Maduro profundiza su política de destrucción del salario

El anuncio realizado por Nicolás Maduro el 1º de mayo es la ratificación de una política salarial que busca abaratar el costo de la fuerza de trabajo para maximizar ganancias y reducir el gasto público.

El gobierno consolida su política de la bonificación del ingreso de los trabajadores y profundiza en su política de destrucción del salario y por tanto de las prestaciones sociales, violentando la Constitución en sus artículos 91 (salarios), 92 (prestaciones sociales) y 89 (intangibilidad y progresividad de los derechos). Congela el salario mínimo por más de un año en un escenario de alta inflación y de sistemática desaplicación y desmejora de las convenciones colectivas, incrementándose la precarización de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

Esta política, (que se viene profundizando desde 2018 con el memorándum 2792 y luego en 2022 con el instructivo ONAPRE), ha significado el más grande retroceso para la clase trabajadora desde 1997, cuando eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales.

Maduro se ha burlado de los trabajadores venezolanos al no aumentar el salario mínimo. Este se mantiene en 130 Bs. mensuales, equivalentes a 5$, muy por debajo de lo establecido por organismos internacionales que ubican en 57$ el salario mínimo de pobreza extrema. Los más perjudicados son los 5 millones de pensionados, que no perciben el bono de alimentación,  que están sometidos al exterminio, un delito de lesa humanidad.

Los bonos que han aumentado, y el bono de guerra que lo redujeron, no tienen incidencia en el salario. Esto significa que no se toman en cuenta para el cálculo de aguinaldos, vacaciones ni prestaciones sociales, conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana que tienden a desaparecer debido a la política de destrucción de la economía que adelanta el Ejecutivo Nacional. Con ella el gobierno descarga sobre el pueblo trabajador todo el peso de  la crisis y beneficia a los capitalistas del sector comercial importador y del sector financiero especulativo.

El ingreso mínimo legal, (que no el salario mínimo, establecido en 130 Bs), arriba a la cantidad de 70$, esto es 1.750 bolívares mensuales de acuerdo a la tasa establecida por el BCV en el momento de redactar está declaración. De este monto, apenas el 7,42% es salario. Y la tendencia es a que disminuya hasta desaparecer. La patronal privada está de plácemes con esta política del ejecutivo nacional, porque la misma está diseñada para desaparecer las prestaciones sociales, los pasivos laborales. El futuro de los trabajadores está en peligro.

Con esos 70$ es imposible mantener a una familia de 4 miembros si en ella solo hay un ingreso. Esto implica que el trabajador, para poder sobrevivir, debe buscar otros trabajos, laborando en muchos casos por más de 12 horas, incrementándose así la explotación de la clase trabajadora. Esto significa un retroceso sin precedentes, porque es una conquista de la clase trabajadora mundial tener una  jornada laboral de 8 horas máximo. Maduro tiene una política salarial para esclavos.

Ante esta situación, el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha ratifica que arreciaremos las acciones de protesta para exigir que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución. Pero también seguiremos luchando por el respeto a las contrataciones colectivas, la seguridad social y la libertad sindical. Asimismo, seguiremos exigiendo la libertad de todos los trabajadores y luchadores sociales judicializados por el solo hecho de defender derechos y conquista  laborales.

Invitamos a todos los sindicatos, federaciones y centrales sindicales, a organizar asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo, para que en ellas se decidan las acciones a realizar ante esta burla inhumana y neoliberal de Nicolás Maduro.

Asimismo, llamamos a reforzar la unidad demostrada en todo el país el 1 de mayo, cuando se evidenció la fuerza que tiene la clase trabajadora para movilizarse y  ante la política hambreadora de Maduro.

Evaluaremos responsablemente la activación de lo establecido en la Constitución relacionado con el derecho a huelga. Seguiremos realizando y promoviendo movilizaciones en todo el país en defensa de nuestras conquistas y para detener está política económica neoliberal que solo beneficia a una minoría corrupta, explotadora y saqueadora en detrimento de las mayorías, en especial los trabajadores venezolanos.

Por último, convocamos a todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, a salir a la calle el 29 de mayo de los corrientes, a propósito de ser el Día del Adulto Mayor. Organicemos desde ya la movilización en todo el país para exigir pensiones de vida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional. Demos la primera respuesta contundente contra la política salarial y hambreadora del gobierno.

¡Unidad para conquistar un salario constitucional!

¡Todas las luchas una sola lucha!

Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha

6 de mayo de 2023

Denuncia el profesor Pedro García: «Maduro y Fedecámaras preparan una nueva estafa contra los trabajadores»

Maduro y Fedecámaras preparan una nueva estafa contra los trabajadores para llevar el salario mínimo a 50 dólares, un absurdo que esperan concretar a partir del 30 de enero en el escenario del Tercer Foro Social Tripartito en la Isla de Margarita, con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los $50 anunciados por Fedecámaras, representan apenas el 5% de lo que cuesta la Canasta Básica Familiar del CENDAS para el mes de diciembre de 2022, cuando llegó a costar 970,12 dólares aproximadamente, y 10 % del costo de la Canasta Alimentaria del mismo mes, cuyo costo fue de 485,06 dólares o 23.906 Bs al costo del dólar oficial de este viernes, 20 de enero.

Con esta política económica inflacionaria, generada por el régimen de Maduro, estamos regresando al salario cero, ya que estamos a punto de retomar el ritmo de la hiperinflación. Es decir, 50% y más de inflación mensual según nuestras estimaciones. Los trabajadores y dirigentes sindicales que acepten cualquiera de esos montos de indigencia propuestos por Fedecámaras y el Gobierno, estarán traicionando la heroica lucha que actualmente libra el movimiento de los trabajadores, y se estarían traicionando así mismos aceptando ese atropello.

Los trabajadores activos, jubilados y pensionados, no estamos en la calle por $50, ni por $70, ni por $100 mensuales. Estamos exigiendo un salario y pensión vital mínima, anclado al artículo 91 de la Constitución Nacional, que ordena que “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales(…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado un salario mínimo vital…tomando como una de las referencia el costo de la canasta básica”…

Además del salario y la pensión mínima anclada al Artículo 91, los trabajadores estamos luchando por un aumento general de sueldos y salarios en todas las escalas y tabuladores de la administración pública, por la negociación general de nuevas Convenciones Colectivas a todos los niveles, y el establecimiento, durante esta emergencia laboral, de medidas de protección a partir de los nuevos salarios conquistados con base en el indicador que está fijando todos los precios de los alimentos, bienes y servicios y que usan los comercios para fijar el precio de sus productos: el dólar.

Si las mercaderías y la ley de la oferta y la demanda se fijan con base a ese indicador, cómo en efecto sucede en la realidad, pues el precio de la fuerza de trabajo tiene que pagarse con base en el mismo parámetro con el que se protegen todas las mercaderías. Esta es la única manera de evitar que tanto empresarios como el gobierno, sigan descargando sobre el salario y los trabajadores, las constantes fluctuaciones de la economía y los cambios en los precios de los bienes y servicios con los que los empresarios buscan mantener, en connivencia con el Gobierno, sus altas tasas de ganancias bajo condiciones de súper explotación del trabajador.

Maduro no solo ha destruido el salario, la pensión mínima y los sueldos en general, sino que también destruyó casi totalmente las diferencias salariales de los diferentes tabuladores de sueldos que existían para distinguir las funciones realizadas por diferentes tipos de trabajadores, es decir, para diferenciar el trabajo simple y el trabajo complejo. Por tal motivo, los trabajadores y la dirigencia sindical no pueden esperar solamente el establecimiento de un salario mínimo, sino que debemos luchar simultáneamente por nuevas convenciones colectivas con nuevos tabuladores de sueldos a partir de la base de un nuevo salario mínimo anclado al artículo 91.

Hacemos un llamado muy particular al magisterio nacional para que no se deje enredar con estas marramuncias políticas del Gobierno, al pretender seguir atando la suerte de la negociación de su Convención Colectiva, congelada desde al menos nueve meses, a los acuerdos con Fedecámaras en materia de Salario Mínimo, ya que no son para nada materias vinculantes.

Los trabajadores también rechazamos el discurso chantajista y manipulador del oficialismo, según el cual no hay dinero para otorgar mejores salarios y pensiones por culpa del presunto bloqueo y sanciones. Esto es una vulgar mentira que se cae por su propio peso, ya que existen suficientes dólares para financiar las mercancías que se traen desde otros países para surtir los bodegones y centros comerciales fastuosos y de lujo, así como para comprar desde los países que supuestamente nos bloquean, grandes flotas de vehículos lujosos y camionetas 4X4 y demás baratijas para satisfacer el capricho y el buen vivir de una minoría de la población, la más adineradas y también la vinculada a la nomenclatura gubernamental.

También sobra el dinero para pagarle a miles de colectivos a nivel nacional para que cumplan la innoble y miserable misión de amedrentar y agredir a los trabajadores, para que no sigan reclamando sus derechos laborales violentados por Maduro. Es obvia la exigencia de que los nuevos y viejos ricos ganen menos y que los trabajadores ganen más. Se debe revisar, además, el ISLR (impuesto sobre la renta) y las medidas que regulan las super ganancias se debe estudiar como posibilidad de garantizar una distribución de la riqueza que logre favorecer a los trabajadores nuevamente.

Por ello, este 23 de enero los trabajadores seguiremos en la calle luchando por AUMENTO GENERAL DE SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES PROTEGIDOS Y QUE SIRVAN PARA VIVIR CON DIGNIDAD

Manifiesto: Salvemos la patria, salvemos la educación

Nosotros, Diputados de la Asamblea Nacional Legítima que integran la subcomisión de Educación, gremios del magisterio, movimientos de base de educadores activos, asociaciones de educadores jubilados, organizaciones de padres y madres en la educación, representantes de los partidos políticos en la educación, gremio universitario, movimiento estudiantil de educación media y sectores sociales; alzamos la bandera de lucha por la emancipación democrática y liberación de la educación, y por el respeto a la autonomía y academia universitaria.

La catástrofe producida por la dictadura no solamente es de hambre, desvalorización del trabajo y pulverización del salario. La crisis no es sólo de destrucción de la salud, de las fuerzas productivas y su secuela de pobreza. No sólo es por la ruina de los servicios eléctricos, agua, combustible, gas, servicios de comunicación e infraestructura. No es solo una crisis del desmantelamiento del estado democrático, sus libertades públicas y graves violaciones a los derechos humanos, el ascenso de la represión, no es sólo la entrega de la soberanía nacional a las principales potencias económicas.

Esta dictadura también echó abajo la educación gratuita, obligatoria, democrática y científica.

Destruyó el único vehículo de ascenso social que tenían los más pobres. El sistema educativo en estos 21 años ha dejado de ofrecer oportunidades y condiciones para el libre juego de las fuerzas físicas y espirituales de la vida humana y del crecimiento intelectual.

Es una crisis de los cimientos morales y éticos que conforman la nacionalidad venezolana.

Es la pérdida del tiempo para que los niños y jóvenes se formen una cultura humana; que por ende los ha despojado de la recreación para el disfrute de sus capacidades creativas, del tiempo para dedicarse a la cultura, a la ciencia, para elevar sus conocimientos y el disfrute de la naturaleza que en definitiva es lo que los hará verdaderamente hombres y mujeres libres y más humanos. Hoy nuestros niños y jóvenes sienten que no tienen futuro. Además, han destruido el pilar fundamental del desarrollo de la pedagogía como son los educadores, desprofesionalizando la carrera, pulverizando el salario y acabando con la seguridad social.

La pandemia en Venezuela, ha dejado al desnudo este colapso, donde la implementación de la supuesta “educación a distancia” llamada “Cada Familia Una Escuela” ha sido un plan que ha estafado a la sociedad, puesto que no ocurrió ningún proceso pedagógico; por el contrario al centrarse exclusivamente en “informaciones” han llevado la educación a un proceso mecánico, conductual, de meros saberes y no al encuentro del conocimiento, de la ciencia.

Nuestras universidades tampoco se han escapado de esta política liquidadora del pensamiento universal, de la función académica, científica y productora de la transformación de la sociedad. La violación de la autonomía universitaria, el cerco presupuestario, los hechos de destrucción de bibliotecas, comedores, desmantelamiento de facultades, la decadencia de la infraestructura universitaria, la salida forzada de muchos profesores investigadores y científicos a causa de que el salario no les alcanza para comer. Han sido duros golpes a la investigación y a la vida académica de las universidades.

Este régimen político le cerró a la sociedad todas las vías para salir de esta crisis económica, política y social.

Ya no queremos seguir viviendo como un pueblo sufrido con hambre, miseria y oscuridad. Por eso, apegados a los principios democráticos y a los derechos ciudadanos que nos otorga la Constitución, nos unimos los sectores de la educación y manifestamos:

• Organizarnos para construir una fuerza que nos reúna por la redención de la democracia y su educación. Llamamos a insurgir al lado del pueblo y hacer posible una sociedad de justicia y libertad.

• Apoyar y unificarnos ante el llamamiento de un Gobierno de Emergencia Nacional con un Programa de Reconstrucción, que atienda la emergencia humanitaria compleja en salud y en la educación. Que comience a rescatar la producción nacional, el salario, el trabajo y los derechos humanos.

• Unirnos para defender la Asamblea Nacional Legítima, así como las organizaciones políticas que han sido violentadas en sus derechos constitucionales.

• Rechazar la evaluación que presentó el II Congreso Pedagógico Virtual Educación a Distancia realizado por el MPPE, donde señalan las supuestas “bondades” del Plan Cada Familia Una Escuela. Este Congreso estuvo teñido de espejismos que falsearon la realidad.

• Responsabilizar al régimen del colapso educativo y del cerco universitario.

• Llamar a los trabajadores de la educación, a los estudiantes, a las comunidades educativas, al gremio universitario a ejercer con fuerza democrática, la protesta como legítima acción humana y práctica civilista del derecho para rechazar la represión, la violación de los derechos humanos, defender las conquistas y reivindicaciones sociales de los venezolanos.

Exhortamos a la legítima Asamblea Nacional a considerar la situación crítica de la educación venezolana y pronunciarse ante el colapso educativo que sufre el pueblo venezolano en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja.

Estamos convocados a contribuir en la conquista de una sociedad realmente soberana y democrática, que pasa imperiosamente por el cambio político para así construir una educación consustanciada con los principios constitucionales, que garantice la formación de un ser humano preparado para el ejercicio ciudadano de la vida, para la producción y el logro de un país de bienestar.

Organizaciones firmantes:

Diputados de la SubComisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE).

Revista SIC del Centro Gumilla.

Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APROUPEL).

Red Educativa San Alberto Hurtado parte Alta de La Vega.

Presidente de FAPUV-USB

Secretario General y Secretario de Actas y Correspondencia de FETRAMAGISTERIO.

SUMA-Sucre.

SINTIDE-Sucre.

Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media (FENEEM).

SINVEMA-Cumaná.

SINPRODO-CPV Lara.

Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital (ASOCEJUPRC).

Presidente de SINVEMA-Distrito Capital.

STE-Cumaná.

Educadores con su Gente.

Asociación Civil de Educadores Jubilados Pensionados Unidos del Estado Aragua (ACEJPUEA).

SINVEMACA.

SUMA-Anzoátegui.

Secretaría de Bienestar Social de FETRASINED.

SINPRODO-CPV Yaracuy.

STE-Carúpano.

FundaREDES.

Fundación Casa Arturo Uslar Pietri.

Comisión de Educación Plan País.

Movimiento Pedagogía Progresista.

SINVEMA-Carúpano.

Movimiento Magisterial Social Cristiano.

SINPRODO-CPV Cumaná.

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.

SINPROTED-Sucre.

Parlamento Educativo.

Consenso Educativo.

Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Secretaría General de Educación de Voluntad Popular.

Secretaría General de Educación de Acción Democrática.

Secretaria General de Educación Movimiento Progresista de Venezuela.

Secretaría General de Educación de Copei.

Secretaría General de Educación de Un Nuevo Tiempo.

Secretaría General de Educación de Primero Justicia.

Secretaría General de Educación de Bandera Roja.

Secretaría General de Educación de Alianza Bravo Pueblo.

21 de julio 2020