Se vienen dando a nivel planetario pasos agigantados, acelerados y muy
salvajes en torno de la flexibilidad laboral. Se busca despojar a los
trabajadores de su propia condición humana, arrasando con los derechos sociales
y económicos, a través de la profundización de la desigualdad e inequidad, con
una estrategia clara para beneficiar, en el contexto de esta profunda crisis, al
capital financiero internacional. Ha sido una política que busca adaptar el
trabajo a las necesidades del mercado, a la ganancia del capital, no a los
requerimientos del ser humano. Es una política que perpetúa la desigualdad
entre quienes viven del capital y quienes subsisten precariamente mediante la
venta de su fuerza de trabajo.
En Venezuela, la flexibilidad laboral ha traído cambios en la
organización del trabajo: desaparición del salario, pulverización de las
prestaciones sociales, eliminación de las convenciones colectivas, reducción y
desaparición de derechos laborales. Bajo el mentor del capitalismo, estas
medidas se adoptan para reducir costos, aumentar la rentabilidad sin mejorar
las condiciones de vida del trabajador. Bajo esta política, el capital adapta
el trabajo a sus necesidades cambiantes, mientras el trabajador pierde
estabilidad, derechos y poder de negociación, debilitando su poder colectivo
como clase trabajadora. En este contexto, la constituyente sindical anunciada
hace pocos días por el gobierno viene a cumplir la tarea de eliminar espacios
de representación autónoma e impedir las protestas o reclamos legítimos de los
trabajadores en defensa del salario y para exigir la reactivación de las convenciones
colectivas.
Hagamos un poco de historia
Lo que sucede en Venezuela en este siglo XXI, ya a finales del siglo XIX
en Francia se había dado lo que llamaron los sindicatos amarillos, como una
alternativa al sindicalismo combativo, en el cual se promoviera la visión de
hacer sindicalismo conciliador entre trabajadores y empleadores. Vale decir, lo
amarillo fue el color que hizo contraste al sindicalismo rojo, al sindicalismo
autónomo y defensor de los derechos de los trabajadores.
Quedó como etiqueta histórica el sindicalismo amarillo para describir de
forma peyorativa los sindicatos que no defienden realmente los intereses de los
trabajadores, sino que colaboran con el poder político o empresarial. Este
modelo ha sido replicado o señalado en distintos contextos, incluso en América
Latina, cuando los gobiernos o empleadores promueven sindicatos afines para
neutralizar la protesta social. En Venezuela lo que el gobierno llama
constituyente sindical es un proceso en pleno desarrollo, induciendo solapado
el enfoque de sindicalismo amarillo, que comenzó a operar como una estructura
corporativa de Estado, en el cual, crea, controla y subordina a sus propios
fines. Por lo tanto, la autonomía de los sindicatos queda nula, suprimiendo así
la disidencia y consolidación del control social. Desde el 2000 el sindicalismo en Venezuela ha
tenido un constreñimiento en su acción sindical sobre la defensa de los
derechos laborales frente al Estado patrono, fue precisamente en noviembre del
2000 cuando se introduce una injerencia en los procesos internos sindicales
convocando el gobierno de turno a un Referéndum Sindical para renovar a los
dirigentes sindicales, a partir de allí; se comienza a limitar el accionar
sindical con la práctica de desregulación de las relaciones laborales a través
de un conjunto de normas que de forma directa o indirecta restringen la
autonomía, la capacidad de negociación y el derecho a la protesta de los
sindicatos. Aunque Venezuela ha ratificado Convenios de la OIT como la libertad
sindical, la aplicación de la legislación interna ha generado un marco legal
restrictivo, lo cual ha sido denunciado en múltiples ocasiones por
organizaciones laborales nacionales e internacionales, entre ellas; la propia
OIT en el 2018 sancionó al Estado patrono venezolano por violentar el Convenio
87 relacionado sobre la libertad sindical.
Desde el 2013 se ha vendido acelerando la anulación de los derechos
laborales contemplados en la Constitución y en todas las leyes que rigen la
norma del trabajo, imponiendo medidas como el Memorándum 2792 y el Instructivo
ONAPRE, eliminando así las Convenciones Colectivas, vale acordarse de la deuda
que el Estado le tiene al magisterio por dejar de cumplir con el aumento
salarial (octubre 2018) pautado en la II Convención Colectiva Única y Unitaria
de los Trabajadores del MPPE. Pero también vale subrayar con indignación la
paralización que hizo el gobierno nacional de la discusión de la III Convención
Colectiva de este mismo sector que ya venía con una dinámica de aprobación de
dieciséis cláusulas, dejando en un estado de indefensión laboral y salarial a los
docentes, obreros y administrativos de toda la educación inicial, básica y
media. Pero podemos conjuntamente colocar en la lista otras normas que buscan
reducir el accionar sindical y derechos laborales como la ley antibloqueo, las
leyes de zonas económicas especiales, entre otras.
Venimos de una etapa en la que se instaló federaciones y centrales
sindicales, que no han sido otra cosa que la ramificación del sindicalismo
amarillo que han actuado más como un brazo gubernamental que como defensor de
los derechos laborales, es decir; el poder sindical en estructuras controladas
por el Estado, como la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), y
el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (SINAFUM) que forma parte de
esta Central Bolivariana.
Por otro lado, se ha venido manipulando, deformando leyes que son
utilizadas para limitar la protesta justa sindical, pero además la libertad de
expresión, como la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones. A este tenor la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación para
judicializar y criminalizar las protestas y exigencias de trabajadores por
condiciones laborales y de trabajo, muchos le han aplicado acoso laboral, y
otros detenidos acusados de delito como “terrorismo” o “incitación al odio”.
Hasta el CNE ha sido utilizado para general un control estadal sobre los
sindicatos, aunque la Constitución establece el voto universal, directo y
secreto para las elecciones sindicales, este organismo ejerce de hecho con
control.
La constituyente sindical vendría a maximizar lo que ya se ha venido
practicando como los objetivos del sindicalismo amarillo.
Impacto de la constituyente sindical en
trabajadores venezolanos. –
La constituyente sindical vendría a consolidar un modelo donde los
trabajadores estarían bajo el mando del Estado patrono y la pérdida total de la
libertad sindical bajo el nombre de una supuesta “renovación revolucionaria”
que sería la fachada de representación. En otras palabras, este anuncio se
enmarca en una política más amplia de flexibilización laboral y por ende, en
una estrategia para neutralizar la lucha sindical auténtica y autónoma del
patrono por la defensa del salario, convenciones colectivas, el valor trabajo,
prestaciones sociales, seguridad laboral y todo derecho social, económico,
laboral y político conculcado.
Las tendencias sobre las políticas económicas del gobierno es
profundizar medidas que busquen excluir garantías históricas como estabilidad,
seguridad social y negociación colectiva, debilitando el poder del trabajo a
favor de la distribución de la riqueza que favorezca al capital, a los dueños
de la producción nacional e internacional. En tal sentido; la constituyente
sindical vendría a ser el instrumento para endurecer esa práctica.
Desde mi trinchera magisterial, alzo la voz para defender la libertad
sindical como derecho fundamental, conquistado con décadas de resistencia,
movilización y sacrificio. Hoy, ese derecho está bajo amenaza. La llamada
constituyente sindical no representa una vía democrática ni participativa para
fortalecer al movimiento de trabajadores. Por el contrario, constituye un
intento de intervención estatal que busca desarticular la autonomía de nuestras
organizaciones, imponer estructuras verticales y silenciar las voces críticas
que exigen justicia laboral.
La autonomía sindical no se negocia ni se somete a cambios impuestas, La
verdadera transformación sindical nace desde abajo, con participación genuina
en democracia interna. Nuestra fuerza está en la organización libre, en la
solidaridad entre gremios y en la defensa irrestricta de nuestros derechos. Por
eso, escribimos estas líneas para convocar a todas las organizaciones
sindicales, en especial a mi sector del magisterio a objetar esta maniobra y a
fortalecer la unidad desde la base. No permitiremos que se imponga una
constituyente que no nos representa que busca domesticarnos.
La libertad sindical es pilar de la democracia, defenderla es defender
el futuro de la clase trabajadora.
Autonomía, unidad y lucha de los trabajadores, por la defensa del
salario y libertad sindical.
Prof.
Raquel Figueroa
Dirigente
sindical del magisterio
Directivo
Nacional del Colegio de Profesores de Venezuela
Coordinadora
Nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
