La Unidad
Democrática del Sector Educativo (UDSE) en el mes de junio del año
2018, a un mes y medio de finalización del proceso escolar 2017-2018; alertó
que los indicadores que proyectaba ya la crisis económica y social producida
por las diversas medidas económicas implementadas por el gobierno nacional de
Maduro estaban ocasionando un desplome de la educación como derecho
humano.
Este desplome se evidencia en lo
siguiente:
· Acentuación de la exclusión escolar
· La crisis alimentaria escolar
· La caída del poder adquisitivo del docente.
· La desvalorización del trabajo docente.
· La mengua en la seguridad social de los docentes.
· El desvanecimiento de los servicios de bienestar social estudiantil
· El incremento de la migración de los profesionales de la docencia.
· Empeoramiento de la infraestructura escolar,
Estos
aspectos afectaron el inicio de actividades del período académico 2018-2019 que
al no ser atendidos correctamente agudizó todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje hasta llegar a su finalización con una caracterización de
catástrofe educativa. La dictadura intentó ocultar esta catástrofe con
propaganda, usando fraseología revolucionaria y de logros que no tienen base en
la realidad.
La
educación se ha convertido en uno de los sectores donde más se expresa el
deterioro de la vida de los venezolanos y donde se expresa con mayor claridad
la pobreza que vivimos docentes y estudiantes. Solo basta examinar tres
indicadores sociales: el crecimiento de la exclusión escolar, la
desvalorización del salario y la migración de docentes y estudiantes buscando
condiciones básicas para vivir.
En este
informe puntualizaremos seis problemas que determinan lo fallido de este
proceso escolar y que al no ser atendidos con un cambio y transformación
profunda del país hacia su reconstrucción, el derecho a la educación
seguirá negado y en precarias condiciones de realización pues el estado hoy
usurpado dio la espalda a sus responsabilidades constitucionales como Estado
Docente.
Debilidad
del proceso pedagógico:
La alarma
se ha encendido en materia pedagógica toda vez que no se han cumplido de manera
suficiente y satisfactoria según los resultados que hoy muestra el fin de
este año escolar en los siguientes aspectos:
Exclusión
escolar:
Para este punto se tomaron en
cuenta los registros administrativos de los planteles sobre el ingreso y egreso
de estudiantes 2018-2019 (tomando en cuenta que el mes de enero se cerró
el ingreso escolar) y también los diversos estudios de investigadores
especialistas en estadística de realidades.
Ya
la UDSE en su informe presentado el 28 de julio 2018 apoyado
en los estudios realizados por Memoria Educativa Venezolana y consultas
realizadas directamente a grupos de docentes activos, sustentábamos que los
procesos escolares 2016-2017 y 2017-2018 fueron los períodos donde se empezó a
concentrar las tendencias que ya la exclusión escolar se estaba convirtiendo en
un asunto estructural. Entrando al año escolar 2018-2019 el Estado y su régimen
político no fueron capaces para resolver este grave problema, por el contrario
sólo desarrollaron algunas políticas públicas de corte populista que no
resolvió en absoluto el problema de fondo; es más, se acrecentó hasta el punto
que Memoria Educativa Venezolana lo caracteriza como los años escolares de
mayor exclusión en comparación con el proceso escolar de 1958 que estaba
establecida la dictadura de Pérez Jiménez. Entre estos períodos escolares
dejaron de estudiar unos 500.000 estudiantes del subsistema de educación básica
integrado por los niveles de educación inicial, primaria y media.
A esto se
le agrega el comportamiento de los indicadores de este año escolar 2018-2019
que al revisar el comportamiento matricular de los planteles encontramos datos
alarmantes precisamente por su significado de la permanencia del
estudiante en el sistema como derecho a la educación gratuita y obligatoria.
Estudios
de casos realizados en el mes de julio 2019 reflejan cómo en el Estado Sucre se
presenta en uno de los casos una mengua con un 39% de exclusión escolar .
En el Estado Vargas encontramos índices que oscilan entre 30 a 35% de
disminución de la matrícula escolar. En el Estado Apure 30% en el caso de
planteles ubicados en San Fernando. En el caso del Estado Zulia la situación es
aún más grave por el colapso de los servicios públicos y su impacto en el
sistema educativo venezolano. Casos como en el Municipio Catatumbo del Zulia se
encuentran planteles que su matrícula bajó tanto que de 59 secciones bajaron a
25, es decir, la cobertura en estos casos alcanzó apenas 42%. En el Distrito
Capital estudios de casos nos reflejan que hay una pérdida de estudiantes que
de 36 inscritos por sección finalizaron de 27 a 30 estudiantes. Pero en el
Estado Táchira se estima según FUNDAREDES que la exclusión superó el 50%.
¿Qué está
pasando en los planteles?, ¿dónde están estos estudiantes? La respuesta es que
el sistema los está excluyendo por las siguientes razones: pobreza,
pulverización del salario familiar, falta de alimentación, transporte, falta de
uniforme, violencia, inseguridad y migración, aspectos que fueron expuestos, y
alertados, por la UDSE en diciembre 2018 y que en este año escolar
2018-2019 se agudizaron.
El
crecimiento de los índices de exclusión escolar se elevó a niveles
históricamente nunca vistos en Venezuela.
Días
hábiles trabajados:
Ningún plantel público pudo cumplir con el 100% de días hábiles de
actividad escolar. Se nos presentan casos críticos como planteles del Estado
Monagas con 55% de días trabajados, el Estado Sucre 70%, Distrito Capital con
73%, Zulia con 53%.
Caso
representativo fue la cantidad de estudiantes de quinto año que para la semana
del 15 de junio en Caracas tomaron las calles celebrando la culminación del año
académico, cuando según el calendario escolar oficial estaba previsto la
culminación para el 12 de julio del 2019. Hubo un adelanto de finalización de
actividades de casi un mes. Planificación de la Zona Educativa de manera
despectiva llegó a los liceos informando que las actividades debían convertirse
en una gran fiesta de triunfo de finalización de año escolar, por supuesto esto
obedecía a un plan para ocultar las reacciones sobre el informe de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU y también para esconder la realidad de la
finalización escolar.
Proyectos
pedagógicos y contenidos desarrollados:
Si bien la asistencia escolar y los días trabajados muestran que
evidentemente no se efectuó la calidad del desarrollo pedagógico, podemos
complementarlo con el cumplimiento de la actividad académica en las aulas.
Estudios de casos señalan lo dramático de la situación pedagógica: planteles
del Estado Monagas que solo desarrollaron el 40% de los proyectos pedagógicos.
Caso de planteles de Amazonas con un alcance sólo de 70%. Caso del Distrito
Capital con un 68% de proyectos pedagógicos desarrollado. El Estado Lara con un
69%.
Las
razones expresadas para que el desarrollo pedagógico no se haya cumplido
se señalan entre otros: la falta de servicio eléctrico, agua, transporte y
alimentos, así como la suspensión excesiva de actividades para movilizar
estudiantes a actividades partidistas del PSUV o actividades proselitistas en
las instituciones. Nos han llegado denuncias que el “acompañamiento” de los
Congresos Pedagógicos son actos político partidistas y en los cuales se ven los
emblemas del PSUV.
Un
elemento que aparece reiteradamente es la desfiguración del proceso de
evaluación, donde se obliga a los educadores a aprobar al estudiante así no
haya alcanzado las competencias. Se amenaza a los docentes y se les obliga a
repetir excesivamente las evaluaciones.
Mención
aparte merecen las instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de
educación especial, donde dejar de atenderlos es restarle oportunidades y
limitar su desarrollo.
La
educación del país está signada por el atraso y la mediocridad.
Planteles
utilizados por grupos militares o paramilitares:
La
información recibida a través del monitoreo realizado encontramos dos formas de
expresión de esta situación en las instituciones educativas.
A) Planteles que tienen presencia de grupos irregulares. En este caso
encontramos planteles ubicados cerca de la frontera con Colombia, especialmente
en Amazonas y Bolívar, donde incluso estos grupos reparan planteles y reclutan
jóvenes para el desarrollo de estas actividades. Así como también en el Estado
Guárico, donde se habla de presencia militar en la zona de Chaguaramas.
Esto ratifica lo señalado por FUNDAREDES que afirma: “En los Estado Apure, Guárico, Anzoátegui, Zulia, Carabobo, Aragua y
Monagas se continúa haciendo uso de espacios públicos y privados (fincas)
donde se llevan a cabo reuniones y encuentros estratégicos, que finalmente
conllevan a actuaciones irregulares por parte de grupos armados como ELN, EPL,
FBL, disidencias de las FARC entre otros. Dirigentes sindicales, así como
padres y representantes denuncian la presencia de grupos irregulares en
los Municipios Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta y Bolívar del Estado Táchira.
Así como también en la zona del Alto Apure en la zona del Nula. En el
caso del Estado Bolívar y de los Municipios Atures, Rio Negro y Maroa se
manifiesta presencia de la FARC y el ELN. En Atabapo y Rio Negro Municipio
frontera con Bolívar existe grupo mineros llamados garimpeiros que
unido a la movilización interna buscan mano de obra para las minas del
oro donde participan adolescentes que dejan sus estudios e incluso maestros.
Según los educadores en esta zona no llega energía eléctrica, la vía es
fluvial y aérea por lo que las escuelas están desasistidas, sin supervisión,
sin programas de asistencia. Los docentes por vocación trabajan en esta
zona, pero tienen que trasladarse a Puerto Ayacucho ya que sólo allí está el
banco. Es decir, la zona está a disposición de cualquiera que ofrezca ayuda
para la supervivencia y no es el Estado.
B) Planteles donde se realizan prácticas militares especialmente del
grupo de milicianos. A pesar que en los planteles educativos no pueden
desarrollar acciones educativas bajo el modelaje militar, los estados donde más
se aplican estos ejercicios militares han sido: Distrito Capital (parroquias 23
de enero y Caricuao), Estado Yaracuy (San Felipe y el Municipio Cocorote) y
el Estado Apure. La presencia de milicianos es rechazada en los planteles
y es vista como un mecanismo de control y persecución.
Acrecentamiento
de la migración de docentes:
De acuerdo
a los indicadores esta situación pasa a ser un problema de emergencia política,
sin embargo tenemos un Estado que se ha situado al margen de sus
responsabilidades constitucionales. La migración en Venezuela es producto no de
una decisión particular de un ciudadano, sino que es forzada por la catástrofe
económica y social que se vive en el país y por ende, grandes grupos sociales
buscan salir a otros territorios para resolver lo que acá se ha negado, como el
salario, alimento, seguridad personal, entre otros derechos.
La UDSE en
el mes de julio del 2018 finalizando el proceso escolar pasado, señaló en sus
estudios realizados que uno de los graves problemas que iba afrontar el nuevo año
escolar 2018-2019 era los 172.000 docentes que representaban un 20% del total
que dejaban las aulas de clases para migrar a otras naciones. Pues de acuerdo a
los estudios realizados este fenómeno social hoy ha empeorado.
Casos como
planteles donde se iniciaron actividades con 84 docentes en nómina, finalizan
este año escolar con 73, es decir, 11 docentes menos. Casos como escuelas con
45 docentes en nómina se finaliza el año con 30 docentes, es decir, 15 docentes
menos. Pero lo más grave de esto es que de estos mismos planteles ya hay
un grupo de docentes entre 5 a 10 que expresaron en las entrevistas de casos
que no regresan a las aulas de clases para el nuevo año escolar 2019-2020.
Estamos hablando que este proceso escolar deja otro aumento de salida de
docentes de los planteles que está sobre el 30% nacional. Podemos entonces
señalar que en los dos últimos periodos escolares ya se lleva un 50% de
profesionales de la docencia que han renunciado para irse de Venezuela, donde
el mayor grupo ha migrado a Colombia, Perú, Chile, Ecuador.
El Estado
y su régimen político han “querido resolver” esta grave situación implementando
un Plan de Chamba Juvenil con unos cursos de formación que nada tiene que ver
con la verdadera formación profesional, pedagógica y científica de lo que
representa ser educador. Pero por otro lado, hay muchos casos que la propia
comunidad se organizaron con los representantes y familiares para que los
estudiantes finalizaran el año con los elementos muy básicos escolares.
Ahora el
ministro de educación ha informado que se pretende realizar una transformación
curricular, cuando de lo que se trata es atender de urgencia la emergencia
humanitaria compleja que la crisis económica y social está dejando en la
educación.
La
desvalorización del salario de los trabajadores de la educación:
Las
políticas económicas han llevado a una situación tan dramática a los
trabajadores de la educación que ya hoy la pulverización del salario llegó a
una situación de desaparición. Ya el salario no tiene el valor para vivir con
dignidad, para cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales del docente y de su familia. Las consecuencias han sido cargarle
al sector de los educadores pobreza. Si llevamos el salario del docente al
valor del dólar; podemos señalar que hay trabajadores de la educación que sólo
obtienen 7 a 10 dólares mensual.
Otro
aspecto es la destrucción general de la seguridad social, donde el indicador
que caracteriza este aspecto es el monto de cobertura que el Estado le tiene al
HCM del MPPE que es tan sólo 200 bolívares soberanos. Tal vez al leer esto se
creerá que estamos en una broma, en un chiste, pero es la actual realidad.
La
catástrofe económica ha llevado el salario de los trabajadores de la educación
a la desaparición por lo que ha disminuido el valor del trabajo
profesional disminuye el valor de la formación de ciudadanía.
Se
profundizó el acoso laboral y la persecución política en el sector de
educadores:
En todo el año escolar 2018-2019 en
la medida que se iba profundizando los problemas sociales, en esa misma medida
se iban acrecentando situaciones de acoso laboral a los maestros y profesores
que se organizaron en asambleas sindicales, que participaron en actividades
sindicales en defensa de la II Convención Colectiva Única y Unitaria de los
Trabajadores de la Educación, que exigieron (y aun exigen) un salario acorde al
artículo 91 de la Constitución, que demandaron funcionamiento del Servicio de
Alimentación Escolar. Estos trabajadores elevaron su voz a las autoridades de
las Zonas Educativas y Distritos Escolares para que les llegara a las escuelas
el servicio de agua y otras el servicio eléctrico. Es decir, en defensa del
derecho a la educación el patrono Estado ha profundizado una práctica política
de acoso, de amedrentamiento a los trabajadores de la educación.
Es el caso
del magisterio de los Estados Táchira, Lara y Barinas se aplicó una sentencia
de los Tribunales Regionales bien manipulada, ya que situaron a los educadores
como los responsables de violentar el derecho a la educación de los niños y
jóvenes y al derecho a un trabajo decente. Estas sentencias debieron ser
aplicadas al Estado que es el que le corresponde velar por estos derechos
humanos tal como está señalado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, las leyes venezolanas y en los acuerdos internacionales firmados
con la UNESCO, la OIT y por la propia Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Es el caso
de diversos procedimientos administrativos a los docentes que se encontraban
manifestando por sus derechos laborales; dicha práctica perversa hacia los
trabajadores han dejado docentes destituidos de sus cargos y otros con
suspensión de salario, situación ésta sucedida en los Estados Lara, Sucre,
Distrito Capital, Miranda, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Táchira, Trujillo.
UNIDAD
DEMOCRÁTICA DEL SECTOR EDUCATIVO
UDSE
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