jueves, 26 de junio de 2025

A 155 años del Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria, la educación venezolana ha retrocedido


La educación en 1870
Si de algo nos ha ofrecido la historia ha sido analizar los procesos de lucha de clase a escala internacional. Al abordar el tema educativo en la historia de Venezuela requiere remontarse a la fecha 27 de junio de 1870, cuando Antonio Guzmán Blanco, entonces Presidente de Venezuela, promulgó el Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria en un contexto social marcado profundamente por una gran desigualdad, en donde una élite terrateniente y comercial ostentaba el poder económico y político, mientras que la inmensa mayoría de la población (campesinos, indígenas, afrodescendientes y mestizos) vivían en condiciones de pobreza. La educación entonces era un privilegio de las clases dominantes. Se impartía principalmente en instituciones privadas ligadas a la Iglesia, pero también a través de tutores particulares. La mayoría de la población era analfabeta, especialmente en las zonas rurales. No existía un Estado suficientemente desarrollado que garantizara la creación de un sistema educativo que pudiera llegar a una población totalmente dispersa en toda la geografía nacional. 

En este contexto de profundas desigualdades, el Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria de 1870 fue una medida del Estado venezolano a través de la cual asumió la responsabilidad fundamental de sentar las bases para crear un sistema educativo de carácter público, gratuito y obligatorio en Venezuela.

Del decreto de Guzmán Blanco a la Constitución de 1999

El Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria, fue un acto administrativo que estableció por primera vez a nivel nacional la gratuidad, la obligatoriedad y el carácter público de la educación con el objetivo de formar ciudadanos para la República, buscando romper con el monopolio de la educación en manos de la clase poderosa. Esto fue un hito pionero en América Latina. 

La Constitución de 1999, aún vigente en teoría pero recibiendo golpes permanentemente por parte del actual gobierno, eleva a rango constitucional los principios de gratuidad y obligatoriedad, además de ampliar el alcance y la concepción de la educación en sus artículos 102 y 103. Es decir, lo que antes era un mandato administrativo, ahora es un derecho humano para el desarrollo pleno del individuo e instrumento para la el desarrollo y la movilidad social con un enfoque democrático. 

La educación actual en Venezuela

La educación venezolana tiene un profundo retroceso en la actualidad. Los principios de gratuidad y obligatoriedad establecidos de forma administrativa hace más de un siglo, y siendo un derecho constitucional desde 1999, se han visto gravemente comprometidos por la profunda emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. La brecha entre el derecho constitucional y la realidad cotidiana en las aulas venezolanas es abismal, no hay comparación histórica alguna que se semeje a lo que hoy está sufriendo nuestra educación.

Mientras el decreto de 1870 marcó el inicio de la educación pública, la situación actual representa un colapso en la capacidad del Estado y del gobierno para garantizar efectivamente el derecho a una educación gratuita, obligatoria, científica y demócratica. Por lo tanto, el discurso grandilocuente y propagandístico de mejoras en la educación, contrasta con la realidad de las condiciones físicas de las escuelas y liceos y las condiciones laborales de los trabajadores del sistema educativo, así como la desprofesionalizacion del ejercicio de la docencia. La realidad es que todo el país es testigo de una crisis educativa de grandes proposiciones. 

El incremento la exclusión escolar, la crisis alimentaria escolar, la caída del poder adquisitivo del docente, la desvalorización del trabajo pedagógico, la mengua en la seguridad social, el desvanecimiento de los servicios de bienestar social estudiantil, la persecución y acoso laboral permanente, el incremento de la migración forzada de los profesionales de la docencia, el empeoramiento de la infraestructura escolar, entre otros aspectos, son muestra clara de la crisis que vive el sistema educativo, por más que intenten esconderla con propaganda.

La educación se ha convertido en uno de los sectores donde más se expresa el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. En el sistema educativo, junto con el de la salud, podemos ver cómo se expresa más duramente la pobreza que vivimos la mayoría de los venezolanos. Solo basta examinar tres indicadores sociales: el crecimiento de la exclusión escolar, la desvalorización del salario y la migración de docentes y estudiantes buscando condiciones básicas para vivir.


Defender la educación es reclamar en la lucha organizada la historia del Decreto de 1870 y el cumplimiento de la educación como derecho humano constitucional

La educación es un deber y una obligación irrenunciable e indeclinable del Estado, encargado de hacer cumplir este derecho humano garantizando escolaridad gratuita y obligatoria para el ciudadano, la familia y la sociedad. En ese sentido la educación debe ser permanente, sistemática, integral, científica, demócratica y estar al servicio del interés nacional y de la mayoría de la población.
Llamamos al magisterio a luchar por defender la educación venezolana. 

¡Ser educador y no luchar, es una contradicción pedagógica!

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

27 de junio 2025

martes, 6 de mayo de 2025

A seguir luchando por salario, democracia y libertad

Lo anunciado por Maduro el pasado 30 de abril, un día antes de las protestas del 1° de mayo, no nos sorprende. Es la ratificación de una política económica acordada con los inversores chinos y Fedecámaras, en el sentido de permitirles una mayor tasa de explotación laboral para así aumentar sus ganancias a costa de darle a los trabajadores ingresos de subsistencia mínima. Esa es la forma en que se distribuye la riqueza nacional generada por los trabajadores, es decir, se garantizan mayores ganancias a los empresarios (los viejos amos del valle y a la nueva boliburguesia), a costa de la disminución (casi desaparición) del salario, que es el precio de la fuerza de trabajo. Las consecuencias están siendo sufridas por los trabajadores y el pueblo en general, destacando el 49,4% de pobreza de ingreso según la Encovi 2024. (Ver https://acortar.link/utKyHO) 

La pequeña compensación en bonos (que no aumento salarial), se produce para frenar la caída en picada de la capacidad de compra del trabajador y su familia. Es una ley del capital. Al caer muy bajo el poder de compra por pérdida del poder adquisitivo, cae la demanda, cae la oferta y cae la ganancia del empresario, por lo que el gobierno como representante de esos intereses, se ve obligado a otorgar esta miserable compensación para que no baje la plusvalía del señor capitalista.

Este es un gobierno que no desarrolla ni diversifica la economía, que mantiene la dependencia en favor de la importación, reforzando el papel asignado por las potencias mundiales en la División Internacional del Trabajo como productor de materias primas. La política económica del gobierno deterioró y redujo el aparato productivo y por tanto no hay suficiente crecimiento del PIB, lo que lo incapacita para gobernar a favor de los trabajadores y el pueblo.

Los ingresos existentes alcanzarían para pagar salarios y pensiones decentes, para ofrecer buena atención hospitalaria, una buena educación y unos buenos servicios públicos en general, si dejaren de usarse para pagar deuda externa, gastos militares y desvíos hacia la gigantesca corrupción. Visto esto, no puede haber dudas sobre los intereses que representa el ejecutivo nacional y a qué clase social beneficia. 

Este es el meollo del asunto, por lo que en definitiva los trabajadores y el pueblo estamos obligados a seguir luchando por aumento real de salarios, pues la inflación ya se comió la compensación aún no pagada, y al mismo tiempo seguir luchando por la democracia y el cambio político. 

Prof. Pedro García. 
Pdte. de @Asocejuprc y miembro de @EducadoresMESR