Ante la crisis del sindicalismo: ir a los principios y las raíces

Al auscultar la situación del sindicalismo venezolano, las razones de la crisis que hoy la embarga, es imprescindible ver grosso modo la circunstancia por la que atraviesa el país, y discernir si dichas razones deben ser adjudicadas al gobierno —este que hemos tenido por más de tres lustros y/o los anteriores a él—, a la dirigencia sindical, a la dirigencia político-partidista, a la forma concreta de realización del hecho económico, a la falta de actualización de la función sindical en un contexto socio-político, etcétera. Quizá este análisis requiera de mucho más tiempo y de una mayor profundización que apunte a dotar a los trabajadores y sus organizaciones sindicales y gremiales de instrumentos de lucha suficientemente eficientes y eficaces para enfrentar los retos que hoy le depara tanto el régimen político establecido en el país como la convulsionada situación internacional y sus reflejos en nuestro territorio.

Venezuela está en una encrucijada histórica: o continúa por el camino del desastre o lucha por cambiar las cosas en beneficio del país y de los trabajadores. Los cambios económicos y sociales introducidos las últimas tres décadas —y arreciados en los 17 años finales— nos han conducido al deterioro creciente de las condiciones de vida y de trabajo y han destruido gran parte de las capacidades productivas propias, convirtiendo a nuestro país en importador neto de la mayoría de bienes de consumo que suplen las necesidades de nuestra población y de medios de producción requeridos para la menguada industria nativa.

Nuestra economía vive la más profunda y generalizada crisis de los últimos cien años. Pese a que en la última década el Fisco ha contado con extraordinarios ingresos por los altos precios del petróleo y exacciones tributarias, tanto la producción industrial y manufacturera como la producción agrícola han caído abruptamente. En este largo período, en vez de sustituir el producto importado, la producción nacional feneció ante la enorme cantidad y diversidad de importaciones.

Junto a ello se afectó negativamente la valoración del trabajo como principal factor de la creación de riqueza, reforzándose la mentalidad “rentística”, la dependencia del subsidio, la cultura de la “viveza criolla” y la visión desclasada e individualista —propia del lumpenproletariado— para resolver las necesidades vitales de los trabajadores y sus familias. Todo ello en medio de la imposición de un régimen que, con el falso discurso de estar construyendo un tal “socialismo del siglo xxi”, desconoce la autonomía de las organizaciones sociales y sindicales en particular —queriendo convertirlas en instituciones estatales y burlándose de la libertad e independencia sindical— y birla recursos fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de trabajo como es el derecho a huelga y a la contratación colectiva, negando la posibilidad de un diálogo social donde el sindicalismo participe activamente en la toma de decisiones sobre los decretos, las leyes y las políticas económicas y sociales que afecten al trabajo y a las relaciones sociales para producir.

Podemos decir sin ambages que los trabajadores y los sectores populares viviremos una gran penuria de no disponernos a asumir otro derrotero, si no se lucha por un cambio de fondo en el rumbo económico y político. En ello la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) compromete sus mejores esfuerzos, y pensamos que el sindicalismo en su conjunto no podrá atender sus problemas particulares si no inscribe su accionar en el torrente del cambio hacia una sociedad del trabajo, la producción, el mérito, la educación y la profesionalización, del progreso, del desarrollo sostenido, que de verdad refuercen una línea de fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestra independencia.

Los trabajadores, en este contexto, tenemos una especial relevancia en la construcción de consensos con sentido de inclusión social para garantizar el éxito de la visión económica en el largo y mediano plazo. El crecimiento y desarrollo económico de Venezuela requiere de un proceso de reformas estructurales que garanticen la estabilidad económica. La instrumentación de la política económica debe ser el mecanismo para alcanzar el bienestar social, lo cual requiere la liberación de las fuerzas productivas. En esa búsqueda se hace impostergable la necesidad de un nuevo contrato social incluyente y estructurado que haga viable la convivencia del sector público con el sector privado.

El bienestar de la sociedad para que sea sostenible depende, en forma determinante, de la mejoría en la producción y en la productividad, sean provenientes de la tecnología incorporada en el capital físico como en el capital humano logrado a través de la educación. En esta dirección, los beneficios alcanzados mediante negociaciones salariales pueden representar mejorías en bienestar para los trabajadores si ocurren en este marco. En el caso contrario, las negociaciones puramente salariales —sin la referencia a su poder adquisitivo, es decir, solo salario nominal— llevarán únicamente beneficios efímeros a los trabajadores y, consecuentemente, efectos transitorios y muchas veces ilusorios sobre su bienestar.

De esta forma, las políticas laborales deben basarse en programas nacionales de mejoramiento continuo de las capacidades productivas. Ello implica que el nuevo consenso social requiere de forma explícita que las reivindicaciones al trabajo se encuentren directamente vinculadas a la dinámica de la elevación de nuestra producción nacional.

A)     ¿De cuál crisis sindical hablamos?

Deberíamos comenzar por señalar los problemas más acuciantes del sindicalismo y/o sus expresiones más notorias. Por razones de tiempo los enumeraremos:

i)         Política corporativista —con apoyo legal e institucional— de parte del gobierno que niega la autonomía y busca la conversión del sindicato en aparato de Estado. Los avances en esa dirección se expresan en la aprobación fraudulenta de una ley orgánica del trabajo violatoria de la propia Constitución y de los principales convenios internacionales de la OIT que la República ha ratificado formalmente, y la de otras leyes que en forma directa o indirecta conculcan de hecho el derecho a la sindicación, a la contratación colectiva, a la huelga, etcétera.

ii)      Militarización de las relaciones laborales expresada tanto en la presencia de una cantidad cada vez mayor de efectivos militares que encabezan instancias de la administración civil como en el imperio del “ordeno y mando” en la comunicación entre las organizaciones sindicales y las esferas gubernamentales.

iii)    Discriminación, represión y negación abierta de derechos constitucionales y legales en contra de la dirigencia sindical que lucha. A esto se une el chantaje y la amenaza hacia gran parte de dirigentes sindicales de diversa inclinación política para que acepten las imposiciones provenientes de la administración pública.

iv)    Ningún atisbo de apertura de espacios para un diálogo social respetuoso de las legítimas representaciones de los trabajadores. Reducción significativa, casi absoluta, del sindicalismo autónomo —e incluso hasta del oficialismo sindicalista genuflexo— como actor en la definición de políticas en torno al empleo, producción, relaciones laborales, etc.

v)       Coacción y reducción al mínimo de la contratación colectiva, y disminución de la cantidad de trabajadores amparados por este instrumento en las relaciones laborales. Al destruirse buena parte de la inversión privada en la industria y agricultura, se aumenta el peso de los trabajadores dependientes del Estado —funcionarios directos o empleados indirectos— en el conjunto de trabajadores organizados sindicalmente, y con ello surte mayor efecto la presión y el chantaje provenientes del gobierno a favor del sindicalismo “amarillo”.

vi)    Disminución de la influencia directa —tanto organizativamente como en la capacidad de impulsar un mayor activismo— por parte de los sindicatos y federaciones sindicales autónomas para desarrollar iniciativas y acciones de lucha en torno a violaciones contractuales, irrespeto al fuero sindical, actuaciones arbitrarias de las instancias administrativas y/o jurídicas del trabajo, y en general ante el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los afiliados.

vii)  Dispersión y desunión dentro del sindicalismo que defiende la autonomía y la libertad sindical, en muchas ocasiones cruzadas por problemas de liderazgo y diferencias personales, más que por posturas políticas y/o ideológicas. El paralelismo asociado al impulso de sindicatos genuflexos al oficialismo ha cobrado efecto en la disminución de la fuerza de los sindicatos autónomos, y en la capacidad de estos últimos en ser determinantes para el logro de avances reivindicativos.

viii) Errores y desubicación dentro de la dirigencia sindical para desentrañar la naturaleza del régimen impuesto bajo la autodenominación de “socialismo del siglo xxi”, por lo cual las respuestas han estado cargadas de subjetivismo y visiones equivocadas de lo que se puede esperar de aquél.

ix)  Incremento en las filas del sindicalismo de elementos perniciosos —sicariato, corrupción, descomposición ética, “mercantilización” de derechos laborales, — y destructores de la credibilidad de sus fines ante los ojos de la sociedad y de los jóvenes que recién ingresan al mercado de trabajo. La delincuencia abierta amenaza, en forma directa o indirecta, al ejercicio de una función sindical limpia, honesta y clasista, y se convierte también en otro flanco de chantaje y agresión.

x) Disminución de las labores de educación, enseñanza e instrucción de las organizaciones sindicales para ir construyendo, consolidando y fomentando la renovación de la dirigencia sindical y para mejorar la visión que tiene la sociedad sobre los fines y metas del sindicalismo clasista y democrático.

xi)    Deficiencias en el cumplimiento de los parámetros democráticos para la escogencia de las dirigencias sindicales, en primer lugar debido al control estatal combinado de CNE y MTSS y las trabas que ellos imponen, y en segundo lugar por la remisión y dejadez de dirigentes que desean eternizarse en los cargos y velan en mayor medida por seguir usufructuando de los proventos que ellos le deparan.

B)     Un sindicalismo clasista, autónomo, democrático y combativo

Cuando al inicio señalamos que deberíamos ir “a las raíces y a los principios” como lema básico para atender los problemas por los que atraviesa el sindicalismo, nos referíamos a que el movimiento de los trabajadores debe erguirse sobre sus contradicciones y debilidades y poner por delante los principios de solidaridad y unidad de la clase por encima de las diferencias políticas o ideológicas y de las inclinaciones partidistas, religiosas o de otra índole. Entender que mantener su autonomía con respeto a los patronos, a los partidos y al Estado no significa ser antipolítico o apolítico, sino al contrario: desarrollar una política que exprese los intereses inmediatos y de largo plazo de los trabajadores frente a las diversas circunstancias económicas, políticas y sociales por las que atraviese la nación, e incluso sus referencias con los problemas internacionales.

La dinámica sindical necesariamente exige la lucha por la democratización de la sociedad: es casi imposible desarrollar la acción sindical en circunstancia de dictadura o de regímenes que irrespetan y violentan los derechos laborales, en tanto derechos humanos que son; más aún —como es nuestro caso— cuando con supuestos discursos “socialistas” o progresistas se erige un Estado represivo, discriminatorio y despótico. De aquí que los sindicalistas no pueden hacerse la vista gorda frente a la restricción de los espacios democráticos y frente a la conculcación de derechos económicos y sociales, junto a los derechos civiles y políticos. En este sentido un sindicalismo democrático se expresa tanto a lo interno de su propia organización —fomentando la comunicación constante, la rendición de cuentas, el informe oportuno, la apertura para la renovación dirigencial, el ejercicio asambleario, etc.— como frente a la sociedad en su conjunto. Ser democráticos entonces no es una frase para adornar nuestro accionar sindical, sino un compromiso con nuestros afiliados, con todos los trabajadores y con toda la población que vive de un salario, de un sueldo o de una pensión.

El énfasis que hacemos en el sindicalismo por defender el derecho a huelga, en particular, se basa en el entendimiento del carácter contradictorio esencial que existe en las relaciones obrero-patronales y en la necesidad de contar con herramientas a favor de los trabajadores que obliguen al patrono a sentarse a conversar y discutir con la representación obrera y a ofrecer salidas dignas ante las justas exigencias que se hacen desde la masa trabajadora. Por supuesto que la búsqueda en definitiva es el logro de un acuerdo que permita retomar el acto económico con más bríos y con mejores condiciones laborales y de vida. Sin embargo, es nuestro deber crear en los trabajadores una conciencia de lucha que le haga entender en primer lugar la necesidad de sindicación, de unirse con sus compañeros, de participar activamente en la conquista de reivindicaciones, de entender al sindicato también como una instancia de formación y avance en la comprensión de los problemas inherentes al trabajo y su relación con la sociedad. El espíritu de lucha no es lo mismo que una actitud aventurera o de resentimiento y revancha, sino en la búsqueda de “un mundo mejor para los trabajadores”.

C)     Unidad: superar las flaquezas y fortalecer la institución sindical

Es imperioso que los diversos sectores que hacemos vida en la lucha sindical y gremial entendamos los peligros y los retos que en esta circunstancia se les presentan a los trabajadores. Ante un Estado que muestra signos evidentes de descomposición y putrefacción, donde la administración pública se ha autonomizado como un juego de reparto entre mafias, donde la separación de poderes es una ilusión y las instituciones —legislativas, judiciales, electorales, “morales”— son apenas oficinas totalmente dependientes del gobierno central, donde el deseo de eternizarse en el poder les hace cometer y justificar cualquier desafuero y atropello contra cualquier derecho y hasta contra la misma Constitución, las organizaciones sindicales estamos en la obligación de echar a un lado y posponer nuestras diferencias, apostando por metas y objetivos que nos unifiquen más allá del aumento salarial, el contrato y la exigencia de libertad y autonomía. Las diferentes instancias sindicales deben apuntar a fortalecer a las instituciones sindicales —sindicatos de base, federaciones y confederaciones—, a disminuir el paralelismo, a unificar acciones educativas y formativas, a presentarse con un planteamiento programático unitario y a ofrecer una plataforma y una ruta para luchar por las reivindicaciones más urgentes. La Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG) debe mejorar sus procedimientos internos de consulta y decisión, y acordar mejores formas de relacionamiento con las luchas en desarrollo y con la opinión pública; debe dotarse de un basamento sencillo que contemple lo básico del planteamiento fundacional, del funcionamiento, de la vocería y del alcance de los compromisos.

D)     Un programa para la reconstrucción del país

Los trabajadores debemos levantar una alternativa que garantice la superación del actual estado de cosas, que apunte hacia la prosperidad. Antes que nada, se requiere una amplia y sólida unidad nacional para reconstruir el país sobre la base del desarrollo nacional. Unidad que se construye resumiendo los intereses de los distintos sectores que desean el rescate del país, el desarrollo y el bienestar. Una garantía de que al conquistar el desarrollo y la independencia practicamos una verdadera democracia sustentada en la más amplia participación ciudadana y en el respeto a las libertades democráticas.

1.    El primer y principal objetivo es impulsar el desarrollo nacional sobre la base de una revolución industrial que enrumbe el país hacia la producción de lo que necesita su gente. Contamos con riquezas que bien pueden garantizar la base de esta meta: petróleo, bauxita y otros minerales, como coltan y vanadio, recursos agrarios e hídricos, base de sustentación del desarrollo acelerado de la economía nacional.

2.    El petróleo debe convertirse en palanca para el desarrollo. La renta debe ser aprovechada en función de la inversión productiva, el desarrollo nacional y, por ende, debe apuntar hacia la creación de puestos de trabajo de calidad, de trabajo decente. El aumento de la producción del crudo debe acompañarse de diversificación de la industria petrolera.

3.    Una meta fundamental para lograr los objetivos anteriores es alcanzar la soberanía agroalimentaria. Parte de la inversión productiva debe ser destinada al agro, aprovechando la riqueza de nuestros suelos y las bondades de nuestro clima que garantizan un auge inusitado de la producción agrícola y pecuaria. Inversión, asistencia técnica y mercado seguro son la base para alcanzar esta meta.

4.    La demanda de la población venezolana debe ser satisfecha con la producción nacional, asequible y de calidad. El mercado nacional debe ser para la producción nacional principalmente. La industrialización del país y la soberanía agroalimentaria conducen a mayor bienestar, basado en el empleo productivo. En consecuencia un salario decente que garantice más bienestar sirve para un sólido mercado para la producción nacional.

5.    La educación es elemento importante en la transformación productiva. Ello hace posible la incorporación de la tecnología en los procesos productivos y crea las condiciones necesarias para la innovación. La política educativa debe estar orientada al mejoramiento de la educación formal y al apoyo a la educación técnica.

6.    Una nueva democracia basada en la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, el rescate de principios y valores de la democracia, como la alternabilidad y la división de poderes, junto al respeto e impulso de las más amplias libertades democráticas, garantizan la construcción de una nueva manera de gobernar y de nuevas relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y sus organizaciones autónomas.

7.    Una nueva ética ciudadana cristalizada principalmente en la función pública y la actuación política basada en el interés del país, los trabajadores y el ciudadano, por encima de cualquier interés particular. Esta nueva ética se convierte en una palanca de la participación en la reconstrucción del país productivo que las grandes mayorías reclaman.

E)      Una plataforma unitaria

Nuestros innumerables esfuerzos para que el Ejecutivo Nacional respete la autonomía y la libertad sindical y abra verdaderos espacios para el encuentro, el diálogo y el consenso en torno a los principales determinantes del trabajo como hecho social, han devenido en infructuosa búsqueda. Como respuesta solo ha habido intransigencia, arbitrariedad, sectarismo y prepotencia de gobernantes que levantan el populismo como discurso para ocultar su visión militarista y corporativista en las relaciones con las organizaciones sociales autónomas, y en particular con los sindicatos que tienen su compromiso fundamental con sus agremiados, con la defensa de la democracia y con los principios universales de defensa de los derechos laborales en tanto derechos humanos que son. Desde ese discurso populista han edificado un régimen de arbitrariedades y desafueros que son ocultados por decisiones leguleyas y apoyadas por sectores oficialistas dentro del sindicalismo.

Los trabajadores venezolanos estamos impelidos a levantarnos contra la política destructiva implantada en los últimos años. Una Plataforma de Luchas que unifique a todos los trabajadores venezolanos debe ser preámbulo de los objetivos programáticos antes indicados. La consigna principal debe ser “que la crisis no la pague el pueblo trabajador”.

1.        El rescate y la protección del poder adquisitivo del salario y el respeto al valor de nuestros pasivos laborales tienen un lugar principal en el desarrollo de nuestras luchas, frente a la voracidad de una irrefrenable inflación.

2.        El respeto a la contratación colectiva y a la libertad sindical es elemento central para fortalecer las organizaciones sindicales en un rol que reivindique a la función sindical y la vincule con la búsqueda de una sociedad donde prive la solidaridad, el respeto, la igualdad y el progreso como principios de las relaciones humanas, y que a la par sea un freno a las acciones anárquicas y violentas en la resolución de los conflictos laborales.

3.        La implantación de un sistema de seguridad social que esté afincado en el desarrollo del trabajo productivo nos dará mayor solidez y sostenibilidad a futuro, y disminuiremos los peligros y vulnerabilidades de los planes de asistencia social basados única y exclusivamente en la variable y voluble renta petrolera.

4.        Es vital el impulso de amplios espacios para el diálogo social, en el cual los trabajadores participemos permanentemente en la búsqueda y afianzamiento de acuerdos y consensos que posibiliten una acertada aplicación de las políticas de desarrollo nacional y de respeto a los derechos laborales.

Proponemos estas ideas, con la intención de que lo importante pueda conjugarse con lo urgente, y en esa medida vayamos contribuyendo a dar respuesta tanto a la exigencia del momento como a los cambios trascendentales de que está urgido el sindicalismo venezolano.

¡Por un mundo mejor para los trabajadores!

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)

Caracas, septiembre 2015