Con
este aporte deseamos contribuir con el debate que se
libra en todos los rincones de Venezuela por hallar una salida constitucional,
pacífica y democrática a la crisis actual.
INTRODUCCIÓN
Venezuela se encuentra en una
encrucijada histórica: continuar
por el camino del desastre o cambiar las cosas en beneficio del país y de los
trabajadores. Los cambios en el rumbo económico y social introducidos
en las últimas décadas —y arreciados en los últimos 16 años— nos han conducido al deterioro creciente
de las condiciones de vida y de trabajo, y han destruido buena parte de las
capacidades productivas propias, convirtiendo a nuestro país en un importador
neto de la gran mayoría de bienes de consumo para suplir las necesidades de
nuestra población y de medios de producción que requerimos para la menguada
industria nativa.
Nuestra economía vive la más
profunda y generalizada crisis de los últimos cien años. Pese a que en la
última década el Fisco venía contando con extraordinarios ingresos por los
altos precios del petróleo y exacciones
tributarias, tanto la producción industrial y manufacturera como la producción
agrícola sin detenerse
sufren una caída
abrupta que, en los
actuales momentos, finales de 2015, se reflejaría en una caída del Producto
Interno Bruto que distintas instituciones e investigadores de la materia la
únicamente -7 y -10%. En este largo período, en vez de
sustituir el producto importado, la producción nacional feneció ante la enorme cantidad y
diversidad de importaciones
cuya competitividad fue abultada por la propia política gubernamental al traer
bienes más baratos que el producto nativo, mientras parte de los dólares
preferenciales otorgados eran distraídos hacia otros negociados.
Venezuela parece marchar
inexorablemente hacia una gran catástrofe. La caída en el precio del crudo ha conducido a un derrumbe de los
ingresos nacionales, que para
2016 será aún mayor en relación con el presente período fiscal.
El precio del barril de nuestro petróleo se sitúa en menos de 40 dólares, lo que hará
que el presupuesto para 2015 ni por asomo sea equilibrado, por lo que será superior al de 2014 que se situó en más de
20% del producto interno bruto,
esto
es, alrededor de 40 mil millones de dólares, toda vez que el PIB nominal para ese año se ubicó en cerca de
400 mil millones de dólares.
Por lo que para 2015 se calcula que
será aún superior a este porcentaje y monto. La inflación, por tanto, cerrará este año en más
de 200%,
colocándose por encima de 1000%
la de muchos productos de primera necesidad —como legumbres y hortalizas, papa, cebolla, zanahoria, tomate, entre
otros—. Aún más, la
escalada de precios superará en mucho la inflación. Esto es, la inflación,
sumado al impacto en los precios producto de la escasez, paridad cambiaria,
especulación, bachaqueros, entre otros aspectos, que algunos llaman inflación
implícita o subyacente, colocará en nivel precios por encima de 800%.
En el próximo ejercicio fiscal el impacto inflación y la escalada de precios
podría ser similar o superior a las de 2015, de no
tomarse medidas que conduzcan al crecimiento del PIB, mejoren las condiciones
de vida de los trabajadores como principal incentivo a la labor productiva y al
servicio público. La inflación viene convirtiendo el salario de los trabajadores en
polvo, lo que impide cubrir los gastos más elementales de la familia, sobre
todo de alimentación. Si sumamos esta tendencia alcista a la caída del producto
interno, vemos cómo se afianza una economía donde se une la inflación con la
recesión, esto es, una economía que padece de estanflación. Con todo y los ajustes
salariales del gobierno, aumentos del salario mínimo mediante, la caída del salario
real de los trabajadores es superior a 40% en 2014, tomando en cuenta que buena
parte del ingreso es destinado al consumo de alimentos y bebidas. Al final del ejercicio 2015 este porcentaje será muy
superior.
Como
indicamos, el déficit fiscal —lo que es lo mismo, el
desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sector público— en 2016 estará muy por encima del mostrado este año y
en medio de una recesión, esto es, una caída del PIB por la política económica del Ejecutivo. Ello llevará indefectiblemente al gobierno a emitir
papel moneda sin respaldo,
dadas las políticas económicas entronizadas, donde e
provendrá el mayor aumento de la inflación. Esta circunstancia —al ser atendida con políticas como las que
se desprenden de las leyes aprobadas
vía habilitante— conducirá
a mayor inflación, a una profundización
de la recesión y al aumento del desempleo. No menciona el gobierno medida
alguna que permita salir del drama en que nos han metido por una política
económica de destrucción de la producción nacional. Apenas hace anuncios que
terminan siendo falsa propaganda a su favor, cuando en realidad se pinta un
cuadro que resume una calamidad para las familias de los trabajadores. Y para colmo ofrece a inversionistas extranjeros
verdaderas maquilas —llamadas Zonas Económicas Especiales—, territorios sin ley del trabajo, sin sindicatos, sin
impuestos, sin controles cambiarios y sin restricciones ambientalistas.
Por su parte, las reservas
internacionales reciben el impacto de la caída del precio del crudo, que se
suma a la baja del precio del oro. Respecto de lo primero, la caída del precio del
petróleo va a significar que no tendremos la misma cantidad de dólares para
seguir importando el volumen de bienes que satisfacen buena parte de la demanda de los
venezolanos, cubierta de esa manera mientras se afianzaba la destrucción del aparato
productivo. Por su parte, la caída del precio del oro conduce a una merma de las
reservas internacionales. En los últimos tres años se observa un derrumbe en la
cotización de este rubro de más de 30%. Por lo que la parte en oro de nuestras
reservas —calculada hoy en 70% del total— se ha visto disminuida, lo que se
traduce en un debilitamiento del bolívar frente a las divisas y pérdida de capacidad de pago del
producto importado, mientras aumentan las tasas de interés de lo que debe la República. Las
reservas han permanecido por debajo de 20 mil millones de dólares, menos de las existentes
hace 10 años, llegando a
situarse en julio del presente año en 15.8 millardos, en una caída sostenida de
mil millones mensuales en los siete meses precedentes.
A su vez, la deuda pública
consolidada se ubica muy por encima de 50% del PIB, de acuerdo con distintas
entidades nacionales e internacionales. Por ello, para 2015 se compromete
alrededor de 30% del presupuesto de gastos para el pago del servicio de la
deuda. Dada la política económica y social del gobierno, es de esperarse una
disminución sustancial del presupuesto en educación y salud. En el caso del
sector salud, la reducción se eleva a 46%, según el exministro de Sanidad J.F. Oletta. Las universidades
solo recibieron cerca de 33% del presupuesto exigido por las autoridades rectorales para garantizar su
normal funcionamiento. Los más de dos millones de funcionarios públicos ven con
desesperación cómo los exiguos
logros del contrato-marco
no significarán ningún beneficio real para afrontar las dificultades que se avizoran para 2015.
Podemos concluir que los
trabajadores y los sectores populares viviremos una gran penuria de no disponernos a asumir otro derrotero, si no se lucha por un cambio de
fondo en el rumbo económico y político. En ello la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) comprometerá sus mejores
esfuerzos.
LA
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
El rentismo ha hecho posible el financiamiento
de un sistema económico ineficiente e incapaz de suministrar beneficios a los
ciudadanos. Al realizarse mediante una política económica erosiva del
aparato productivo, era lógico que nos condujera al desastre anunciado. Esta es
una política agotada. Hay que cambiarla de raíz ya que se
requiere de una transformación productiva si queremos tomar otro rumbo y superar esta crisis.
La búsqueda de crecimiento
económico sostenible
se basa en la diversificación de la producción y en un cambio en la
concentración de la producción y del empleo. Lograr esa transformación requiere
de mejoras en la producción y en la productividad laboral.
Una mayor diversificación es
deseable porque hace que la economía crezca más rápido y nos enrumbe hacia la independencia y el desarrollo.
De hecho, las ganancias en la producción y en la productividad refuerzan el
proceso de diversificación, generándose un círculo virtuoso entre esos factores.
Los países que dependen de recursos
naturales muestran usualmente una alta concentración en pocas áreas de la economía, lo cual
afecta las posibilidades de crecimiento económico sostenible y los potenciales avances
en producción y productividad.
La monoproducción —condenados por el respeto a una división internacional del trabajo—
es el resultado perverso de esta orientación.
EL
AMBIENTE ECONÓMICO DE VENEZUELA
La economía de nuestro país ha
perdido fortaleza de manera progresiva y últimamente de forma abrupta. Este hecho ha sido
ocasionado por la instrumentación de una estrategia que no ha priorizado la inversión sino un
creciente consumo público y privado
para garantizar la realización del producto importado.
La renta petrolera ha hecho posible
el financiamiento de una combinación expansiva de política fiscal y monetaria
que ha estimulado la demanda ante una capacidad limitada de la oferta interna
para reaccionar debido a diversas restricciones institucionales. La inflación
se ha acelerado y las importaciones crecieron significativamente para
satisfacer la demanda interna. Los problemas de abastecimiento ya toman ribetes
muy dramáticos pues tocan elementos esenciales para la alimentación y la salud
de la población.
La demanda de bienes y servicios
está siendo empujada por un gasto fiscal creciente del Gobierno central y
especialmente de Pdvsa. Por su
parte, la oferta de bienes y servicios está afectada por una política cambiaria
restringida que impide el financiamiento de las importaciones de insumos indispensables para la producción
local. Al mismo tiempo la oferta está siendo condicionada por la política de
controles de precios y los inconvenientes en el suministro de servicios
públicos, especialmente electricidad y gas.
Estos cambios estructurales están constriñendo las posibilidades de
generación de crecimiento económico y causando una importante destrucción de
empleos productivos, llevando a la sociedad a una profunda pérdida de bienestar,
aumentando el caos y la carestía en bienes esenciales para la vida cotidiana. Entretanto, contribuimos a la ampliación del mercado de
países de alto desarrollo, principalmente Estados Unidos y China.
EL
FUTURO
Venezuela requiere un cambio
fundamental en su rumbo económico, en el papel de la política económica, en la
relación del sector público con el sector privado, en la participación del
sector privado y en el papel que deben jugar los trabajadores y sus
organizaciones. Requiere, a su
vez, de un cambio radical de la relación con el sector externo, del papel del
país en la división internacional del trabajo.
La visión económica de Venezuela
debe estar orientada esencialmente a la mejoría en el bienestar de la sociedad.
La instrumentación de la política económica debe ser el mecanismo para alcanzar
el deseado bienestar social,
lo cual requiere la liberación de las fuerzas productivas.
En esa búsqueda se hace impostergable
la necesidad de un nuevo contrato social incluyente y estructurado que haga
viable la convivencia entre el sector público con el sector privado.
Los trabajadores, en este contexto,
tenemos una especial relevancia en la construcción de consensos con sentido de
inclusión social para garantizar el éxito de la visión económica en el largo y
mediano plazo. El crecimiento y
desarrollo económico de Venezuela requieren de un proceso de reformas estructurales
que garanticen la estabilidad económica.
La sostenibilidad del crecimiento
económico y del bienestar de la sociedad depende de la inversión y el trabajo
como factores esenciales de la producción. La inversión está determinada por la
dinámica de la formación de capital fijo y el papel del trabajo que le corresponde al grupo
económicamente activo de la población. En esta circunstancia, el crecimiento
económico con baja inflación implica directamente mejoría en el bienestar
social. A su vez, el
crecimiento, el desarrollo y la diversificación garantizan el equilibrio fiscal
y por ende el combate a la inflación mediante el incremento de la recaudación
vía impuesto sobre la renta y no de la presión tributaria.
De manera que el bienestar de la
sociedad depende, en forma determinante, de la mejoría en la producción y en la
productividad, sean provenientes de la tecnología incorporada en el capital
físico como en el capital humano logrado a través de la educación, salud, vivienda, cultura.
En este ambiente, los beneficios
alcanzados mediante negociaciones salariales pueden representar mejorías en bienestar para los trabajadores
si ocurren en el marco de una elevada producción y una creciente productividad.
En el caso contrario, las negociaciones puramente salariales llevarán
únicamente beneficios efímeros
a los trabajadores y, consecuentemente, efectos transitorios y muchas veces ilusorios sobre su
bienestar.
De esta forma, las políticas
laborales deben basarse en programas nacionales de mejoramiento continuo de las
capacidades productivas. Ello implica que el nuevo consenso social requiere de
forma explícita que las reivindicaciones
al
trabajo se encuentren directamente vinculadas a la dinámica de la elevación de
nuestra producción nacional.
UN
PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Los trabajadores levantamos una
alternativa que garantiza la superación del actual estado de cosas, que apunta hacia la PROSPERIDAD.
Antes que nada, se requiere una amplia y sólida UNIDAD
NACIONAL para reconstruir el país sobre la base del desarrollo nacional.
Unidad que se construye resumiendo los intereses de los distintos sectores que desean el rescate del país,
el desarrollo y el bienestar. Una garantía de que al conquistar el desarrollo y
la independencia practicamos una verdadera democracia sustentada en la más
amplia participación ciudadana y en el respeto a las libertades democráticas.
1. El
primer y principal objetivo es impulsar el desarrollo nacional sobre la base de
una REVOLUCIÓN INDUSTRIAL que enrumbe
el
país hacia la producción de lo que necesita su gente. Contamos con riquezas que
bien pueden garantizar la base de esta meta. Además de petróleo, bauxita y otros minerales, como coltan y vanadio, contamos con recursos agrarios e hídricos que sirven en conjunto para
sustentar el desarrollo acelerado de la economía nacional.
2. El
petróleo debe convertirse en PALANCA PARA EL DESARROLLO. La renta debe ser
aprovechada en función de la inversión productiva, el desarrollo nacional y,
por ende, debe apuntar hacia la creación de puestos de trabajo de calidad, de
trabajo decente. La industria petrolera debe dar un vuelco. El aumento de la
producción del crudo debe ir acompañado de la diversificación de la industria
petrolera.
3. Una
meta fundamental para lograr
los objetivos anteriores es alcanzar la SOBERANÍA AGROALIMENTARIA. Parte de la
inversión productiva debe ser destinada al agro, aprovechando las posibilidades
que brinda la riqueza de nuestros suelos con las bondades de nuestro clima que
garantizan un auge inusitado de la producción agrícola y pecuaria. Inversión,
asistencia técnica y mercado seguro son la base para alcanzar esta meta.
4. La
demanda de la población venezolana debe ser satisfecha con la producción
nacional, asequible y de calidad. El MERCADO NACIONAL debe ser para la
PRODUCCIÓN NACIONAL principalmente. La industrialización del país y la
soberanía agroalimentaria conducen a un mayor bienestar. Su base está en el
empleo productivo. En consecuencia un salario decente que garantice más
bienestar sirve para un sólido mercado para la producción nacional.
5. La
EDUCACIÓN es elemento importante en la transformación productiva. Ello hace
posible la incorporación de la tecnología en los procesos productivos y, al
mismo tiempo, crea las condiciones necesarias para la innovación. La política
educativa debe estar orientada al mejoramiento de la educación formal y al
apoyo a la educación técnica.
6. Una
NUEVA DEMOCRACIA basada en la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Además, el rescate de principios y valores de la democracia, como la alternabilidad y la división de
poderes, junto al respeto e impulso de las más amplias libertades democráticas,
garantizan la construcción de una nueva manera de gobernar y de nuevas
relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y sus organizaciones autónomas.
7. Una
NUEVA ÉTICA CIUDADANA cristalizada principalmente en la función pública y la
actuación política basada en el interés del país, los trabajadores y el ciudadano, por encima de
cualquier interés particular. Esta nueva ética se convierte en una palanca de
la participación en la reconstrucción del país productivo que las grandes
mayorías reclaman.
NUEVA
POLÍTICA ECONÓMICA
La realización de esta propuesta supone la puesta en
práctica de una nueva política económica que propicie en primer lugar la
inversión productiva por encima de cualquier otra demanda. “Sembrar el
petróleo”, consigna nacional que tiene más de 80 años, traduce esta
orientación. A su vez para que haya inversión productiva, debe rescatarse el principio de que la
banca supone la intermediación del ahorro social hacia la inversión. Para ello
la ganancia del sistema bancario debe realizarse en el crédito barato.
Garantizada la inversión, debe impulsarse una nueva política
fiscal que se asiente principalmente en el impuesto a la ganancia y no en el
tributo. El desarrollo y el crecimiento económico garantizan alta capacidad recaudadora a partir de la
creación de riqueza transformadora. Al reducir el tributo, a su vez estamos
propiciando la demanda ciudadana del producto nacional.
La estabilidad de los precios con base en esta
orientación estará garantizada, ya que el equilibrio fiscal afincado en la recaudación de impuestos a
un creciente sector productivo conduce a que la masa monetaria esté en correspondencia
con la riqueza a ser transada.
Inflación cero será la meta a alcanzar.
La política social de nuevo tipo debe acompañar
estas orientaciones fundamentales para la realización del programa que
presentamos los trabajadores al país. Una política social que garantice mejores
condiciones de vida y de trabajo para
la gente. Que se exprese en una política educativa al servicio del desarrollo:
una educación de calidad que cree una fuerza de trabajo suficientemente
calificada y capaz de asumir los retos del desarrollo, de un desarrollo
diversificado que demanda importantes avances científicos y tecnológicos. Por último que contemple medidas concretas que mejoren
el tratamiento de manera progresiva a los pensionados y jubilados.
La vivienda, factor
fundamental del desarrollo humano, su atención prioritaria debe convertirse, a
su vez, en factor multiplicador del crecimiento y desarrollo económico. Para ello se deben combinar diversos procesos
constructivos prácticos que permitan disminución de costos y participación de
la gente en su edificación.
La salud ciudadana debe estar en correspondencia con
las metas del desarrollo. Podemos alcanzar una mayor calidad de vida cuando la
soberanía agroalimentaria, la calidad de los productos y su precio estén en
correspondencia con la capacidad de demanda de los trabajadores y la
ciudadanía. Podemos plantearnos como perspectiva una política de salud
preventiva sin descuidar la atención de endemias y epidemias contingentes, dadas las nuevas
condiciones de vida de los venezolanos.
Las demandas ciudadanas de vivienda y ambiente
podrán ser satisfechas en virtud de que el incremento en la recaudación
permitirá un ahorro social que debe ser dirigido a la construcción del hábitat
de calidad. La política social y la participación de los venezolanos en su
realización serán fuerza para el desarrollo nacional diversificado y fuente de
estímulo al trabajo productivo y el desarrollo.
UNA
PLATAFORMA UNITARIA
Los trabajadores venezolanos estamos impelidos a levantarnos contra la política
destructiva implantada en los últimos años. Una PLATAFORMA DE LUCHAS que
unifique a todos los trabajadores venezolanos debe ser preámbulo de los
objetivos programáticos antes indicados. La consigna principal que debe guiarnos
es QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO TRABAJADOR. Lo que supone una amplia política unitaria con todos los
sectores populares estudiantes, profesionales, pequeños productores del campo y
la ciudad. Debemos comenzar por impulsar la solidaridad con los conflictos en
desarrollo como el universitario y venidero proceso de negociación del nueva
convención colectiva del magisterio que debe iniciarse el 18 de octubre del
presente año. Y todos unidos por las cuestiones generales que afectan a quienes
viven del salario como el costo de la vida, el desempleo y la inseguridad. Para
ello el instrumento idóneo debe ser el impulso de una coordinadora de luchas
que sirva de base para dirigir unitariamente al pueblo en sus luchas
inmediatas.
Nuestros innumerables esfuerzos para que el Ejecutivo
Nacional respete la autonomía y la libertad sindical y abra verdaderos espacios
para el encuentro, para el diálogo y para el consenso en torno a los
principales determinantes del trabajo como hecho social, han devenido en
infructuosa búsqueda, pues nos hemos topado con la intransigencia,
arbitrariedad, sectarismo y prepotencia de gobernantes que levantan el populismo
como discurso para ocultar su visión militarista y corporativista en las relaciones con
las organizaciones sociales autónomas, y en particular con las organizaciones
sindicales que tienen su compromiso fundamental con sus agremiados, con la defensa de la
democracia y con los principios universales de defensa de los derechos
laborales en tanto derechos humanos que son. Desde ese discurso populista han
edificado un régimen de arbitrariedades que son ocultadas por
decisiones leguleyas
y con el apoyo de sectores oficialistas dentro del sindicalismo que han vendido
su alma al diablo para apoyar
los desafueros
que se cometen desde el alto gobierno.
El rescate y la protección del PODER ADQUISITIVO DEL
SALARIO y el respeto al valor de
nuestros pasivos laborales tienen un lugar principal en el desarrollo de
nuestras luchas, frente a la voracidad de una irrefrenable inflación. Así, además de la pelea por aumento general de sueldos y
salarios que permitan recuperar el poder adquisitivo, exigencias de medidas
económicas que frenen la inflación para estabilizar y recuperar el salario real
de Los trabajadores.
Atención especial
al principio igual trabajo igual salario sobre todo en lo referido a la mujer
que representa el 68% de la fuerza laboral.
El respeto a la CONTRATACIÓN COLECTIVA y a la LIBERTAD SINDICAL es elemento
central para fortalecer las organizaciones sindicales en un rol que reivindique
a la función sindical y la vincule con la búsqueda de una sociedad donde prive
la solidaridad, el respeto, la igualdad y el progreso como principios de las
relaciones humanas, y que a la par sea un freno a las acciones anárquicas y violentas en la
resolución de los conflictos laborales.
La implantación de un SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
que esté afincado en el desarrollo del trabajo productivo nos dará mayor
solidez y sostenibilidad a futuro, y disminuiremos los peligros
y vulnerabilidades de los planes de
asistencia social basados única y exclusivamente en la variable y voluble renta
petrolera.
Es vital el
impulso de amplios espacios para el DIÁLOGO SOCIAL, en el cual los trabajadores
participemos permanentemente en la búsqueda y afianzamiento de acuerdos y
consensos que posibiliten una acertada aplicación de las políticas de
desarrollo nacional y de
respeto a los derechos laborales.
¡Por un
mundo mejor para los trabajadores!
Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV)
Maracaibo,
24 de setiembre de 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario