Desde
2018 la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) viene elaborando
informes donde se analiza la práctica del Estado en cuanto a su responsabilidad
de atender la educación como derecho humano, contrastándola con lo expresado de
los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV).
En
julio de 2018 dimos la alerta de que estábamos ante un desplome de la educación
como derecho humano; en marzo de 2019 el resultado de los estudios elaborados nos
llevó a caracterizar el contexto como un colapso del Sistema Educativo y por
ende del Sistema Escolar. 2020, la educación venezolana se encuentra en un
proceso de destrucción generalizado en casi todos los sentidos, y se hacen
indispensables tanto la atención humanitaria como un cambio sustancial en el
rumbo de las acciones políticas, sociales y económicas para poder salvar la
educación.
Llegada la pandemia del Covid-19 a Venezuela, la educación es
uno de los ámbitos donde más nítidamente se ha reflejado la crisis social, mostrando
un retroceso vertiginoso y un alejamiento de las metas del milenio establecidas
por la UNESCO. La entronización de la pobreza trajo
no solo el incremento de la exclusión escolar, sino que también abrió aún más la
brecha de desigualdad social y aceleró la destrucción de la profesión docente.
La educación que se imparte no es más que una estafa que nos ha llevado a una regresión
del derecho, de la ciencia y de la tecnología, hasta de la propia pedagogía.
Compartimos este informe con ustedes.-
La profundización de la “exclusión escolar”
y la brecha de
la desigualdad social
La UDSE en
el Informe-Balance 2018-2019 afirmaba: “La educación se ha convertido en uno de
los sectores donde más se expresa el deterioro de la vida de los venezolanos y
donde se expresa con mayor claridad la pobreza en que vivimos…”. Se alerta
sobre el comportamiento de los indicadores en cuanto a cobertura matricular y
asistencia escolar, señalando el caso del estado Sucre que mostraba una
disminución de la cobertura de 39 %, evidencia clara del ascenso de la
exclusión escolar. El Informe PROVEA
(2019; 4) referido a educación señala que:
El análisis de las cifras
oficiales difundidas demuestra que la gestión en el área educativa es un
fracaso. Por ejemplo, si comparamos las cifras del lapso escolar 2013/14 con
las correspondientes al período 2017/18, los datos indican que hubo una
reducción de la matrícula de 138.815 niños, niñas y adolescentes en el nivel
escolar de educación básica, que incluye educación inicial, primaria y media (…).
En ese mismo lapso, la cantidad de escuelas y liceos disminuyó en 449
planteles.
La exclusión
escolar expresa características multifactoriales, pues hay una conjunción de
razones para que el propio Sistema Educativo excluya al estudiante, lo expulse:
el deterioro del programa de alimentación escolar, la reducción del número de
docentes y sus condiciones, la disminución y desmantelamiento de la
infraestructura escolar, y la pulverización del salario familiar. Por lo que la
exclusión escolar es originaria de un Estado que no asume su responsabilidad de
preservar el derecho a la educación gratuita y obligatoria. Esto es lo que ha
producido el ensanchamiento de la brecha entre los que pueden acceder a la
educación y los que no tienen los medios para ello.
La decisión del régimen de turno de
implementar una aparente educación a distancia ha agudizado está situación,
puesto que esta
medida afectó a los sectores sociales más vulnerados; los estratos más bajos que
no tienen ninguna condición para acceder a la tecnología. Según el OVSP solo el
40 % de los hogares venezolanos tienen acceso al Internet (2019), es decir, el
resto no lo tiene y en él se encuentra un amplio sector del grupo social D y E,
los más pobres.
Los planteles privados hasta ahora son los que
han tenido menores dificultades para el cumplimiento de la llamada “educación a
distancia”, exceptuando precisamente las escuelas en zonas pobres del país como
las de Fe y Alegría.
En la encuesta rápida realizada por la UDSE en
tiempo real a docentes, constatamos una marcada disminución de la matrícula en
esta “educación a distancia”. Por no estar en un estado de derecho, nos
reservamos los nombres de los docentes que suministraron información y de las respectivas
escuelas, para evitar el acoso laboral, amedrentamiento y persecución que
pueden recibir dichos educadores. Puntualizamos: en una escuela del estado
Miranda del sector de Guatire, un docente nos señala que de 23 alumnos solo
pudo atender a 10, y nos informa que, “a pesar de manejar guías elaboradas para
aquellos niños que no tenían internet, aun así no se tuvo respuesta de los
padres”. En Educación Especial la situación es muy crítica: en el estado
Portuguesa encontramos casos en donde en un aula integrada de 22 niños solo se
pudieron atender 7 y según la educadora “poco atendidos”. El educador expresaba
que a “algunos padres no les importa porque consideran que las personas
especiales no tienen que aprender”. En una escuela de Educación Especial de la
parroquia La Vega en Caracas, en un aula integral de educación especial de 28
estudiantes, solo pudieron atenderse 17 de ellos. En las zonas populares los
padres de estudiantes de Educación Especial no cuentan con recursos para
atender a sus hijos que por tener alguna discapacidad deben realizar mayores
esfuerzos de aprendizaje y de movilización; algunas familias, al no tener
ningún tipo de recursos, optan por dejar así la situación y se abandona la educación.
Aquí se expresan altos niveles de pobreza, porque el Estado no les da las
garantías de una educación gratuita y obligatoria a estas familias.
Otro testimonio, esta vez de una profesora de
la especialidad de Inglés en un plantel de la parroquia Sucre de Caracas,
expresó que de 36 jóvenes de una sección de séptimo grado, al final de año solo
llegaron a culminar 19, porque los otros 17 no aparecieron desde que comenzó la
“educación a distancia”. Esta realidad se repite en todos los estados del país
y la triste realidad es que cada año aumenta la exclusión escolar, sobre todo durante
este lapso 2019-2020 que con la llegada de la pandemia no pudieron avanzar por
las pocas condiciones materiales para una conexión a internet o para investigar
y poder realizar las actividades. Estos hechos agrandan la brecha social, donde
los más pobres pierden la oportunidad para el desarrollo de su aprendizaje.
El Estado no está garantizando las condiciones
para una educación gratuita y obligatoria para todos. La educación es pública
porque es de todos de planteles de dependencia oficial y de dependencia
privada.
Lo que hemos venido señalando se confirma con
lo expresado en la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI, 2019-2020)
que estima que hay 1,7 millones de personas menos entre 3 a 24 años, a
consecuencia de la migración y que dejaron las aulas escolares, esto implica
que el Estado venezolano ha dejado de atender una cifra importante de niños y
jóvenes que estaban escolarizados.
Lo más
grave de todo esto es que crecen los riesgos de exclusión entre quienes no
asisten regularmente a clases y registran severo rezago escolar. Con la situación
alimentaria expresada en la desnutrición infantil, estaríamos precisamente frente
a un terrible drama para quienes tendrán poca posibilidad de acceder o
permanecer en la escuela. Hablamos de la población escolar más pobre y de
aquellos que ni siquiera podrán llegar a la escuela.
Se profundiza el desplome del
derecho a la alimentación
En este año escolar desapareció el
desayuno en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), quedando solo el
almuerzo con carbohidratos (arroz o espaguetis solo, algunas veces arroz con
granos), sin acompañamiento nutricional: además de que se devastó la calidad, se
disminuyó la cantidad.
No se
logró resolver las fallas estructurales que se venía arrastrando desde el año
escolar 2018-2019; hoy este servicio alcanza su mayor caída; hasta el punto que
ni se acerca a lo planteado en los discursos sobre la protección del derecho a
la alimentación de los niños y adolescentes escolarizados.
Al llegar la pandemia a Venezuela y
decretar el confinamiento social, la situación se agudizó. Debido al cierre de
los planteles escolares, el MPPE distribuyó varios centros pilotos por
municipio y parroquias para que el PAE se mantuviera; sin embargo, su
distribución no logró llegar a toda la población escolarizada, y en algunos
municipios del país las Zonas Educativas no tenían el registro por día y semana
de los niños que faltaban por la alimentación escolar.
La mencionada
investigación de ENCOVI expresa que el “diagnóstico nutricional de los niños
menores de 5 años es de los peores en el contexto de América Latina”. Coadyuvando
a la descripción de esta catástrofe, el estudio de Cáritas, presentado por
Susana Raffalli, expresa que en Venezuela se vive un proceso de destrucción social
masiva que ha provocado que la infancia pierda 5 años de vida, de acumulación
de capital humano.
Política sistemática de
desprofesionalización de la carrera docente
La
profesión docente viene sufriendo la mayor devastación, no solo en la
destrucción de la condición de vida de sus realizadores: los maestros, sino en
la pérdida progresiva de su papel pedagógico e instructivo.
Son muchas las
referencias estadísticas y los propios hechos empíricos que muestran que el
Estado y su régimen político han estado manejando de manera progresiva
estrategias para acabar con la historia y conciencia del magisterio. Buscan con
ello mantener un magisterio controlado, sumiso y obediente en el desarrollo de
una educación a la medida de los intereses del poder político. Esto viene
dándose desde 2004 con la implementación del Proyecto de Educación Bolivariana.
Debido a ello, dejó de ejecutar el Reglamento del Ejercicio de la Profesión
Docente, desconociendo y arrinconando cada año escolar los concursos de Méritos
y Ascenso para aplicar el proselitismo político, obteniendo como resultado
hasta ahora un control político-partidista de 99 % de los cargos a directores y
subdirectores como encargados y la desaparición total de los supervisores de
carrera. Han convertido esta función profesional en una labor, como simples
comisionados, de vigilancia del adiestramiento y del control en la libertad de
cátedra de los profesionales en el aula de clases. Además eliminaron los concursos
de Ingreso a la Carrera, cambiándolos por la función de interino, y quienes
están en esta forma de contratación, por no contar con estabilidad laboral, están
más expuestos y más proclives a ser controlados bajo el irrespeto de todas las
normas constitucionales y legales. Aspecto a resaltar ha sido la política de
formación docente, mediante la cual el Estado ha creado instancias paralelas a
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y a las escuelas y
facultades de Educación. Estas instancias paralelas son dirigidas directamente
por los organismos políticos del partido de gobierno.
Utilizando los
propios datos que dan las autoridades del MPPE, presentamos un cuadro
comparativo que habla por sí solo.
Cuadro comparativo
Personal Docente Activo Nacional
(MPPE)
Año - Fuente
|
Total
|
Docente con Título
|
Interino
|
Bachiller Docente
|
Docente No Graduado
|
2014-2015
Memoria
y Cuenta del MPPE
(Última
presentada)
|
361.370
|
256.155
|
75.946
|
15.220
|
14.049
|
Enero
2019
Informe
de la Dirección General de Gestión Humana del MPPE
|
430.515
|
156.639
|
235.075
|
471
|
38.350
|
Además, hay tres
aspectos que queremos resaltar:
1) Diez (10) estados realizaron la transferencia de todo el personal
educativo a la nómina del MPPE.
2) Gran parte de los interinos están representados por el personal que
ha salido de las Misiones y Aldeas Universitarias. Aunque el MPPE no ha
publicado el número de interinos para el proceso escolar 2020-2021, apelamos a
lo que sucede en la Unidad Educativa Gran Colombia (situada en el Distrito
Capital), Proyecto de Escuela Piloto de la Educación Bolivariana y presentada ante
la UNESCO como proyecto modelo de América Latina y el Caribe, pues el Nivel de
Primaria tiene 88 % del personal ejercitado de las Misiones Educativas y de los
Programas Nacionales de Formación (PNF).
3) La última Memoria y Cuenta del MPPE 2014-2015, presentada en 2016, menciona
la cantidad de 91 Supervisores de Carrera, hoy ese número es 0 (cero); es decir,
la educación venezolana no está bajo especialistas ni profesionales en el área
de supervisión. Por lo que podemos señalar que la carrera docente ha retrocedido
30 años.
La catástrofe
económica y social ha sacudido de una manera tal a los educadores, que uno de
los sectores donde más se ha ensañado la migración forzada, buscando mejores condiciones
de vida, es precisamente el magisterio. La Unidad Democrática del Sector
Educativo (UDSE) no solo viene realizando desde 2018 estudios sobre el tema,
sino que también viene compartiendo con investigadores el seguimiento de esta
grave situación. Citamos un estudio realizado por la Comisión Especial de
Seguimiento de la Emergencia Educativa de la Asamblea Nacional, bajo la
coordinación del profesor Robert Rodríguez:
Migración de educadores provenientes del sector oficial y privado de la
educación
(2016-2019)
 |
Fuente: Comisión
Especial de Seguimiento de Emergencia Educativa de la AN (2019).
Memoria y Cuenta del MPPE 20-14-2015.
|
De
acuerdo con este estudio, cuando se inicia el año escolar 2019-2020 el Estado
venezolano se encuentra con un grave problema de éxodo de 291.931 profesionales.
En la investigación que realiza la UDSE se destaca que la mayoría de estos
profesores son especialistas en Educación Integral y en las áreas de Biología,
Matemática, Física, Química, Inglés y especialidades en Ciencias Sociales. La
política de creación de “docentes exprés” y la utilización de otros
provenientes de la política pública
denominada “Chamba Juvenil” fue la respuesta gubernamental en este año escolar
para atender pequeños espacios en el Distrito Capital, Zulia, Aragua, Vargas,
Lara y Miranda. También varias comunidades educativas de escuelas se
organizaron para seguir atendiendo las clases a nivel de primaria, tal como
sucedió en algunos planteles de Fe y Alegría.
Otro
aspecto que caracteriza el desplome de la profesión docente es la pulverización
total del salario que ha llevado al sector profesional a condiciones miserables.
El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, profesor Orlando Alzuru,
en septiembre de 2019, en pleno inicio del año escolar 2019-2020, expresaba
sobre este tema que el magisterio se encontraba en condición de pobreza
extrema. Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) caracterizaba en
2018 un trabajador en pobreza extrema cuando su ingreso estaba por debajo de 2
dólares diarios. Pues el docente venezolano hoy gana mensualmente 6 dólares,
con una cobertura solo de 2,5 % de la Canasta Básica. Es importante resaltar
que en este proceso escolar 2019-2020 el docente se vio en la obligación de
acudir a otras actividades extra para poder complementar el ingreso del hogar;
esas actividades fueron de diverso tipo, desde la limpieza de casas, planchar o
cuidar niños, hasta otras referidas al “bachaqueo” y a la compra y venta de
diversos productos. El educador ya no tiene capacidad adquisitiva para comer y
proteger la salud de su familia.
Para
colmo, el docente vive sin seguridad social para atender problemas de salud o
alguna otra emergencia doméstica; son muchos los docentes que hacen a diario
campañas por las redes sociales para encontrar un apoyo solidario y así obtener
una medicina, atender una operación, hacerse unos exámenes o una ayuda para
enterrar a familiares.
A este
dramático cuadro que presentan los docentes venezolanos, se le suma la
violación constante al texto Constitucional en su artículo 91 que señala “que
todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad
y cubra para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales”. Pero además, la trasgresión del artículo 104 que establece que
el estado debe velar para que los profesionales de la educación tengan un nivel
de vida acorde con su elevada misión.
y proyectos escolares.
El año escolar 2019-2020 estuvo
maquillado por permanentes discursos del Ejecutivo Nacional sin correspondencia
con lo que estaba aconteciendo en las escuelas y liceos del país. A
continuación presentaremos una evaluación del impulso de los programas
escolares implementados por la política central que deja bien claro que los
mismos se quedaron en el camino sin ninguna evaluación y revisión:
Programa Canaima Educativo: En 2008, cuando
se inicia, este programa distribuye, supuestamente, 50 mil computadoras en solo
1.900 escuelas del país. Aunque el programa no llegó a cubrir toda la población
escolarizada, el propio Maduro sostuvo en septiembre de 2017 que dicho programa
había llegado a 82 % (datos de una entrevista que le hiciera el canal oficial
VTV). A partir de allí, se han generado imprecisiones en las informaciones que
expresan además contradicciones entre los propios funcionarios del MPPE sobre
la matrícula escolar y el número de computadoras Canaima entregadas.
A partir del proceso escolar 2018-2019 este programa se fue
restringiendo en cuanto a su calidad, actualización, mantenimiento y en la
entrega de computadoras a los niveles educativos. De acuerdo con las propias
informaciones suministradas por el Ministro de Educación, en el año escolar
2018-2019 se entregaron 28.072 computadoras Canaima, pero en el proceso escolar
2019-2020 disminuyó su entrega a 20.000 computadoras.
A pesar de que desde 2010 había un convenio con CANTV para
abordar y dar solución a las fallas de sistemas operativos asociados al proceso
de actualización y carga de contenidos, en este año escolar se dieron muchas
fallas para esta atención, así como también el soporte técnico de arreglo de
las computadoras. A comienzo del año escolar septiembre de 2019, Maduro habló
de relanzar el Programa de Canaima; en octubre de ese año repite la misma
orientación sin que se atendiera realmente el mantenimiento y la actualización.
De tal manera, que el Estado dejó que este instrumento educativo fuera
perdiendo su sentido pedagógico. En el mismo mes de septiembre de 2019, el MPPE
firma un convenio con la empresa de telefonía Movistar para dar inicio al Plan Aulas
Virtuales; que atendería a 1.200 aulas que representaban 36.000 alumnos de primero a sexto grado. Este
programa no se cumplió de manera satisfactoria.
Entrega de textos
escolares Colección Bicentenaria: Según informaciones del MPPE de 2011 a 2016 se
han repartido 170 millones de textos escolares, sin embargo; desde 2017 en
adelante estos textos no han llegado a cubrir toda la matrícula escolar. El
MPPE elaboró un plan para que los estudiantes al final del año escolar se
comprometieran a dejar los textos para los que avanzaran a los diferentes
niveles. Consideramos que esta medida ministerial se debió a la reducción del
presupuesto asignado a la educación.
Bono Regreso a
Clases: Este bono fue controlado socialmente y políticamente por el sistema Carnet de la
Patria con un monto de 50 mil bolívares. Esta política fue discriminatoria y no
ayudó para nada a solventar la situación de pobreza en las familias ni mejoró
la acción para una educación gratuita.
Gallineros
Escolares: Este proyecto se inicia precisamente en este año escolar
2019-2020 en 186 planteles, con la meta de alcanzar al final de año escolar a
todos los planteles nacionales.
Este programa no llegó a cumplir el
objetivo expresado en octubre de 2019 por Nicolás Maduro de suministrar
alimentos a los comedores, no logró implementarse en los 22.767 planteles, pero
el millón de gallinas que anunciaron no se vieron todas en los centros pilotos
del programa. Por otro lado, ni el MPPE ni las Zonas Educativas han dado
información sobre dónde están las gallinas que quedaron en estos planteles
pilotos al iniciar el confinamiento y el plan Cada Familia Una Escuela debido a
la pandemia.
Los Conucos
Escolares: en el lapso 2017-2018, según cifras del ministro de
Educación, solo 6.500 escuelas contaban con este proyecto. Al aproximarse el
inicio del lapso escolar 2018-2019, Nicolás Maduro pidió que todas las escuelas
fueran preparadas para este proyecto priorizando una actualización de datos de
escuelas y número de conucos en todo el país. Esta actualización el Ministerio
de Educación no llegó a publicarla.
Para el año escolar 2019-2020, parte
de los conucos que ya existían fueron convertidos en espacios de gallineros
escolares y otros desaparecieron por falta de agua en el plantel y recursos
fertilizantes básicos. Este proyecto escolar caracterizó la mayor demagogia que
haya tenido la educación; fue montado sobre una ilusoria idea de que la
producción económica se cultivaba con los conucos escolares.
Proyecto Ciudad Escolar: el 7 de junio de
2015 Maduro anunció la construcción de 30 Ciudades Escolares contando con un
crédito de China. En 2017, Elías Jaua, ministro de Educación para aquel
entonces, informa lo que ya Maduro había anunciado en 2015; es decir, dos años
después del anuncio, el proyecto continuó sin ninguna concreción. Este año
escolar 2019-2020, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, no mencionó
dicho proyecto, quedando las Ciudades Escolares en un engaño que ha permanecido
durante 5 años y levantadas solo en maquetas.
Programa “Cada Familia una
Escuela”
deja al desnudo el colapso del Sistema Educativo
De acuerdo
con la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6519 del 13 de marzo, mediante Decreto
4.160, el Estado venezolano establece el Estado de Alarma exponiendo consideraciones
de índole social y de riesgo de la salud pública y la seguridad de los
ciudadanos. En su artículo 11 se procede a suspender “las actividades escolares
y académicas en todo el territorio nacional a partir del lunes 16 de marzo de
2020; a los fines de resguardar la salud de niños, adolescentes y jóvenes, así
como de todo el personal docente, académico y administrativo de los
establecimientos de educación pública y privada”. Igualmente el presente
decreto señala que los ministros con esta competencia coordinarán acciones para
la reprogramación de actividades académicas, así como implementarán modalidades
de educación a distancia o no.
El lunes
16 de marzo es publicado en la página web del MPPE el contenido del Plan
Pedagógico de Protección y Prevención Covid-19: “Cada Familia Una Escuela”, con
la finalidad de “garantizar la prosecución del año escolar 2019-20” desde casa.
La
pandemia del Covid-19 puso al desnudo la destrucción del Sistema Educativo
venezolano. Los problemas ya existían antes de entrar en esta situación de
confinamiento social: el insuficiente presupuesto para mantener las infraestructuras
de los planteles y dotación para mantenimiento, la inexistencia de recursos
pedagógicos y didácticos, entre otros muchos problemas agudos, fueron atentando
progresivamente contra la atención de ofrecer un servicio educativo de calidad.
Por tanto, el Estado ante esta realidad no produjo ninguna planificación
estratégica que estudiara los puntos vulnerables para implementar en consecuencia
una modalidad de educación a distancia que le diera continuidad al año escolar
desde las casas con las condiciones mínimas en el aspecto tecnológico y
material. En otras palabras, el Estado no estaba preparado para desarrollar una
educación a distancia en todos los niveles educativos, menos en la modalidad de
Educación Especial y en el nivel medio de Educación Técnica. Por
eso, de manera improvisada, sin consultar y analizar el impacto educativo y las
condiciones de accesibilidad tecnológica, el MPPE decide imponer la aplicación
de una política educativa sin el involucramiento de los actores del hecho educativo:
estudiantes, educadores, padres y representantes, incluyendo además a los
trabajadores administrativos y obreros. De acuerdo con la práctica de control
político y actitud déspota que el régimen ha asumido abiertamente, utilizan el
Sistema Patria para manipular y simular una “consulta”, obviando las instancias
naturales y la normativa educativa, para hace creer que efectivamente la
decisión era tomada por padres y representantes, cuando lo real era que días antes
ya habían decidido.
La
improvisación y la piratería del plan “Cada Familia Una Escuela” son evidenciadas
en la presentación de programas televisados por VTV: las clases presentadas en
vez de educar promueven confusión y falsean los contenidos académicos incurriendo
en graves errores sobre conocimientos históricos, geográficos, matemáticos y de
todo el conocimiento científico. Esto lleva al cambio del tutelaje del programa
a manos de VIVE-TV, televisora de origen “comunitario” privado por cuanto
estaba en gran cuestionamiento la calidad y contenido del programa. Sin embrago,
la baja calidad se mantuvo hasta el final, no se proporcionó una organización
de los contenidos pedagógicos, no se elaboraron los instrumentos, no se
promovió un vehículo que garantizara la transmisión del conocimiento.
El desmontaje
del Estado y la violación de los DDHH:
Este
Plan Cada Familia Una Escuela traslada la responsabilidad de la escuela a los
padres, quienes deben asumir una función pedagógica para la que muy
probablemente no están preparados. Con esta acción se terminaría de dar el
golpe final al Estado Docente al evadir la responsabilidad del Estado en
materia educativa.
La Constitución es muy clara en su
artículo 102: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental,
es democrática, gratuita y obligatoria. El
Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus
niveles y modalidades…” (subrayado nuestro). Estimular un Estado Societario
es perder la condición pública, gratuita y obligatoria de la educación ya que
la sociedad educadora asume como responsable la educación y no el Estado.
El Estado
Docente deforma su papel y se convierte en un controlador social y político, desarrollando
estructuras e instancias con un alto sentido partidista para activar desde las
comunidades la relación con los maestros y la dirección de las escuelas. Esto
fue utilizado mucho para la entrega de los rotafolios o cuadernos de los
estudiantes en los estados Amazonas, Delta Amacuro, Táchira, Zulia, Lara, entre
otros, donde los Consejos Comunales, UBH y Chamba Juvenil eran los que coordinaban
las actividades.
En el
modelo presentado por el MPPE se le asigna la función educadora casi
exclusivamente a los padres y representantes, obviando que muchas familias
carecen de las herramientas necesarias y están ocupadoas en la supervivencia,
quedando los estudiantes al imperio de la incertidumbre.
El
Estado ha enterrado su responsabilidad constitucional de proteger la educación
como derecho humano y su carácter de obligatoria y gratuita para todos nuestros
niños, adolescentes y jóvenes. Esto ha acarreado profundas transgresiones a la
Constitución, a la leyes de educación, a las normas de protección de niños,
adolescentes y jóvenes, a las convenciones colectivas de los trabajadores de la
educación, a los tratados internacionales referidos a los proceso de enseñanza,
de salario y trabajo. Vivimos tiempos en que de nada sirve tener derechos
formales, cuando hay un Estado que no garantiza la justicia, la igualdad y el
derecho mismo de ser atendido como ciudadano. El quiebre de las
responsabilidades del Estado en atender la educación ha dañado la vida y
bienestar integral de niños y jóvenes, incluido su entorno familiar. Ha traído
pérdida de crecimiento y la disminución severa del aprendizaje escolar a causa
de la mengua en sus condiciones de vida. Queda al descubierto con este plan
Cada Familia Una Escuela que el Estado está dejando de lado sus
responsabilidades ineludibles.
Un
elemento a destacar: Los niños y jóvenes migrantes que de alguna manera
regresaron a Venezuela no fueron atendidos por las organizaciones del Estado
para su reingreso a una escuela o liceo. Esta población estuvo fuera del plan
Cada Familia Una Escuela.
Factores
que limitaron la implementación de la “educación a distancia”: A) La educación a distancia, al
ser un sistema de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla parcial o totalmente
a través de las tecnologías de la información y comunicación —bajo un esquema bidireccional entre profesor y estudiante—, requiere necesariamente de una serie de condiciones para que
su implementación pueda ser eficaz; en el caso venezolano, la educación a
distancia pasó a ser un fin en sí misma y no un medio de apoyo al proceso
educativo. B) La accesibilidad a la tecnología fue uno de los problemas críticos,
debido a la situación de vulnerabilidad del sistema eléctrico y a la escasa
capacidad en el desarrollo de internet, aparte de la situación de emergencia humanitaria
compleja en que se encontraba la educación a la llegada de la pandemia. Según
el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, 63 % de los venezolanos no
tienen acceso a internet (7/3/2010); además, sostiene que en 27 municipios de
la Gran Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay (zonas más pobladas del
país) 58,8 % expresan negativamente sobre el servicio de electricidad y la
permanente penuria que tienen que pasar tanto los docentes como los estudiantes
para cumplir con las asignaciones dadas. En estados como Amazonas, Delta
Amacuro y zonas rurales el servicio de electricidad fue intermitente, esto hizo
más complicado el proceso escolar a distancia; por los que los maestros
tuvieron que acudir al cuaderno para colocar las asignaciones que por supuesto no
contemplaban ninguna
orientación pedagógica y tampoco comunicación ni contacto con el estudiante. C) Testimonios de docentes, padres y
representantes, muchos de ellos hechos públicos en las redes sociales y otros medios
de comunicación, denuncian la imposibilidad que tuvieron de realizar las
actividades, enviar y revisar. Una educadora expresó: “no estamos preparados
para implementar clases a distancia, pues son muchos los docentes que no saben
manejar estas tecnologías”. A este testimonio que es el reflejo de la
dificultad presentada en el magisterio, agregamos que además no contaban con
computadora ni teléfono inteligente, mucho menos con recursos económicos para
mantener la conexión de datos cuando el salario alcanza apenas para comer unos
2 días.
Fe y
Alegría —institución que ha desarrollado una dilatada
labor en sectores populares y tiene 65 años en esta labor, trabajando además
con programas de educación a distancia— asumió
diseñar un programa para tratar de lograr que los maestros pudieran acceder a
un celular. Con este programa lograron determinar que solo 43% de los
estudiantes lograron participar en las actividades remotas, mientras 57% no se
alcanzó localizar (Efecto Cocuyo, mayo de 2020). Fe y Alegría tiene bajo su
dependencia 174 escuelas en todo el país con 4.581 docentes de los cuales solo
42 % tienen acceso a equipos celulares, según el estudio referido. Si tomamos
en cuenta la realidad de los profesionales que quedan activos en la docencia
(cuadro comparativo personal docente activo-nacional y las cifras que presenta
la Comisión
Especial de Seguimiento de Emergencia Educativa de la AN-2020), a nivel
nacional esto pudiera significar que más de la mitad de los educadores no
manejaron ninguna herramienta tecnológica, dígase teléfono inteligente, tablet
o computadora. Si a esto le agregamos las dificultades de internet y electricidad,
podemos señalar que en Venezuela no se produjo educación a distancia, más bien
lo que resultó ser fue una estafa a la sociedad puesto que no se promovió
proceso de enseñanza y Cada Familia Una Escuela no desarrolló la visión de un
sistema de educación a distancia. D)
En una consulta rápida realizada por la UDSE en las regiones Caracas, Miranda y
Vargas, se refleja que el programa Cada Familia Una Escuela presentado en VIVE-TV
no es casi visto ni por los estudiantes, docentes y mucho menos por los padres
y representantes; en este caso han optado por las actividades directas de los
educadores que son pegadas en la pared de la entrada del plantel o en una
cartelera para los estudiantes. E)
Cada Familia Una Escuela no fue solución para aquella población estudiantil que
inició el año escolar 2019-2020 sin profesores en las áreas de Biología,
Química, Matemática, Física. Informaciones suministradas por docentes nos
hablan de que las Zonas Educativas ordenaron administrativamente que se les colocara
una nota de aprobación a estos estudiantes. F) Algo delicado sucedió en esta etapa de Cada Familia Una
Escuela, la modalidad de educación especial no fue atendida. Como sabemos, esta
modalidad requiere de atención de pedagogos especialistas de manera permanente
y directa, y este plan no contó con herramientas pedagógicas.
El papel
del educador ha sido mediatizado: La función del educador se ha
desvalorizado y descontextualizado en este plan Cada Familia Una Escuela, al
trasladar esta función pedagógica a los padres y dejar la función del docente
reducida a recibir y corregir tareas y actividades sin desarrollar ningún
proceso de enseñanza, produciendo una sobrecarga de horas de trabajo que al
final fueron improductivas desde el punto de vista académico, ya que la
comprobación del aprendizaje no se pudo evaluar realmente. Para el docente lo
que generó fue agotamiento, además de depresión laboral a causa de la
pulverización del salario.
Por otra
parte, en algunas regiones los educadores recibieron permanentemente
hostigamiento y amenazas de las Zonas Educativas ante exigencias de asistir al
plantel a sabiendas del confinamiento social; y, además, muchos docentes que no
tenían condiciones para el desarrollo de la “educación a distancia”
tuvieron que recurrir a préstamos de equipos y saldos para internet, quedando
endeudados porque simplemente el MPPE los coaccionó y amenazó de suspender el
salario.
Queremos
recordar que el propio Aristóbulo Istúriz reveló las verdaderas intenciones, al
señalar que la Gran Misión Hogares es clave para capacitar promotores que
puedan fungir como educadores para incorporarse al plan Cada Familia Una
Escuela (6-6-2020 https// www.mppcomunas.gob.ve). Esta
posición pública marca la perspectiva política que ha tenido este régimen en
acabar con la profesión docente.
La
verdadera educación a distancia le da un papel importante al educador a través
de clases magistrales, foros, talleres, pero para eso hay que formar al
educador y hay que tener la tecnología adecuada. En el proceso de enseñanza
aprendizaje el maestro es un actor fundamental para el encuentro con la ciencia
y su transformación. Se encuentra allí la pedagogía necesaria como ciencia. Tal
como decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, la pedagogía nace cuando, al
reflexionar sobre la asimilación cultural de los miembros de la comunidad, se
fija a esa forma asimilativa una intención, un propósito, un fin. En efecto, la
educación, si transmite las características de una cultura, requiere además
desarrollar las disposiciones naturales existentes en el ser que se educa y
crear aptitudes individuales, lo que no se logra sino mediante una sistematización
metódica del trabajo educativo para estimular la obra creadora de las
generaciones que se educan, lo que les permite renovar el tesoro cultural
adquirido, enriqueciéndolo con el aporte original de la propia experiencia y de
las formas nuevas de pensamiento, aplicado a las formas aprendidas.
El año
escolar que recién termina 2019-2020 ha sido uno de los peores procesos
escolares que se haya tenido, caracterizado:
1. Por un
colapso total del sistema educativo.
2. No hay
resultados académicos tangibles que puedan demostrar que los estudiantes
efectivamente aprobaron y aprendieron.
3. El proceso
pedagógico fue inexistente, sustituido por llevar y traer actividades.
4. Estudiantes,
padres y representantes en una proporción importante desconocen o nunca han
visto el programa Cada Familia Una Escuela.
5. Inexistencia
de infraestructura educativa y de capacidad e instalaciones tecnológicas.
6. Ha aumentado sustancialmente el número de
estudiantes abandonados por el Estado. Hay una disminución de la matrícula.
7. El salario
de los trabajadores de la educación, en especial de los educadores, está en su
máxima expresión de pulverización.
Situación del inicio del año escolar 2020-2021
Un nuevo
proceso escolar en Venezuela tendremos a partir del 16 de septiembre, y, de no
darse un cambio profundo en la política educativa, estaremos a las puertas de
un colapso mayor de la educación como derecho humano en una situación que
pudiera ser delicada debido a la pandemia.
No basta solo con que el MPPE haya tomado
la decisión de iniciar el proceso escolar con el sistema de educación a
distancia, el Estado debe ser lo suficientemente garante para considerar de
manera urgente una planificación estratégica que atienda el problema de fondo,
estructural y así desarrollar políticas para establecer las condiciones para que
en pandemia la educación como derecho humano también sea atendida.
En ese sentido, se expresan algunas
consideraciones:
1. El Estado debe restablecer su responsabilidad,
tal como está estipulado en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
2. Atender la situación educativa dentro de la
emergencia humanitaria compleja implica que se debe atender la población
escolarizada más vulnerable en cuanto a la alimentación. Que no haya niño ni
joven fuera del Programa de Alimentación Escolar de lunes a domingo. En este
caso, exigimos que se retorne el desayuno al programa.
3. Devolverle el papel pedagógico al docente, pilar
fundamental para el desarrollo de la educación a distancia.
4. Atender como prioridad el salario de los
educadores. En ese sentido, debe existir una política de revisión de todas las
cláusulas salariales y sociales de la Convención Colectiva de los Trabajadores
de la Educación, aparte del pago de las deudas salariales.
5. Que el Estado asuma el costo de instalación de
sistemas centrales de WIFI a través de CANTV en los municipios y parroquias de
cada región, para que así los estudiantes puedan interactuar en el proceso
educativo a distancia.
6.
Proporcionar a cada docente una tablet,
recuperar las computadoras Canaimitas y facilitar la entrega de unas nuevas
para que los estudiantes puedan desarrollar la enseñanza a distancia.
7. Presentar una biblioteca virtual que le facilite
al estudiante el encuentro con el conocimiento.
8. El MPPE debe realizar en vacaciones cursos y
talleres de preparación tecnológica y pedagógica a fin de dar las herramientas
básicas sobre la educación a distancia.
9. Los padres y representantes son pieza importante
en la educación, por lo que debe existir una organización desde las escuelas y
liceos para el desarrollo de su participación sin ningún control partidista.
Unidad Democrática del Sector Educativo
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