Raquel Figueroa sobre la jornada nacional de protesta del 19 marzo

Mensaje de Raquel Figueroa sobre la jornada nacional de protesta del 19 de marzo

El reto del magisterio frente al fracaso del proyecto de Escuelas Bolivarianas, por la Prof. Raquel Figueroa - @raquel_fig

En los inicios del primer mandato de Hugo Chávez como presidente, el nuevo gobierno propuso introducir innovaciones en el sistema educativo, comenzando con la educación básica en sus dos niveles, con la escuela pública como centro focal. La calificación de “bolivariana” buscaba reafirmar el sentido patriótico y la imagen endiosada del Libertador, quien fuera el principal artífice de la ruptura de nuestra dependencia colonial con respecto a la corona española.

Para contribuir a la diferenciación con respecto a los anteriores gobiernos ―apodados despectivamente como “de la cuarta república”, ya que esos nuevos gobernantes inaugurarían “la quinta república” ― y conociéndose el evidente deterioro de la educación pública, la propuesta iba vinculada con “la refundación de la República y la reconstrucción de la Nación”. Por supuesto, no faltaban los argumentos de que se trataba de atender a la población pobre que seguía siendo la más excluida de los planes de desarrollo social. Además, se añadía muy explícitamente que la enseñanza debía servir para superar la inequidad social, por la vía de incorporar torrentes de niños y jóvenes de los sectores sociales más depauperados a un crecimiento profesional, y con ello a un ascenso social soportado en la elevación de sus capacidades y habilidades.

La oferta de la “nueva” escuela contaba con un sinfín de aspectos que pretendían cubrir no solo el área académica ―una transformación educativa en todos los órdenes del saber―, sino la atención social, física, alimentaria, y, en el concepto de una mayor socialización de las actividades de aprendizaje, la vinculación de la comunidad con la enseñanza y en forma biunívoca la incorporación de la escuela en el crecimiento de la organización comunitaria.

Para quienes ejercíamos funciones representativas en el magisterio, a través de la actuación sindical ―pero también y a la par vigilantes de la calidad de la educación en su sentido de enaltecer la condición humana―, significaba un reto escudriñar lo que se escondía dentro de dicho proyecto, pues los objetivos abiertamente enunciados llenaban las expectativas en diversos ámbitos que durante años muchos educadores veníamos planteando y que se amparaban en figuras históricas asociadas con una educación científica, democrática y popular, como era don Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, y el gran ductor educativo Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Intuíamos que la conversión del espacio escolar en el centro de confluencia comunitaria podría significar un choque con algunos principios educativos que debían tener la suficiente libertad de cátedra para que la búsqueda de un conocimiento científico ―alejado de dogmas inalterados o de elementos de superchería― pudiera contar con la elevación de la capacidad de discernimiento, tanto del alumnado como de los propios educadores. Buscábamos el afianzamiento de criterios correctos para conquistar la verdad y distinguirla de afirmaciones muy bonitas, pero solo aparentes y alejadas de la adquisición y asunción de elementos objetivos en la valoración y caracterización de los procesos y sus diversos componentes.

Por otra parte, la defensa que habíamos mantenido durante muchas décadas de la carrera docente ―para que no fuera un apéndice sumiso de las intenciones de los gobiernos de turno― podría verse defenestrada por la injerencia dirigida y promocionada desde el control del Estado, por la vía de un supuesto “poder popular” representado en las comunidades organizadas, que debían vigilar y controlar el funcionamiento de la escuela. Y no solo del funcionamiento administrativo, sino incluso de la forma como se impartiría la enseñanza dentro de los cánones, vía pensum de estudio, que irían acerando los gerentes educativos estatales, para que contribuyeran a afianzar la idea de que se inauguraba una nueva era de la mano de un nuevo mesías, un nuevo salvador.

Con estas interrogantes latiendo en nuestra mente, nos dispusimos a desentrañar el fondo de esa propuesta educativa. Comenzamos por ver que había mucho de propaganda sin asidero a un plan cierto y concreto para ponerla en funcionamiento, más allá de la implantación del horario educativo integral de 8 horas. El plan de crecimiento del número de escuelas normales que pasaban a engrosar la lista de las “bolivarianas”, no iba acorde ni con la preparación de las instalaciones educativas ni con el mejoramiento profesional y pedagógico de la planta profesoral. Con la elevación de los ingresos fiscales y los acuerdos con nuevas naciones industrializadas distintas a Estados Unidos, valga decir China y Rusia, se pudo equipar con ordenadores y computadoras un importante sector de los estudiantes, mas no se contó con la suficiente preparación técnica para que dichas herramientas significaran un avance sustantivo en la calidad de la educación.

Luego con el paso del tiempo, pudimos corroborar que la supuesta “educación participativa” se inscribía en un concepto de un Estado que controlaba hasta lo más mínimo del quehacer ciudadano. Era una visión corporativista que negaba cualquier espacio real de autonomía social en áreas específicas. Esta cuestión se evidenciaba también en el control que pretendían imponer a las organizaciones sindicales ―no sólo en el ámbito educativo, sino en general y partiendo de la sumisión de buena parte de la dirigencia sindical adscrita a las dependencias del Estado―, pues querían convertirlas en apéndices del gobierno y con un férreo control que se asentaba en la propia Constitución aprobada en 1999, especialmente en su artículo 296, y reforzado luego con los cambios en la ley orgánica del trabajo.

Con estos precedentes ya conocidos, nos propusimos la defensa de la escuela como un centro para la formación de ciudadanos en un proceso de afianzamiento de la democracia, no sólo en cuanto a sus expresiones políticas vinculadas con la elección de los gobernantes, sino en el sentido más amplio de que la ciudadanía debía participar en las decisiones trascendentales que la nación debía tomar en los terrenos de rumbo económico, programas sociales, relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, relaciones internacionales, etcétera.

Por otra parte, detectamos claramente la intención de modificar la visión histórica de los cambios ocurridos en nuestro territorio y en el mundo a lo largo de los siglos, incluso en los tiempos previos a la llegada de los españoles y a nuestra conversión en una colonia sujeta a los dictámenes de la corona española. También notamos que había un afán en modificar los procesos hacia el conocimiento de la verdad, pues era sustituido por el enaltecimiento de los “saberes” por encima de la investigación y los procesos propios de la ciencia.

Ya han pasado más de dos décadas de la implantación de esa propuesta educativa ―que se extendió a todos los niveles― y los resultados están a la vista: profundo deterioró de la enseñanza, disminución absoluta y relativa de la matrícula educativa, deserción de gran parte de los educadores preparados y disminución de quienes quieren estudiar en universidades pedagógicas. Además, hay una desatención hacia la población más vulnerable, con los más bajos ingresos, lo que aleja a los niños y jóvenes del quehacer educativo, para ayudar desde corta edad a la supervivencia existencial.

Aun cuando es un reto que sigue esperando respuestas de fondo, más allá de las “buenas” intenciones propagadas por el proyecto de Escuelas Bolivarianas, las organizaciones gremiales y sindicales que hacemos vida en el área magisterial tenemos que seguir insistiendo en los cambios a introducir en el sistema educativo para que se convierta, en verdad, en un pilar para la reconstrucción de nuestro país en senderos donde prevalezcan, junto con la democracia, una visión de desarrollo de todas nuestras potencialidades aparejado con una nueva distribución de la riqueza y la justicia social. 

Los cambios generados que nos alejan de una educación democrática, científica y del sentido humano de la organización, indican que aun seguimos en el desafío que nos impuso la historia.

Prof. Raquel Figueroa

Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

Secretaria de Organización de la Federación Nacional Colegio de Profesores de Venezuela

MESR: Estado debe garantizar a adolescentes presos políticos su derecho a la educación

Maestros exigen libertad de todos los adolescentes encarcelados tras elecciones del 28J

Caracas. 10 de octubre.- // “En cada pupitre faltará un muchacho este nuevo año escolar”. La docente jubilada y fundadora del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), Raquel Figueroa, denunció este jueves, 10 de octubre, la ausencia total de atención educativa en el sistema carcelario venezolano, sobre todo en atención a los más de 200 adolescentes convertidos en presos políticos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de los cuales se mantienen 70 tras las rejas según la cuenta de la ONG Foro Penal.

Figueroa detalla que a todas las violaciones a derechos en el caso de los jóvenes y, particularmente en el caso de los adolescentes, se le suma la suspensión de facto del derecho a la educación, contemplada en la LOPNNA, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución, incluso en los casos de jóvenes y NNA que viven un proceso penal.

“El Ministro de Educación, en lugar de pedirle a los jubilados que atiendan la grave crisis de docentes que ellos crearon, al destruir la carrera docente, debería presentar un plan para atender educacionalmente no solo a los chamos presos políticos a quienes les están violando sus derechos, sino a toda la población joven que está encarcelada en Venezuela”, sentenció.

Leyes que no se cumplen

“Esos niños y niñas han sido sometidos a vejámenes como los descritos por CECODAP: negación de defensa, precalificación de delitos, estigmatización, tratos inhumanos y crueles, violación al debido proceso, un juicio preferencial establecido por jueces de infancia que la propia ley establece. Es muy larga la lista de violaciones. Pero a esto se le suma uno de los tres pilares del Sistema de Protección venezolano: el derecho a la Educación”, detalla la dirigente magisterial.

El artículo 103 de la Constitución nacional establece por ley la garantía de “igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”. 

Pero en el caso de los NNA, el artículo 53 de la Lopnna, que es la ley que corresponde aplicar en casos como los señalados por el Gobierno, se establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”. 

Para la dirigente magisterial, “esto determina la plena responsabilidad del Estado en materia de garantía del derecho a la educación en el caso de los adolescentes presos políticos”.

Campaña por los NNA presos políticos 

El MESR propone que familiares, ONG de DDHH, abogados y la sociedad venezolana, acompañen la lucha por la libertad de NNA y jóvenes en general, con la exigencia del derecho a la educación. “Incluso, estamos evaluando la posibilidad de organizar a un grupo de maestros en los estados en los que han sido encarcelados estos chamos, para ir a atender de alguna forma su proceso educativo, evaluar su situación y sistematizar alguna medida junto a las familias, para que los adolescentes que padecen esta situación puedan tener, en alguna medida, atención en materia educativa”.

A propósito de esta iniciativa, Pedro García, presidente de la asociación de docentes jubilados de Caracas, denuncia que la solicitud que les ha hecho el nuevo Ministro de Educación a los jubilados es un “falso acto de solidaridad. Es preferible dirigir nuestra solidaridad a atender a estos NNA presos, que están siendo víctimas de varias violaciones de derechos y están en una situación crítica, sumamente vulnerable”. 

“Nos pagan una miseria, nos robaron nuestra jubilación y nuestros ahorros, nos piden ahora que volvamos a trabajar con la miseria que pagan y luego de haber cumplido plenamente nuestra vida laboral y merecer hoy un descanso que, con la asignación que nos dan, no podemos tener. Y quieren ahora pedirnos un sacrificio. Eso es cínico”, denunció García, dirigente y cofundador del MESR. “Un acto de solidaridad haría yo por esos niños, que son la población más vulnerable en este momento en el país”, dijo. 

García detalló que de acuerdo a la ley venezolana, un adolescente a partir de los 14 años es responsable por los actos que cometa. Pero el proceso penal es, por ley, distinto al de los adultos. “La ley indica que la pena debe conducir a la reparación del daño causado y a la educación del adolescente sobre las consecuencias de sus actos”, precisa el maestro. 

“Lo que se debe garantizar, suponiendo que fuesen culpables en el peor supuesto negado, es un proceso educativo que brinde desarrollo, conciencia y capacidad social de reparar el daño que supuestamente causaron a la sociedad. Pero en este caso, yo siento más bien que ellos estaban defendiendo el derecho de todos los que votamos el 28 de julio. Más bien esos chamos son unos héroes y así debemos considerarlos”, finalizó.

¡SALVEMOS LA EDUCACIÓN!

Los educadores le hablan al país

En los últimos 25 años nuestro país ha sufrido el mayor daño educativo de la historia contemporánea reciente. Podemos afirmar que hay una catástrofe educativa en Venezuela. 

El retroceso educativo es de tal magnitud, que los actuales indicadores son muy parecidos a los de hace 50 años. Semejante atrocidad se ha producido afectando el proyecto de desarrollo del país. Es tal el impacto, que volvemos a tener niveles muy significativos de analfabetismo, colocándonos en una sociedad a merced del control social. En estos 25 años hemos sido testigos (y víctimas) de la mayor devastación de la educación y la condición inhumana de maestros y profesores. El avance científico tecnológico ha sido negado. El gobierno de Maduro ha ido progresivamente desapareciendo el derecho humano a la educación.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido violentada y el Estado ha permanecido inerte ante sus responsabilidades para garantizar la educación pública, gratuita y obligatoria asumida como deber hace 154 años.  

Desde el 2012 la crisis educativa viene agudizándose, colocándonos hoy frente a una emergencia humanitaria compleja en educación, agravada con la pandemia del COVID-19. El Estado no ha ejecutado en ese lapso de tiempo una sola medida de política educativa para resarcir la deuda con millones de estudiantes y el pueblo venezolano. 

Esta emergencia humanitaria compleja se profundiza cada vez más, ampliando la brecha de desigualdad social y excluyendo del acceso a los bienes culturales a un porcentaje creciente de nuestros niños y jóvenes. Un estimado de 11% de la población infantil ( 0 a 5 años), en las zonas más pobres del país se encuentra en desnutrición aguda, lo que se traduce en que esos niños tendrán un menor desarrollo cognitivo y menores posibilidades de acceso a la educación. Millón y medio de niños y niñas están excluidos del sistema escolar, mientras los que logran mantenerse no reciben la formación prevista en los planes de estudio, debido al déficit de maestros causado por la destrucción del salario y de la carrera docente”. 

El 27 de junio 1870 el gobierno de Guzmán Blanco decreta la instrucción pública, gratuita y obligatoria. Hoy 27 de junio 2024, 154 años después y en medio del desplome de la educación como derecho humano, el magisterio acciona la pedagogía ciudadana para dar una clase por el futuro. 

Presentamos ante el país y ante el candidato Edmundo González Urrutia, nuestras demandas para que juntos Salvemos la Educación.  

Demandas para construir la educación democrática, científica, gratuita y de calidad. 

Líneas estratégicas ante la emergencia humanitaria compleja en la educación para restituir todos derechos humanos violentados y arrebatados: 

La prioridad principal en la actualidad es garantizar una alimentación adecuada para que el proceso educativo sea efectivo. La escuela debe responder a esta necesidad de los hogares que hoy están sufriendo la crisis humanitaria. Se trata de enfrentar la vulnerabilidad que ha impactado a la nación al punto de poner en peligro su existencia debido a la existencia de miles de niños en condición de desnutrición o en riesgo de sufrirla. Debemos enfrentar el hambre y la pobreza entronizada en la escuela. 

Plan para reducir la pobreza a partir de la dotación y adecuación de todos los planteles con equipamiento y apoyo tecnológico, partiendo de la reparación y rehabilitación de la infraestructura escolar. Así como restablecer las condiciones del servicio de agua, electricidad y comedores en la totalidad de las instituciones educativas.

Iniciar un plan de reincorporación a la escuela a todos los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo, así atacaremos la deserción escolar forzada por la crisis.

Restablecer el estado de derecho de las convenciones colectivas de los trabajadores de la educación y el valor del salario con base en ML establecido en la Constitución en sus artículos 91 y 104. 

Proporcionar las condiciones del ejercicio de la profesión docente que permita que la escuela y los estudiantes reciban una educación de acuerdo con los principios constitucionales.

Valoración académica, profesional de los educadores desde la formación, actualización y reconocimiento de la carrera docente como elemento estratégico para el desarrollo.

Rescatar el papel de patrimonio social de los educadores jubilados. 

Incrementar el presupuesto educativo destinado al funcionamiento de los planteles, restableciendo la responsabilidad del Estado Docente para que la educación vuelva a ser un derecho humano.

Definir acciones para el desarrollo de una revisión curricular que se ajuste a un proyecto de educación democrática y a un proyecto de desarrollo del país. 

No habrá democracia sin una educación democrática, científica e inclusiva. No tendremos democracia sino se supera la desigualdad social.

La misión principal es presentar las líneas políticas maestras para recuperar la educación como derecho humano y así hacer realidad el contenido del preámbulo de la Constitución: impulsar el desarrollo humano y con ello el progreso social. 

Deseamos que estás líneas maestras ayuden sustituir la fraseología revolucionaria (utilizada para la demagogia y el engaño) para recuperar la credibilidad en la educación como base para el desarrollo integral del país y como vía más eficaz para corregir las desigualdades sociales en condiciones de paz, libertad y pluralidad del pensamiento.

Caracas, 27 de junio 2024

Afirma la profesora Raquel Figueroa: “Venezuela se quedó sin maestros”

Informó que en 2024 el IPC “solo graduará a 135 docentes"

La Universidad Nacional Experimental Libertador graduará en 2024 a solo 135 docentes en su principal instituto, el Pedagógico de Caracas (IPC). Así lo denunció la profesora Raquel Figueroa, fundadora y dirigente nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), quien detalló que “la reducción de docentes a nivel nacional ha afectado principalmente las áreas más sensibles para la formación: lengua, ciencias naturales y matemática”.

La Upel es la principal institución universitaria para la formación docente en el país. La dirigente del MESR describe la situación como crítica, a partir de las siguientes cifras. En el año 2010 esta universidad, con varias sedes en distintos estados, formaba a 106 mil docentes. Once años más tarde, en 2022, apenas registraba 43 mil inscritos. “No tenemos el dato de cuantos están inscritos este año, pero la cohorte que egresa del IPC nos da una idea”.

Para 2024 la cohorte de graduados que la UPEL, cuyo acto de grado se realizará este miércoles, 19 de junio, ofrece a Caracas apenas cuatro docentes de Matemática, ocho de Biología y doce para la asignatura Física. “Ni uno solo impartirá Química”, advirtió la profesora. De los 135 graduandos solo dos optan por el título en Lengua y Literatura y solo cuatro darán clase en primaria.

La asociación civil Con la Escuela realizó un estudio en 72 centros educativos en 2022 e identificó que el 43% de los planteles tiene falta de profesores, sobre todo en educación inicial y primaria. Esto indica que más del 50 % de los docentes han abandonado las aulas. “Este año, eso ha empeorado. Venezuela se quedó sin maestros”, alertó.

Actualmente, la Federación Venezolana de Maestros coincide con cifras que Figueroa ha estudiado. Este año escolar 2023/2024 acaba con la deserción del 80% de la plantilla docente del país. “Estamos hablando de un futuro inmediato en el que Estado queda sin posibilidad de garantizar la educación inicial, básica y de bachilleres”, alerta. La profesora cree que el nuevo año escolar no tiene garantías educativas para los 8 millones de jóvenes en edad escolar que hay en el país.

“Pero hay algo peor. La última Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, presentada en 2016, daba la cifra de 91 Supervisores de Carrera a nivel nacional. Hoy esta cifra es de cero. La educación venezolana no tiene hoy supervisión de especialistas ni profesionales. Hemos retrocedido 30 años en esta materia”, detalla la docente.

Para la dirigente gremial, las consecuencias para el sistema educativo “son devastadoras”. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en 2023 a través de su Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), un 78,37% de los estudiantes evaluados reprobó matemática y un 55,04% habilidad verbal.

El ritmo de reposición de profesionales de la docencia “no podrá cubrir el déficit de maestros que tiene el país”, de acuerdo a las expectativas de la dirigente gremial.

La razón que identifica la dirigente del MESR “tiene que ver, en principio, con la situación salarial de los docentes”, explica. Los salarios de un maestro establecidos por el Gobierno Nacional van de 7 a 16$ al mes. Incluso los maestros con dedicación exclusiva y estudios avanzados o de cuarto nivel, pueden aspirar en el mejor de los casos a Bs. 600 o su equivalente, $16, a tasa oficial. A esto hay que sumarle los bonos, a los que los gremialistas califican de “estafa”, dado que no tienen ninguna incidencia en el ahorro del maestro de cara a una jubilación.

“De hecho, la situación de los jubilados, quienes ejercimos toda nuestra vida la docencia, es increíblemente precaria”, reclama la profesora. Un jubilado puede aspirar a recibir $120 mensuales para mantener a su familia. Incluso con estudios de cuarto nivel, los jubilados están excluidos del Cesta Ticket, que les habría aportado unos 40$ más. Esto produce una “fuerte desmotivación. ¿Quién querría estudiar una carrera universitaria para ganar esto, después de toda una vida de servicio?”.

Figueroa, Secretaria Nacional de Organización del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), lamenta que “muchos adolescentes prefieran trabajar que estudiar, como resultado del abandono docente en las escuelas”. De acuerdo a la Encovi 2023, casi el 50% de las razones para dejar de asistir a clase se vinculan a la falta de docentes por huelgas (30%) o abandono (18%). 

El MESR apuesta por un cambio de Gobierno y su consecuente modificación en las políticas del Estado hacia la Educación Nacional. Figueroa anunció que pese a la crítica situación, la participación de cara al proceso electoral presidencial del 28 de julio, es determinante. Aspira concretar mediante el cambio de Gobierno, ese sueño de salvar la educación. “Estamos frente un gran riesgo en nuestra historia: quedarnos sin maestros. Pero debemos hacer lo necesario por salvar el futuro de nuestros niños”, finalizó.

Contacto: 

Raquel Figueroa +58414 1230118 / raquelfenaprodo.cpv@gmail.com / X: @EducadoresMESR

El Estado Patrono tiembla cuando el magisterio decide protestar

Régimen de Maduro intenta sabotear movilización nacional del Día del Maestro

El Gobierno de Nicolás Maduro ha decidido sabotear la movilización del magisterio venezolano, pautada para mañana 15 de enero de 2024, Día del Maestro. Y para evitar la protesta, de carácter nacional, Maduro adelantó la entrega de la "Memoria y Cuenta" ante la Asamblea Nacional. Y para sabotear, está convocando a una concentración obligada de oficialistas y empleados del Estado, en Parque Carabobo, justo el lugar anunciado previamente por la dirigencia sindical para protestar. 

Esto es un claro sabotaje a la movilización unitaria nacional, convocada por los maestros, las federaciones del magisterio, los sindicatos de base, las corrientes sindicales y los diversos movimientos laborales para exigir en las calles AUMENTO SALARIAL y NUEVO CONTRATO COLECTIVO. 

Esto es una muestra del terror que le tiene el gobierno a la movilización de los docentes, de los trabajadores de la educación y en general de toda la masa laboral a la que le han arrebatado sus derechos. Estamos frente a una actitud claramente dictatorial contra los docentes venezolanos y el resto de trabajadores. 

Ante esta maniobra gubernamental aquí en Caracas, y que al parecer la quieren repetir en otros estados en los que ya se han convocado movilizaciones, le decimos: El magisterio no se rinde. 

Mañana saldremos a la calle a ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Que con la combatividad y la firmeza que hemos demostrado siempre con todos los gobiernos, vamos a exigir AUMENTO SALARIAL y NUEVO CONTRATO COLECTIVO. 

Nuestro objetivo es demostrar la fuerza y disposición de los maestros de Venezuela dispuestos a defender los derechos como trabajadores y la defensa de una educación pública y de calidad. No vamos a caer en el peine de la confrontación inútil por un espacio. Por ello, hemos decidido cambiar el lugar de convocatoria de los Maestros de Caracas a la Plaza Morelos, a partir de las 9:00 AM.

En momentos de ataque y sabotaje del Estado patrón a nuestra movilización, hacemos un llamado a la unidad más amplia de los trabajadores, para que la respuesta que le demos al régimen sea la más contundente registrada, tal como la iniciamos con la movilización nacional del pasado 9 de enero, para que lo haga recular y lo obligue a respetar el derecho constitucional a la protesta y a respetar los derechos laborales.

Vamos todos a la Plaza Morelos 

UNIDAD, FUERZA Y MOVILIZACIÓN ANTE EL SABOTAJE PATRONAL

A LA CALLE POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRATO COLECTIVO 

MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMÓN RODRÍGUEZ

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REGIÓN CAPITAL.

Rechazamos por sesgado y proselitista el simulacro de referendo impuesto a los estudiantes en todo el país.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez rechaza firmemente la manipulación por parte del gobierno nacional del derecho legal que tienen las niñas, niños y adolescentes a la participación política consagrada en la LOPNA, a propósito del simulacro de votación pro referéndum pautado para el 3 de diciembre.  Este simulacro realizado el miércoles 29 de noviembre en escuelas y liceos, fue impuesto, dándole un carácter obligatorio que no tiene legal ni pedagógicamente sustento,  coaccionando a los estudiantes a participar, pues no se tomó en cuenta que la participación política de nuestras niñas, niños y adolescentes es un ejercicio personal progresivo, conforme a la capacidad evolutiva de los mismos, tal cual lo expresa el artículo 13 de la LOPNA. 

La imposición y abuso de poder fue tal que muchísimos padres y representantes denunciaron en redes sociales que a sus hijos los retuvieron en contra de su voluntad en escuelas y liceos para obligarlos a participar en el simulacro de referéndum.  Otros expresaron que fueron amenazados con quitarles beneficios sociales como el CLAP y becas estudiantiles de no firmar la autorización para que sus educandos participaran en el mismo. 

En Venezuela las niñas, niños y adolescentes gozan de una protección especial, por tanto su participación política no tiene la misma connotación de quienes ya adquirieron la mayoría de edad. El ejercicio de la política de NNA, como expresión de la ciudadanía, se debe dar atendiendo contextos, espacios e intereses de acuerdo a su desarrollo físico, psicológico y pedagógico. Ninguno de estos criterios fueron atendidos ni respetados por el Ministerio de Educación ni el gobierno nacional. Para ellos lo más importante es la imposición de un mensaje sesgado de corte partidista y proselitista, en medio de un clima político de confrontación, intimidación y polarización de la población adulta que afecta de diversas formas la conducta de nuestras niñas, niños y adolescentes.

No es el gobierno, los militares ni los políticos quienes pueden dictarles cátedra a los educadores de cómo enseñar el amor a la patria a nuestros alumnos,  pues tenemos muy claro nuestro rol como formadores de ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía.  Somos las maestras y maestros los primeros que le enseñamos a nuestros estudiantes, desde el pre escolar en adelante, el concepto de patria, nacionalidad, soberanía,  los límites geográficos y físicos que conforman el territorio venezolano. Son las maestras quienes enseñan a los niños a dibujar el Esequibo y rayar esa zona en reclamación. Nuestros padres y representantes ayudan a realizar las maquetas para elaborar nuestro mapa completo de Venezuela. Por tanto condenamos el  irrespeto y desprecio hacia los docentes, al pretender sustituir los mecanismos de enseñanza pedagógica por un vulgar y sesgado acto proselitista, partidista y propagandista a favor de una parcialidad política. 

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

30/11/2023