MAGISTERIO ALTERNATIVO
ESPACIO DE DEBATE, ANÁLISIS E INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE EDUCADORES SIMÓN RODRÍGUEZ
miércoles, 19 de marzo de 2025
martes, 29 de octubre de 2024
El reto del magisterio frente al fracaso del proyecto de Escuelas Bolivarianas, por la Prof. Raquel Figueroa - @raquel_fig
En los inicios del primer mandato de Hugo Chávez como presidente, el nuevo gobierno propuso introducir innovaciones en el sistema educativo, comenzando con la educación básica en sus dos niveles, con la escuela pública como centro focal. La calificación de “bolivariana” buscaba reafirmar el sentido patriótico y la imagen endiosada del Libertador, quien fuera el principal artífice de la ruptura de nuestra dependencia colonial con respecto a la corona española.
Para contribuir a la diferenciación con respecto a los anteriores gobiernos ―apodados despectivamente como “de la cuarta república”, ya que esos nuevos gobernantes inaugurarían “la quinta república” ― y conociéndose el evidente deterioro de la educación pública, la propuesta iba vinculada con “la refundación de la República y la reconstrucción de la Nación”. Por supuesto, no faltaban los argumentos de que se trataba de atender a la población pobre que seguía siendo la más excluida de los planes de desarrollo social. Además, se añadía muy explícitamente que la enseñanza debía servir para superar la inequidad social, por la vía de incorporar torrentes de niños y jóvenes de los sectores sociales más depauperados a un crecimiento profesional, y con ello a un ascenso social soportado en la elevación de sus capacidades y habilidades.
La oferta de la “nueva” escuela contaba con un sinfín de aspectos que pretendían cubrir no solo el área académica ―una transformación educativa en todos los órdenes del saber―, sino la atención social, física, alimentaria, y, en el concepto de una mayor socialización de las actividades de aprendizaje, la vinculación de la comunidad con la enseñanza y en forma biunívoca la incorporación de la escuela en el crecimiento de la organización comunitaria.
Para quienes ejercíamos funciones representativas en el magisterio, a través de la actuación sindical ―pero también y a la par vigilantes de la calidad de la educación en su sentido de enaltecer la condición humana―, significaba un reto escudriñar lo que se escondía dentro de dicho proyecto, pues los objetivos abiertamente enunciados llenaban las expectativas en diversos ámbitos que durante años muchos educadores veníamos planteando y que se amparaban en figuras históricas asociadas con una educación científica, democrática y popular, como era don Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, y el gran ductor educativo Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Intuíamos que la conversión del espacio escolar en el centro de confluencia comunitaria podría significar un choque con algunos principios educativos que debían tener la suficiente libertad de cátedra para que la búsqueda de un conocimiento científico ―alejado de dogmas inalterados o de elementos de superchería― pudiera contar con la elevación de la capacidad de discernimiento, tanto del alumnado como de los propios educadores. Buscábamos el afianzamiento de criterios correctos para conquistar la verdad y distinguirla de afirmaciones muy bonitas, pero solo aparentes y alejadas de la adquisición y asunción de elementos objetivos en la valoración y caracterización de los procesos y sus diversos componentes.
Por otra parte, la defensa que habíamos mantenido durante muchas décadas de la carrera docente ―para que no fuera un apéndice sumiso de las intenciones de los gobiernos de turno― podría verse defenestrada por la injerencia dirigida y promocionada desde el control del Estado, por la vía de un supuesto “poder popular” representado en las comunidades organizadas, que debían vigilar y controlar el funcionamiento de la escuela. Y no solo del funcionamiento administrativo, sino incluso de la forma como se impartiría la enseñanza dentro de los cánones, vía pensum de estudio, que irían acerando los gerentes educativos estatales, para que contribuyeran a afianzar la idea de que se inauguraba una nueva era de la mano de un nuevo mesías, un nuevo salvador.
Con estas interrogantes latiendo en nuestra mente, nos dispusimos a desentrañar el fondo de esa propuesta educativa. Comenzamos por ver que había mucho de propaganda sin asidero a un plan cierto y concreto para ponerla en funcionamiento, más allá de la implantación del horario educativo integral de 8 horas. El plan de crecimiento del número de escuelas normales que pasaban a engrosar la lista de las “bolivarianas”, no iba acorde ni con la preparación de las instalaciones educativas ni con el mejoramiento profesional y pedagógico de la planta profesoral. Con la elevación de los ingresos fiscales y los acuerdos con nuevas naciones industrializadas distintas a Estados Unidos, valga decir China y Rusia, se pudo equipar con ordenadores y computadoras un importante sector de los estudiantes, mas no se contó con la suficiente preparación técnica para que dichas herramientas significaran un avance sustantivo en la calidad de la educación.
Luego con el paso del tiempo, pudimos corroborar que la supuesta “educación participativa” se inscribía en un concepto de un Estado que controlaba hasta lo más mínimo del quehacer ciudadano. Era una visión corporativista que negaba cualquier espacio real de autonomía social en áreas específicas. Esta cuestión se evidenciaba también en el control que pretendían imponer a las organizaciones sindicales ―no sólo en el ámbito educativo, sino en general y partiendo de la sumisión de buena parte de la dirigencia sindical adscrita a las dependencias del Estado―, pues querían convertirlas en apéndices del gobierno y con un férreo control que se asentaba en la propia Constitución aprobada en 1999, especialmente en su artículo 296, y reforzado luego con los cambios en la ley orgánica del trabajo.
Con estos precedentes ya conocidos, nos propusimos la defensa de la escuela como un centro para la formación de ciudadanos en un proceso de afianzamiento de la democracia, no sólo en cuanto a sus expresiones políticas vinculadas con la elección de los gobernantes, sino en el sentido más amplio de que la ciudadanía debía participar en las decisiones trascendentales que la nación debía tomar en los terrenos de rumbo económico, programas sociales, relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, relaciones internacionales, etcétera.
Por otra parte, detectamos claramente la intención de modificar la visión histórica de los cambios ocurridos en nuestro territorio y en el mundo a lo largo de los siglos, incluso en los tiempos previos a la llegada de los españoles y a nuestra conversión en una colonia sujeta a los dictámenes de la corona española. También notamos que había un afán en modificar los procesos hacia el conocimiento de la verdad, pues era sustituido por el enaltecimiento de los “saberes” por encima de la investigación y los procesos propios de la ciencia.
Ya han pasado más de dos décadas de la implantación de esa propuesta educativa ―que se extendió a todos los niveles― y los resultados están a la vista: profundo deterioró de la enseñanza, disminución absoluta y relativa de la matrícula educativa, deserción de gran parte de los educadores preparados y disminución de quienes quieren estudiar en universidades pedagógicas. Además, hay una desatención hacia la población más vulnerable, con los más bajos ingresos, lo que aleja a los niños y jóvenes del quehacer educativo, para ayudar desde corta edad a la supervivencia existencial.
Aun cuando es un reto que sigue esperando respuestas de fondo, más allá de las “buenas” intenciones propagadas por el proyecto de Escuelas Bolivarianas, las organizaciones gremiales y sindicales que hacemos vida en el área magisterial tenemos que seguir insistiendo en los cambios a introducir en el sistema educativo para que se convierta, en verdad, en un pilar para la reconstrucción de nuestro país en senderos donde prevalezcan, junto con la democracia, una visión de desarrollo de todas nuestras potencialidades aparejado con una nueva distribución de la riqueza y la justicia social.
Los cambios generados que nos alejan de una educación democrática, científica y del sentido humano de la organización, indican que aun seguimos en el desafío que nos impuso la historia.
Prof. Raquel Figueroa
Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Secretaria de Organización de la Federación Nacional Colegio de Profesores de Venezuela
jueves, 10 de octubre de 2024
MESR: Estado debe garantizar a adolescentes presos políticos su derecho a la educación
Maestros exigen libertad de todos los adolescentes encarcelados tras elecciones del 28J
Caracas. 10 de octubre.- // “En cada pupitre faltará un muchacho este nuevo año escolar”. La docente jubilada y fundadora del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), Raquel Figueroa, denunció este jueves, 10 de octubre, la ausencia total de atención educativa en el sistema carcelario venezolano, sobre todo en atención a los más de 200 adolescentes convertidos en presos políticos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de los cuales se mantienen 70 tras las rejas según la cuenta de la ONG Foro Penal.
Figueroa detalla que a todas las violaciones a derechos en el caso de los jóvenes y, particularmente en el caso de los adolescentes, se le suma la suspensión de facto del derecho a la educación, contemplada en la LOPNNA, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución, incluso en los casos de jóvenes y NNA que viven un proceso penal.
“El Ministro de Educación, en lugar de pedirle a los jubilados que atiendan la grave crisis de docentes que ellos crearon, al destruir la carrera docente, debería presentar un plan para atender educacionalmente no solo a los chamos presos políticos a quienes les están violando sus derechos, sino a toda la población joven que está encarcelada en Venezuela”, sentenció.
Leyes que no se cumplen
“Esos niños y niñas han sido sometidos a vejámenes como los descritos por CECODAP: negación de defensa, precalificación de delitos, estigmatización, tratos inhumanos y crueles, violación al debido proceso, un juicio preferencial establecido por jueces de infancia que la propia ley establece. Es muy larga la lista de violaciones. Pero a esto se le suma uno de los tres pilares del Sistema de Protección venezolano: el derecho a la Educación”, detalla la dirigente magisterial.
El artículo 103 de la Constitución nacional establece por ley la garantía de “igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.
Pero en el caso de los NNA, el artículo 53 de la Lopnna, que es la ley que corresponde aplicar en casos como los señalados por el Gobierno, se establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”.
Para la dirigente magisterial, “esto determina la plena responsabilidad del Estado en materia de garantía del derecho a la educación en el caso de los adolescentes presos políticos”.
Campaña por los NNA presos políticos
El MESR propone que familiares, ONG de DDHH, abogados y la sociedad venezolana, acompañen la lucha por la libertad de NNA y jóvenes en general, con la exigencia del derecho a la educación. “Incluso, estamos evaluando la posibilidad de organizar a un grupo de maestros en los estados en los que han sido encarcelados estos chamos, para ir a atender de alguna forma su proceso educativo, evaluar su situación y sistematizar alguna medida junto a las familias, para que los adolescentes que padecen esta situación puedan tener, en alguna medida, atención en materia educativa”.
A propósito de esta iniciativa, Pedro García, presidente de la asociación de docentes jubilados de Caracas, denuncia que la solicitud que les ha hecho el nuevo Ministro de Educación a los jubilados es un “falso acto de solidaridad. Es preferible dirigir nuestra solidaridad a atender a estos NNA presos, que están siendo víctimas de varias violaciones de derechos y están en una situación crítica, sumamente vulnerable”.
“Nos pagan una miseria, nos robaron nuestra jubilación y nuestros ahorros, nos piden ahora que volvamos a trabajar con la miseria que pagan y luego de haber cumplido plenamente nuestra vida laboral y merecer hoy un descanso que, con la asignación que nos dan, no podemos tener. Y quieren ahora pedirnos un sacrificio. Eso es cínico”, denunció García, dirigente y cofundador del MESR. “Un acto de solidaridad haría yo por esos niños, que son la población más vulnerable en este momento en el país”, dijo.
García detalló que de acuerdo a la ley venezolana, un adolescente a partir de los 14 años es responsable por los actos que cometa. Pero el proceso penal es, por ley, distinto al de los adultos. “La ley indica que la pena debe conducir a la reparación del daño causado y a la educación del adolescente sobre las consecuencias de sus actos”, precisa el maestro.
“Lo que se debe garantizar, suponiendo que fuesen culpables en el peor supuesto negado, es un proceso educativo que brinde desarrollo, conciencia y capacidad social de reparar el daño que supuestamente causaron a la sociedad. Pero en este caso, yo siento más bien que ellos estaban defendiendo el derecho de todos los que votamos el 28 de julio. Más bien esos chamos son unos héroes y así debemos considerarlos”, finalizó.
viernes, 5 de julio de 2024
¡SALVEMOS LA EDUCACIÓN!
viernes, 21 de junio de 2024
Afirma la profesora Raquel Figueroa: “Venezuela se quedó sin maestros”
Informó que en 2024 el IPC “solo graduará a 135 docentes"
La Universidad Nacional Experimental Libertador graduará en 2024 a solo 135 docentes en su principal instituto, el Pedagógico de Caracas (IPC). Así lo denunció la profesora Raquel Figueroa, fundadora y dirigente nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), quien detalló que “la reducción de docentes a nivel nacional ha afectado principalmente las áreas más sensibles para la formación: lengua, ciencias naturales y matemática”.
La Upel es la principal institución universitaria para la formación docente en el país. La dirigente del MESR describe la situación como crítica, a partir de las siguientes cifras. En el año 2010 esta universidad, con varias sedes en distintos estados, formaba a 106 mil docentes. Once años más tarde, en 2022, apenas registraba 43 mil inscritos. “No tenemos el dato de cuantos están inscritos este año, pero la cohorte que egresa del IPC nos da una idea”.
Para 2024 la cohorte de graduados que la UPEL, cuyo acto de grado se realizará este miércoles, 19 de junio, ofrece a Caracas apenas cuatro docentes de Matemática, ocho de Biología y doce para la asignatura Física. “Ni uno solo impartirá Química”, advirtió la profesora. De los 135 graduandos solo dos optan por el título en Lengua y Literatura y solo cuatro darán clase en primaria.
La asociación civil Con la Escuela realizó un estudio en 72 centros educativos en 2022 e identificó que el 43% de los planteles tiene falta de profesores, sobre todo en educación inicial y primaria. Esto indica que más del 50 % de los docentes han abandonado las aulas. “Este año, eso ha empeorado. Venezuela se quedó sin maestros”, alertó.
Actualmente, la Federación Venezolana de Maestros coincide con cifras que Figueroa ha estudiado. Este año escolar 2023/2024 acaba con la deserción del 80% de la plantilla docente del país. “Estamos hablando de un futuro inmediato en el que Estado queda sin posibilidad de garantizar la educación inicial, básica y de bachilleres”, alerta. La profesora cree que el nuevo año escolar no tiene garantías educativas para los 8 millones de jóvenes en edad escolar que hay en el país.
“Pero hay algo peor. La última Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, presentada en 2016, daba la cifra de 91 Supervisores de Carrera a nivel nacional. Hoy esta cifra es de cero. La educación venezolana no tiene hoy supervisión de especialistas ni profesionales. Hemos retrocedido 30 años en esta materia”, detalla la docente.
Para la dirigente gremial, las consecuencias para el sistema educativo “son devastadoras”. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en 2023 a través de su Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), un 78,37% de los estudiantes evaluados reprobó matemática y un 55,04% habilidad verbal.
El ritmo de reposición de profesionales de la docencia “no podrá cubrir el déficit de maestros que tiene el país”, de acuerdo a las expectativas de la dirigente gremial.
La razón que identifica la dirigente del MESR “tiene que ver, en principio, con la situación salarial de los docentes”, explica. Los salarios de un maestro establecidos por el Gobierno Nacional van de 7 a 16$ al mes. Incluso los maestros con dedicación exclusiva y estudios avanzados o de cuarto nivel, pueden aspirar en el mejor de los casos a Bs. 600 o su equivalente, $16, a tasa oficial. A esto hay que sumarle los bonos, a los que los gremialistas califican de “estafa”, dado que no tienen ninguna incidencia en el ahorro del maestro de cara a una jubilación.
“De hecho, la situación de los jubilados, quienes ejercimos toda nuestra vida la docencia, es increíblemente precaria”, reclama la profesora. Un jubilado puede aspirar a recibir $120 mensuales para mantener a su familia. Incluso con estudios de cuarto nivel, los jubilados están excluidos del Cesta Ticket, que les habría aportado unos 40$ más. Esto produce una “fuerte desmotivación. ¿Quién querría estudiar una carrera universitaria para ganar esto, después de toda una vida de servicio?”.
Figueroa, Secretaria Nacional de Organización del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), lamenta que “muchos adolescentes prefieran trabajar que estudiar, como resultado del abandono docente en las escuelas”. De acuerdo a la Encovi 2023, casi el 50% de las razones para dejar de asistir a clase se vinculan a la falta de docentes por huelgas (30%) o abandono (18%).
El MESR apuesta por un cambio de Gobierno y su consecuente modificación en las políticas del Estado hacia la Educación Nacional. Figueroa anunció que pese a la crítica situación, la participación de cara al proceso electoral presidencial del 28 de julio, es determinante. Aspira concretar mediante el cambio de Gobierno, ese sueño de salvar la educación. “Estamos frente un gran riesgo en nuestra historia: quedarnos sin maestros. Pero debemos hacer lo necesario por salvar el futuro de nuestros niños”, finalizó.
Contacto:
Raquel Figueroa +58414 1230118 / raquelfenaprodo.cpv@gmail.com / X: @EducadoresMESR
domingo, 14 de enero de 2024
El Estado Patrono tiembla cuando el magisterio decide protestar
jueves, 30 de noviembre de 2023
Rechazamos por sesgado y proselitista el simulacro de referendo impuesto a los estudiantes en todo el país.
El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez rechaza firmemente la manipulación por parte del gobierno nacional del derecho legal que tienen las niñas, niños y adolescentes a la participación política consagrada en la LOPNA, a propósito del simulacro de votación pro referéndum pautado para el 3 de diciembre. Este simulacro realizado el miércoles 29 de noviembre en escuelas y liceos, fue impuesto, dándole un carácter obligatorio que no tiene legal ni pedagógicamente sustento, coaccionando a los estudiantes a participar, pues no se tomó en cuenta que la participación política de nuestras niñas, niños y adolescentes es un ejercicio personal progresivo, conforme a la capacidad evolutiva de los mismos, tal cual lo expresa el artículo 13 de la LOPNA.
La imposición y abuso de poder fue tal que muchísimos padres y representantes denunciaron en redes sociales que a sus hijos los retuvieron en contra de su voluntad en escuelas y liceos para obligarlos a participar en el simulacro de referéndum. Otros expresaron que fueron amenazados con quitarles beneficios sociales como el CLAP y becas estudiantiles de no firmar la autorización para que sus educandos participaran en el mismo.
En Venezuela las niñas, niños y adolescentes gozan de una protección especial, por tanto su participación política no tiene la misma connotación de quienes ya adquirieron la mayoría de edad. El ejercicio de la política de NNA, como expresión de la ciudadanía, se debe dar atendiendo contextos, espacios e intereses de acuerdo a su desarrollo físico, psicológico y pedagógico. Ninguno de estos criterios fueron atendidos ni respetados por el Ministerio de Educación ni el gobierno nacional. Para ellos lo más importante es la imposición de un mensaje sesgado de corte partidista y proselitista, en medio de un clima político de confrontación, intimidación y polarización de la población adulta que afecta de diversas formas la conducta de nuestras niñas, niños y adolescentes.
No es el gobierno, los militares ni los políticos quienes pueden dictarles cátedra a los educadores de cómo enseñar el amor a la patria a nuestros alumnos, pues tenemos muy claro nuestro rol como formadores de ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía. Somos las maestras y maestros los primeros que le enseñamos a nuestros estudiantes, desde el pre escolar en adelante, el concepto de patria, nacionalidad, soberanía, los límites geográficos y físicos que conforman el territorio venezolano. Son las maestras quienes enseñan a los niños a dibujar el Esequibo y rayar esa zona en reclamación. Nuestros padres y representantes ayudan a realizar las maquetas para elaborar nuestro mapa completo de Venezuela. Por tanto condenamos el irrespeto y desprecio hacia los docentes, al pretender sustituir los mecanismos de enseñanza pedagógica por un vulgar y sesgado acto proselitista, partidista y propagandista a favor de una parcialidad política.
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
30/11/2023