En los inicios del primer mandato de Hugo Chávez como presidente, el nuevo gobierno propuso introducir innovaciones en el sistema educativo, comenzando con la educación básica en sus dos niveles, con la escuela pública como centro focal. La calificación de “bolivariana” buscaba reafirmar el sentido patriótico y la imagen endiosada del Libertador, quien fuera el principal artífice de la ruptura de nuestra dependencia colonial con respecto a la corona española.
Para contribuir a la diferenciación con respecto a los anteriores gobiernos ―apodados despectivamente como “de la cuarta república”, ya que esos nuevos gobernantes inaugurarían “la quinta república” ― y conociéndose el evidente deterioro de la educación pública, la propuesta iba vinculada con “la refundación de la República y la reconstrucción de la Nación”. Por supuesto, no faltaban los argumentos de que se trataba de atender a la población pobre que seguía siendo la más excluida de los planes de desarrollo social. Además, se añadía muy explícitamente que la enseñanza debía servir para superar la inequidad social, por la vía de incorporar torrentes de niños y jóvenes de los sectores sociales más depauperados a un crecimiento profesional, y con ello a un ascenso social soportado en la elevación de sus capacidades y habilidades.
La oferta de la “nueva” escuela contaba con un sinfín de aspectos que pretendían cubrir no solo el área académica ―una transformación educativa en todos los órdenes del saber―, sino la atención social, física, alimentaria, y, en el concepto de una mayor socialización de las actividades de aprendizaje, la vinculación de la comunidad con la enseñanza y en forma biunívoca la incorporación de la escuela en el crecimiento de la organización comunitaria.
Para quienes ejercíamos funciones representativas en el magisterio, a través de la actuación sindical ―pero también y a la par vigilantes de la calidad de la educación en su sentido de enaltecer la condición humana―, significaba un reto escudriñar lo que se escondía dentro de dicho proyecto, pues los objetivos abiertamente enunciados llenaban las expectativas en diversos ámbitos que durante años muchos educadores veníamos planteando y que se amparaban en figuras históricas asociadas con una educación científica, democrática y popular, como era don Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, y el gran ductor educativo Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Intuíamos que la conversión del espacio escolar en el centro de confluencia comunitaria podría significar un choque con algunos principios educativos que debían tener la suficiente libertad de cátedra para que la búsqueda de un conocimiento científico ―alejado de dogmas inalterados o de elementos de superchería― pudiera contar con la elevación de la capacidad de discernimiento, tanto del alumnado como de los propios educadores. Buscábamos el afianzamiento de criterios correctos para conquistar la verdad y distinguirla de afirmaciones muy bonitas, pero solo aparentes y alejadas de la adquisición y asunción de elementos objetivos en la valoración y caracterización de los procesos y sus diversos componentes.
Por otra parte, la defensa que habíamos mantenido durante muchas décadas de la carrera docente ―para que no fuera un apéndice sumiso de las intenciones de los gobiernos de turno― podría verse defenestrada por la injerencia dirigida y promocionada desde el control del Estado, por la vía de un supuesto “poder popular” representado en las comunidades organizadas, que debían vigilar y controlar el funcionamiento de la escuela. Y no solo del funcionamiento administrativo, sino incluso de la forma como se impartiría la enseñanza dentro de los cánones, vía pensum de estudio, que irían acerando los gerentes educativos estatales, para que contribuyeran a afianzar la idea de que se inauguraba una nueva era de la mano de un nuevo mesías, un nuevo salvador.
Con estas interrogantes latiendo en nuestra mente, nos dispusimos a desentrañar el fondo de esa propuesta educativa. Comenzamos por ver que había mucho de propaganda sin asidero a un plan cierto y concreto para ponerla en funcionamiento, más allá de la implantación del horario educativo integral de 8 horas. El plan de crecimiento del número de escuelas normales que pasaban a engrosar la lista de las “bolivarianas”, no iba acorde ni con la preparación de las instalaciones educativas ni con el mejoramiento profesional y pedagógico de la planta profesoral. Con la elevación de los ingresos fiscales y los acuerdos con nuevas naciones industrializadas distintas a Estados Unidos, valga decir China y Rusia, se pudo equipar con ordenadores y computadoras un importante sector de los estudiantes, mas no se contó con la suficiente preparación técnica para que dichas herramientas significaran un avance sustantivo en la calidad de la educación.
Luego con el paso del tiempo, pudimos corroborar que la supuesta “educación participativa” se inscribía en un concepto de un Estado que controlaba hasta lo más mínimo del quehacer ciudadano. Era una visión corporativista que negaba cualquier espacio real de autonomía social en áreas específicas. Esta cuestión se evidenciaba también en el control que pretendían imponer a las organizaciones sindicales ―no sólo en el ámbito educativo, sino en general y partiendo de la sumisión de buena parte de la dirigencia sindical adscrita a las dependencias del Estado―, pues querían convertirlas en apéndices del gobierno y con un férreo control que se asentaba en la propia Constitución aprobada en 1999, especialmente en su artículo 296, y reforzado luego con los cambios en la ley orgánica del trabajo.
Con estos precedentes ya conocidos, nos propusimos la defensa de la escuela como un centro para la formación de ciudadanos en un proceso de afianzamiento de la democracia, no sólo en cuanto a sus expresiones políticas vinculadas con la elección de los gobernantes, sino en el sentido más amplio de que la ciudadanía debía participar en las decisiones trascendentales que la nación debía tomar en los terrenos de rumbo económico, programas sociales, relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, relaciones internacionales, etcétera.
Por otra parte, detectamos claramente la intención de modificar la visión histórica de los cambios ocurridos en nuestro territorio y en el mundo a lo largo de los siglos, incluso en los tiempos previos a la llegada de los españoles y a nuestra conversión en una colonia sujeta a los dictámenes de la corona española. También notamos que había un afán en modificar los procesos hacia el conocimiento de la verdad, pues era sustituido por el enaltecimiento de los “saberes” por encima de la investigación y los procesos propios de la ciencia.
Ya han pasado más de dos décadas de la implantación de esa propuesta educativa ―que se extendió a todos los niveles― y los resultados están a la vista: profundo deterioró de la enseñanza, disminución absoluta y relativa de la matrícula educativa, deserción de gran parte de los educadores preparados y disminución de quienes quieren estudiar en universidades pedagógicas. Además, hay una desatención hacia la población más vulnerable, con los más bajos ingresos, lo que aleja a los niños y jóvenes del quehacer educativo, para ayudar desde corta edad a la supervivencia existencial.
Aun cuando es un reto que sigue esperando respuestas de fondo, más allá de las “buenas” intenciones propagadas por el proyecto de Escuelas Bolivarianas, las organizaciones gremiales y sindicales que hacemos vida en el área magisterial tenemos que seguir insistiendo en los cambios a introducir en el sistema educativo para que se convierta, en verdad, en un pilar para la reconstrucción de nuestro país en senderos donde prevalezcan, junto con la democracia, una visión de desarrollo de todas nuestras potencialidades aparejado con una nueva distribución de la riqueza y la justicia social.
Los cambios generados que nos alejan de una educación democrática, científica y del sentido humano de la organización, indican que aun seguimos en el desafío que nos impuso la historia.
Prof. Raquel Figueroa
Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Secretaria de Organización de la Federación Nacional Colegio de Profesores de Venezuela
