaban las expectativas en diversos ámbitos que durante años muchos educadores veníamos planteando y que se amparaban en figuras históricas asociadas con una educación científica, democrática y popular, como era don Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, y el gran ductor educativo Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Intuíamos que la conversión del espacio escolar en el centro de confluencia comunitaria podría significar un choque con algunos principios educativos que debían tener la suficiente libertad de cátedra para que la búsqueda de un conocimiento científico ―alejado de dogmas inalterados o de elementos de superchería― pudiera contar con la elevación de la capacidad de discernimiento, tanto del alumnado como de los propios educadores. Buscábamos el afianzamiento de criterios correctos para conquistar la verdad y distinguirla de afirmaciones muy bonitas, pero solo aparentes y alejadas de la adquisición y asunción de elementos objetivos en la valoración y caracterización de los procesos y sus diversos componentes.

Por otra parte, la defensa que habíamos mantenido durante muchas décadas de la carrera docente ―para que no fuera un apéndice sumiso de las intenciones de los gobiernos de turno― podría verse defenestrada por la injerencia dirigida y promocionada desde el control del Estado, por la vía de un supuesto “poder popular” representado en las comunidades organizadas, que debían vigilar y controlar el funcionamiento de la escuela. Y no solo del funcionamiento administrativo, sino incluso de la forma como se impartiría la enseñanza dentro de los cánones, vía pensum de estudio, que irían acerando los gerentes educativos estatales, para que contribuyeran a afianzar la idea de que se inauguraba una nueva era de la mano de un nuevo mesías, un nuevo salvador.

Con estas interrogantes latiendo en nuestra mente, nos dispusimos a desentrañar el fondo de esa propuesta educativa. Comenzamos por ver que había mucho de propaganda sin asidero a un plan cierto y concreto para ponerla en funcionamiento, más allá de la implantación del horario educativo integral de 8 horas. El plan de crecimiento del número de escuelas normales que pasaban a engrosar la lista de las “bolivarianas”, no iba acorde ni con la preparación de las instalaciones educativas ni con el mejoramiento profesional y pedagógico de la planta profesoral. Con la elevación de los ingresos fiscales y los acuerdos con nuevas naciones industrializadas distintas a Estados Unidos, valga decir China y Rusia, se pudo equipar con ordenadores y computadoras un importante sector de los estudiantes, mas no se contó con la suficiente preparación técnica para que dichas herramientas significaran un avance sustantivo en la calidad de la educación.

Luego con el paso del tiempo, pudimos corroborar que la supuesta “educación participativa” se inscribía en un concepto de un Estado que controlaba hasta lo más mínimo del quehacer ciudadano. Era una visión corporativista que negaba cualquier espacio real de autonomía social en áreas específicas. Esta cuestión se evidenciaba también en el control que pretendían imponer a las organizaciones sindicales ―no sólo en el ámbito educativo, sino en general y partiendo de la sumisión de buena parte de la dirigencia sindical adscrita a las dependencias del Estado―, pues querían convertirlas en apéndices del gobierno y con un férreo control que se asentaba en la propia Constitución aprobada en 1999, especialmente en su artículo 296, y reforzado luego con los cambios en la ley orgánica del trabajo.

Con estos precedentes ya conocidos, nos propusimos la defensa de la escuela como un centro para la formación de ciudadanos en un proceso de afianzamiento de la democracia, no sólo en cuanto a sus expresiones políticas vinculadas con la elección de los gobernantes, sino en el sentido más amplio de que la ciudadanía debía participar en las decisiones trascendentales que la nación debía tomar en los terrenos de rumbo económico, programas sociales, relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, relaciones internacionales, etcétera.

Por otra parte, detectamos claramente la intención de modificar la visión histórica de los cambios ocurridos en nuestro territorio y en el mundo a lo largo de los siglos, incluso en los tiempos previos a la llegada de los españoles y a nuestra conversión en una colonia sujeta a los dictámenes de la corona española. También notamos que había un afán en modificar los procesos hacia el conocimiento de la verdad, pues era sustituido por el enaltecimiento de los “saberes” por encima de la investigación y los procesos propios de la ciencia.

Ya han pasado más de dos décadas de la implantación de esa propuesta educativa ―que se extendió a todos los niveles― y los resultados están a la vista: profundo deterioró de la enseñanza, disminución absoluta y relativa de la matrícula educativa, deserción de gran parte de los educadores preparados y disminución de quienes quieren estudiar en universidades pedagógicas. Además, hay una desatención hacia la población más vulnerable, con los más bajos ingresos, lo que aleja a los niños y jóvenes del quehacer educativo, para ayudar desde corta edad a la supervivencia existencial.

Aun cuando es un reto que sigue esperando respuestas de fondo, más allá de las “buenas” intenciones propagadas por el proyecto de Escuelas Bolivarianas, las organizaciones gremiales y sindicales que hacemos vida en el área magisterial tenemos que seguir insistiendo en los cambios a introducir en el sistema educativo para que se convierta, en verdad, en un pilar para la reconstrucción de nuestro país en senderos donde prevalezcan, junto con la democracia, una visión de desarrollo de todas nuestras potencialidades aparejado con una nueva distribución de la riqueza y la justicia social. 

Los cambios generados que nos alejan de una educación democrática, científica y del sentido humano de la organización, indican que aun seguimos en el desafío que nos impuso la historia.

Prof. Raquel Figueroa

Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

Secretaria de Organización de la Federación Nacional Colegio de Profesores de Venezuela

Afirma la profesora Raquel Figueroa: “Venezuela se quedó sin maestros”

Informó que en 2024 el IPC “solo graduará a 135 docentes"

La Universidad Nacional Experimental Libertador graduará en 2024 a solo 135 docentes en su principal instituto, el Pedagógico de Caracas (IPC). Así lo denunció la profesora Raquel Figueroa, fundadora y dirigente nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), quien detalló que “la reducción de docentes a nivel nacional ha afectado principalmente las áreas más sensibles para la formación: lengua, ciencias naturales y matemática”.

La Upel es la principal institución universitaria para la formación docente en el país. La dirigente del MESR describe la situación como crítica, a partir de las siguientes cifras. En el año 2010 esta universidad, con varias sedes en distintos estados, formaba a 106 mil docentes. Once años más tarde, en 2022, apenas registraba 43 mil inscritos. “No tenemos el dato de cuantos están inscritos este año, pero la cohorte que egresa del IPC nos da una idea”.

Para 2024 la cohorte de graduados que la UPEL, cuyo acto de grado se realizará este miércoles, 19 de junio, ofrece a Caracas apenas cuatro docentes de Matemática, ocho de Biología y doce para la asignatura Física. “Ni uno solo impartirá Química”, advirtió la profesora. De los 135 graduandos solo dos optan por el título en Lengua y Literatura y solo cuatro darán clase en primaria.

La asociación civil Con la Escuela realizó un estudio en 72 centros educativos en 2022 e identificó que el 43% de los planteles tiene falta de profesores, sobre todo en educación inicial y primaria. Esto indica que más del 50 % de los docentes han abandonado las aulas. “Este año, eso ha empeorado. Venezuela se quedó sin maestros”, alertó.

Actualmente, la Federación Venezolana de Maestros coincide con cifras que Figueroa ha estudiado. Este año escolar 2023/2024 acaba con la deserción del 80% de la plantilla docente del país. “Estamos hablando de un futuro inmediato en el que Estado queda sin posibilidad de garantizar la educación inicial, básica y de bachilleres”, alerta. La profesora cree que el nuevo año escolar no tiene garantías educativas para los 8 millones de jóvenes en edad escolar que hay en el país.

“Pero hay algo peor. La última Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, presentada en 2016, daba la cifra de 91 Supervisores de Carrera a nivel nacional. Hoy esta cifra es de cero. La educación venezolana no tiene hoy supervisión de especialistas ni profesionales. Hemos retrocedido 30 años en esta materia”, detalla la docente.

Para la dirigente gremial, las consecuencias para el sistema educativo “son devastadoras”. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en 2023 a través de su Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), un 78,37% de los estudiantes evaluados reprobó matemática y un 55,04% habilidad verbal.

El ritmo de reposición de profesionales de la docencia “no podrá cubrir el déficit de maestros que tiene el país”, de acuerdo a las expectativas de la dirigente gremial.

La razón que identifica la dirigente del MESR “tiene que ver, en principio, con la situación salarial de los docentes”, explica. Los salarios de un maestro establecidos por el Gobierno Nacional van de 7 a 16$ al mes. Incluso los maestros con dedicación exclusiva y estudios avanzados o de cuarto nivel, pueden aspirar en el mejor de los casos a Bs. 600 o su equivalente, $16, a tasa oficial. A esto hay que sumarle los bonos, a los que los gremialistas califican de “estafa”, dado que no tienen ninguna incidencia en el ahorro del maestro de cara a una jubilación.

“De hecho, la situación de los jubilados, quienes ejercimos toda nuestra vida la docencia, es increíblemente precaria”, reclama la profesora. Un jubilado puede aspirar a recibir $120 mensuales para mantener a su familia. Incluso con estudios de cuarto nivel, los jubilados están excluidos del Cesta Ticket, que les habría aportado unos 40$ más. Esto produce una “fuerte desmotivación. ¿Quién querría estudiar una carrera universitaria para ganar esto, después de toda una vida de servicio?”.

Figueroa, Secretaria Nacional de Organización del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), lamenta que “muchos adolescentes prefieran trabajar que estudiar, como resultado del abandono docente en las escuelas”. De acuerdo a la Encovi 2023, casi el 50% de las razones para dejar de asistir a clase se vinculan a la falta de docentes por huelgas (30%) o abandono (18%). 

El MESR apuesta por un cambio de Gobierno y su consecuente modificación en las políticas del Estado hacia la Educación Nacional. Figueroa anunció que pese a la crítica situación, la participación de cara al proceso electoral presidencial del 28 de julio, es determinante. Aspira concretar mediante el cambio de Gobierno, ese sueño de salvar la educación. “Estamos frente un gran riesgo en nuestra historia: quedarnos sin maestros. Pero debemos hacer lo necesario por salvar el futuro de nuestros niños”, finalizó.

Contacto: 

Raquel Figueroa +58414 1230118 / raquelfenaprodo.cpv@gmail.com / X: @EducadoresMESR

La culminación del año escolar 2018-2019 muestra la violación de la educación como derecho humano

La Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) en el mes de junio del año 2018, a un mes y medio de finalización del proceso escolar 2017-2018; alertó que los indicadores que proyectaba ya la crisis económica y social producida por las diversas medidas económicas implementadas por el gobierno nacional de Maduro estaban ocasionando un desplome de la educación como derecho humano. 

Este desplome se evidencia en lo siguiente:

·         Acentuación de la exclusión escolar

·         La crisis alimentaria escolar

·         La caída del poder adquisitivo del docente.

·         La desvalorización del trabajo docente.

·         La mengua en la seguridad social de los docentes.

·         El desvanecimiento de los servicios de bienestar social estudiantil

·         El incremento de la migración de los profesionales de la docencia.

·         Empeoramiento de la infraestructura escolar,

Estos aspectos afectaron el inicio de actividades del período académico 2018-2019 que al no ser atendidos correctamente agudizó todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta llegar a su finalización con una caracterización de catástrofe educativa. La dictadura intentó ocultar esta catástrofe con propaganda, usando fraseología revolucionaria y de logros que no tienen base en la realidad.

  

La educación se ha convertido en uno de los sectores donde más se expresa el deterioro de la vida de los venezolanos y donde se expresa con mayor claridad la pobreza que vivimos docentes y estudiantes. Solo basta examinar tres indicadores sociales: el crecimiento de la exclusión escolar, la desvalorización del salario y la migración de docentes y estudiantes buscando condiciones básicas para vivir.

En este informe puntualizaremos seis  problemas que determinan lo fallido de este proceso escolar y que al no ser atendidos con un cambio y transformación profunda del país hacia su reconstrucción, el derecho a la  educación seguirá negado y en precarias condiciones de realización pues el estado hoy usurpado dio la espalda a sus responsabilidades constitucionales como Estado Docente.

                                                               

Debilidad del proceso pedagógico:

La alarma se ha encendido en materia pedagógica toda vez que no se han cumplido de manera suficiente y satisfactoria según  los resultados que hoy muestra el fin de este año escolar en los siguientes aspectos:

Exclusión escolar: 

Para este punto se tomaron en cuenta los registros administrativos de los planteles sobre el ingreso y egreso de estudiantes  2018-2019 (tomando en cuenta que el mes de enero se cerró el ingreso escolar) y también los diversos estudios de investigadores especialistas en estadística de realidades.  

Ya la UDSE en su informe presentado el 28 de julio 2018 apoyado en los estudios realizados por Memoria Educativa Venezolana y consultas realizadas directamente a grupos de docentes activos, sustentábamos que los procesos escolares 2016-2017 y 2017-2018 fueron los períodos donde se empezó a concentrar las tendencias que ya la exclusión escolar se estaba convirtiendo en un asunto estructural. Entrando al año escolar 2018-2019 el Estado y su régimen político no fueron capaces para resolver este grave problema, por el contrario sólo desarrollaron algunas políticas públicas de corte populista que no resolvió en absoluto el problema de fondo; es más, se acrecentó hasta el punto que Memoria Educativa Venezolana lo caracteriza como los años escolares de mayor exclusión en comparación con el proceso escolar de 1958 que estaba establecida la dictadura de Pérez Jiménez.  Entre estos períodos escolares dejaron de estudiar unos 500.000 estudiantes del subsistema de educación básica integrado por los niveles de educación inicial, primaria y media.

A esto se le agrega el comportamiento de los indicadores de este año escolar 2018-2019 que al revisar el comportamiento matricular de los planteles encontramos datos alarmantes precisamente por su  significado de la permanencia del estudiante en el sistema como derecho a la educación gratuita y obligatoria.

Estudios de casos realizados en el mes de julio 2019 reflejan cómo en el Estado Sucre se presenta en uno de los casos una  mengua con un 39% de exclusión escolar . En el Estado Vargas  encontramos índices que oscilan entre 30 a 35% de disminución de la matrícula escolar. En el Estado Apure 30% en el caso de planteles ubicados en San Fernando. En el caso del Estado Zulia la situación es aún más grave por el colapso de los servicios públicos y su impacto en el sistema educativo venezolano. Casos como en el Municipio Catatumbo del Zulia se encuentran planteles que su matrícula bajó tanto que de 59 secciones bajaron a 25, es decir, la cobertura en estos casos alcanzó apenas 42%. En el Distrito Capital estudios de casos nos reflejan que hay una pérdida de estudiantes que de 36 inscritos por sección finalizaron de 27 a 30 estudiantes. Pero en el Estado Táchira se estima según FUNDAREDES que la exclusión superó el 50%.

¿Qué está pasando en los planteles?, ¿dónde están estos estudiantes? La respuesta es que el sistema los está excluyendo por las siguientes razones: pobreza, pulverización del salario familiar, falta de alimentación, transporte, falta de uniforme, violencia, inseguridad y migración, aspectos que fueron expuestos, y alertados, por la UDSE en diciembre 2018 y  que en este año escolar 2018-2019 se agudizaron.

El crecimiento de los índices de exclusión escolar se elevó a niveles históricamente nunca vistos en Venezuela.

Días hábiles trabajados: 

Ningún plantel público pudo cumplir con el 100% de días hábiles de actividad escolar. Se nos presentan casos críticos como planteles del Estado Monagas con 55% de días trabajados, el Estado Sucre 70%, Distrito Capital con 73%, Zulia con 53%.

Caso representativo fue la cantidad de estudiantes de quinto año que para la semana del 15 de junio en Caracas tomaron las calles celebrando la culminación del año académico, cuando según el calendario escolar oficial estaba previsto la culminación para el 12 de julio del 2019. Hubo un adelanto de finalización de actividades de casi un mes. Planificación de la Zona Educativa de manera despectiva llegó a los liceos informando que las actividades debían convertirse en una gran fiesta de triunfo de finalización de año escolar, por supuesto esto obedecía a un plan para ocultar las reacciones sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también para esconder la realidad de la finalización escolar.

Proyectos pedagógicos y contenidos desarrollados: 

Si bien la asistencia escolar y los días trabajados muestran que evidentemente no se efectuó la calidad del desarrollo pedagógico, podemos complementarlo con el cumplimiento de la actividad académica en las aulas. Estudios de casos señalan lo dramático de la situación pedagógica: planteles del Estado Monagas que solo desarrollaron el 40% de los proyectos pedagógicos. Caso de planteles de Amazonas con un alcance sólo de 70%. Caso del Distrito Capital con un 68% de proyectos pedagógicos desarrollado. El Estado Lara con un 69%.

Las razones expresadas  para que el desarrollo pedagógico no se haya cumplido se señalan entre otros: la falta de servicio eléctrico, agua, transporte y alimentos, así como la suspensión excesiva de actividades para movilizar estudiantes a actividades partidistas del PSUV o actividades proselitistas en las instituciones. Nos han llegado denuncias que el “acompañamiento” de los Congresos Pedagógicos son actos político partidistas y en los cuales se ven los emblemas del PSUV.

Un elemento que aparece reiteradamente es la desfiguración del proceso de evaluación, donde se obliga a los educadores a aprobar al estudiante así no haya alcanzado las competencias. Se amenaza a los docentes y se les obliga a repetir excesivamente las evaluaciones.

Mención aparte merecen las instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de educación especial, donde dejar de atenderlos es restarle oportunidades y limitar su desarrollo.

La educación del país está signada por el atraso y la mediocridad.

Planteles utilizados por grupos militares o paramilitares:

La información recibida a través del monitoreo realizado encontramos dos formas de expresión de esta situación en las instituciones educativas.

A)   Planteles que tienen presencia de grupos irregulares. En este caso encontramos planteles ubicados cerca de la frontera con Colombia, especialmente en Amazonas y Bolívar, donde incluso estos grupos reparan planteles y reclutan jóvenes para el desarrollo de estas actividades. Así como también en el Estado Guárico, donde se habla de presencia militar en la  zona de Chaguaramas. Esto ratifica lo señalado por FUNDAREDES que afirma: “En los Estado Apure, Guárico, Anzoátegui, Zulia, Carabobo, Aragua y Monagas se continúa haciendo uso de espacios públicos y privados (fincas)  donde se llevan a cabo reuniones y encuentros estratégicos, que finalmente conllevan a actuaciones irregulares por parte de grupos armados como ELN, EPL, FBL, disidencias de las FARC entre otros. Dirigentes sindicales, así como padres y representantes denuncian la presencia de grupos irregulares  en los Municipios Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta y Bolívar del Estado Táchira. Así como también  en la zona del Alto Apure en la zona del Nula. En el caso del Estado Bolívar y de los Municipios Atures, Rio Negro y Maroa se manifiesta presencia de la FARC y el ELN. En Atabapo y Rio Negro Municipio frontera con Bolívar  existe grupo mineros  llamados garimpeiros que unido a la movilización interna buscan mano de obra  para las minas del oro donde participan adolescentes que dejan sus estudios e incluso maestros. Según los educadores en esta zona no llega  energía eléctrica, la vía es fluvial y aérea por lo que las escuelas están desasistidas, sin supervisión, sin programas de asistencia. Los docentes  por vocación trabajan en esta zona, pero tienen que trasladarse a Puerto Ayacucho ya que sólo allí está el banco. Es decir, la zona está a disposición de cualquiera que ofrezca ayuda para la supervivencia y no es el Estado.

B)   Planteles donde se realizan prácticas militares especialmente del  grupo de milicianos. A pesar que en los planteles educativos no pueden desarrollar acciones educativas bajo el modelaje militar, los estados donde más se aplican estos ejercicios militares han sido: Distrito Capital (parroquias 23 de enero y Caricuao), Estado Yaracuy (San Felipe y el Municipio Cocorote) y el  Estado Apure. La presencia de milicianos es rechazada en los planteles y es vista como un mecanismo de control y persecución.

Acrecentamiento de la migración de docentes:

De acuerdo a los indicadores esta situación pasa a ser un problema de emergencia política, sin embargo tenemos un Estado que se ha  situado al  margen de sus responsabilidades constitucionales. La migración en Venezuela es producto no de una decisión particular de un ciudadano, sino que es forzada por la catástrofe económica y social que se vive en el país y por ende, grandes grupos sociales buscan salir a otros territorios para resolver lo que acá se ha negado, como el salario, alimento, seguridad personal, entre otros derechos.

La UDSE en el mes de julio del 2018 finalizando el proceso escolar pasado, señaló en sus estudios realizados que uno de los graves problemas que iba afrontar el nuevo año escolar 2018-2019 era los 172.000 docentes que representaban un 20% del total que dejaban las aulas de clases para migrar a otras naciones. Pues de acuerdo a los estudios realizados este fenómeno social hoy ha empeorado.

Casos como planteles donde se iniciaron actividades con 84 docentes en nómina, finalizan este año escolar con 73, es decir, 11 docentes menos. Casos como escuelas con 45 docentes en nómina se finaliza el año con 30 docentes, es decir, 15 docentes menos. Pero lo más grave de esto es que de estos mismos planteles ya  hay un grupo de docentes entre 5 a 10 que expresaron en las entrevistas de casos que no regresan a las aulas de clases para el nuevo año escolar 2019-2020. Estamos hablando que este proceso escolar deja otro aumento de salida de docentes de los planteles que está sobre el 30% nacional. Podemos entonces señalar que en los dos últimos periodos escolares ya se lleva un 50% de profesionales de la docencia que han renunciado para irse de Venezuela, donde el mayor grupo ha migrado a Colombia, Perú, Chile, Ecuador.

El Estado y su régimen político han “querido resolver” esta grave situación implementando un Plan de Chamba Juvenil con unos cursos de formación que nada tiene que ver con la verdadera formación profesional, pedagógica y científica de lo que representa ser educador. Pero por otro lado, hay muchos casos que la propia comunidad se organizaron con los representantes y familiares para que los estudiantes finalizaran el año con los elementos muy básicos escolares.

Ahora el ministro de educación ha informado que se pretende realizar una transformación curricular, cuando de lo que se trata es atender de urgencia la emergencia humanitaria compleja que la crisis económica y social está dejando en la educación.

La desvalorización del salario de los trabajadores de la educación:

Las políticas económicas han llevado a una situación tan dramática a los trabajadores de la educación que ya hoy la pulverización del salario llegó a una situación de desaparición. Ya el salario no tiene el valor para vivir con dignidad, para cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales del docente y de su familia. Las consecuencias han sido cargarle al sector de los educadores pobreza. Si llevamos el salario del docente al valor del dólar; podemos señalar que hay trabajadores de la educación que sólo obtienen 7 a 10 dólares mensual.

Otro aspecto es la destrucción general de la seguridad social, donde el indicador que caracteriza este aspecto es el monto de cobertura que el Estado le tiene al HCM del MPPE que es tan sólo 200 bolívares soberanos. Tal vez al leer esto se creerá que estamos en una broma, en un chiste, pero es la actual realidad.

La catástrofe económica ha llevado el salario de los trabajadores de la educación a la desaparición  por lo que ha disminuido el valor del trabajo profesional disminuye el valor de la formación de ciudadanía.

Se profundizó el acoso laboral y la persecución política en el sector de educadores: 

En todo el año escolar 2018-2019 en la medida que se iba profundizando los problemas sociales, en esa misma medida se iban acrecentando situaciones de acoso laboral a los maestros y profesores que se organizaron en asambleas sindicales, que participaron en actividades sindicales en defensa de la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de la Educación, que exigieron (y aun exigen) un salario acorde al artículo 91 de la Constitución, que demandaron funcionamiento del Servicio de Alimentación Escolar. Estos trabajadores elevaron su voz a las autoridades de las Zonas Educativas y Distritos Escolares para que les llegara a las escuelas el servicio de agua y otras el servicio eléctrico. Es decir, en defensa del derecho a la educación el patrono Estado ha profundizado una práctica política de acoso, de amedrentamiento a los trabajadores de la educación.

Es el caso del magisterio de los Estados Táchira, Lara y Barinas se aplicó una sentencia de los Tribunales Regionales bien manipulada, ya que situaron a los educadores como los responsables de violentar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y al derecho a un trabajo decente. Estas sentencias debieron ser aplicadas al Estado que es el que le corresponde velar por estos derechos humanos tal como está señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes venezolanas y en los acuerdos internacionales firmados con la UNESCO, la OIT y por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es el caso de diversos procedimientos administrativos a los docentes que se encontraban manifestando por sus derechos laborales; dicha práctica perversa hacia los trabajadores han dejado docentes destituidos de sus cargos y otros con suspensión de salario, situación ésta sucedida en los Estados Lara, Sucre, Distrito Capital, Miranda, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Táchira, Trujillo.

UNIDAD DEMOCRÁTICA DEL SECTOR EDUCATIVO

UDSE

                              

Informe de la @UDSE_: Se agudiza el desplome de la educación como derecho humano

Presentación

En el mes de junio 2018 la Unidad Democrática del sector Educativo (UDSE) presentó el Primer Informe denominado Alerta, se desploma la educación como derecho humano. Cerrábamos el año escolar 2017-2018 pronunciándonos sobre la grave situación que vivía la educación venezolana para el momento. Parte de este informe permitió que avanzáramos en profundizar las investigaciones que le sirvió a la Asamblea Nacional la consideración de la declaratoria de la emergencia humanitaria compleja de la educación, que luego se materializó en un acuerdo unánime el pasado 25 de septiembre del presente año.

Lejos de mejorar la situación educativa hemos llegado a una profunda agudización producto de que el país continúa en una crisis económica, social y política ascendente. Ha sido precisamente el siglo XXI el marcado en Venezuela por la mayor pobreza, desesperanza y angustia del pueblo venezolano. 

La crisis humanitaria por la que atraviesa el país ha agudizado las precarias condiciones de la educación venezolana. La situación de salud con niveles alarmantes de enfermedades previsibles como el paludismo, la difteria, el dengue, así como la exacerbación de las condiciones de insalubridad, la falta de insumos mínimos en los centros de salud; ha afectado aún más las condiciones de vida de los venezolanos. Además del colapso de todos los servicios públicos han ocasionado un impacto negativo en el acceso a la educación. Insistimos en sustentar que

… las crisis humanitarias complejas suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, generando conflictos y violencia, hasta el paulatino fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente. Por lo tanto, haciéndola acreedora de características como su prolongada duración en el tiempo y su afectación en todos los ámbitos de la vida humana (Organización de Naciones Unidas- ONU).

Frente a esto el régimen de Maduro no ha cumplido con la responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la educación de los venezolanos, en especial de niños, adolescente y jóvenes, donde el principio del Estado Docente ha quedado como letra muerta y es usado a discrecionalidad para fines partidistas y de control social. 

Hemos querido complementar el Primer Informe presentado en junio 2018 con este balance que expone la agudización de la educación como derecho humano, para esto hemos querido centrarnos en ocho problemas que expresan con claridad que si no hay cambio de rumbo político las perspectivas para el 2019 serán trágicas para la educación. 

Problemas que expresan claramente el derrumbamiento de la educación como derecho humano 

Se sigue acentuando la deserción y la exclusión escolar 

El inicio del año escolar 2018-2019 produjo un alto grado de dificultades, llegando la primera semana de clases a una asistencia promedio nacional del 25% en los niveles iniciales y primaria destacando que ha sido la más baja que se haya dado en la historia de los inicios de los procesos escolares. Progresivamente mejoró, sin embargo; los primeros meses hasta ahora se mantiene una asistencia promedio nacional del 60%, destacando que los estudios estadísticos escolares la asistencia promedio debería haber estado entre 98 a 100 %. Por lo que el principal problema que viene afectando a los estudiantes es el acceso a las instituciones debido al colapso de los servicios de transporte y la poca alimentación en los hogares. 

Casos que marcan el problema de la exclusión escolar: 

• No se pudo iniciar el año escolar en las 109 escuelas del Estado Amazonas y parte del Estado Bolívar afectadas por las lluvias que se dieron en los meses de agosto y septiembre. A comienzos del mes de octubre se comenzó con algunas actividades escolares, aunque se continúa con dificultades graves en las infraestructuras escolares. 

• La deserción escolar en el Estado Bolívar se estima que puede llegar al 50% en algunas zonas más vulnerables a causa de la pobreza que refleja el Estado. Cifra por demás preocupante que fue formulada por el representante de los Centros Comunitarios para el Aprendizaje (Cecodap) y psicólogo clínico Abel Sarabia, quien hizo una gira por esa entidad federal a objeto de verificar las condiciones de la infancia y la adolescencia en la zona. (Cecodap.2018) 

• Un nuevo problema amenaza la exclusión escolar como la presencia de grupos irregulares en zonas de Lara, Falcón y Trujillo. En el Estado Trujillo en el Eje Panamericano-La Ceiba, representantes del Colegio de Profesores de Venezuela han denunciado que las "bandas de delincuentes controlan la zona y hacen el mantenimiento de las escuelas, por lo que la comunidad siente algún agradecimiento. Esto le permite reclutar niños para incorporarlos a la banda delincuencial. Igual ocurre en el Municipio Valera. Los muchachos dejan de estudiar para trabajar en el mercado de verduras donde distribuyen no sólo alimentos sino drogas. 

• La Fundación Redes a través de su coordinador profesor Javier Tarazona presentó testimonios de lugareños que niños de los Estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas e incluso de otros no fronterizos como Barinas, Mérida y Falcón son reclutados por estas organizaciones delictivas. De la misma manera se destaca las denuncias sobre estos grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y el impacto que viene teniendo en la deserción escolar, llegando significativamente el 82 %: 

…con mayor énfasis en educación media, pues los estudiantes que cursan esta etapa de la escolaridad tienen las edades buscadas por estos grupos armados irregulares. El sondeo también arrojó que más de 75% de los niños y adolescentes que abandonaron las aulas en la frontera tienen vinculación directa o indirecta con organizaciones irregulares colombianas. (Fundares, 2018,007) 

• Los niños, adolescentes y jóvenes están dejando de estudiar por hambre, por falta de motivación y en búsqueda de ingresos económicos para la familia. 

Sobre esto último, compartimos un testimonio de una población del Táchira: la directora me mostró una loma que está a unos cuantos kilómetros de la escuela: 

“¿Ve aquel cerro? Pues de ahí viene todos los días el profesor Alexis. Camina hora y media para llegar y luego repite para volver a su casa. Cuando crece la quebrada no puede pasar. No es el único que camina más de una hora para llegar al trabajo, y me fue enumerando otros docentes que también llegan a pie porque simplemente el transporte público ha dejado de funcionar. Otra profesora debe tomar 3 buses diarios. Todo el sueldo se le va en esos traslados. Aun así, en esa escuela, no sé cómo le hacen, el ambiente es muy bueno, es escuela granja y la parte del campo da gusto. Uno se conmueve pero también piensa cuánto heroísmo más habrá que pedirle al personal para que los niños tengan educación.” (Pernalete, L, 2018). 

• Los datos presentados por la investigadora Anitza Freitez muestran que lejos de mejorar las condiciones de vida se agudizan afectando el derecho a la educación, "la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicó en 30%, es decir; 8 puntos porcentuales por encima de 2014, cuando se inició el estudio. Los principales factores que impiden la asistencia a clases son la falta de alimentos en los hogares o planteles, el colapso del sistema de transporte y las fallas en servicios públicos como el agua." (Revista SIC, Diciembre 2018)

El gobierno encubre la matrícula escolar real, ¿por qué?

• Contradicciones en la información suministrada por las autoridades ministeriales. De acuerdo con el jefe de la cartera de Educación, un total de 7.644.869 se incorporarían a la aulas a partir del 17 de septiembre (Agencia Venezolana de Noticias) con un incremento matricular de 16,37 % con respecto al período anterior. Sin embargo, el 2 de octubre en alocución nacional a propósito de las clases en secundaria, señalo que el incremento era de 7 %. Es necesario que se aclaren las cifras. No sabemos si es referido a este nivel y de dónde se estimó entonces el primer porcentaje señalado. 

• De lo que va de año escolar el MPPE no ha diseñado un plan especial para atender la baja asistencia escolar que se ha mantenido hasta ahora. A un lapso escolar finalizando se debería estar asistiendo el 100% de la matrícula escolar en todos los niveles del sistema educativo, pero eso no ha ocurrido. 

• Sobre la matrícula en los planteles privados, de acuerdo a las declaraciones de la autoridad ministerial se desprende que 1.202.600 estudiantes están en instituciones privadas, a pesar de la política de ahogamiento y fiscalización diseñada por el régimen. Si esto es así, cuánto fue la matrícula de los planteles oficiales, si partimos de la premisa que sustenta el MPPE que el incremento matricular se debe a la migración de estudiantes de los privados a los oficiales.

Aumenta las dificultades del Sistema de Alimentación Escolar 

En primer lugar, hay que resaltar que el inicio de año escolar 2018-2019 este derecho no se desarrolló en las primeras semanas del proceso escolar. La situación del Sistema de Alimentación Escolar es inaceptable. La ingesta prevista diariamente oscila entre 1.500 a 2.000 calorías diarias, sin embargo ningún plantel en el país ha recibido lo suficiente para que los escolares puedan cubrir las necesidades de alimentación. El 100% de los planteles que pertenecen al Sistema Boliviano de Alimentación Escolar no funciona con calidad ni en la cantidad prevista en ningún plantel a nivel nacional. 

La crisis alimentaria está lesionando el derecho a la alimentación de los niños y jóvenes. Al comienzo de este año escolar 2018-2019, en el mes de noviembre en todas las escuelas ubicadas en el Distrito Capital, el Servicio de Alimentación Escolar sólo ofreció crema de auyama para el almuerzo, desapareciendo en un 85% el desayuno y merienda escolar. En el resto del país solo sirvieron plátano sancochado con arroz y en algunas otras escuelas sólo granos. Se señala a la vez que este año escolar entre un 79% de escuelas dejaron de entregar el desayuno a los niños. Vale destacar que el año escolar 2016-2017 esta mengua se encontraba ya en un 69%, es decir; a como siga la crisis económica con sus medidas en pocos meses lo que queda del servicio en desayuno para nuestros niños en las escuelas estará desapareciendo. 

Presentamos algunos casos de planteles emblemáticos del país. 

En el caso del Distrito Capital 

• Liceo Caracas: Instituto de formación de talentos deportivos con una matrícula de 900 estudiantes, donde el servicio que reciben no cumple con los nutrientes que necesitan para mantener las prácticas de atletismo, natación, entre otras disciplinas deportivas. Cabe señalar, que el inicio de este año escolar sólo recibieron crema de auyama. 

• Unidad Educativa Gran Colombia: Resaltamos que este instituto educativo es uno de los principales Centros Pilotos del Proyecto Educativo y desde el año 2008 ha sido presentado a la Unesco como Modelo Educativo. Cabe también señalar que tienen todos los niveles educativos; incluyendo las Misiones. Esta institución ha rebajado los niveles de alimentación nutricional, hasta el punto que es casi nulo tener carne, pollo, pescado en las viandas. 

• Algunos planteles de Fe y Alegría: a pesar de la situación que viven, se producen iniciativas comunitarias dirigidas por las autoridades para mitigar el hambre del estudiantado. En la Escuela Pablo VI de la Cota 905 ubicada en la avenida Guzmán Blanco de la Parroquia El Paraíso, con un estudiantado de 840 alumnos según cifras aportadas por la directora, ésta expresa que por lo menos 30% del estudiantado tiene severas dificultades para alimentarse en casa. 

En el caso del Estado Apure 

• E.E.P.B. Alirio Goitia Araujo: Matrícula 971 estudiantes. Reparada en el 2009. En lo que se refiere a la cocina, no cuentan con una comida balaceada, se les da el desayuno en orejita sin queso, arepa con papa guisada en la mano. El almuerzo no se les provee de proteínas, se les suministra arroz con caraota, plátano o auyama sancochada y no es todos los días ya que lo que le dan alcanza para dos o tres días.

En el caso del Estado Guárico, Valle La Pascua

• Escuela Lazo Martí: Los 1.000 estudiantes reciben plátano sancochado o una rodaja de piña. Cuando mucho arroz. La proteína se perdió hace mucho tiempo.

En el caso del estado Monagas 

• Liceo Nacional José Miguel Sanz: Plantel patrimonio cultural con 1.283 estudiantes sin comedor, aunque se habilitó un reducido espacio de la cantina para convertirlo en cocina. Todos los implementos son donados y el reverbero es de un profesor en calidad de préstamo. La zona educativa no ha dotado de materiales y utensilios. Generalmente los estudiantes comen granos y una vez al mes proteína.

En el caso del Estado Trujillo

• Escuela Eloísa de Fonseca Con una matrícula de 650 estudiantes. Los alimentos que se suministran son escasos. En la mayoría de las ocasiones se les pide a los padres y representantes colaboración para comprar el gas cuando llega algo de verdura para cocinar. Las clases se desarrollan medio día debido a la falta de alimentos.

En el caso del Estado Mérida 

• El plantel José Atilio Mendoza: la situación es similar en todas las escuelas con programa de alimentación. Es una institución con 8 secciones, con capacidad para 200 niños, donde este año se inscribieron solo 138. Sólo están comiendo caraota con pasta o con arroz y se aliña con insumos que se le piden a los representantes, las porciones son pequeñas y no se corresponden con el gramaje que debería ingerir cada niño.

Son múltiples los casos de lo más de 4.000 planteles estimadas por el MPEE que deberían estar con un Sistema de Alimentación Escolar, sin embargo la política del Estado no ha permitido garantizar el derecho a la educación garantizando la alimentación de estos estudiantes. Esto ayudaría a resolver la situación de hambre que vive precisamente la población ubicada en las zonas más pobres del país porque en el hogar no tiene la capacidad adquisitiva para ello.

Descenso del Presupuesto Educativo

El profesor Luis Bravo Jáuregui, de Memoria Educativa, señala que 

“El Presupuesto Nacional 2018 contó con el monto de 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares. La educación recibió la asignación de 8 billones 128 mil 679 millones de bolívares para su completo funcionamiento y reimpulso. Con esta suma de dinero, el Gobierno bolivariano desembolsó el 22,5 por ciento del presupuesto presentado al sector académico del país”. (Bravo, 2018) 

La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, aunque no tiene competencia para ello, ha presentado un Presupuesto Nacional 2019 estimado en 424.939.016 Petros, en el cual el sector Educación, Ciencia y Tecnología tiene un peso de 13% en el mismo. Es decir, el gobierno reduce la inversión educativa en un 9%. 

Revisemos el cuadro 1 

Cuadro 1

En los últimos 15 años la administración pública ha mantenido un presupuesto reconducido anualmente ajustándose con créditos adicionales que los distintos ministerios actualizan para cumplir medianamente con las responsabilidades. Lo preocupante de la proyección presentada para 2019 es que se reduce aún más la participación del sector educación, evadiéndose de esta manera la responsabilidad del Estado de garantizar la educación. 

El cerco económico que en los últimos años ha sufrido las universidades públicas ha impedido su desarrollo, la investigación y la extensión son escasas, se profundiza la inequidad social por la falta de recursos asignados para becas y providencias estudiantiles, no hay crecimiento ni mantenimiento de la infraestructura, ni nuevas carreras mucho menos personal preparado para iniciar ofertas académicas adaptadas a las exigencias competitivas actuales, en otra palabras; hay un ahorcamiento de las universidades. 

García Arocha recordó, durante una entrevista a Globovisión el lunes 1º de noviembre, que del total de recursos que solicitan para la universidad solo les aprobaron el 30% y que, de ese presupuesto, el 80% se destina a pagar salarios. También precisó que solo 14% del presupuesto va dirigido a providencias estudiantiles, como comedores, transporte y becas. Aseguró que desde la Dirección de Mantenimiento de la UCV, adscrita al rectorado, se realizan esfuerzos para brindar calidad a la comunidad universitaria. 

CUADRO 2 

CUADRO COMPARATIVO COSTO POR ESTUDIANTES

Año 2017-2019

	2017-18	2018-19
Matricula Educación Básica	6.393.404	7.644.869
Matrícula Educación Universitaria	2.710.350	2.853.000
Total	9.103.754	10.497.869
Inversión del sector en el presupuesto	22 % (*)	13 % (**)

(*) http://www.correodelorinoco.gob.ve/a-la-educacion-publica-destinaran-222-del-presupuesto-de-2018/

(**)http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/10/23/presupuesto-del-ano-019-destinara-754-para-inversion-social/

La inversión en educación presenta una reducción de 9% en la estimación presupuestaria que no considera el impacto hiperinflacionario que está ocurriendo en el país, lo cual indica que estamos alejados de la realidad lo que causará mayores tropiezos para cubrir las necesidades educativas, no sólo en el pago del personal docente sino en bienestar estudiantil, infraestructura escolar, investigación para el desarrollo. 

La diáspora de docentes está acrecentando 

En el primer informe que presentamos en junio 2018 señalábamos que 172.000 educadores del nivel inicial, primaria y media han migrado a otros países buscando mejores salarios y condiciones de vida, esto representaba en ese momento el 20% de la totalidad de los docentes a nivel nacional. Sin embargo, estudios que hemos estado realizando sin concluir arrojan que ese porcentaje puede estar creciendo debido al aumento de la crisis económica y social que vive Venezuela .Entre el mes de enero y febrero de 2019 que tendremos precisión sobre este fenómeno social que estamos viviendo. 

Sin embargo, como información general, el Informe de Movilidad Humana Venezolana realizó una investigación sobre el flujo de migrantes que cruzan caminando el límite fronterizo entre San Antonio del Táchira (municipio Bolívar) o Ureña (municipio Pedro María Ureña) del Estado Táchira (Venezuela), hacia el registro del control migratorio en la oficina de Migración Colombia, ubicado en La Parada, municipio Villa del Rosario, Norte de Santander (Colombia). El trabajo muestral se aplicó a los emigrantes en un total 14.578 encuestados. 

Entre los resultados se destacan que la población antes de emigrar "20,1% estudiaban, culminando sus estudios antes del viaje 5,7%. El 14,4% tuvieron que abandonar sus estudios al decidir emigrar. Por grupo etario la población más afectada en su proyecto de vida en relación a su profesionalización, son los adolescentes y adultos jóvenes, el 36,1% y 15,9% respectivamente, abandonaron sus estudios antes de emigrar". Por otra parte, en cuanto a los profesionales 9% son profesoras y maestras y 28,8 % son especialistas en ciencias matemáticas, sociales humanísticas y auxiliares afines. Un potencial humano importante está perdiendo el país por la diáspora como consecuencia de la crisis humanitaria. 

El incumplimiento permanente de parte del Estado sobre la Convención Colectiva de los trabajadores de la educación se convirtió en violación de los derechos humanos. 

El 2018 está finalizando con un agravamiento del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación y su entorno familiar. En nuestro primer informe, presentado el 27 de junio de este mismo año, se señalaba que el docente y el resto de los trabajadores de la educación experimentaban en su condición laboral una desalarización que de manera progresiva los arrastraban a una condición de pobreza, es decir; ya teníamos una entronización de las carencias más vitales para ejercer la vida. A seis meses de este análisis estamos hablando que el deterioro que está sufriendo de manera galopante el salario nos ha llevado a la desvalorización del trabajo, pero muy específicamente a la degradación de la función docente a causa de la catástrofe económica y del paquetazo económico implementado por el Estado y su gobierno. 

El estudio del salario del docente que presentamos en el mes de mayo en comparación con el costo de la Canasta Básica con el viejo sistema monetario, nos ubicaba que el salario del docente con categoría VI tenía tan solo una cobertura de 9,5% para cubrirla. A sietes meses y con un nuevo cono monetario, con dos decretos presidenciales de salario mínimo y con imposición de la tabla de ONAPRE al sector magisterial, el salario sigue hacia abajo, pulverizado. 

Presentamos el cuadro 3 que utilizando el costo de la canasta alimentaria y de la canasta familiar del mes de octubre 2018, queda evidenciada la desvalorización del salario y el exiguo valor del trabajo social que tiene la carrera docente para este gobierno. 

Cuadro 3

Nota: El salario que se ha tomado en cuenta para este estudio ha sido el salario base, ya que el salario integral correspondiente al resto de los beneficios profesionales y primas la tabla de ONAPRE prácticamente las desapareció. 

Estamos ante excesivas violaciones a la Constitución y por ende ante crueles violaciones a los derechos humanos. La Constitución en su artículo 91 reza: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. El artículo 104 establece “El Estado estimulará… a un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”, referido este artículo al trabajo y la función del docente. El artículo 89 expresa “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”. Todos esos derechos, al estar trasgredidos, el Estado no solo permanece de espaldas a nuestra Carta Magna, sino que los trabajadores no gozarán de trabajo, salario, alimento, salud, vida. 

El incumplimiento de la cláusula 40 de la I Convención Colectiva Única y Unitaria referente a la distribución de alimentos de primera necesidad violenta el derecho humano a la alimentación. 

El incumplimiento de todas cláusulas de las Convenciones Colectivas referentes a la seguridad social violenta el derecho humano a la vida, a la salud. 

El incumplimiento de la cláusula 34 de la II Convención Colectiva Única y Unitaria concerniente al buen vivir violenta el derecho a una vivienda digna. 

La alteración de la cláusula 60 de la II Convención Colectiva Única y Unitaria sobre el tabulador de salario básico docente por la imposición de la tabla de ONAPRE y por consiguiente todas las cláusulas que contemplan las primas violenta el derecho humano al salario suficiente para vivir con dignidad, violación del derecho que surge por la aplicación del paquetazo económico. 

Las políticas gubernamentales que hoy destierran los beneficios adquiridos en todas las Convenciones Colectivas violenta el derecho contemplado en el artículo 89 de la Constitución sobre que “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales.” 

En el caso de los docentes jubilados y pensionados la situación es deprimente, ya que la asignación mensual es más baja que la que recibe los activos. Esto ha ocasionado pobreza y desprotección social. Importante resaltar que estos docentes son patrimonio pedagógico y social de la nación. 

El incumplimiento de todas las cláusulas de las Convenciones Colectivas referente a disfrutar de una educación de calidad violenta el derecho humano a la educación gratuita y obligatoria. 

La perversa práctica clientelar es utilizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación para el proselitismo partidista y la coacción a los educadores.- 

Desde el mes de octubre 2018 se ha acrecentado la práctica patronal de control, de coacción y de acoso laboral. En la medida que se profundizaba las denuncias por parte de los docentes sobre el deterioro de la planta física escolar, de la escasez de materiales didácticos, de los problemas técnicos de las Canaimitas, del mal funcionamiento del Servicio de Alimentación Escolar, transgresiones laborales, entre otros problemas que se encontraron en el inicio del año escolar 2018-2019; las Zonas Educativas, los Distritos Escolares y los directores encargados simpatizantes y militantes del partido de gobierno extremaban las medidas de persecución e intimidación, aplicando así procedimientos administrativos arreglados que llevarán a inducir aspectos del régimen disciplinario. Muchos hechos concretos no se pudieron procesar en las instancias competentes debido al miedo de los docentes de ser destituidos de sus cargos. En todos los estados del país está sucediendo esta práctica, pero de manera intensiva destacan Carabobo, Miranda, Zulia, Distrito Capital, Portuguesa, Barinas y Lara. 

Las protestas que los sindicatos regionales han impulsado en defensa de la II Convención Colectiva Única y Unitaria en estos dos últimos meses se vio marcada por la violación del derecho humano a la protesta, cualquier acción sindical fue calificada como “traición a la patria”. 

Las asambleas de ciudadanos, derecho contemplado en la Constitución, en este caso las asambleas sindicales, derecho contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo, han sido saboteadas por el patrono. Caso que marcó esta práctica fue lo sucedido en Yaracuy, específicamente en los Municipios Bolívar y Peña, donde Directores de los Distritos Escolares se presentaron a las asambleas sindicales amedrentando a los docentes que se encontraban en ella, donde algunos de los docentes en condiciones de interinato no les quedó otra cosa por miedo a devolverse al plantel escolar. 

Organizaciones y Movimientos que conforman la Unidad Democrática del Sector Educativo

Parlamento Educativo

Movimiento Pedagogía Progresista

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa

Consenso Educativo 

Sectores de Educación Privada

Federación Venezolana de Maestros

Federación de Licenciados de Venezuela

Dirigentes Sindicales Nacionales y Regionales del Gremio Magisterial

Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Asociaciones de Profesores Jubilados y Pensionados del Magisterio

Secretarios Nacionales de Educación de los partidos: Copei, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Primero Justicia, Movimiento Progresista de Venezuela, Avanzada Progresista

Referencias

Bravo J, L (2018). Memoria Educativa Venezolana http://luisbravoj.blogspot.com/2018/10/713-del-13-al-19-de-octubre.html

Materano, Julio (2018). Escuelas de Fe y Alegría se suman a esfuerzos en Petare y la Cota 905 para mitigar el hambre. 8-11-2018. CECODAP https://www.facebook.com/notes/cecodap-organización-i/escuelas-de-fe-y-alegría-suman-esfuerzos-para-aliviar-el-hambre-en-petare-y-la-c/2518248828200272

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. http://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-de-emergencias/emergencias-complejas/es/

Pernalete, L (2018). Fe y alegría http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/sin-maestros-no-hay-escuela/red-de-opinadores. Consultado 3-12-2018

Revista SIC (diciembre 1,2018). Datos de ENCOVI 2018 revelan el incremento de la pobreza en Venezuela http://revistasic.gumilla.org/2018/datos-de-encovi-2018-revelan-el-incremento-de-la-pobreza-en-venezuela/ 

Universidad de los Andes. (2018). CU intenta frenar la diáspora de docentes.  http://prensa.ula.ve/2018/06/05/cu-intenta-frenar-la-di%C3%A1spora-de-docentes