Presentamos la exposición del compañero Pedro Arturo Moreno, directivo de la CTV, en la reunión nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, realizada el 06/12/18
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| Pedro Arturo Moreno |
Está finalizando 2018, en un agravamiento de la crisis general que sacude todo nuestro país. A este proceso de deterioro desde hace varios años lo hemos calificado de catástrofe, de un desastre que no tiene comparación en los últimos cien años. Vivimos los estertores de un régimen que durante dos décadas no solo destruyó cuestiones fundamentales atinentes a los derechos políticos y civiles, sino que también ha destruido la base estructural de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestro tejido social. En ese sentido, cuando desde el magisterio, los docentes y en particular el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR) analizan las circunstancias que vive hoy Venezuela, necesariamente deben partir de considerar cuáles son las condiciones objetivas en que nos encontramos en este cierre de año y qué perspectivas tenemos para 2019.
Revisar primero las condiciones objetivas necesariamente nos da los elementos que son fundantes de los procesos que están por venir. Por supuesto, la disposición y el ánimo de la población para transformar esta realidad (las condiciones subjetivas) tendrían que ser analizados particularmente desde la óptica de las posibilidades políticas, de las alternativas que se nos brinden desde el punto de vista de las formas de lucha, y en ese sentido vamos a dividir la exposición en esas dos partes.
En una presentación que hicimos a comienzos de 2017 en Maracay, en la cual les decía a los compañeros del MESR que 2016 había sido un año donde la caída de todos los derechos laborales era un escalón gigantesco que podíamos medirlo en una cifra: 62,5% disminuyó la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Es decir, al finalizar 2016 podíamos adquirir solamente 37,5% de lo que obteníamos un año antes. A comienzos de 2017 la caída del producto interno bruto en los cuatro años anteriores era de 28%; eso nos daba una idea del conflicto que vendría en el futuro, en el sentido de la desvalorización del trabajo y en particular la desvalorización de la función docente. Recuerden que estoy hablando de un punto de deterioro que está bastante distante de lo que vivimos hoy. Hagamos la comparación luego de tres meses de implementación del paquetazo de Maduro (plan de recuperación y bienestar económico): el 20 agosto de 2018 el salario que significaba haber multiplicado por 35 el ingreso completo del salario mínimo que era de tres millones y algo, más dos millones de bono, había subido de esos cinco millones y tanto a 180 millones, es decir que era una multiplicación por 35. Luego, con el cambio e instalación de una nueva moneda, esos 180 millones pasaron a ser 1.800 bolívares de los nuevos; pero ya no es que sean bolívares de los nuevos, era otra moneda que según Maduro iba a tener un anclaje en el valor del barril de petróleo y en una figura que el gobierno mencionaba como petro. Esa figura, que hasta los momentos es mentira que se haya convertido en una criptomoneda, sigue siendo un título valor del Estado, por lo tanto el Estado le pone el precio que le da la gana, como hizo precisamente hace apenas unos días, cuando dijo que aumentaba el valor del petro multiplicado por 3.
En esos tres meses que han transcurrido desde el 20 de agosto, los 1.800 bolívares que significaban 30 dólares se han convertido en 4.500 bolívares, que representan al día de hoy menos de 10 dólares. Incluso con la última cifra del dólar paralelo están alrededor de 8 dólares. Esos 8 dólares son el programa de recuperación económica; es decir, nada más y nada menos, que el proceso de deterioro del salario no ha sido detenido sino todo lo contrario: hay un proceso cada vez más profundo de desvalorización del trabajo y de la educación.
En esa dirección queremos repasar algo de esas cifras que nos dan la situación económica y nos están hablando de que en el transcurso de un lustro ha disminuido el producto interno bruto más de 50% (y eso se mide en divisas extranjeras); que nuestra actividad económica pasó de representar un volumen de 400 mil millones de dólares a menos de 200 mil millones de dólares. La caída estrepitosa de la actividad económica por supuesto que es la base de la destrucción de todo lo que tiene que ver con la institución académica, con servicios públicos, con valorización del trabajo o con recursos destinados a la investigación, y eso ha profundizado un proceso que nos aleja cada vez más de salir rápidamente de esta circunstancia. La planta industrial instalada en Venezuela está trabajando por debajo de 25% de su capacidad, es decir que tenemos una instalación industrial que está siendo utilizada en menos de una cuarta parte, y quizás no sea este el elemento más grave, sino que se ha profundizado el rezago en la reconversión industrial, lo cual significa que cada día somos menos competitivos en comparación con países vecinos como Colombia, Ecuador y Perú, para no hablar de Brasil o Argentina.
En este momento la base de la economía se ha deteriorado y profundizado en la dirección de la política que ha preferido el gobierno, la cual es en definitiva que los venezolanos nos convirtamos en productores única y exclusivamente de riquezas minerales, pues a la tradicional explotación petrolera se incorpora la explotación en gran magnitud del diamante, el oro, el vanadio, el coltán y el torio, entre otros minerales estratégicos, con el Arco Minero del Orinoco. Estamos frente a un proceso donde hemos retrocedido desde el punto de vista de lo que es nuestra soberanía como país. Otra cifra que refuerza esta afirmación es la ofrecida por el presidente de Fedeagro: la producción vegetal del campo está surtiendo solamente 20% de la alimentación de la población venezolana; es decir, apenas una quinta parte de los alimentos que consumimos son producidos en el país. Eso nos habla de que toda esa campaña gubernamental de autoabastecimiento y soberanía agroalimentaria ha sido la mayor estafa contra los venezolanos.
Todos los elementos de la base estructural de Venezuela se han deteriorado con tal profundidad que de mantenerse esas políticas será mucho más difícil que el país pueda tener un nivel de desarrollo económico que le permita garantizar la realización del resto de actividades sociales, educativas o de esparcimiento de la sociedad venezolana, actividades que están prácticamente sumidas en un foso. Frente a eso tendríamos que ver que una economía extractivista no necesita preparación educativa, no necesita investigación, no necesita inversión más allá de trabajadores entrenados para un trabajo simple. No necesita investigadores, no necesita que las universidades tengan laboratorios. Nos comentaba un amigo que dirige un laboratorio para el procesamiento y análisis de los crudos petroleros, que el laboratorio de la Universidad Central de Venezuela tiene capacidad para 50 tesistas; y hoy (diciembre de 2018) no tiene ni un solo tesista. Esto muestra que pese a ser una de las actividades que está cobrando más fuerza en Venezuela, aun cuando la producción petrolera ha caído, la situación económica necesariamente nos habla de que el hecho educativo dentro de este régimen no es importante. Pero si extendemos esta observación, diremos que el trabajo complejo tampoco es importante para el régimen. El trabajo que significa la preparación técnica profesional, en la superación respecto a la adquisición de tecnología propia, no está siendo ni siquiera pensado.
Se dice que en diciembre bajará del millón de barriles el nivel de producción, de los cuales apenas 300 mil barriles están suministrando divisas para Venezuela, porque la otra parte está destinada al pago de la deuda que ha contraído el Estado venezolano fundamentalmente con la República China, pero también con Rusia y otros países de Europa. Los contratos secretos que está firmando Venezuela con Turquía, con Rusia, con China, con diversos países de los cuales está obteniendo financiamiento, no contemplan la preparación tecnológica de los venezolanos ni la adquisición de tecnología para nuestro país. El régimen está brindando nuestras riquezas minerales para que sean explotadas a discreción por esos países, en particular por sus compañías privadas.
Frente a este panorama y paseándonos por las posibilidades que Venezuela brinda para salir de esa catástrofe en la cual estamos sumidos, urge la necesidad de un cambio rotundo en la relación de Venezuela con el exterior. No podemos seguir pensando en la Venezuela de comienzos de la explotación petrolera en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando era suficiente tener divisas para adquirir las cosas buenas que consumíamos acá y por lo cual la producción agroalimentaria se vino abajo. Revertir ese proceso de un mayor encadenamiento a los designios del imperialismo se convierte en el elemento fundamental para la reconstrucción de Venezuela, porque tendrá necesariamente un reflejo hacia el resto de actividades.
En este sentido, por ejemplo, la lucha por la valoración del trabajo debe estar unida a la lucha por el cambio político. No se puede exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución ―es decir, que el salario mínimo esté vinculado a la capacidad de adquirir los productos de la canasta básica― si el gobierno que genera esa necesidad se mantiene en el poder. Incluso si nosotros fuéramos condescendientes y dijéramos que el salario mínimo estuviera vinculado con la cesta alimentaria para octubre según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el salario mínimo tendría que estar ubicado en 52.322 bolívares. Frente a una realidad y a un hecho jurídico, el problema de la lucha de los educadores y de los trabajadores en general no puede única y exclusivamente remitirse a los derechos que tanto la Constitución como las leyes establecen. Es necesario reivindicar la intangibilidad de los derechos en general, la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales en particular y el derecho a no permitir que se retroceda en los convenios, en las leyes y en la Constitución. Como se decía en una manifestación frente al Ministerio de Educación: un contrato colectivo es una ley, es una ley tan ley como la ley del trabajo, como la ley de los impuestos, como la ley que rige las universidades.
En este sentido, debemos partir de algunos elementos fundamentales sobre cómo ubicar la lucha por salario, por la dignificación del trabajo, no única y exclusivamente exigiendo que se cumplan los artículos contemplados en la Constitución y en la ley. Los trabajadores tenemos que adentrarnos en conocer cuáles son los elementos que han producido este desastre, porque necesariamente es de los trabajadores, de los educadores en particular, de donde debe salir una propuesta, en la cual los derechos laborales formen parte de la reconstrucción del país una vez desplazada la dictadura del poder. Incluso pudiéramos estar proponiendo que la necesidad de que se cumplan esos derechos civiles y políticos frente a este régimen dictatorial no puede ser separada del cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales.
En esa dirección, pensamos que las luchas sociales en Venezuela tienen que estar vinculadas estrechamente con la conquista de un cambio político, con el derrocamiento de la dictadura. Y por supuesto, con la instauración de un nuevo gobierno y un nuevo régimen que de verdad abra las puertas no solo al derecho de elegir decente y transparentemente a nuestros gobernantes, al derecho a la protesta, a la organización, a la libertad, sino que necesariamente ese nuevo régimen democrático también establezca que el desarrollo económico estará orientado fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano, que nosotros de verdad dirijamos la inversión tanto nacional como la que podamos recabar del exterior en un plan que nos convenga en el sentido de la repotenciación de las capacidades productivas propias. En ese sentido no se trata solamente de criticar lo que es una política extractivista, sino también esa crítica tiene que estar vinculada con una visión de respeto a la ecología, de la necesidad de que la explotación de esas fuentes minerales no vaya en detrimento de las fuentes hídricas del pulmón vegetal que representa esa parte de nuestro estado Bolívar.
Planteada esta circunstancia, ahora tenemos que ver de qué manera y con cuáles fuerzas el pueblo venezolano, los trabajadores y los educadores en particular tenemos que enfrentarla. El problema de la incertidumbre, de la ausencia de una referencia política que de verdad nos llene de esperanza, ha sumido a buena parte a la población venezolana en un estado de necesidad donde la gente lucha por sobrevivir cada día, trata de obtener los elementos mínimos para alcanzar la mañana siguiente, y por supuesto que eso deteriora los planes de cualquier organización, ya sea social, sindical, gremial o incluso partidista. Es el problema de cómo dotamos al pueblo venezolano de un aliento para salir de esta circunstancia.
Algunos ponen el acento (aunque han bajado su intensidad porque pareciera que los países imperialistas ya han descartado esa opción) en que la solución de nuestro problema es una intervención militar. Con la presión internacional no va a ser suficiente. Como hemos dicho bien claro, sin una permanente presión popular contra la dictadura, este régimen va a persistir. Porque este es un gobierno indolente, este es un gobierno que en absoluto se preocupa por la circunstancia que hoy está viviendo la población. En ese sentido, tenemos que conformar una fuerza política y social que necesariamente pueda, partiendo desde la base del pueblo venezolano, imbricar las fuerzas que existen en las instituciones, entre ellas la Fuerza Armada Nacional, pero también otras instituciones académicas, sociales, gremiales, sindicales, de diversa índole, que puedan unirse en un plan para salir de esta dictadura. No hay otra manera. Aquí no podemos pensar que de un proceso electoral dirigido por las cuatro rectoras esas, que son defensoras de este gobierno y de este régimen, o del tribunal supremo de justicia que está en la avenida Baralt, pueda salir alguna disposición que abra los caminos al cambio.
Quienes hemos decidido no rendirnos debemos construir una fuerza política y social (incluyendo a quienes han salido del país, la diáspora tan importante para nosotros) que pueda restituir esa fuerza material para el derrocamiento de la dictadura. Debemos tener claro que construiremos esa fuerza del cambio en medio de difíciles circunstancias que se agravarán cada vez más, porque se va a profundizar la situación de debilitamiento de la infraestructura, del trabajo y de las capacidades productivas, y aumentará el deterioro en el funcionamiento orgánico de las instituciones y de las organizaciones sociales y partidistas.
Estamos frente a un reto de marca mayor. No es sencillo hablar de que el 10 de enero vamos a estar sin presidente legítimo ―o mejor dicho, no es que hoy sea legítimo sino que incluso ese usurpador que fue puesto allí por la espuria asamblea nacional constituyente ahora va a quedar mucho más desnudo―, pero eso no significa que el cambio va a producirse el 11 de enero. No nos montemos en esa idea fantasiosa. Mientras no haya una fuerza que se dirija a sacar a estos tipos, no van a caer, no van a salir, y ya vemos cómo las mafias dictatoriales están en disposición de hacer uso de todas las formas de represión, de tortura, de intimidación y de chantaje, como lo acabamos de ver hace apenas una semanas con la detención del compañero Rubén González, secretario general de Ferrominera, acusado de un delito militar, cuando su lucha ha sido fundamentalmente por el rescate de los valores y de los derechos de los trabajadores, y se le acusa de “ataque a centinela” precisamente por una protesta frente a Ferrominera que se realizó con los trabajadores. Y entonces la acusación aviesa nos muestra lo que hemos tenido que afrontar.
La dictadura se dispuso a hacer uso de cualquier resquicio legaloide para detener la protesta popular y para incentivar el miedo, para que el miedo se les meta en los huesos a los luchadores sociales, para que el terror nos paralice. Frente a esto necesariamente tenemos que pasearnos por la irrupción de una vanguardia. Una vanguardia compuesta por los elementos más esclarecidos el pueblo venezolano abriendo paso a esa fuerza social y política que seguramente en cuestión de días va a sumarse en la medida que vea una posibilidad cierta de cambio. Frente a esas circunstancias, cuando nos hablan de una transición y unas elecciones y no nos muestran exactamente cómo va a ser logrado eso, puede más bien traducirse en un desencanto para la población, en un nuevo engaño, como lo fueron la “hora cero” y la huelga del 30 de julio de 2017, cuando se realizó la supuesta y e írrita elección de la Constituyente. La oposición venezolana tiene que sentarse de verdad y enseriarse en los planteamientos de una ruta, en primer lugar, que cuente con el apoyo de las fuerzas vivas nacionales, con las fuerzas sociales y políticas, para que de verdad el cambio pueda producirse.
2019 va a ser un año que probablemente va a irrumpir con luchas de masas, con protestas de calle, pero que en primer lugar tienen que estar basadas en una gran jornada de clarificación entre las bases del pueblo, de comprender qué significa lo que estamos viviendo, de saber cuáles son el engaño y la trampa que nos están volviendo a montar desde este régimen dictatorial, para que verdad, una vez clarificados, podamos contar con una mayor cantidad de militantes y activistas dispuestos no solamente a salir a protestar por salarios dignos, por una educación popular gratuita y democrática, sino que también estén dispuestos a luchar por la libertad, por restituir la democracia, por restituir la Constitución. Y eso necesariamente nos puede conducir a la utilización de formas de lucha mucho más difíciles.
Hay que preparar a esa vanguardia para que tenga la disposición de asumir este reto; porque no es fácil, diciéndolo no está resuelta la cosa. Sin embargo, el pueblo volverá a incentivar en nuestra juventud la necesidad que tenemos de plantarnos en Venezuela para rescatar nuestro país. Esta es una labor difícil pues muchos de esos jóvenes, incluso los que están a punto de terminar sus estudios universitarios, ya tienen la vista puesta en otros países. Eso tenemos que revertirlo con la creación de una esperanza que venga principalmente de la confianza en nuestras propias fuerzas.
Creemos que 2019 nos va a presentar una circunstancia de muchos retos, de muchas exigencias. Venezuela tiene los recursos y las reservas como para afrontarlos. El MESR ha sido importante para orientar acerca de cómo salir de esta incertidumbre, para crear dentro del magisterio venezolano la claridad de cuál es su rol, tanto en la producción del cambio como en la reconstrucción de un sistema educativo que de verdad atienda la necesidad, no solamente de elevar la capacidad académica y de investigación, sino que esas capacidades estén vinculadas con la reconstrucción de nuestra soberanía e independencia económica y política.
Pedro Arturo Moreno
Sec. Ejecutivo de la CTV
Responsable del Departamento de DDHH de la CTV
Presentamos un audio de una colega que se comunicó con el servicio telefónico del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación. Las respuestas de la joven trabajadora a la colega evidencian que el SISME es una estafa. Apenas 200 Bs. es lo que cubre el seguro de HCM para los docentes al servicio del Ministerio de Educación. Y para servicios funerarios 150 Bs. Esto es expresión de la política de la dictadura contra los trabajadores venezolanos en general y los de la educación en particular, que se resume en la pérdida de derechos conquistados y el desconocimiento a los contratos colectivos. Ante esta estafa, no queda otra alternativa que rebelarnos frente el estado patrón y luchar por el cambio político y nuestros derechos laborales.
