Los educadores le hablan al país
En los últimos 25 años nuestro país ha sufrido el mayor daño educativo de la historia contemporánea reciente. Podemos afirmar que hay una catástrofe educativa en Venezuela.
El retroceso educativo es de tal magnitud, que los actuales indicadores son muy parecidos a los de hace 50 años. Semejante atrocidad se ha producido afectando el proyecto de desarrollo del país. Es tal el impacto, que volvemos a tener niveles muy significativos de analfabetismo, colocándonos en una sociedad a merced del control social. En estos 25 años hemos sido testigos (y víctimas) de la mayor devastación de la educación y la condición inhumana de maestros y profesores. El avance científico tecnológico ha sido negado. El gobierno de Maduro ha ido progresivamente desapareciendo el derecho humano a la educación.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido violentada y el Estado ha permanecido inerte ante sus responsabilidades para garantizar la educación pública, gratuita y obligatoria asumida como deber hace 154 años.
Desde el 2012 la crisis educativa viene agudizándose, colocándonos hoy frente a una emergencia humanitaria compleja en educación, agravada con la pandemia del COVID-19. El Estado no ha ejecutado en ese lapso de tiempo una sola medida de política educativa para resarcir la deuda con millones de estudiantes y el pueblo venezolano.
Esta emergencia humanitaria compleja se profundiza cada vez más, ampliando la brecha de desigualdad social y excluyendo del acceso a los bienes culturales a un porcentaje creciente de nuestros niños y jóvenes. Un estimado de 11% de la población infantil ( 0 a 5 años), en las zonas más pobres del país se encuentra en desnutrición aguda, lo que se traduce en que esos niños tendrán un menor desarrollo cognitivo y menores posibilidades de acceso a la educación. Millón y medio de niños y niñas están excluidos del sistema escolar, mientras los que logran mantenerse no reciben la formación prevista en los planes de estudio, debido al déficit de maestros causado por la destrucción del salario y de la carrera docente”.
El 27 de junio 1870 el gobierno de Guzmán Blanco decreta la instrucción pública, gratuita y obligatoria. Hoy 27 de junio 2024, 154 años después y en medio del desplome de la educación como derecho humano, el magisterio acciona la pedagogía ciudadana para dar una clase por el futuro.
Presentamos ante el país y ante el candidato Edmundo González Urrutia, nuestras demandas para que juntos Salvemos la Educación.
Demandas para construir la educación democrática, científica, gratuita y de calidad.
Líneas estratégicas ante la emergencia humanitaria compleja en la educación para restituir todos derechos humanos violentados y arrebatados:
La prioridad principal en la actualidad es garantizar una alimentación adecuada para que el proceso educativo sea efectivo. La escuela debe responder a esta necesidad de los hogares que hoy están sufriendo la crisis humanitaria. Se trata de enfrentar la vulnerabilidad que ha impactado a la nación al punto de poner en peligro su existencia debido a la existencia de miles de niños en condición de desnutrición o en riesgo de sufrirla. Debemos enfrentar el hambre y la pobreza entronizada en la escuela.
Plan para reducir la pobreza a partir de la dotación y adecuación de todos los planteles con equipamiento y apoyo tecnológico, partiendo de la reparación y rehabilitación de la infraestructura escolar. Así como restablecer las condiciones del servicio de agua, electricidad y comedores en la totalidad de las instituciones educativas.
Iniciar un plan de reincorporación a la escuela a todos los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo, así atacaremos la deserción escolar forzada por la crisis.
Restablecer el estado de derecho de las convenciones colectivas de los trabajadores de la educación y el valor del salario con base en ML establecido en la Constitución en sus artículos 91 y 104.
Proporcionar las condiciones del ejercicio de la profesión docente que permita que la escuela y los estudiantes reciban una educación de acuerdo con los principios constitucionales.
Valoración académica, profesional de los educadores desde la formación, actualización y reconocimiento de la carrera docente como elemento estratégico para el desarrollo.
Rescatar el papel de patrimonio social de los educadores jubilados.
Incrementar el presupuesto educativo destinado al funcionamiento de los planteles, restableciendo la responsabilidad del Estado Docente para que la educación vuelva a ser un derecho humano.
Definir acciones para el desarrollo de una revisión curricular que se ajuste a un proyecto de educación democrática y a un proyecto de desarrollo del país.
No habrá democracia sin una educación democrática, científica e inclusiva. No tendremos democracia sino se supera la desigualdad social.
La misión principal es presentar las líneas políticas maestras para recuperar la educación como derecho humano y así hacer realidad el contenido del preámbulo de la Constitución: impulsar el desarrollo humano y con ello el progreso social.
Deseamos que estás líneas maestras ayuden sustituir la fraseología revolucionaria (utilizada para la demagogia y el engaño) para recuperar la credibilidad en la educación como base para el desarrollo integral del país y como vía más eficaz para corregir las desigualdades sociales en condiciones de paz, libertad y pluralidad del pensamiento.
Caracas, 27 de junio 2024
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