Lo anunciado por Maduro el pasado 30 de abril, un día antes de las protestas del 1° de mayo, no nos sorprende. Es la ratificación de una política económica acordada con los inversores chinos y Fedecámaras, en el sentido de permitirles una mayor tasa de explotación laboral para así aumentar sus ganancias a costa de darle a los trabajadores ingresos de subsistencia mínima. Esa es la forma en que se distribuye la riqueza nacional generada por los trabajadores, es decir, se garantizan mayores ganancias a los empresarios (los viejos amos del valle y a la nueva boliburguesia), a costa de la disminución (casi desaparición) del salario, que es el precio de la fuerza de trabajo. Las consecuencias están siendo sufridas por los trabajadores y el pueblo en general, destacando el 49,4% de pobreza de ingreso según la Encovi 2024. (Ver https://acortar.link/utKyHO)
La pequeña compensación en bonos (que no aumento salarial), se produce para frenar la caída en picada de la capacidad de compra del trabajador y su familia. Es una ley del capital. Al caer muy bajo el poder de compra por pérdida del poder adquisitivo, cae la demanda, cae la oferta y cae la ganancia del empresario, por lo que el gobierno como representante de esos intereses, se ve obligado a otorgar esta miserable compensación para que no baje la plusvalía del señor capitalista.
Este es un gobierno que no desarrolla ni diversifica la economía, que mantiene la dependencia en favor de la importación, reforzando el papel asignado por las potencias mundiales en la División Internacional del Trabajo como productor de materias primas. La política económica del gobierno deterioró y redujo el aparato productivo y por tanto no hay suficiente crecimiento del PIB, lo que lo incapacita para gobernar a favor de los trabajadores y el pueblo.
Los ingresos existentes alcanzarían para pagar salarios y pensiones decentes, para ofrecer buena atención hospitalaria, una buena educación y unos buenos servicios públicos en general, si dejaren de usarse para pagar deuda externa, gastos militares y desvíos hacia la gigantesca corrupción. Visto esto, no puede haber dudas sobre los intereses que representa el ejecutivo nacional y a qué clase social beneficia.
Este es el meollo del asunto, por lo que en definitiva los trabajadores y el pueblo estamos obligados a seguir luchando por aumento real de salarios, pues la inflación ya se comió la compensación aún no pagada, y al mismo tiempo seguir luchando por la democracia y el cambio político.
Prof. Pedro García.
Pdte. de @Asocejuprc y miembro de @EducadoresMESR
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