Elementos a considerar
En los últimos 4 años el PIB descendió 28 % (Iván Acosta-Foro Venancham). En 2016 cayó 12 % (BCV extraoficial), o sea que pudo haber sido mayor. El sector más afectado es el industrial.
La inflación de 2016 fue superior a 700 %; en alimentos sobrepasó 1.000 %. La especulación pudo haber más que duplicado el impacto inflacionario. Las expectativas para 2017 son peores.
El poder adquisitivo del salario —considerando los aumentos salariales habidos en el año— pasó de 1,000 en enero a 0,375 en diciembre 2016 (Bloomberg), o sea hubo una caída abrupta de 62,5 % de la capacidad adquisitiva del trabajador, como promedio.
Del ingreso total del trabajador, cerca de sólo un tercio es considerado salario propiamente, mientras los otros 2/3 son bonificación, sin incidencia en utilidades, prestaciones, vacaciones, y en otros apartados de ley. La distorsión es mucho mayor a la existente en 1997, cuando hubo el cambio del régimen de prestaciones sociales.
El costo de la cesta alimentaria, en diciembre 2016, era superior a 544 mil bolívares y la canasta básica sobrepasaba los 624 mil bolívares (notilogia.com); ambos en una carrera indetenible.
Los sectores profesionales, en general, ganan menos de un décima parte de los salarios percibidos en países vecinos, comparando los mismos niveles de profesionalidad.
Basamentos legales
La CRBV en su artículo 91 dice:
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica (cursivas nuestras).
El DLOTTT en su artículo 98 repite lo anterior:
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses.
El mismo DLOTTT en su artículo 129 dice:
El Estado garantiza a los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo que será ajustado cada año, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo será igual para todos los trabajadores y las trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse en moneda de curso legal (…) No podrá pactarse un salario inferior al establecido como salario mínimo por el Ejecutivo Nacional.
La reciente Ley de Emolumentos del Educador aprobada por la Asamblea Nacional propone que el sueldo mínimo de un docente debe ser cuatro salarios mínimos.
El artículo 3 del Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos dice:
Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:
las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
Razones de la situación actual
El deterioro generalizado del salario es sólo una parte de la desvalorización del trabajo, en especial del trabajo productivo. No sólo ha descendido precipitadamente nuestra competitividad en todas las áreas de la producción económica, sino también los volúmenes del producto venezolano.
Tanto la producción industrial como la agrícola han decaído a cifras inferiores al 50 % —la industria trabaja con el 34 % de su capacidad instalada, según Conindustria—, afectando principalmente a la pequeña y mediana empresa, y acrecentando a poquísimas corporaciones monopolistas. Ello ha traído una baja sustancial de fuentes de empleo productivo, del proletariado industrial y agrícola, y en general ha estimulado la inversión especulativa y comercial.
Los gobiernos de los últimos 18 años han apuntalado una política de destrucción de las capacidades productivas del país, cuyos principales beneficiarios son la banca comercial, los importadores y la corrupción estatal generalizada.
El crecimiento desbordado de la nómina de funcionarios públicos es para cubrir exigencias clientelares y mantener niveles de control social y chantaje laboral, sin casi ningún mejoramiento de los servicios prestados por el Estado, sino más bien hay un descenso creciente, tanto en calidad como en cantidad, en áreas vitales como salud, educación, agua, electricidad, vialidad, infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera, tanto para el bienestar de la población como para facilitar la producción.
El rentismo como expresión concreta del desarrollo del capital en nuestro país ha crecido descomunalmente, y al petróleo ahora se le ha agregado, en cantidades significativas, la explotación minera —también rentista— de diamante, oro, coltan, vanadio, torio, etcétera.
La desvalorización del trabajo ha traído consigo también el desprecio hacia la educación y hacia el mejoramiento profesional del trabajador, creando un proceso pernicioso en todo el sistema educativo, desde la primaria hasta los estudios superiores, y con ello un significativo retraso o desfase con respecto a tecnología y preparación para la producción de bienes.
Lo fundamental de la pérdida del poder adquisitivo del salario vía inflación es porque se ha reconfigurado la distribución de la riqueza en el país. Ello explica que más de 70 % del presupuesto de ingresos sea proveniente de IVA y de Impuesto sobre la Renta a las personas naturales, esto es, a los asalariados que devengan montos estimables para ser deducidos mediante un tributo. La conformación de un presupuesto de ingresos de esta manera permite que quienes obtienen renta en la producción, el comercio y la usura contribuyan en menor proporción con el funcionamiento del Estado. Además, el pago de deuda pública se hace, principalmente, con dineros de la gente. De allí que la inflación sea un mecanismo expedito.
Construir un discurso desde las clases trabajadoras
La mayoría de los economistas o analistas se guían por principios que defienden —abierta o soterradamente— los intereses del empresariado, del capital, presentando muchas veces sus planteamientos o propuestas como producto de un “análisis técnico inobjetable”, alejado de cualquier postura ideológica y sostenido por encuestas de opinión incontrastables.
Los trabajadores al exigir reivindicaciones para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo estamos obligados a opinar sobre la crisis nacional y a sostener propuestas generales y programáticas en la búsqueda de soluciones que garanticen el carácter nacional y popular de los cambios que deben impulsarse.
La actual catástrofe que vive Venezuela en todos los órdenes requiere de una voz que represente a las clases trabajadoras, pero que se asuma como planteamiento para toda la sociedad, lo que exige la conquista de un espacio como referente de una visión programática para el país.
En toda la población se han implantado visiones y razonamientos sobre el hecho económico que son equivocados, aun cuando aparezcan y se difundan. Scomo de “sentido común”, por ejemplo: los aumentos de salario nominal son inflacionarios; la gerencia privada es la que sirve y puede sacar este país adelante; deben privatizarse los servicios para que sean eficientes; hay que “dolarizar” —esto puede verse desde varias ópticas— los salarios; debemos centrar esfuerzos en las ventajas comparativas (petróleo, hierro, bauxita, etc.) y sus derivados “aguas abajo”; una “revolución industrial” es anticuada y era para los tiempos de la CEPAL y la “sustitución de importaciones”, entre otras.
¿Qué proponemos?
Sobre una nueva política económica
Se necesita un cambio radical en las relaciones del país con el exterior y la defensa y crecimiento acelerado y sostenido de nuestras capacidades productivas. Nuestro mercado interno debe ser para el producto venezolano. Importar solamente bienes de capital e insumos para atender la crisis humanitaria (alimentos y medicinas).
Eliminación del Impuesto sobre la Renta a los asalariados.
Reducción del IVA.
Renegociación de toda la deuda pública.
Canalización del ahorro social a la inversión productiva. Recuperación de la producción agropecuaria. Impulso de la pequeña y mediana industria.
Sobre reivindicaciones inmediatas
La fijación del salario mínimo debe respetar lo señalado en la Constitución, el DLOTTT y los convenios internacionales: valor de la cesta alimentaria.
Establecimiento de la escala móvil de salarios.
No a la bonificación del salario.
Cumplimiento del bono de alimentación y medicinas para jubilados y pensionados.
Elevación significativa de los sueldos y salarios para los educadores, los profesionales y los universitarios.
Revisión trimestral de las contrataciones colectivas, en especial de las cláusulas económicas y sociales.
Aprobación de la Ley del Primer Empleo.
Creación de una Comisión de Diálogo Social, entre el Gobierno y representaciones de los trabajadores y de los empresarios, para atender problemas de salario, empleo, costos, formación profesional, etc.
¡NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA CONTRA LA HAMBRUNA
¡SALARIO DECENTE PARA DESARROLLAR EL PAÍS!
¡PARA VIVIR, LO MÍNIMO ES LA CESTA!
¡EL BONO ES SALARIO!
¡JUBILADOS Y PENSIONADOS EXIGEN DIGNIDAD Y SU BONO!
¡SUELDOS DIGNOS PARA EDUCADORES, PROFESIONALES Y UNIVERSITARIOS!
Caracas, 15 de marzo de 2017
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