lunes, 16 de julio de 2018

¡Alerta! Se desploma la educación como derecho humano en Venezuela


Documento presentado por la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE)



Equipo redactor:


Profesora Ofelia Rivera
Profesora Raquel Figueroa
Profesora María Valentinez



Caracas, 27 junio de 2018

Presentación

La Unidad Democrática del Sector Educación (UDSE), conformada por educadores de diferentes movimientos, dirigentes sindicales de Federaciones y Sindicatos del Magisterio, del gremio profesoral de la UPEL y de las Secretarías de Educación de las distintas organizaciones políticas, se han constituido en unidad para luchar juntos al lado del pueblo sufrido y contribuir a la conquista de una sociedad realmente soberana y democrática, que pasa imperiosamente por el cambio político para así erigir una educación consustanciada con los principios constitucionales que garantice la formación de un ciudadano preparado para el ejercicio ciudadano de  la vida, para la producción y el logro de un país de bienestar. Tal como expreso el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa “La educación es una función política y la más política de las actividades del hombre, porque por medio de ella se forja la nación, se orienta el porvenir y se impulsa el progreso de los pueblos”.
Esta instancia unitaria del sector educativo ha visto la necesidad de forjar un primer documento que deja al descubierto que el Estado ha estado cercenando la educación como derecho humano, arremetiendo contra la dignidad humana y dejando daños profundos a la nación.
La situación de alta complejidad que vive el país  por la crisis económica y social ha provocado una crisis humanitaria de largo alcance que no sólo afecta las necesidades básicas del pueblo venezolano, como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad alimentaria, sino que tiene características multifactoriales. En el caso de la educación su impacto  no sólo en lo inmediato atenta contra el derecho a la educación, sino que pone en peligro la existencia de la república.
El régimen de Nicolás Maduro ha agudizado la situación de crisis económica, social y política, siendo responsable de la inmensa pobreza, hambre y deterioro de la vida de los venezolanos.  Ha incumplido con los fines y principios constitucionales al colocar a la deriva e inercia la atención eficiente y necesaria de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)  en su artículo 102 establece que la educación es un derecho humano y un deber social, de carácter democrático, gratuito y obligatorio. De esta forma el concepto  de Estado Docente está presente en nuestra Carta Magna. Siendo así; se debe asumir como función indeclinable en todos sus niveles y modalidades del Sistema Educativo. Esto expresa que no podrá trasladar a otros la responsabilidad insoslayable e indeclinable que tiene de cumplir con la garantía  de la educación. De la misma manera el artículo 103 de la CRBV establece la educación obligatoria desde el maternal hasta el nivel medio diversificado.
Las políticas educativas han sido incoherentes e incongruentes con los fines previstos. Han estado centradas más bien en un feroz populismo, aderezado de la ineficacia, improvisación y desconocimiento que agudizan la situación de crisis humanitaria que vive el país. No se trata solo de una pobreza social sino de una pobreza intelectual a la que ha llevado nuestro país, evidenciando un retroceso de las metas educativas previstas para el desarrollo del país y de las metas educativas planteadas por UNESCO. Las declaraciones del ministro Elías Jaua contrastan con la dura realidad de nuestro sistema educativo, las aulas vacías y el sufrimiento de nuestros niños que se desmayan en los salones de clase. Veamos la declaración de Jaua: “para 2018 Venezuela logrará la cobertura de 100% de los estudiantes que están dentro del sistema público de educación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ofrece desayuno, almuerzo y merienda gratuitos.” (El Carabobeño 5-6-2018). Estas declaraciones se producen durante la 39 Conferencia General de la UNESCO realizada  en el mes de mayo de 2018, donde además afirmó que “Venezuela duplicó la meta de la UNESCO en materia de educación”. El Ministro del Poder Popular para la Educación utilizó un espacio internacional para presentar una realidad educativa disfrazada y distorsionada.
Uno de los graves problemas que agudiza la situación educativa es la inexistencia de estadísticas educativas actualizadas años escolares (2016-2017 y 2017-2018). De manera que las políticas educativas no se fundamentan en  información verificada porque el ministerio ha descuidado  este elemento sustancial para la aplicación de acciones educativas.
De acuerdo al investigador Luis Bravo la situación matricular de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en los últimos 20 años es preocupante. Expuso cómo a partir del año 2006 la matrícula entró en un estado de “recesión” respecto al crecimiento de la población y desde 2013 cayó en “depresión”, porque la realidad de crisis económica y social se agudizó (Efecto Cocuyo; 8-03-2018). A reglón seguido, destaca que esta situación no ha parado, por lo que ha mantenido la caída de la matrícula escolar.
Desde el año 2017 hasta la fecha se ha estado desplegando un fenómeno social que nunca se ha presentado en nuestra historia republicana.  Estamos mencionando la deserción docente a causa de la pulverización del salario y las malas condiciones de trabajo. La crisis está obligando a los docentes a emigrar a otras latitudes buscando así condiciones dignas de vida para sus familiares. Aunado a esto, la escuela ha dejado de ser un espacio para el encuentro social, para la formación de ciudadanos, para el encuentro con el conocimiento científico, se ha convertido en un espacio para el proselitismo partidista, para el control político guiado por el proyecto autoritario del régimen. Somos testigos de una flagrante violación de la educación como un derecho humano. Esta catástrofe está promoviendo la pérdida progresiva de la República y de una sociedad democrática y de justicia, de valores de libertad, que asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, tal como lo establece el preámbulo de la CRBV.
La UDSE ha preparado un estudio apoyado en la aplicación de una consulta  a un grupo de educadores activos en el desarrollo del hecho educativo, dirigentes gremiales  e investigadores del área para así  determinar la prioridad de atención inmediata de los problemas educativos que se ha agudizado producto de la crisis humanitaria y que por ende de la ineptitud del Estado en apartarse de su responsabilidad inalienable de atender la educación y políticas hacia un derecho humano mundial.
A continuación presentamos once (11) problemas que expresan claramente el desplome de la educación como derecho humano.
Problemas que expresan claramente el desplome de la educación como derecho humano
1.- La crisis alimentaria está lesionando el derecho a la alimentación de los niños y jóvenes
La situación de crisis alimentaria que atraviesa el país afecta directamente a la población estudiantil venezolana. Los hogares con mayor dificultad para acceder a los alimentos son precisamente los grupos más vulnerables o en estado de pobreza. De acuerdo al Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), en el 2017 Venezuela atravesó una insuficiencia crítica de la disponibilidad de energía alimentaria; esto es la oferta de alimentos, totalizando producción e importaciones donde fue insuficiente para cubrir los mínimos de energía requeridos para toda la población. Se estima que la oferta alimentaria posible (disponibilidad para consumo humano de energía alimentaria/persona/día) es inferior a 95% de los requerimientos normativos establecidos por el Instituto Nacional de Nutrición (INN). Para que una nación se considere en Seguridad Alimentaria esta suficiencia tendría que ser de 110%15. (Tomado de informe Provea, 2017; 10). En tal sentido, es impredecible en la actualidad establecer con claridad cuál es el impacto que ocasionará el hambre no sólo en la salud y nutrición sino en el aprendizaje y por ende en la educación como proceso integral.
Estudios realizados por Amnistía Internacional señalan:
La mayoría de las personas, cuando piensan en el hambre, se centran en el modo en que ésta se manifiesta físicamente: la extrema delgadez de las poblaciones afectadas por la hambruna o la pequeña estatura de las que sufren malnutrición crónica. Sin embargo, para quienes sobreviven a este flagelo, las secuelas más dañinas sean quizá las que conciernen al aprendizaje. Sufrir hambre durante el período de la infancia puede provocar un retraso mental irreversible y una disminución del coeficiente de inteligencia (CI) y de la capacidad de aprendizaje. Los efectos son trágicos para las personas, e impresionantes para los países. Por ejemplo, se estima que el CI medio de la población de más de 60 países es entre 10 y 15 puntos inferior a la puntuación que podrían tener, debido sólo a las carencias de yodo. (Ramos, J; 11-05-2017).
Por otra parte, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI – Educación) el 40% de la población escolar está “dejando de asistir a la escuela por falta de alimentación” (p 12), de una población estimada de 7 millones 300 mil estudiantes que asiste a la escuela con edades comprendidas entre 3 a 17 años. Ver a continuación
Cuadro 1
Falta de comida impide la asistencia regular
Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida 2017. UCAB-USB-UCV
El Programa de Alimentación Escolar o Servicio de Alimentación Escolar (PAE/SAE) viene funcionando desde 1969. Pero a partir del año 1999 el gobierno nacional estableció el Programa de Escuela Bolivarianas con la finalidad de garantizar la formación integral incorporando además el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la efectiva asistencia de la escuela. La matrícula atendida para el 2007 estuvo estimada según cifras oficiales del ME en 132.041 estudiantes que debieron recibir alimentación de acuerdo a este programa.
El impacto en materia educativa, además los referidos a la salud  y nutrición del estudiante están referidos a las condiciones en las que los niños y jóvenes aprenden y de la calidad de la educación que reciben por la falta de condiciones mínimas de subsistencia.
En el informe final (2013) de la Contraloría General de la República de Venezuela señala que el Programa de Alimentación Escolar-Servicio de Alimentación Escolar (PAE/SAE), no obstante que sus objetivos están claramente definidos y su normativa es razonablemente completa, presenta fallas en la planificación, supervisión y control del servicio prestado, lo que pone en riesgo la adecuada atención alimentaria y nutricional a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Programa en las diferentes Unidades Educativas . El Ministro de Educación Elías Jaua aseguró  que “el PAE/SAE ha llegado a 15.329  planteles educativos de los cuales benefician a 3 millones 736 millones” de estudiantes. Esta situación genera  preocupación  por cuanto según la Ley de Presupuesto MPPE 2015 se estimaba que la atención matricular era de 4.351.576 estudiantes, lo cual contradice la aseveración del Ministro o en todo caso coloca la meta de cobertura del 100 % de protección alimentaria escolar más lejana en el tiempo.
Son persistentes las denuncias sobre irregularidades en el funcionamiento del PAE/SAE. Carmelis Urbaneja, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros, explicó que debido a la crisis económica los niños solo se alimentan con el PAE/SAE y como este presenta fallas, los infantes faltan a clases. Además, los padres y representantes de los alumnos denuncian el hurto de los alimentos. En la escuela estadal Amazonas ocurrió un robo el pasado 19 de marzo (El correo financiero; 3/06/2018). El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez estableció como balance del año escolar 2016-2017 que el Servicio de Alimentación Escolar empezaba a menguar, ya que se habían reducido las raciones y los alimentos nutritivos. Señalaron a la vez que dicho año escolar finalizó con un 69% de escuelas que dejaron de entregar el desayuno a los niños. Diariamente se requieren entre 1500 a 2000 calorías mínimas para garantizar la alimentación de una persona. Sin embargo, las denuncias en las escuelas apenas nos muestran un plato con una porción de arroz y cuando mucho 1 cucharilla de mantequilla. Los estados más pobres con población indígena como Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar están más afectados por la inaccesibilidad  por los costos de la gasolina para el traslado de los alimentos.
La alimentación de los niños y jóvenes escolarizados están severamente comprometida, tanto por las dificultades para acceder a los alimentos a causa de su alto costo, la escasez, debido a la disminución de la producción nacional y la merma de las importaciones, y  por la persistente inflación. Agregándose a esto la falta de control y supervisión adecuadas por parte del MPPE al programa SAE / PAE.
2.- La deserción escolar está acentuando la exclusión
Si la educación es la oportunidad para el ascenso social que tienen los miembros de una sociedad,  preocupa el actual incremento de la deserción escolar presente en la realidad venezolana. Además, constituye  el  indicador educativo más importante  en el que se ve  reflejada  la  crisis educativa y el desplome de la educación como derecho humano.  La mayor prueba sobre la falsa práctica de la educación igualitaria y para todos hoy lo expresan los indicadores de la exclusión escolar. La tendencia manifiesta que más niños y jóvenes están saliendo de las escuelas y liceos debido al crecimiento de la pobreza y el deterioro del salario familiar.
Destacamos que los entes  oficiales encargados de ofrecer la información sobre la deserción escolar se han caracterizado por ser irresponsables al omitir, alterar  o manipular  las cifras estadísticas, obligándonos a buscar en otras  instituciones  la información requerida.
Tal es el caso del centro de investigación Memoria Educativa de UCV, quien  nos dio a conocer que en la primera década del siglo XXI el proceso de inclusión escolar presentó un “estancamiento regresivo” al   experimentar un ligero aumento en 4 años, del 2003 al 2007(Luis Bravo, 2017) como se observa en el cuadro n° 2.  Mientras que para la  presente década,  el fenómeno de ingreso educativo, se revierte al generase  un “decrecimiento” en el número de estudiantes inscritos  en todos los niveles de la educación  escolar venezolana.
Cuadro 2
Estudiantes matriculados
Fuente: Memoria Educativa UCV 2017
Situación que es respaldada por otro ente como  PROVEA, organización que, mediante cifras oficiales, muestra la  disminución del ingreso de  estudiantes al Sistema Educativo en los últimos 4 años. Además, señala PROVEA que “en agosto, el ministro Elías Jaua ofreció la cifra de 7.195.335 estudiantes. Es decir, que en el lapso de siete meses según cifras oficiales, se redujo la matrícula en 251.180 estudiantes a un ritmo de 35.000 cada mes”.
Cuadro 3
Diferencia de matrícula
Fuente. PROVEA Informe anual 2017
De igual manera para el profesor Maragall, quien hasta hace pocos meses era el secretario de Educación del Estado Miranda, señaló que “en el período escolar 2016-2017 alrededor de 10.000 niños dejaron las escuelas en la entidad federal. Realizando una proyección por Estados, afirma que unos 560 mil estudiantes abandonaron las aulas.” (Citado por PROVEA)
Con respecto a la Encuesta sobre Condiciones de Vida para Venezuela ENCOVI (Freitez, 2017) señala que   “Entre 2015 y 2017 el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años, en promedio, descendió de 78% a 71%.” Los datos ofrecidos por las instituciones  y personalidades citadas nos indican una tendencia a un crecimiento sostenido de la deserción escolar en Venezuela.
Es importante destacar  que el retiro escolar definitivo rara vez es un evento inesperado; se presenta más bien como una cadena de hechos que le anteceden fenómenos como la repetición y el  rezago escolar, que van elevando el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de adaptación, especialmente cuando se transita del nivel de educación primaria  al nivel de educación media.   En otras palabras, Cuando los estudiantes no consiguen progresar  según la tasa media esperada  quedan cada vez más excluidos del proceso educativo.
En la actualidad, el crecimiento de los índice de deserción escolar amenaza con elevarse a niveles históricamente nunca visto  porque (Anitza Freitez, op. cit)) “el rezago escolar (RE) es un potenciador de la exclusión educativa” como lo indica la autora  que “hay 475 (15%) mil adolescentes, en las edades de 12 a 17, con un RE severo,  cuyo riesgo de exclusión educativa puede potenciarse si el entorno socio-familiar [y escolar] son adverso y no hay políticas que apunten a la retención escolar”
Cuadro 4
Matrícula estudiantil que asisten siempre y que faltan de forma regular
Fuente: ENCOVI 2017
Se observa en el cuadro 4 que 2 millones 828 mil estudiantes entre las edades de 3 a 17 años asisten a clases en forma irregular porque deben sortear un conjunto de irregularidades, como son: la falta de transporte, fallas del servicio eléctrico, fallas del servicio de agua,  la falta de comida en el centro educativo, la  falta de comida en el hogar, entre otras.
En la ECONVI, se discrimina por estratos sociales el porcentaje de asistencia a los centros educativos destacando que la población comprendida entre los 3 a 17 años escolarizada perteneciente al estrato más pobre (Q1), casi la mitad (46%) asiste con irregularidad a los centros educativos, debido principalmente a la falta de comida en el hogar o en el centro educativo, y por las fallas en el servicio de agua (ECONVI, 2017). Es decir, que la condición socioeconómica de los hogares en los que residen los niños y adolescentes caracterizada por la situación de pobreza crítica, es un factor que tiende a aumentar el  rezago escolar severo  y por ende el riesgo de deserción, sobre todo en las etapas tempranas.
La  profunda crisis económica y social por la que atraviesa la sociedad venezolana,  obliga a los niños y adolescentes a “incorporarse a las actividades de búsqueda de recursos puesto que el ingreso familiar resulta insuficiente y obliga a varios integrantes de la familia a realizar esfuerzos por incrementarlos. Otro grupo de jóvenes posiblemente integra parte de la masiva emigración; y finalmente algunos jóvenes no poseen recursos suficientes para costearse pasajes y tampoco tienen la garantía de asistir a clases como mínimo con el desayuno ingerido” (PROVEA, 2018).
El año escolar 2017-2018 el MPPE entregó un bono escolar de 250 mil bolívares para el inicio del proceso escolar, este bono fue distribuido sólo para aquellos que tenían el carnet de la patria, por lo que se presentó una discriminación con una visión política partidista.  Pero a pesar de este bono, se mantuvo el crecimiento de la deserción escolar, tal como lo manifiestan las investigaciones que acá estamos presentando. Para el próximo año escolar 2018-2019 ya han notificado que se entregará un bono, pero éste se realizará a través de la misma práctica política, es decir; obligando a las familias a obtener el carnet de la patria. Una vez más manipulan las necesidades y  el sufrimiento del pueblo. Sabemos que el carnet de la patria ha sido instrumento al servicio del proselitismo partidista y para seguir profundizando el populismo.
Cabe  señalar, que aplicando políticas o programas sociales por parte de los organismos oficiales, se puede disminuir la tendencia creciente de la deserción, sin embargo, tales instituciones no garantizan en un porcentaje significativo y contundente  mejorar la situación. Programas sociales que son esporádicos y limitado en término de recursos económicos y de su efectivo  funcionamiento en el tiempo  y de su alcance nacional.
La deserción escolar genera elevados costos sociales y económicos a mediado y largo plazo como son la  de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo. La baja productividad del trabajo y su efecto en el (menor) crecimiento de las economías, además representan un costo social los mayores gastos en los que es necesario incurrir para financiar programas sociales y de transferencias a los sectores que no logran generar recursos propios.  También contribuye al crecimiento  de las desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la democracia y de una sociedad más autónoma económicamente.
3.- Dessalarización y desvalorización del trabajo del educador
La hiperinflación ha llevado el salario del educador al desplome y por ende el valor del trabajo profesional disminuye tanto para tener una vida digna, para lograr el ascenso social y para el valor de la formación de ciudadanía. El cuadro que a continuación presentamos expresa claramente que la profesión docente está en la escala de la pobreza:
Cuadro 5
Canasta Básica vs salario docente-Mayo 2018
Fuente: Navas, Daniel 2018 Movimiento de Educadores Simón Rodríguez. Mimeografiado.
Del cuadro 5 podemos extraer como ejemplo el docente con categoría VI. Esta categoría profesional de mayor años de servicio sólo tiene un 9,5% de cobertura para la Canasta Básica, es decir, su salario del mes de mayo tiene un déficit de 90,5% en comparación con el costo de la Canasta Básica del mes de mayo.
Pero queremos resaltar que a pesar del aumento correspondiente del mes de julio 2018 del 40% contemplado en la II Convención Colectiva de los Trabajadores del MPPE y del último aumento por decreto presidencial, estos movimientos no llegan a devolverle la dignidad humana a esta tan importante carrera profesional. Revisemos el cuadro 6 y nos daremos cuenta de la grave situación, más cuando se estima el vertiginoso aumento del costo de la canasta básica para el mes de junio a causa de la hiperinflación que CENDA-FVM está por publicarla.
Cuadro 6
Actualización del tabulador salarial del educador 1 de julio 2018. IICCUU

Fuente: Navas, Daniel 2018 Movimiento de Educadores Simón Rodríguez. Mimeografiado.
Esto nos señala que estamos ante otra violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos siguientes: art. 91 que reza “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.” Art 104 que reza…”El Estado estimulará… a un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.”
El salario mínimo vital, de acuerdo a parámetros de la OIT y el Banco Mundial se calcula con base en la Paridad del Poder Adquisitivo $ (PPA$), que es una moneda imaginaria basada en el consumo de bienes y servicios, y establece un nivel de vida para poder realizar comparaciones entre los países, sea cual sea su moneda nacional. Según esto, un trabajador no debería ganar menos de 2 dólares diarios, considerándose un ingreso infrahumano el que esté por debajo de eso. Es decir, los educadores venezolanos tenemos un ingreso infrahumano. Ni hablar de los docentes jubilados que pareciera que en Venezuela ser jubilado es no tener ningún futuro.
El docente vive una dessalarización que lo conduce a una condición de pobreza, es decir; estamos ante una entronización de las carencias más vitales para ejercer la vida. Esta profesión vive ya una condición de pobreza que aleja la posibilidad de una educación de calidad para meta educativa para lograr el desarrollo nacional.
4.- Crisis de la Infraestructura Escolar
Nos encontramos con un Ministerio del área que  no ofrece información oportuna y detallada  del número de establecimientos por cada nivel del sistema  educativo, más cuando desde el año 2015 no se ofrece cifras oficiales contempladas en las Memorias y Cuentas del Estado. Con base en la información ofrecida por PROVEA, para el año escolar 2014-2015 el total de planteles fue de 27.626. En función  de ver  el comportamiento de su crecimiento PROVEA (2018)  realizó un análisis de las Memoria y Cuenta del MPPE entre los años 2004-2005 al 2014-2015 determinando que se construyeron en un lapso de 11 años 2.412 planteles, correspondiéndole al sector oficial 1.824 planteles, con un promedio de  172 planteles  por año.  Dividido entre el número de entidades que conforman el país corresponde, 7 planteles por entidad,  y dividido con los 335 Municipios del país  se obtiene que el gobierno construyera menos de la mitad de un plantel por municipio durante 11 años. Destaca PROVEA (2018) aceptando el promedio de construcción de planteles de 219, para el año 2017 la cifra  sería de 28.086  planteles. Sin embargo, en nota de prensa del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, se informa que “la cantidad de planteles para enero de 2017 era de 30.687”.  Es decir, que en un lapso de dos años se construyeron 3.061 planteles. Información difícil de creer, en un contexto histórico donde el país atraviesa  por la  más grave crisis económica. Con toda la manipulación de la información por parte del despacho del Ministro de Educación, es importante acotar  como señala  Juan Maragall,  que el ritmo de construcción de unidades educativas es insuficiente a nivel nacional. “Venezuela necesita construir mínimo 500 escuelas anuales durante seis años consecutivos para frenar el déficit” (citado por PROVEA).
Cuadro 7
Planteles oficiales y privados 2012-2013 al 2016-2017
Fuente. PROVEA Informe anual 2017
Es importante acotar, que hace semanas el propio Ministro de Educación Elías Jaua expresó a través de los medios de comunicación que el total de planteles era 27.000, otra cantidad que expresa contradicciones.
Otro aspecto de la infraestructura es el mantenimiento y reparación de los planteles, actividad que debe ser algo normal y rutinario, se convierte en un acto extraordinario  ejecutado  mediante campañas y planes operativos  denominados “una gotita de amor  para mi escuela”. Operativos  que solo consiguen reparaciones menores, dejando sin atender los problemas estructurales. Además, dicho operativo no es de carácter  generalizado por ejemplo “Semanas antes del inicio del año escolar en septiembre de 2017, el MPPE informaba que 1.155 edificaciones educativas habían sido intervenidas con el plan Una Gota de Amor”. (PROVEA, 2017), si consideramos que el ente oficial tiene a su cargo “25.259 planteles”, el operativo sólo atendió  el 4,5%  de los planteles, constituyéndose dicho operativo en una lotería, cuando en realidad todo plantel necesita de  reparaciones y mantenimiento después de un años escolar. En la  actualidad la mayoría de los  planteles  atraviesan por graves problemas de electricidad, de agua, de cloacas colapsadas, de mal funcionamiento de los baños, de pintura, de dotación y construcción de laboratorios,  de dotación  pupitres, de filtraciones, de canchas  y materiales deportivos. Es Importante señalar la inexistencia de bebederos en la gran mayoría de los planteles escolares. Con bastante frecuencia son los representantes los que tiene que contribuir con las reparaciones de los plantes, con la compra de materiales de limpieza y de materiales de papelería, aportando de su muy mermado  o paupérrimo salario.  No existe un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones educativas.
Un elemento indispensable para el funcionamiento adecuado de los planteles es la dotación, la cual es inexistente o mínima. De acuerdo a la contratación colectiva se deben garantizar las sillas ergonómicas para  el personal docente, la cual no se ha cumplido de manera efectiva desde el 2009. Sin incluir el resto de las condiciones mínimas de adecuado funcionamiento de las aulas.
Esta problemática agudiza aún más el cumplimiento del derecho a la educación.
5.- Diáspora de estudiantes y docentes
En la actualidad la población venezolana vive una migración hacia distintos destinos en la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual ha ocasionado que miles de familias estén afectadas por la desintegración del grupo familiar. ACNUR ha declarado recientemente que en los años recientes, la complejidad de la situación socioeconómica y política en Venezuela ha estimulado a más de 1,5 millones de venezolanos a trasladarse a países vecinos y a otros más lejanos” (El Nacional; PANAM POST,20-06-2018). Igualmente, el informe presentado a finales del 2017 presenta resultados de alarma en cuanto a la solicitud de asilo por los venezolanos. Es así como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sobre tendencias mundiales en desplazamientos forzados señala que el número de venezolanos que solicitaron este tipo de protección internacional se ubicó el año pasado en 111.600, una cifra que triplica la registrada en 2016.
Así la nación sudamericana solo resultó superada por países que durante la última década han sufrido guerras devastadoras como Afganistán (124.900), Siria (117.100) e Irak (113.500), donde ha habido intervenciones militares de grandes potencias internacionales y actúan grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico, Al Qaeda y los talibanes.(El Observador,20-06-2018).
Según el Registro Administrativo de Migrantes de Venezolanos en Colombia (RMV), un total de 118.709  niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años estarían en el país fronterizo por una situación de desplazamiento, aunque  no tenemos claridad si están asistiendo o no a alguna institución escolar (ver cuadro 8). Tampoco conocemos el estado del alcance de la  indefensión ante su derecho a la educación. Por su parte el Ministerio del Poder Popular para la Educación señala que no existe deserción en el sistema educativo venezolano.
Cuadro 8
Registro Administrativo de migración de venezolanos en Colombia
Fuente: RAMV 2017
En declaraciones públicas afirma que “hay problemas con el transporte por eso hay ausentismo, pero jamás hay deserción masiva. No hay déficit de maestro en Venezuela, en nuestro registro solo 2.000 de 500.000 maestros han renunciado en el último año” (Analítica, 2018, junio 13).
De manera directa los estudiantes se ven afectados por esta situación por la falta de la madre y/o el padre, al colocarlos en un nivel de vulnerabilidad. No puede negarse que es cierto que existe un número de estudiantes (entre los 3 y los 17 años) que ha sido afectado por la migración de algún familiar al exterior incidiendo en  su derecho a una educación de calidad en su país. La falta del no reconocimiento por parte del Ministro Elías Jaua de esta situación estaría colocando al Estado en la violación del derecho a la educación. Los docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo venezolano también se han desplazado en búsqueda de ingresos mayores para garantizar condiciones de vida. Hasta ahora las cifras más evidentes se presentan en la educación superior. El profesor Víctor Márquez de la APUCV afirma:
En los últimos 4 años, aproximadamente 1.600 docentes de 5 de las principales casas de estudio de Venezuela han renunciado a sus puestos. La Universidad Central de Venezuela cuenta con una plantilla de 4.278 profesores, de los cuales cerca de 700 han renunciado desde 2011 a la fecha. La Universidad Simón Bolívar perdió 270 docentes hasta diciembre de 2014, y 30 profesores en lo que va de 2015, de más de los 1.000 que tiene en total; en la Universidad de los Andes han recibido la renuncia de 100 profesores y alrededor de 200 permisos no remunerados en los últimos 2 años; en la Universidad del Zulia, de 4.870 profesores (entre activos y jubilados) se han ido 200 desde el año pasado, y en la Universidad de Carabobo la planta ha perdido 300 docentes, de los 5.000 que laboran en ese centro de estudios. Todas son cifras proporcionadas por las asociaciones de profesores de cada universidad. (El Nacional; 6/05/2015)
La situación se torna delicada por cuanto en las Universidades con trayectoria en la formación docente ha comenzado a sentir la situación. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) ha venido manifestando esta situación a través de sus estudiantes y profesores
El profesor  Nelson Silva, decano de la Universidad Pedagógica Experimental Luis Beltrán Pietro Figueroa de Barquisimeto (UPELIPB), expresa que:
…incluso, profesores que ingresaron hace año y medio a trabajar han renunciado, algo jamás visto en la UPEL…Situación se extiende a los empleados administrativos. Eran impensables tantas renuncias, que alcanzan 10% en la UPEL, la nómina actual es de 400 docentes. El fenómeno  se extiende al personal administrativo han renunciado 30 funcionarios, aunado a las solicitudes de permisos no remunerados o año sabático para irse y esperan tener cierta estabilidad y luego envían la renuncia. (El informador; 18 de junio 2018)
El profesor Juan Acosta director del Instituto Pedagógico de Caracas, del Núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ha indicado que  la deserción de profesores de todas las carreras de este núcleo llega al 40%, donde todos los días hay avisos de renuncias (El Nacional 21 de junio 2018)
Pero la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia del Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO-CPV) en  rueda de prensa afirma que se estima una cifra de 172.000 educadores que han migrado a otros países buscando salarios y condiciones de vida decentes (Efecto Cocuyo 21 de junio 2018).
Es importante destacar que el personal de las zonas educativas del MPPE, de la Oficina de Registro control y evaluación  se encuentra abarrotado de solicitudes de certificación de estudios. Solo en la zona educativa del Distrito Capital se tramitan diariamente 480 casos entre lunes y martes aproximadamente cada semana.
6.- Improvisaciones, control y anarquía en la aplicación del diseño curricular
Es tradicional que la práctica educativa gravite en torno al diseño curricular, por ser un  tema recurrente y relevante demanda de su análisis.  El diseño curricular es una construcción cultural, es un modo de organizar la práctica educativa que la escuela hace posible. El diseño curricular constituye un programa de actividades planificadas, secuencializada y metodológicamente ordenada. Es considerado una guía del docente, en el cual se plasma un plan reproductor para la escuela que tiene una determinada sociedad.
El modelo  de gobierno venezolano permea todo el entramado institucional, siendo el sector educativo uno de los escenarios en los que se despliega la tensión y el conflicto que acompaña a los distintos ciclos y procesos que registra esta catastrófica  experiencia política.
Mediante el diseño curricular ha quedado en evidencia la intervención del Estado-gobierno en la organización de la vida social quien ordena la distribución del conocimiento, no sólo para influir en la cultura, sino en toda la ordenación social y económica del país.
En un primer momento por la falta de una política educativa definida se generó toda una improvisación y cabalgamiento de distintos diseños curriculares como son el Diseño curricular de la Educación Básica,  el currículo de Media Diversificada y Profesional, Currículo Básico Nacional  etapa I y II.  Es para el 2007, cuando el MPPE  elabora el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano de Venezuela, el Currículo Nacional Bolivariano (CNB) para todos los sistemas educativos. Su conceptualización programática responde a una lógica eclética  de posturas filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y con un matiz de  pensamiento bolivariano. La propuesta curricular  careció  de los elementos teóricos, científicos, pedagógicos, didácticos y metodológicos  aceptable.
Ante la  cuestionada aplicación del diseño curricular 2007 por parte de los docentes y representantes, el MPPE trato de  remediar el problema mediante la elaboración de textos escolares, para la educación primaria  y liceos, denominada  Colección  Bolivariana (2012) de distribución gratuita y de obligado uso en  los planteles oficiales.  Textos escolares que trataron de convertirlos mediante decretos y resoluciones en  textos único en escuelas y liceos, situación que  trajo un conjunto de críticas por parte de los docentes, representantes y medios especializados en el área. Cabe citar  los cuestionados  textos escolares de ciencias sociales, donde el ente oficial   no escatimó en convertir su contenido en todo un panfleto de propaganda política y de ideologización descarada, vale la pena también revisar la Constitución Ilustrada que fue repartida gratuitamente en los liceos.
Continuando con sus consecuentes improvisaciones por parte de cada ministro de educación de turno,  se convoca a la Consulta Nacional por la Calidad Educativa 2014.   Con relación a dicha consulta señala PROVEA,  el “MPPE continúa presentando los resultados de la consulta como una conquista y un mandato popular, sin embargo; los ministros que han dirigido ese despacho no han tenido voluntad política para hacer realidad las recomendaciones” acerca de la problemática  estructural y coyuntural  que continúan engavetadas (PROVEA 2018).
En la gestión del ex ministro Rodulfo Pérez  se da un cambio curricular (2016-17) sustentado en el Plan de la Patria, que se empeñó en imponer aun cuando gremios de la educación y expertos hicieron con preocupación observaciones. Esta situación generó que el nuevo ministro entrante suspendiera su aplicación y la sometiera a una parcial consulta. El ministro Jaua luego de tibias y cuestionables modificaciones, ordena  mediante resolución el proceso de “Transformación curricular  para la Educación Media General en la modalidad de Educación de jóvenes, adultas y adultos” para  el año escolar 2017-18.
Se puede decir, que cada diseño curricular  supera en improvisación y debilidad conceptual y teórica  al anterior. Pero lo más grave de este asunto pedagógico es que el cabalgamiento de tantas orientaciones políticas no sólo desarrolla improvisación, sino anarquismo a la hora de las implementaciones.  Se destaca  en el documento los temas generadores de las áreas de formación que deben fundamentarse en “los nueve referentes éticos y procesos indispensables y en los catorce temas indispensables que permiten darle perspectiva al trabajo educativo en función del logro de los fines de la educación”,  prácticamente  le están imponiendo   que tema o contenido debe enseñar  el docente.
El diseño curricular  se estructura desde la lógica  fragmentaria, sin ninguna complejidad, donde no existe el mayor esfuerzo intelectual para construir un soporte teórico disciplinario  pedagógico y didáctico. Se anula la reflexión crítica sobre los distintos modos de pensar. En el caso de las ciencias sociales  se hace una conjunción de disciplinas o contenidos  (historia, geografía y ciudadanía) sin considerar las bases  epistemológicas, teóricas y metodológicas que lo soporta, es decir; la búsqueda de principios de naturaleza constitutiva respecto a esa integración y su valoración de forma de conocimiento y de aproximación  a la realidad.
Es urgente  un diseño curricular que capacite al estudiante para intervenir activamente en su realidad social, utilizando las herramientas del conocimiento más depurado y asumir la vivencia y tratamiento de los problemas reales desde posiciones de igualdad y libertad intelectual. El diseño curricular debe estar soportado sobre el conocimiento, la ciencia y no en los saberes metafísicos y dogmáticos tal como se expresan en todas las formas que han presentado las propuestas de diseños curriculares.
7.- Decadencia de una política de seguridad social para los estudiantes y docentes
La responsabilidad del Estado venezolano es garantizar la vida y la salud de los venezolanos, según el artículo 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los espacios educativos deben estar articulados al sistema público nacional de salud ya que la escuela es considerada un espacio propicio para la promoción, prevención y atención de la salud. Sin embargo, las actuales condiciones de las instituciones educativas muestran un alto grado de deterioro por lo que las condiciones para que exista un proceso pedagógico idóneo está lejos de cumplirse como meta educativa. En ese sentido, el programa de prevención de embarazo a edad temprana no ha cumplido con los objetivos planteados, responsabilidad conjunta del MPPE y MPPS. Para UNICEF que describe la situación, según los últimos datos oficiales disponibles (2014), Venezuela tiene una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de Suramérica. Cada año nacen 93 bebés por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años, lo que se traduce en que del total de nacimientos en el país 23% son de madres adolescentes (UNICEF, 2018). Agrega además la consideración que es en su mayoría en condición de pobreza.
Las acciones para orientar y prevenir esta situación pudieran  contradecir la acción de la política pública cuando el Presidente Maduro define un programa de incentivo económico  para las embarazadas a través del carnet de la patria y no precisamente la prevención en esta materia, lo que pudiera poner en riesgo miles de proyectos de vida de millares de hogares venezolanos.
Por otra parte, el personal adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación no recibe los servicios mínimos del Instituto de Previsión y Asistencia Social (IPASME). Este servicio no cuenta con los insumos para la realización de exámenes de laboratorios, rayos x, etc. La gravedad es mayor aún cuando se refiere a la citología para la prevención del cáncer de cuello uterino, así como mamografías, densitometría y ecos mamarios. Es decir, no existen posibilidades de actuación en materia de prevención y atención en salud. El panorama se agudiza puesto que se viola la clausulas Nº 8,38 y 39    de la II Convención Unitaria del sector educación al no garantizarse la atención de HCM  de servicios funerarios y del IPASME. Las clínicas afiliadas se niegan a asistir al paciente porque manifiestan que el Ministerio de educación no ha cancelado. La población amparada se estima por la reciente contratación  en 830 mil activos y jubilados los docentes.
El Licenciado Rafael Rincón, dirigente del Colegio de Licenciados en Educación, denunció el incumplimiento de pago del seguro HCM, en servicios funerarios, de laboratorio, odontología, farmacias para pacientes crónicos y la escasez de insumos médico. Aseguró además, que el seguro estuvo funcionando medianamente a finales de 2014, pero empeoró a inicios de 2015. La cifra de afectados pisa unas tres millones de personas a nivel nacional. “Es inaceptable, no tenemos seguridad social, parece que ahora no tenemos HCM”. La falla representaría un golpe bajo al bolsillo de los profesores, pues tienen que desembolsillar el costo de la atención médica que requieran (La verdad.com 21 de junio 2018).
Hecho lamentable que dejó un gran dolor en el magisterio y que enuncia la crisis hospitalaria que vive Venezuela. El 16 de abril del 2016 en la Ciudad de San Fernando de Apure fallece la profesora Luisa Blanco y su hijo de 8 meses de gestación, donde no fue atendida en una clínica debido a que el MPPE no le cancelaba por sus servicios. La Docente no tuvo los medios económicos, ni siguiera para entrar al proceso de reembolso con el seguro; por lo que ninguna clínica la asistió médicamente. Con la aguda crisis hospitalaria Luisa Blanco no le quedó otra que trasladarse al hospital Pablo Acosta Ortiz donde murió con su hijo en gestación.  Esta mujer y su hijo  no fueron atendidos, en otras palabras; le negaron el derecho a la vida, a la maternidad y a la protección del ser humano, violándose derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución. Este caso marcó un precedente en el sector magisterial que enunció el quiebre del Estado en cuanto al derecho a la vida.
8.- Desaparición progresiva de la acción pedagógica
Si la base económica está en una progresiva destrucción conducido sobre un sistema político despótico, las superestructuras que sustentan los servicios sociales para el impulso y desarrollo de los derechos ciudadanos son notablemente afectadas, en este caso el Sistema Educativo ha sufrido los desvanes de la crisis y de la práctica política gubernamental tramposa que ha llevado al hecho educativo a un acabamiento de la acción pedagógica para convertirla en acciones de proselitismo político centradas en el proyecto político del partido de gobierno y de un punto de vista mesiánica de la historia para utilizar la escuela como un espacio para el control social y gubernativo. Basta consultar algunos textos escolares de la Colección Bicentenario, la Resolución 058, la selección con criterio político partidista de los directores encargados, la política progresiva de la desprofesionalización de la carrera docente incorporando así en el proceso pedagógico a personas que vienen de la chamba juvenil; que sólo se incorporan para tener un pequeño espacio laboral sin ninguna preparación académica, investigativa y menos pedagógica.
Si la escuela es el centro para el desarrollo de la vida, para preparar hombres y mujeres con principios y ética hacia la búsqueda de ascenso social y hacia una mejor sociedad con justicia, es obligante que el Estado tenga en las aulas de clases los mejores profesionales para el desarrollo de la acción pedagógica y para la gerencia social de la educación, pero la realidad es otra, los que dirigen gerencialmente una escuela bolivariana son directores encargados colocados directamente por la Dirección de las Zonas Educativas sobre la visión del partido de gobierno porque el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente es desconocido y ya no se realizan concursos de ascenso, méritos y oposición. Acabaron con los supervisores de carrera y lo que han colocado son unos supuestos comisionados del acompañamiento pedagógico que no aparece en la estructura organizativa gerencial del MPPE.  Han reorganizado en diversas oportunidades la estructura municipal y parroquial de los distritos o sectores escolares. Las orientaciones que llegan a los directores son orientaciones político partidistas y no orientaciones pedagógicas.
Por otro lado, a práctica política educativa está profundizando una educación con penetrante contenido metafísico centrado en el “saber”; por ende arrinconando el conocimiento científico. La orientación política que hoy tiene la educación no está centrada en la enseñanza del niño y joven a través del conocimiento, de la construcción de la ciudadanía en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa para la transformación social. Con esto, podemos decir que el mismo régimen político violenta la Constitución de la República Bolivariana en su artículo 102.
9.- Desvanecimiento de los servicios de bienestar sociales estudiantil
La disminución de los servicios sociales estudiantiles ha sido evidente, la crisis del transporte está afectando el pasaje estudiantil; los estudiantes no consiguen transporte para ir a las escuelas y liceos. Los servicios de medicina general y odontología, así como el servicio de bienestar estudiantil y de orientación en los planteles escolares en los diez últimos años han estado desapareciendo. La entrega de uniformes escolares por parte del gobierno nacional ha sido insuficiente, no llega a toda la población estudiantil.
El número de becas estudiantiles es insuficiente e insignificante para los estudiantes de menores recursos. Estamos pues, ante el incumplimiento del Estado Docente y de la gratuidad de la enseñanza.
10.- Violencia escolar e inseguridad pública
La violencia escolar es de carácter multifactorial. Tiene diversas expresiones, pero afecta la óptima realización del hecho educativo y a diversos actores, en especial niños, niñas y adolescentes. Entre 2008 y 2009 el Centro Gumilla realizó una investigación dirigida a determinar la violencia escolar en liceos públicos de Catia y Petare. Para el momento la investigación señalaba que en cualquier espacio de los planteles investigados podían producirse hechos de violencia.   De los estudiantes encuestados el 73% han presenciado situaciones violentas dentro del plantel. Sólo una cuarta parte de los que participaron en el estudio manifestó no haber observado situaciones de violencia y 2% no contestó.  Del  personal directivo  y docente que labora en los planteles el 68% ha presenciado  situaciones violentas dentro del plantel, 31%  no las ha evidenciado  y 1% no contestó. (Revista SIC, 15-03-2010). El MPPE no ha atacado la violencia escolar y la situación se ha convertido en un problema educativo.
Los resultados de la Consulta por la Calidad Educativa (2014) presentó entre otros los siguientes resultados: Los docentes y consejos educativos expresan que el tratamiento de la violencia al interior de la escuela o liceo y la violencia intrafamiliar debería atender al impacto que ésta causa a la desmotivación al estudio, al bajo rendimiento  y abandono escolar, la actitud de  la intolerancia, el irrespeto hacia el personal directivo y docente (p 37). La prensa regional y nacional semanalmente reporta la incidencia de la agresión por robo o agresión a los planteles educativos sin que el gobierno actúe ni en materia preventiva mucho menos en la protección de seguridad pública.
En las investigaciones realizadas por CECODAP  organización dedicada la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia nos señalan que en el año 2016  se mantiene el robo a instituciones en la cobertura de la violencia escolar, el cual se estima en 24,97%.  Seguida por protestas docentes (deudas laborales y contratación colectiva) en 18,23 %. Así como de padres y estudiantes principalmente por infraestructura en un 89,65%, insalubridad el 7,45, inseguridad, PAE/SAE y falta de docentes entre otras que se estiman como violencia ante los derechos.
11.– Persecución y acoso laboral
La perversa práctica clientelar no sólo es utilizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación para el proselitismo político partidista, sino para chantajear a los educadores que no desarrollen en las aulas de clases los cronogramas de actividades centrales que vienen impuesta a nivel central. En ese sentido, los directores encargados que son activistas políticos del PSUV persiguen y acosan laboralmente a todo aquel docente que no comulga con la política del gobierno. Los sindicatos del magisterio han expresado en muchas oportunidades denuncias sobre los acosos laborales de aquellos docentes que no participan en las actividades partidistas o tienen una opinión contraria o crítica a la situación que vivimos.
En el Estado Táchira denuncia el profesor Javier Tarazona presidente del sindicato del Colegio de Profesores de Venezuela que a 32 docentes la Zona Educativa le suspendió sus salarios por haber participado en una protesta contra la asamblea nacional constituyente. En el Estado Lara docente del Liceo Bolivariano Sanare, Municipio Andrés Eloy Blanco lo detuvieron los cuerpos policiales y a la vez la Zona Educativa le abre un procedimiento administrativo  por el hecho de estar en una protesta por la defensa de la democracia. Casos como en la parroquia de Caricuao del Distrito Capital profesores son amenazados porque no comulgan con las ideas del partido de gobierno. Y muchos casos, donde docente interinos no solicitan ayuda sindical y orientación legal por el miedo hacer destituidos. Persiste el miedo lo que hace que muchas veces no se produzca la denuncia, en ocasiones se eximen de acudir a los sindicatos o las asambleas  gremiales por esta razón
De igual manera, crecen las situaciones de persecución laboral para aquellos docentes que no participaron el 20 de mayo en las elecciones presidenciales. Tenemos una escuela que no es democrática, porque el sistema político no es democrático, sino controlador, dominador.
Consideraciones
Los 11 problemas presentados sobre la situación educativa amerita la acción inmediata de los organismos para la atención de las políticas sociales a nivel nacional e internacional. El impacto de la crisis humanitaria y su impacto en la educación no tiene precedente en la historia venezolana que está significando el retroceso en el progreso de los indicadores sociales y educativos de por lo menos 20 años. La adecuada respuesta  de las organizaciones con la acción de los venezolanos en su conjunto pudiera detener la situación. Esto nos lleva hacer algunos planteamientos:
  • Solicitar de la Asamblea Nacional la realización de un estudio, debate que ponga en demostración el desplome de la educación como derecho humano en Venezuela y por consiguiente declare la emergencia educativa humanitaria frente al impacto de la crisis humanitaria y la ineficaz acción del régimen político en materia educativa.
  • Solicitarle a la Asamblea Nacional aprobar el nombramiento de una comisión con el objetivo de revisar la situación de nuestros niños y jóvenes que se encuentran en tierras fronterizas de Colombia, a efecto de estudiar su estado sobre la atención al derecho a la educación. De igual manera en las tierras fronterizas del Perú, Ecuador y Chile, Estados que han migrado una gran población de familias venezolanas.
  • Exigirle al Ministerio del Poder Popular para la Educación publique la información estadística actualizada (Memoria y Cuenta) a través del internet.
  • Reclamar la rendición pública de los ingentes recursos presupuestarios que ha recibido este Ministerio en los últimos 18 años.
  • Solicitamos a la UNESCO, UNICEF y ACNUR iniciar investigaciones concretas para proteger a los niños, adolescentes y jóvenes afectados por la migración, en cuanto al derecho a la educación y a la vida futura.
  • Le exigimos a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República estudiar los casos de violación del derecho humano y de la trasgresión a la dignidad humana sin ningún sesgo político.
  • Convocamos al magisterio, a los sindicatos, federaciones y al pueblo en general a trabajar por un programa de reconstrucción nacional, donde la educación esté compaginada con el verdadero desarrollo nacional. Necesitamos construir ciudadanía, construir relaciones sociales donde impere la justicia social y el bienestar, que estén inscritas en la idea de crecimiento, prosperidad, independencia y soberanía.
Organizaciones y Movimientos que conforman la Unidad Democrática del Sector Educativo
Parlamento Educativo
Movimiento Pedagogía Progresista
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa
Consenso Educativo
Sectores de Educación Privada
Educa Venezuela
Federación Venezolana de Maestros
Federación de Licenciados de Venezuela
Dirigentes Sindicales Nacionales y Regionales del Gremio Magisterial
Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Dirigentes Estudiantiles de la UPEL
Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital
Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia-Equipo de Educación
Secretarios Nacionales de Educación de los partidos: Copei, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Primero Justicia, Movimiento Progresista de Venezuela, Avanzada Progresista
Referencias
Bravo Jáuregui, L (2017). Memoria Educativa UCV. http://hdl.handle.net/123456789/16232
CECODAP (2016). Somos noticias. Un panorama sobre las diferentes formas de violencia contra Niños, Niñas y adolescente. http://gumilla.org/violenciaescolar
Contraloría General de la República (CGR) Informe Especial 2012. Programa de alimentación escolar.
ENCOVI. (2017) Encuesta sobre Condiciones de Vida 2016.Educación. IIES- UCAB. Venezuela.
https://encovi.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ucv-ucab-usb-encovi-educacion-2017.p.Consultado:16-06-2018
La verdad.com (junio 24-2018)”.Colapsa el seguro de maestros por falta de pago”. http://www.laverdad.com/zulia/71483-colapsa-el-seguro-de-maestros-por-falta-de-pago.html
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez http://moveducsimonrodriguez.blogspot.com
PROVEA (2017) Informe Anual Enero-Diciembre. Capítulo Educación Digitalizado:https://encovi.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ucv-ucab-usb-encovi-educacion-2017.pdf
Ramos., J. (11-05-2017).
Revista SIC, (15-03-2010).  http://gumilla.org/violenciaescolar
UNICEF-Venezuela https://www.unicef.org/venezuela/spanish/health_11976.html/consultado: 17/06/2018.
Registro Administrativo de migrantes venezolanos (2018) .http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Registro-dministrativo-de-Migrantes-Venezolanos-RAMV.aspx .Consultado: 21-06-2018
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